Mario Muñoz

En 2016, la Fiscalía General de Jalisco prohibió que Gerardo Ortiz se presentara en las fiestas de Tepabril. El cantautor, señalado por su video “Fuiste mía” como provocador y generador de violencia de género, fue calificado por ser una persona no grata.
En aquel entonces, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, reprobó el mensaje misógino, machista y patriarcal de la canción, que causó polémica porque intervienen policías de Zapopan. La crítica también fue porque en el video se observa cómo el cantante quema viva a una mujer por serle infiel. Y al amante le pega un tiro en la frente. Apología del delito.
Hoy, los cantantes de narcocorridos están en el ojo del huracán, luego que el grupo norteño Los Alegres del Barranco exhibieran en el Auditorio Telmex a un líder del crimen organizado, causando una indignación en las redes sociales. 
En una actualización del tema, casi una decena de Estados han prohibido los narcocorridos en eventos públicos, con multas y hasta prisión: Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Querétaro y Estado de México, mientras en Jalisco se envió una iniciativa para endurecer las penas contra estos artistas y se avalará tras el periodo actual de vacaciones de las diputadas y los diputados.
Mientras tanto, hay un reto para las autoridades: Luis R. Conriquez se presentará el 27 de este mes en las fiestas de Tepabril. El cantante se volvió tendencia por un reciente show en el Palenque de Texcoco, donde se viralizó un video con la reacción del público al enterarse que no cantaría corridos. Aunque Conriquez explicó que existe una prohibición para cantar narcocorridos, los asistentes reaccionaron con abucheos y comenzaron a lanzar botellas de cerveza, basura y sillas al escenario, generando disturbios en el lugar y dañando los instrumentos de los músicos. Afortunadamente, no murió nadie.
Según expertos en música, la esencia del cantante es precisamente la interpretración de narcocorridos, por lo que existe el riesgo de que se repita la escena de Texcoco. 
Es un buen momento para que el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reaparezca y prohíba la presentación de Conriquez en foros del Estado. Por lo pronto, el exhibido es el Ayuntamiento de Tepatitlán por permitir este tipo de espectáculos.

¡Que reaparezca el fiscal!

Hace más de dos décadas, se sugirió privatizar el SIAPA para mejorar el servicio. En aquel entonces, el Consejo de Administración estaba al mando del Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Las alcaldías eran un contrapeso importante contra el Ejecutivo estatal, pero luego el gobernador tomó el control. ¿Cuál es el estatus del sistema intermunicipal? ¡Está ahogado!
Hay varios momentos importantes para demostrar cómo fue empeorando la situación financiera. El primero fue durante la administración del gobernador Emilio González Márquez, cuando panistas se refugiaron en el SIAPA y fueron becados con altos salarios que hoy ascienden a los 100 mil pesos mensuales. Así de incongruente: el director del organismo gana más que los presidentes municipales de la metrópoli. 
Vamos por partes para demostrar la gravedad en la que está el sistema.
Primera: El SIAPA tiene 1.2 millones de cuentas domiciliarias, comerciales, industriales y terrenos. De ese total, 530 mil tienen adeudos, principalmente dueños de casas, pero en la lista hay de todo: desde grandes industriales o empresarios, hasta partidos políticos.
Segunda: Esas cuentas morosas le deben al organismo más de 19 mil 500 millones de pesos. A pesar de que el SIAPA gasta en asesorías o empresas privadas de cobranza cerca de 600 millones de pesos al año. Es un fracaso el sistema recaudatorio. Imagine que tiene un negocio y casi la mitad de sus clientes no le pagan, pero siguen consumiendo sus productos.
Tercera: El presupuesto anual del organismo asciende a los 6 mil millones de pesos. En otras palabras, es cuatro veces menor a la deuda que acumulan los morosos.
Cuarta: El SIAPA también tiene deudas con bancos por 4 mil 464 millones de pesos, al corte del año pasado y según su cuenta pública (por cierto, ayer no servía el portal de transparencia. ¡El colmo!).
Quinta: El gasto en la nómina se acerca a los 2 mil millones de pesos; es decir, una tercera parte del presupuesto se va en los empleados, a pesar de que se gastan otros 600 millones de pesos en empresas privadas. En otras palabras, ni con sus empleados ni con el pago a privados, el sistema sale de la crisis en la cobranza o en la prestación del servicio.
Sexta: Persisten los cortes en el servicio por todo tipo de motivos: por fugas, por mantenimiento o porque no hay agua suficiente. Se incluye que sigue llegando agua turbia a las colonias.
Séptima: Se requieren 10 mil millones de pesos para renovar las redes obsoletas. Por lo menos el 20% del sistema está inútil. 
Octava: Sigue la extracción con todo del Lago de Chapala porque aún no le llega una gota del sistema El Zapotillo. Fueron puras mentiras lo que se presumió en la pasada administración.
Novena: Aunque no hay un estudio que lo demuestre con precisión, se estima que se va al caño o se desperdicia entre 19% y 40% del agua que se distribuye en las redes del SIAPA, por cualquier motivo: fugas o robos. Esos porcentajes han sido afirmados por autoridades estatales y federales.
Décima: Urge un segundo acueducto para traer agua de Chapala porque el actual tiene deficiencias que podrían hacerlo colapsar y provocar una crisis sin precedente en el abasto de agua a la metrópoli, al dotar a más del 60% de la población el actual ducto. El costo asciende a más de seis mil 500 millones de pesos.
El remate: Son inexistentes las auditorías públicas al organismo, que exhiban otros problemas financieros o administrativos. 
La inútil Auditoría Superior del Estado o el Congreso de Jalisco son cómplices por acción u omisión de lo que ocurre en el SIAPA.

¡El ahogado!

Aunque se presumió en la administración pasada la inauguración del Sistema El Zapotillo como una nueva fuente de abasto, es insuficiente para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En agosto pasado se dio cuenta que la Presa El Zapotillo estaba llena, pero ni con el aporte de la Presa de El Salto hay buenas noticias para la metrópoli. Una evidencia son los cortes en el servicio que la semana pasada se aplicaron en colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Ahora el SIAPA le llama: intermitencias en la distribución del líquido. 
¿Entonces cómo resolver la crisis que se avecina para los meses de abril, mayo y junio, en pleno estiaje?
En cada temporada de vacaciones de las semanas Santa y de Pascua, el sistema intermunicipal aplica tandeos en la metrópoli para dar mantenimiento al acueducto que trae agua de Chapala a Guadalajara. Y todo indica que este año no será la excepción. 
¿Qué pasaría si revienta ese acueducto? La peor crisis que un Gobierno pueda imaginar. La gente puede ignorar una crisis de inseguridad o violencia, pero una crisis por el abasto de agua tendría magnitudes devastadoras para una administración pública. 
Por eso no hay de otra: se requiere de un segundo acueducto por varias razones. No solamente sería para tener una alternativa en caso de que falle el actual y para dar una rehabilitación integral. Se requiere para aprovechar el agua que todavía tiene permitido el Gobierno extraer de Chapala. ¿Uso o evaporación? La respuesta es obvia.
La antigüedad del acueducto ya provoca una reducción en la capacidad de distribución de agua, pero también detona fugas que en ocasiones ni siquiera son detectadas por los ingenieros. Es imposible que circulen los más de cinco metros cúbicos que tiene de capacidad esta infraestructura para abastecer a más del 60% de la población de la metrópoli. Y sin contar las incorporaciones de colonias de Tlajomulco y El Salto, que presionarán más al acueducto.
Si bien en el pasado ya se impulsó la construcción de la segunda línea (sobre todo en la administración de Emilio González), fracasó una y otra vez el proyecto por la oposición de académicos y pobladores de Chapala. 
¿Le topará Pablo Lemus? 
Requiere del aval del Gobierno de la República, pero el proyecto tiene un fundamento toral.

Segundo acueducto…

En abril de 2022, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con grandes empresas limitar los aumentos de precios de los artículos básicos, en un intento para controlar la inflación. Incluía la reducción de 25 artículos que formaban parte de la canasta básica en México. 
Se llamó Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. Y según el entonces presidente, bajó 8% en promedio el precio de los productos. Pero no se sintió en los bolsillos de los mexicanos porque los alimentos y la gasolina continuaron con altos precios en diferentes temporadas del año.
Con ese contexto, en este mes Claudia Sheinbaum replicó un pacto, pero ahora con los gasolineros. Con el objetivo de “proteger la economía” de las familias, la presidenta firmó un acuerdo con los empresarios para establecer el precio de la gasolina Magna en 24 pesos el litro. Antes de ese acuerdo, según la Comisión Reguladora de Energía, 20% de las estaciones de servicio tenían precios mayores a los 24 pesos. Por otra parte, la gran mayoría vendía el combustible verde entre los 21.50 a los 23.50 pesos.
Sheinbaum explicó que el acuerdo es por seis meses para posteriormente ser evaluado y que pueda ser sujeto a cambios. ¿Qué pasó a un mes? Hay claroscuros.
Lo que se evidencia es que los consumidores perdieron. Se observa que la mitad de los que vendían la Magna a más de 24 pesos bajaron el precio y actualmente está por debajo de ese parámetro. Sin embargo, los que tenían precios menores aprovecharon y subieron a casi los 24 pesos. ¡Se pasaron de listos y ahora tienen mayores ganancias!
También se acentúa que los gasolineros que venden en menos de 23 pesos son señalados porque los vehículos presentan fallas en el rendimiento; por ejemplo, “cascabelean”. Se evidencia que no es de buena calidad esa gasolina.
En conclusión, el acuerdo terminó provocando más daños al consumidor y privilegiando a la mayoría de los gasolineros. ¿Por qué se fijó el precio en 24 y no en menos de 22 pesos? 
Por que los empresarios nunca pierden.

¡No me ayudes, comadre!

Durante la semana pasada se salió de control para las autoridades el caso Teuchitlán, a pesar de los acuerdos entre los gobiernos de Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum, en los que se determinó la intervención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda para resolver el tema, vigilados por los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las versiones difundidas por colectivos y testimonios de víctimas en los medios de comunicación coinciden en que el Rancho Izaguirre era utilizado como un campamento de reclutamiento y exterminio del crimen organizado, tras los hallazgos como fragmentos óseos incinerados y decenas de prendas y zapatos. 
Las reacciones de tres organismos fueron demoledoras contra las autoridades que encabezaron la Guardia Nacional, la Fiscalía de Jalisco y el Ayuntamiento de Teuchitlán.
Primero: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue precisa: “Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas, reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables, lo que ha permitido que estas prácticas criminales continúen en la impunidad”. 
Segundo: la Organización de las Naciones Unidas fue más allá: “El descubrimiento de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, subrayó Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Resulta más perturbador, dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.
Y tercero: Amnistía Internacional exigió una pronta investigación y un trato digno para las personas buscadoras. 
Por las versiones difundidas, las preguntas para la Fiscalía federal son precisas y se deben responder en esta semana: ¿Cuántas personas fueron ejecutadas e incineradas en ese rancho? ¿Se cuentan con una mano o son decenas? 
Pero hay otra versión a cargo de las autoridades y durante la semana pasada se lanzaron las primeras señales o declaraciones.
Primero: el Gobierno de Jalisco publicó un boletín en el que confirma que, tras las investigaciones del jueves pasado, “se constató que no existen estructuras que fungieron como hornos” crematorios. 
Segundo: la Presidenta de México está llamando a esperar la información oficial antes de sacar conclusiones sobre lo que ocurrió en el predio.
Tercero: Sheinbaum criticó a la oposición y a los medios de comunicación. Denunció que ciertos sectores están usando el caso para atacar al ex presidente López Obrador y su administración, en lugar de enfocarse en esclarecer los hechos. Además, rechaza la narrativa de “campo de exterminio”. Y cuestiona que la oposición olvide casos como el de Genaro García Luna y la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, mientras intentan responsabilizar al actual Gobierno.
Si analizamos todas las versiones, se advierte que en esta semana el caso Teuchitlán dará un giro. La autoridad federal está dejando señales de que el Rancho Izaguirre no era un “campo de exterminio”, pero sí un centro de campamento de reclutamiento. Es todo. Y que las investigaciones seguirán, pero con el tiempo se olvidarán. 
¿Esa versión convencerá a la población y a los colectivos? Jamás. 
El caso se debió transparentar y resolver en septiembre de 2024, pero se ocultó todo para no salpicar a Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, quienes estaban por finalizar sus administraciones. 
Pregunta clave: ¿Cómo reaccionarán los colectivos?

Viene un carpetazo al caso Teuchitlán

Las extradiciones de delincuentes hacia Estados Unidos pocas veces se informan, con excepción de casos mediáticos, como “El Chapo” Guzmán, Osiel Cárdenas, Édgar Valdez “La Barbie”, Benjamín Arellano Félix, Vicente Zambada, “El Vicentillo”, y Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, por citar algunos. El resto de enviados a Norteamérica pasaron de noche en sexenios anteriores.
Sobresale que esos envíos de narcos a las cárceles extranjeras no fueron vistos como un logro de las administraciones federales. Una conclusión de la población es que: “Allá no se fugan” o “allá sí aplican la ley”. 
Por Transparencia, se documenta que 56 personas fueron extraditadas entre 1995 y 1999, en la administración de Ernesto Zedillo. Otras 160 entre 2000 y 2005, en el sexenio de Vicente Fox. Y 464 entre 2006 y 2011, con Felipe Calderón.
Con López Obrador todo fue mediático, pero destacan dos casos: Rubén Oseguera González, “Menchito”, y Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”. 
El 40% de esos extraditados están procesados por delitos contra la salud (narcotráfico) y asociación delictuosa. Pero actualicemos este tema.
Lo que hizo Claudia Sheinbaum, tras entregar a 29 capos a Estados Unidos la semana pasada no tiene precedente. Hay críticas por las formas, hundió la credibilidad del Poder Judicial en México (al asegurar que los jueces podrían liberarlos en cualquier momento) y también consolidó una imagen positiva entre la gente, con niveles de aceptación que ni el mismo López Obrador alcanzó en sus mejores momentos. Pero hay preguntas de fondo.
Supongamos que Sheinbaum ahora sí “está moviendo a México” —como en su momento se dijo de Peña Nieto—. Sin embargo: ¿Hay más seguridad y menos violencia? ¿Mejoró el sistema de justicia? ¿Tenemos un mejor Estado de Derecho? Las estadísticas y los estudios contestan que no, en términos generales.
Hay que distinguirle a la Presidenta la valentía o la imprudencia de enviar a 29 grandes narcos a Estados Unidos. Porque ahora debemos esperar las consecuencias y la forma en la que los cárteles se repartirán o se disputarán el territorio —no es ninguna sorpresa que esos delincuentes dirigían desde las cárceles a sus agrupaciones—. El riesgo es que se detone más violencia en el país como ocurrió en Sinaloa, tras el caso del “Mayo” Zambada.
Los aplausos para los presidentes se agotan rápido, por eso Sheinbaum debe demostrar que la ley se aplica parejo y contra todas las facciones criminales. Y si tienen alguna duda, pregúntenle a Peña Nieto cuando capturó a “El Chapo” y luego se le escapó por un túnel en Almoloya.

¡Los aplausos se acaban rápido!

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por casi 52 mil millones de pesos en la cuenta pública del 2023 del Gobierno federal, tras dos mil 369 auditorías a la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 32 gobiernos estatales, a todos los municipios, órganos autónomos y empresas productivas del Estado mexicano. ¿Es poco o es mucho? ¿Es grave o es un chiste?
Para dimensionar esa cifra, equivale a 2.5 veces lo que este año se gasta en la Fiscalía General de la República. Es una cantidad importante. 
En el desglose de las observaciones, la Secretaría de Turismo encabeza la lista de entidades con mayores observaciones, principalmente relacionadas con la construcción del Tren Maya, mientras que otras instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Petróleos Mexicanos también enfrentan señalamientos por presuntos daños al erario. ¿Sacuden estos resultados a las administraciones o servidores públicos? No.
Todos los años, la Auditoría emite las observaciones al gasto federal. Aunque se han presentado denuncias penales, no han tocado a los ex presidentes. Y en el caso de los secretarios federales, los Gobiernos estatales o Ayuntamientos, con los dedos de una mano se pueden contar los casos mediáticos en donde se hicieron públicas las sanciones, como el caso de Rosario Robles, pero fue por la presión de los medios de comunicación tras publicarse la famosa “Estafa maestra”. Y si pisó la cárcel fue por un exceso de confianza o errores de su defensa.
Desde la pasada administración federal hay un factor común en este tema: las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación no inciden en combatir el mal uso de los recursos públicos ni la corrupción. López Obrador hundió los pocos esfuerzos que se hacían para observar el gasto público y sancionar a los funcionarios. Y si el órgano fiscalizador nos cuesta este año casi tres mil millones de pesos, la ofensa a la población es doble. 
El poder que acumula la administración federal detona que, como nunca, el auditor superior esté hincado ante la Presidencia de la República y todo lo que está a su alrededor (que es el Poder Legislativo y próximamente el Judicial, así como los gobiernos estatales y ayuntamientos gobernados por su alianza política). Son intocables. Por eso las observaciones terminarán en el cajón.
Y lo más cuestionable es que eso se replica en los 32 gobiernos estatales y las auditorías locales, donde el titular del órgano fiscalizador es el chalán de los poderes ejecutivos. 
Las Auditorías son inútiles. Y como lo que no se sanciona está permitido, pues ya se la sabe.

Ya se la sabe…

Primera escena. 
La pasada administración de Andrés Manuel López Obrador comenzó con un operativo militar contra la ordeña a los ductos de Pemex en 2019. En una decena de Estados frenaron la distribución de gasolinas y provocaron un desabasto. Los consumidores dormían en las estaciones de servicio hasta que la paraestatal autorizaba el envío del producto en pipas. Al final, fue un fracaso o una simulación porque en el sexenio pasado se registraron 72 mil ordeñas de combustible en México. Y con Enrique Peña Nieto fueron 28 mil. 
Segunda escena.
En la pasada administración federal, los robos, los saqueos y la mala administración estuvieron a la orden del día en Petróleos Mexicanos. En los seis años de gobierno se gastaron más de 980 mil millones de pesos para rescatar a la paraestatal, pero fue un fracaso, a pesar de las otras inversiones por más de 300 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas construida en Tabasco, y la compra de la refinería Deer Park, que se adquirió en más de 30 mil 650 millones de pesos. Sin embargo, la producción cerró en los niveles más bajos. En concreto, en la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) se registraban 2.7 millones de barriles cada día. Con el priísta Enrique Peña Nieto (2013-2018) bajó a 2.3 millones de barriles. Y con Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) se tocó fondo: apenas 1.8 millones de barriles (el entonces presidente prometió que terminaría su administración con una producción de 2.6 millones de barriles al día, pero mintió. Ni Dos Bocas ni Deer Park incrementaron las cifras). 
Tercera escena.
En la pasada administración, Octavio Romero Oropeza fue señalado por actos de corrupción y nepotismo, al tener en Pemex una red de ocho familiares, por lo menos, con salarios de hasta 139 mil pesos mensuales. 
¿Cómo se llamó la película?
El fracaso en Pemex se atribuye a López Obrador, pero se debe remarcar que Romero Oropeza encabezó todas las irregularidades y delitos que mantienen a la paraestatal por los suelos, con una deuda millonaria imparable. 
Sin embargo, en lugar de marginarlo en la función pública, ahora se le dio la titularidad del Infonavit. ¿Por qué lo “rebajaron” de cargo? Nada de eso.
Ahora, con la reforma al organismo avalada la semana pasada en el Congreso de la Unión, Romero Oropeza tendrá la facultad de gastarse como quiera y donde quiera los 2.7 billones de pesos que los trabajadores tienen ahorrados para adquirir un crédito del Infonavit. 
¿Confían en el aludido? 
Sobran las respuestas. ¡Grábense su nombre!

¡Grábense su nombre!

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La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda alertó al sector económico. El argumento fue el de siempre en este tipo de renuncias: “Por compromisos familiares… fuera del país”.
Se va en medio de una crisis arancelaria como la que enfrentan México y Estados Unidos, pero Claudia Sheinbaum suavizó la salida nombrándolo asesor económico para asuntos internacionales y designó al experimentado economista Edgar Amador Zamora. 
Amador se desempeñó como subsecretario de Hacienda, es licenciado en Economía por la UNAM y cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México. Trabajó en el sector privado en empresas como Vector Casa de Bolsa, Stone&amp;MacCarthy y fue director adjunto para México del banco francés Dexia.
¿Qué deja Rogelio Ramírez de la O y cuál es la realidad de las finanzas públicas? ¿Y qué puede hacer Edgar Amador Zamora para mejorar la situación financiera de México? Muy poco.
Van cinco crisis que enfrentan las finanzas públicas: 
Primera. En la palestra destaca el enfrentamiento entre México y Estados Unidos por la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a todas las exportaciones. El escenario será: más inflación en Norteamérica y una recesión en México, con cargo a los consumidores.
Segunda. La deuda neta del sector público federal se situó en la cifra inédita de 17 billones 768 mil millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador mintió una y otra vez. Y la deuda se disparó como nunca, ante los pasivos acumulados y las nuevas contrataciones millonarias durante todo su sexenio. Por su parte, Sheinbaum está obligada a solicitar más deuda millonaria durante los seis años que le restan y terminará siendo avalada por el Congreso de la Unión. Los pasivos con bancos ya superan 51% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. 
Tercera. El sistema de pensiones tiene un costo de 2.16 billones de pesos, lo que representa 23.5% del gasto público total y aproximadamente 6% del PIB.
Cuarta. Hay una fuerte crisis en Petróleos Mexicanos, que tiene una deuda acumulada de 1.96 billones de pesos, además de una caída en la producción, alzas en los costos de las gasolinas y una plantilla laboral privilegiada. 
Y quinta. Hay buenas noticias para los beneficiarios de los programas sociales. ¡Felicidades! Pero los subsidios le cuestan al erario 1.11 billones de pesos. Y cada año crecerá ese gasto ante el envejecimiento de la población. 
Sin embargo, para el Gobierno federal estamos bien. 
¡Bienvenido, Edgar Amador Zamora!

La crisis de las finanzas públicas