Mario Muñoz

En un hecho sin precedentes, en el municipio de Bolaños se realizaron asambleas comunitarias sobre la consulta para el cambio de régimen de Gobierno. En 18 localidades y en la cabecera municipal se les informó sobre el proceso, con la intención de que definan si quieren cambiar la forma en la que eligen a sus gobernantes; es decir, dejar a un lado a los partidos políticos y que sean los habitantes los que seleccionen a sus candidatos y vencedores.
Así se marcó el inicio del proceso de la consulta para que el próximo 18 de mayo se defina si cambian el sistema de gobierno actual por uno normativo propio, basado en sus usos y costumbres. Es un hecho que así será. La pregunta es: ¿Cuántos municipios tomarán la misma ruta?
Si hacemos una revisión a las comunidades en Jalisco con más indígenas destaca Bolaños, pero sobre todo Mézquitic. También hay una fuerte presencia de esta población en Huejuquilla el Alto, San Martín de Bolaños, Villa Guerrero, Chimaltitán, Colotlán, Cuautitlán de García Barragán, Totatiche y San Sebastián del Oeste.
Lo interesante del ejercicio en Bolaños es que, a pesar de la expansión de Morena y sus programas sociales para la “compra” de votos, han decidido iniciar con un proceso para cambiar el modelo para elegir a sus gobernantes. Y están pateando a los partidos porque simplemente ya no confían en éstos. ¿Por qué abandonan a los institutos políticos?
Hay una precisión sobre el por qué los partidos están desacreditados: a pesar de los cientos de millones de pesos que se gastan del erario en México, todos fallan en la construcción de nuevos perfiles con altas capacidades. Desde las dirigencias nacionales y estatales no se han preocupado por tener candidatos que sorprendan. Y la apuesta sigue siendo el cacicazgo. Los mismos de siempre se postulan o designan a sus aliados para las elecciones. 
De cierta forma, eso se replica en las comunidades indígenas donde eligen a sus candidatos con sus usos y costumbres, principalmente en Oaxaca, pero rompen con el centralismo que los partidos políticos tienen desde las capitales de los Estados y desde la Ciudad de México. 
Independiente a la decisión que tomen en Bolaños, es un mensaje contundente a los partidos políticos: se renuevan o mueren.

Elecciones sin partidos…

Es común que en el Gobierno federal y en el Congreso de la Unión reculen y frenen reformas, tras desatar polémica entre los sectores económicos, académicos y sociales. Si bien es cierto que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ignoraron las críticas y avanzaron temas como la desaparición de los organismos autónomos, en la presente administración de Claudia Sheinbaum brotó en los últimos días una reforma polémica: la Ley de Telecomunicaciones.
Todo nació con una crítica por los comerciales del gobierno de Estados Unidos en cadenas de televisión o internet en México, en donde se arremete contra los migrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó una campaña en donde aparece la secretaria Kristi Noem lanzado una advertencia a los migrantes: “Permítanme darle un mensaje al mundo de parte del presidente Donald Trump: si estás considerando entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses. Déjenme ser clara: si vienen a nuestro país y rompen nuestras leyes, los vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Si intentas entrar ilegalmente vas a ser capturado, vas a ser deportado y nunca más podrás regresar”.
Eso detonó que el gobierno de Claudia Sheinbaum enviara una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones para prohibir ese tipo de publicidad “discriminatoria”, pero en menos de una semana se descubrieron otros “intereses” que obligaron a que Morena frenara la discusión y aprobación del dictamen este lunes en el Senado de la República.
Por una parte, Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma “ni censura ni ataca la libertad de expresión” y aseguró que nada la frenará. Pero Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que el dictamen “se retiró del orden del día de la sesión (de este lunes) para abrir un diálogo con todos los sectores”. 
¿Qué hay detrás de la polémica?
La mayor parte se concentra en el Artículo 109 de la ley, que supuestamente se revisará para afinar su redacción. Morena promete que no quedará duda de que el Gobierno no ataca la libertad de expresión. Pero las observaciones de organismos internacionales y académicos son puntuales: se teme que el Gobierno administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a medios de comunicación independientes y críticos, con argumentos subjetivos o sin motivación.
Y como no hay claridad, el hecho de que desde el Gobierno puedan bloquear plataformas digitales e impongan criterios arbitrarios en la generación de contenidos, es definitivamente un atentado a la libertad de expresión. Y el villano de la película se llamaría Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendría el control. 
Inicia una semana y, aunque hay muchos temas graves que deben ser atendidos y observados, se deben tener todos los reflectores en las mesas de análisis que instalará el Senado para abordar esta reforma. 
¡Nos querían chamaquear!

¡Nos querían chamaquear!

En 2016, la Fiscalía General de Jalisco prohibió que Gerardo Ortiz se presentara en las fiestas de Tepabril. El cantautor, señalado por su video “Fuiste mía” como provocador y generador de violencia de género, fue calificado por ser una persona no grata.
En aquel entonces, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, reprobó el mensaje misógino, machista y patriarcal de la canción, que causó polémica porque intervienen policías de Zapopan. La crítica también fue porque en el video se observa cómo el cantante quema viva a una mujer por serle infiel. Y al amante le pega un tiro en la frente. Apología del delito.
Hoy, los cantantes de narcocorridos están en el ojo del huracán, luego que el grupo norteño Los Alegres del Barranco exhibieran en el Auditorio Telmex a un líder del crimen organizado, causando una indignación en las redes sociales. 
En una actualización del tema, casi una decena de Estados han prohibido los narcocorridos en eventos públicos, con multas y hasta prisión: Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Querétaro y Estado de México, mientras en Jalisco se envió una iniciativa para endurecer las penas contra estos artistas y se avalará tras el periodo actual de vacaciones de las diputadas y los diputados.
Mientras tanto, hay un reto para las autoridades: Luis R. Conriquez se presentará el 27 de este mes en las fiestas de Tepabril. El cantante se volvió tendencia por un reciente show en el Palenque de Texcoco, donde se viralizó un video con la reacción del público al enterarse que no cantaría corridos. Aunque Conriquez explicó que existe una prohibición para cantar narcocorridos, los asistentes reaccionaron con abucheos y comenzaron a lanzar botellas de cerveza, basura y sillas al escenario, generando disturbios en el lugar y dañando los instrumentos de los músicos. Afortunadamente, no murió nadie.
Según expertos en música, la esencia del cantante es precisamente la interpretración de narcocorridos, por lo que existe el riesgo de que se repita la escena de Texcoco. 
Es un buen momento para que el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reaparezca y prohíba la presentación de Conriquez en foros del Estado. Por lo pronto, el exhibido es el Ayuntamiento de Tepatitlán por permitir este tipo de espectáculos.

¡Que reaparezca el fiscal!

Hace más de dos décadas, se sugirió privatizar el SIAPA para mejorar el servicio. En aquel entonces, el Consejo de Administración estaba al mando del Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Las alcaldías eran un contrapeso importante contra el Ejecutivo estatal, pero luego el gobernador tomó el control. ¿Cuál es el estatus del sistema intermunicipal? ¡Está ahogado!
Hay varios momentos importantes para demostrar cómo fue empeorando la situación financiera. El primero fue durante la administración del gobernador Emilio González Márquez, cuando panistas se refugiaron en el SIAPA y fueron becados con altos salarios que hoy ascienden a los 100 mil pesos mensuales. Así de incongruente: el director del organismo gana más que los presidentes municipales de la metrópoli. 
Vamos por partes para demostrar la gravedad en la que está el sistema.
Primera: El SIAPA tiene 1.2 millones de cuentas domiciliarias, comerciales, industriales y terrenos. De ese total, 530 mil tienen adeudos, principalmente dueños de casas, pero en la lista hay de todo: desde grandes industriales o empresarios, hasta partidos políticos.
Segunda: Esas cuentas morosas le deben al organismo más de 19 mil 500 millones de pesos. A pesar de que el SIAPA gasta en asesorías o empresas privadas de cobranza cerca de 600 millones de pesos al año. Es un fracaso el sistema recaudatorio. Imagine que tiene un negocio y casi la mitad de sus clientes no le pagan, pero siguen consumiendo sus productos.
Tercera: El presupuesto anual del organismo asciende a los 6 mil millones de pesos. En otras palabras, es cuatro veces menor a la deuda que acumulan los morosos.
Cuarta: El SIAPA también tiene deudas con bancos por 4 mil 464 millones de pesos, al corte del año pasado y según su cuenta pública (por cierto, ayer no servía el portal de transparencia. ¡El colmo!).
Quinta: El gasto en la nómina se acerca a los 2 mil millones de pesos; es decir, una tercera parte del presupuesto se va en los empleados, a pesar de que se gastan otros 600 millones de pesos en empresas privadas. En otras palabras, ni con sus empleados ni con el pago a privados, el sistema sale de la crisis en la cobranza o en la prestación del servicio.
Sexta: Persisten los cortes en el servicio por todo tipo de motivos: por fugas, por mantenimiento o porque no hay agua suficiente. Se incluye que sigue llegando agua turbia a las colonias.
Séptima: Se requieren 10 mil millones de pesos para renovar las redes obsoletas. Por lo menos el 20% del sistema está inútil. 
Octava: Sigue la extracción con todo del Lago de Chapala porque aún no le llega una gota del sistema El Zapotillo. Fueron puras mentiras lo que se presumió en la pasada administración.
Novena: Aunque no hay un estudio que lo demuestre con precisión, se estima que se va al caño o se desperdicia entre 19% y 40% del agua que se distribuye en las redes del SIAPA, por cualquier motivo: fugas o robos. Esos porcentajes han sido afirmados por autoridades estatales y federales.
Décima: Urge un segundo acueducto para traer agua de Chapala porque el actual tiene deficiencias que podrían hacerlo colapsar y provocar una crisis sin precedente en el abasto de agua a la metrópoli, al dotar a más del 60% de la población el actual ducto. El costo asciende a más de seis mil 500 millones de pesos.
El remate: Son inexistentes las auditorías públicas al organismo, que exhiban otros problemas financieros o administrativos. 
La inútil Auditoría Superior del Estado o el Congreso de Jalisco son cómplices por acción u omisión de lo que ocurre en el SIAPA.

¡El ahogado!

Aunque se presumió en la administración pasada la inauguración del Sistema El Zapotillo como una nueva fuente de abasto, es insuficiente para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En agosto pasado se dio cuenta que la Presa El Zapotillo estaba llena, pero ni con el aporte de la Presa de El Salto hay buenas noticias para la metrópoli. Una evidencia son los cortes en el servicio que la semana pasada se aplicaron en colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Ahora el SIAPA le llama: intermitencias en la distribución del líquido. 
¿Entonces cómo resolver la crisis que se avecina para los meses de abril, mayo y junio, en pleno estiaje?
En cada temporada de vacaciones de las semanas Santa y de Pascua, el sistema intermunicipal aplica tandeos en la metrópoli para dar mantenimiento al acueducto que trae agua de Chapala a Guadalajara. Y todo indica que este año no será la excepción. 
¿Qué pasaría si revienta ese acueducto? La peor crisis que un Gobierno pueda imaginar. La gente puede ignorar una crisis de inseguridad o violencia, pero una crisis por el abasto de agua tendría magnitudes devastadoras para una administración pública. 
Por eso no hay de otra: se requiere de un segundo acueducto por varias razones. No solamente sería para tener una alternativa en caso de que falle el actual y para dar una rehabilitación integral. Se requiere para aprovechar el agua que todavía tiene permitido el Gobierno extraer de Chapala. ¿Uso o evaporación? La respuesta es obvia.
La antigüedad del acueducto ya provoca una reducción en la capacidad de distribución de agua, pero también detona fugas que en ocasiones ni siquiera son detectadas por los ingenieros. Es imposible que circulen los más de cinco metros cúbicos que tiene de capacidad esta infraestructura para abastecer a más del 60% de la población de la metrópoli. Y sin contar las incorporaciones de colonias de Tlajomulco y El Salto, que presionarán más al acueducto.
Si bien en el pasado ya se impulsó la construcción de la segunda línea (sobre todo en la administración de Emilio González), fracasó una y otra vez el proyecto por la oposición de académicos y pobladores de Chapala. 
¿Le topará Pablo Lemus? 
Requiere del aval del Gobierno de la República, pero el proyecto tiene un fundamento toral.

Segundo acueducto…

En abril de 2022, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con grandes empresas limitar los aumentos de precios de los artículos básicos, en un intento para controlar la inflación. Incluía la reducción de 25 artículos que formaban parte de la canasta básica en México. 
Se llamó Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. Y según el entonces presidente, bajó 8% en promedio el precio de los productos. Pero no se sintió en los bolsillos de los mexicanos porque los alimentos y la gasolina continuaron con altos precios en diferentes temporadas del año.
Con ese contexto, en este mes Claudia Sheinbaum replicó un pacto, pero ahora con los gasolineros. Con el objetivo de “proteger la economía” de las familias, la presidenta firmó un acuerdo con los empresarios para establecer el precio de la gasolina Magna en 24 pesos el litro. Antes de ese acuerdo, según la Comisión Reguladora de Energía, 20% de las estaciones de servicio tenían precios mayores a los 24 pesos. Por otra parte, la gran mayoría vendía el combustible verde entre los 21.50 a los 23.50 pesos.
Sheinbaum explicó que el acuerdo es por seis meses para posteriormente ser evaluado y que pueda ser sujeto a cambios. ¿Qué pasó a un mes? Hay claroscuros.
Lo que se evidencia es que los consumidores perdieron. Se observa que la mitad de los que vendían la Magna a más de 24 pesos bajaron el precio y actualmente está por debajo de ese parámetro. Sin embargo, los que tenían precios menores aprovecharon y subieron a casi los 24 pesos. ¡Se pasaron de listos y ahora tienen mayores ganancias!
También se acentúa que los gasolineros que venden en menos de 23 pesos son señalados porque los vehículos presentan fallas en el rendimiento; por ejemplo, “cascabelean”. Se evidencia que no es de buena calidad esa gasolina.
En conclusión, el acuerdo terminó provocando más daños al consumidor y privilegiando a la mayoría de los gasolineros. ¿Por qué se fijó el precio en 24 y no en menos de 22 pesos? 
Por que los empresarios nunca pierden.

¡No me ayudes, comadre!

Durante la semana pasada se salió de control para las autoridades el caso Teuchitlán, a pesar de los acuerdos entre los gobiernos de Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum, en los que se determinó la intervención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda para resolver el tema, vigilados por los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las versiones difundidas por colectivos y testimonios de víctimas en los medios de comunicación coinciden en que el Rancho Izaguirre era utilizado como un campamento de reclutamiento y exterminio del crimen organizado, tras los hallazgos como fragmentos óseos incinerados y decenas de prendas y zapatos. 
Las reacciones de tres organismos fueron demoledoras contra las autoridades que encabezaron la Guardia Nacional, la Fiscalía de Jalisco y el Ayuntamiento de Teuchitlán.
Primero: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue precisa: “Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas, reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables, lo que ha permitido que estas prácticas criminales continúen en la impunidad”. 
Segundo: la Organización de las Naciones Unidas fue más allá: “El descubrimiento de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, subrayó Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Resulta más perturbador, dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.
Y tercero: Amnistía Internacional exigió una pronta investigación y un trato digno para las personas buscadoras. 
Por las versiones difundidas, las preguntas para la Fiscalía federal son precisas y se deben responder en esta semana: ¿Cuántas personas fueron ejecutadas e incineradas en ese rancho? ¿Se cuentan con una mano o son decenas? 
Pero hay otra versión a cargo de las autoridades y durante la semana pasada se lanzaron las primeras señales o declaraciones.
Primero: el Gobierno de Jalisco publicó un boletín en el que confirma que, tras las investigaciones del jueves pasado, “se constató que no existen estructuras que fungieron como hornos” crematorios. 
Segundo: la Presidenta de México está llamando a esperar la información oficial antes de sacar conclusiones sobre lo que ocurrió en el predio.
Tercero: Sheinbaum criticó a la oposición y a los medios de comunicación. Denunció que ciertos sectores están usando el caso para atacar al ex presidente López Obrador y su administración, en lugar de enfocarse en esclarecer los hechos. Además, rechaza la narrativa de “campo de exterminio”. Y cuestiona que la oposición olvide casos como el de Genaro García Luna y la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, mientras intentan responsabilizar al actual Gobierno.
Si analizamos todas las versiones, se advierte que en esta semana el caso Teuchitlán dará un giro. La autoridad federal está dejando señales de que el Rancho Izaguirre no era un “campo de exterminio”, pero sí un centro de campamento de reclutamiento. Es todo. Y que las investigaciones seguirán, pero con el tiempo se olvidarán. 
¿Esa versión convencerá a la población y a los colectivos? Jamás. 
El caso se debió transparentar y resolver en septiembre de 2024, pero se ocultó todo para no salpicar a Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, quienes estaban por finalizar sus administraciones. 
Pregunta clave: ¿Cómo reaccionarán los colectivos?

Viene un carpetazo al caso Teuchitlán

La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda alertó al sector económico. El argumento fue el de siempre en este tipo de renuncias: “Por compromisos familiares… fuera del país”.
Se va en medio de una crisis arancelaria como la que enfrentan México y Estados Unidos, pero Claudia Sheinbaum suavizó la salida nombrándolo asesor económico para asuntos internacionales y designó al experimentado economista Edgar Amador Zamora. 
Amador se desempeñó como subsecretario de Hacienda, es licenciado en Economía por la UNAM y cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México. Trabajó en el sector privado en empresas como Vector Casa de Bolsa, Stone&amp;MacCarthy y fue director adjunto para México del banco francés Dexia.
¿Qué deja Rogelio Ramírez de la O y cuál es la realidad de las finanzas públicas? ¿Y qué puede hacer Edgar Amador Zamora para mejorar la situación financiera de México? Muy poco.
Van cinco crisis que enfrentan las finanzas públicas: 
Primera. En la palestra destaca el enfrentamiento entre México y Estados Unidos por la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a todas las exportaciones. El escenario será: más inflación en Norteamérica y una recesión en México, con cargo a los consumidores.
Segunda. La deuda neta del sector público federal se situó en la cifra inédita de 17 billones 768 mil millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador mintió una y otra vez. Y la deuda se disparó como nunca, ante los pasivos acumulados y las nuevas contrataciones millonarias durante todo su sexenio. Por su parte, Sheinbaum está obligada a solicitar más deuda millonaria durante los seis años que le restan y terminará siendo avalada por el Congreso de la Unión. Los pasivos con bancos ya superan 51% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. 
Tercera. El sistema de pensiones tiene un costo de 2.16 billones de pesos, lo que representa 23.5% del gasto público total y aproximadamente 6% del PIB.
Cuarta. Hay una fuerte crisis en Petróleos Mexicanos, que tiene una deuda acumulada de 1.96 billones de pesos, además de una caída en la producción, alzas en los costos de las gasolinas y una plantilla laboral privilegiada. 
Y quinta. Hay buenas noticias para los beneficiarios de los programas sociales. ¡Felicidades! Pero los subsidios le cuestan al erario 1.11 billones de pesos. Y cada año crecerá ese gasto ante el envejecimiento de la población. 
Sin embargo, para el Gobierno federal estamos bien. 
¡Bienvenido, Edgar Amador Zamora!

La crisis de las finanzas públicas

Mirza Flores

El Día de las Madres en México

José Manuel Romo Parra

Lo que el fuego nos deja: solidaridad y corresponsabilidad para cuidar juntos la ciudad

Hiram Espinoza de los Monteros

En llamas: negligencia, omisión y la ciudad que devora

Mi pecho no es bodega

Juan Pablo Colín

Teuchitlán: Reto para MC y Morena

Primera escena. 
La pasada administración de Andrés Manuel López Obrador comenzó con un operativo militar contra la ordeña a los ductos de Pemex en 2019. En una decena de Estados frenaron la distribución de gasolinas y provocaron un desabasto. Los consumidores dormían en las estaciones de servicio hasta que la paraestatal autorizaba el envío del producto en pipas. Al final, fue un fracaso o una simulación porque en el sexenio pasado se registraron 72 mil ordeñas de combustible en México. Y con Enrique Peña Nieto fueron 28 mil. 
Segunda escena.
En la pasada administración federal, los robos, los saqueos y la mala administración estuvieron a la orden del día en Petróleos Mexicanos. En los seis años de gobierno se gastaron más de 980 mil millones de pesos para rescatar a la paraestatal, pero fue un fracaso, a pesar de las otras inversiones por más de 300 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas construida en Tabasco, y la compra de la refinería Deer Park, que se adquirió en más de 30 mil 650 millones de pesos. Sin embargo, la producción cerró en los niveles más bajos. En concreto, en la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) se registraban 2.7 millones de barriles cada día. Con el priísta Enrique Peña Nieto (2013-2018) bajó a 2.3 millones de barriles. Y con Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) se tocó fondo: apenas 1.8 millones de barriles (el entonces presidente prometió que terminaría su administración con una producción de 2.6 millones de barriles al día, pero mintió. Ni Dos Bocas ni Deer Park incrementaron las cifras). 
Tercera escena.
En la pasada administración, Octavio Romero Oropeza fue señalado por actos de corrupción y nepotismo, al tener en Pemex una red de ocho familiares, por lo menos, con salarios de hasta 139 mil pesos mensuales. 
¿Cómo se llamó la película?
El fracaso en Pemex se atribuye a López Obrador, pero se debe remarcar que Romero Oropeza encabezó todas las irregularidades y delitos que mantienen a la paraestatal por los suelos, con una deuda millonaria imparable. 
Sin embargo, en lugar de marginarlo en la función pública, ahora se le dio la titularidad del Infonavit. ¿Por qué lo “rebajaron” de cargo? Nada de eso.
Ahora, con la reforma al organismo avalada la semana pasada en el Congreso de la Unión, Romero Oropeza tendrá la facultad de gastarse como quiera y donde quiera los 2.7 billones de pesos que los trabajadores tienen ahorrados para adquirir un crédito del Infonavit. 
¿Confían en el aludido? 
Sobran las respuestas. ¡Grábense su nombre!