Protección de datos en México: ¿Centralización o especialización para enfrentar los retos digitales?
En un mundo cada vez más digitalizado, México enfrenta el reto de actualizar su legislación de protección de datos personales. La globalización económica y el uso masivo de tecnologías disruptivas exigen un marco normativo robusto frente a los retos éticos, científicos y legales del presente.
Actualmente, el modelo mexicano está cambiando con la extinción de quien fungía como autoridad (INAI). Este diseño, aunque funcional en su origen, mostró limitaciones frente a la creciente complejidad de tutelar el mismo órgano, los dos derechos que son autónomos en origen, bien jurídico protegido y finalidad.
La Iniciativa enviada por la Presidenta Sheinbaum a la Cámara de Senadores plantea un modelo centralizado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y, aunque se busca simplificar estructuras y reducir costos, también se advierten riesgos significativos como la pérdida de autonomía en la tutela de derechos humanos, la posible sobrecarga de una institución que tiene las tareas de buen gobierno de la función pública, y ahora deberá atender el acceso a la información y la protección de datos personales en sectores público y privado.
Aunado a ello, también se deja de lado la oportunidad de actualizar las leyes de datos personales en temas de fondo: no se logra unificar el marco jurídico de este derecho, que ya no sería necesario regularlo por sectores, tampoco se armonizan por ejemplo los derechos que derivan de la autodeterminación informativa, como lo es la portabilidad de datos o las figuras preventivas como evaluaciones de impacto para el sector privado, igual no se propone incluir otros aspectos de estándar internacional para enfrentar los retos actuales, como el principio de legitimación del tratamiento de datos.
También sería importante aprovechar, para atender las recomendaciones del Consejo Consultivo del Convenio 108, del cual México es parte integrante y que aspira a entrar al 108 Plus: quitar la excepción de la ley federal sobre las sociedades de información crediticias que no siguen el régimen general y que ya fue declarada inconstitucional, ya que no garantiza de forma similar a los particulares sus derechos ARCO en el sistema bancario y financiero.
Otro punto que no se plantea avanzar es en la aplicación extraterritorial de la jurisdicción mexicana, sobre las empresas trasnacionales y plataformas tecnológicas que oferten bienes y servicios y traten datos personales, estén establecidos o no en territorio nacional, es decir independientemente de que el tratamiento tenga lugar o no en México, cuestión que hoy limita a los mexicanos para tener una protección integral.
Será necesario insistir con los legisladores federales sobre la pertinencia de estos temas y de una autoridad especializada e independiente para la protección de datos o asociada a temas de frontera digital, que pueda responder de manera ágil y eficaz a los desafíos.
