¿Qué significa vivir en un Estado de Derecho?

En discursos políticos se repite constantemente, lo plasman las leyes, lo afirman los tribunales, se debate en la academia y el periodismo serio lo analiza. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para preguntarnos si realmente nuestras acciones colectivas e institucionales nos encaminan hacia un verdadero Estado de Derecho o si solo nos aferramos a una aspiración que, con cada crisis institucional, abuso de poder o violación a la ley, se desvanece un poco más.

El Estado de Derecho no es solo un concepto elegante para enmarcar en discursos. Es la base sobre la que se construye una sociedad justa, una en la que nadie está por encima de la ley, donde las reglas se cumplen, las instituciones funcionan y las personas confían en que, si sus derechos son vulnerados, ignorados o pisoteados, habrá mecanismos efectivos para restablecerlos. En teoría, así debería ser. Pero en la práctica, la realidad nos obliga a cuestionarnos cuán cerca estamos de esa aspiración: la de un Estado de Derecho pleno, ideal de toda nación que se concibe como democrática.

Desgraciadamente, en el México de hoy, la justicia es selectiva. Quienes pueden pagar una defensa adecuada obtienen resultados favorables, mientras que aquellos sin recursos quedan atrapados en una burocracia judicial sobrecargada, que vuelve los procesos eternos. La justicia, que debería ser pronta y expedita, sigue siendo un privilegio más que un derecho efectivo.

Vivir en un Estado de Derecho no se reduce a la existencia de normas. Es el respeto y la aplicación equitativa de esas normas. Es la certeza de que el poder está limitado por la ley, de que el uso de la fuerza pública está justificado y acotado, de que los ciudadanos no están a merced de la discrecionalidad del gobernante en turno. Sus pilares fundamentales incluyen la legalidad, que exige que todas las acciones del Estado se basen en normas previamente establecidas; la seguridad jurídica, que permite a los ciudadanos conocer sus derechos y las consecuencias de sus actos; la independencia judicial, que garantiza que las decisiones de los jueces no respondan a intereses políticos o económicos; la división de poderes, que impide la concentración del poder; y la protección de los derechos fundamentales, porque no hay Estado de Derecho sin respeto a la dignidad humana.

Un verdadero Estado de Derecho no se construye solo con reformas. Se construye con voluntad política, con instituciones fuertes, con juzgadores valientes, cualificados e imparciales, con ciudadanos que exigen justicia. No es un estado natural al que llegamos por inercia, sino una tarea constante, un ejercicio de resistencia ante los intentos de erosionarlo. Porque cuando el Estado de Derecho se debilita, lo que sigue es la incertidumbre, el abuso y la impunidad. Y cuando eso sucede, el costo lo pagamos todos.

Ahora bien, ¿cómo podemos aspirar a jueces imparciales y justos bajo el modelo de país que tenemos, cuando estudios han revelado que el acceso a cargos en el Poder Judicial está plagado de influyentismo?

La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, titulada “El poder familiar de la federación”, expone una preocupante realidad: Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en la contratación de hijos de jueces y magistrados. De los 33 juzgadores identificados, 54 de sus hijos trabajan dentro del Poder Judicial Federal. Un ejemplo claro: un magistrado de circuito tiene a sus cuatro hijos en el mismo sistema. Uno es oficial administrativo, dos son secretarios de tribunal y de juzgado, y otro magistrado tiene a dos hijos como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial.
¿Cómo hablar de meritocracia, transparencia o justicia imparcial cuando el Poder Judicial opera como una estructura de privilegios heredados?
Cierro con una pregunta para la reflexión: ¿Este es el México que queremos? ¿Es este el ideal de justicia y legalidad al que aspiramos como nación?