Oaxaca

Las protestas en el Estado de Oaxaca se desbordan. La inestabilidad en el territorio aumenta. El abandono político y social que sienten algunos pobladores se potencia. Los encontronazos entre manifestantes y el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz suben de tono. El griterío de las comunidades no parece encontrar oídos que lo escuchen. La organización ciudadana, al margen de las instancias oficiales sean partidistas o gubernamentales, crecen y se multiplican.

Las razones del descontento social son diversas, a saber: el incremento de la delincuencia; las desapariciones forzadas que el año pasado alcanzaron las 697 personas reportadas como desaparecidas; los 219 feminicidios cometidos en los dos últimos años; el nepotismo rampante del gobernador quien tiene a su hermano Noé en el ayuntamiento de la capital, con mayor poder que el del propio alcalde, Raymundo Chagoya, del Partido Verde; la hija del mandatario estatal, Shunaxhi Nabaany es la delegada del Infonavit en la Entidad; el sobrino, Emanuel Jara, preside al partido Morena, que tiene en el hijo del gobernador, Shabín Jara, a su secretario de Organización y a su hija, Bxido Xishe Jara, como secretaria de Pueblos Indígenas en la dirigencia nacional del mismo Morena.

Sus sobrinos Sheila Bolaños, Lourdes Bolaños, Irving López, Katia Bolaños y Benjamín Viveros, son los titulares de Administración, IMSS Bienestar, Giras, Licencias y de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, respectivamente. Como podemos observar, esa familia tiene un espíritu inquebrantable de servicio público (risas de fondo).

Los problemas no terminan aquí, la histórica persecución política y policiaca contra movimientos sociales, organizaciones populares, frentes de defensa de la tierra, periodistas y defensores de derechos humanos no ha terminado con la llegada de Morena al gobierno del Estado, al contrario, en los últimos siete años han sido asesinados casi cien activistas sociales en el Estado.

A consecuencia de este violento escenario, algunos sectores han comenzado a llamar a la movilización y a pedir que la población revoque el mandato del gobernador el año siguiente cuando cumpla la mitad del periodo gubernamental. Sin duda, esta estrategia de lucha comenzará a ser una herramienta política fundamental para enfrentar las malas prácticas de los gobiernos, sean del color que sean.

Sea como sea, antes de que pase más tiempo, los integrantes de la Alianza de Pueblos por la Justicia Social se movilizaron esta misma semana a la Ciudad de México e instalaron un plantón en el Zócalo además de comenzar pláticas con la Secretaría de Gobernación, en espera de ser recibidos también por la presidenta Claudia Sheinbaum. La comisión de diálogo con la Segob está integrada por el Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Organización de Pueblos Indígenas de Oaxaca, el Proyecto Amplio de Izquierda Socialista y la Asamblea Comunitaria de Poder Popular.

Las luchas sociales en Oaxaca son sempiternas. Lo mismo asistimos a conflictos magisteriales que vemos la lucha por las tierras y el agua; el enfrentamiento contra los históricos cacicazgos, la aguda pobreza, vulnerabilidad y desigualdad de indígenas y campesinos, y frente a todo ello, la respuesta de los gobiernos ha sido la militarización y la judicialización de las demandas sociales apuntalado con una intensa campaña mediática de desprestigio y criminalización de las luchas ciudadanas.
A querer o no, hoy en Oaxaca estamos viendo un viejo régimen que se aferra al poder y lucha por no morir.