La “tarjeta dorada” de Trump

Desde 1986 en Estados Unidos no hay una reforma migratoria. A mediados de la década de los años ochenta el gobierno de Ronald Reagan sacó adelante la Ley Simpson-Rodino mediante la cual se regularizó la estancia de alrededor de tres millones de migrantes “indocumentados”, principalmente de México.

Desde entonces, lo único que han puesto en marcha en el vecino del Norte son acciones ejecutivas como DACA, o algunas otras medidas de reducido impacto para aliviar un poco la estancia de millones de migrantes con estatus irregular en la Unión Americana. Cada gobierno y cada nueva legislatura prometen que lo harán y todo queda en eso, puras promesas electorales de republicanos y demócratas. Los migrantes como moneda de cambio en el mercado electoral.

En lo que va del gobierno de Donald Trump no solo no se avizora una reforma migratoria, sino que ahora la ocurrencia del inquilino de la Casa Blanca ha sido establecer una “tarjeta dorada” similar a la “tarjeta verde” para que las personas obtengan su residencia y sea el camino hacia la ciudadanía estadunidense, el pequeño detalle es que el costo de la “tarjeta dorada” será de 5 millones de dólares.

La tarjeta, producto de la ocurrencia de Trump, vendrá a reemplazar al programa de visas de inversionista migrante EB-5 creadas por el Congreso en 1992; este programa permite a los inversores extranjeros invertir dinero en proyectos estadunidenses y crear empleos para luego solicitar la residencia y más adelante la ciudadanía. Los requisitos de la EB-5 cruzan por realizar una inversión mínima de entre 800 mil y un millón de dólares en zonas económicamente deprimidas llamadas áreas de empleo objetivo; y crear al menos 10 empleos permanentes para trabajadores estadunidenses calificados.

Para el caso de la “tarjeta dorada”, el proceso de selección de los solicitantes de ella aún no ha sido detallado. Sólo se ha dicho que los interesados tendrán que pasar por un proceso de selección y a todos los aplicantes les serán verificados los antecedentes.

Los programas de inversión a cambio de residencia y/o ciudadanía existen en otras naciones como Reino Unido, España, Portugal, Malta o Italia, sin embargo, en varios casos los recursos utilizados para obtener el beneficio de una ciudadanía han terminado en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

No obstante esta situación, no perdamos de vista que Donald Trump es un casinero, un apostador y un empresario que maneja el gobierno bajo la lógica de un negocio privado, eso explica la declaración que hizo con respecto al millón de “tarjetas doradas” que quiere vender en una primera etapa para recabar 5 trillones de dólares; incluso proyectó la venta de 10 millones de tarjetas lo cual le permitiría a su gobierno recibir 50 trillones de dólares que se podrían utilizar para saldar parte de la deuda estadunidense. “Eso estaría bien”, afirmó el mandatario.

Con estos recursos más los que piensa obtener de los aranceles impuestos a sus socios comerciales, el gobierno de Trump busca cubrir los impuestos que dejaría de recibir de sus ciudadanos cuando les reduzca la carga fiscal. Es decir, el republicano pretende cargar los gastos de su gobierno a los ciudadanos del resto del planeta.

Por otro lado, la “tarjeta dorada” para atraer a extranjeros millonarios a Estados Unidos llega en el contexto de la fuerte criminalización hacia los migrantes “indocumentados” que se materializa en redadas y deportaciones, incluso en la intención de poner fin al derecho constitucional de la ciudadanía por nacimiento.

Frente a la creación de la “tarjeta dorada” no cabe duda de que para Donald Trump y sus aliados existen migrantes de primera, segunda y tercera categoría.