La fecha límite para que el Congreso del Estado concluya la reforma al Poder Judicial en el Estado de Jalisco es el próximo sábado 15 de marzo, pero no hay señales de que las dos posturas dominantes se pongan de acuerdo: Movimiento Ciudadano y gobierno estatal, por un lado, y Morena con sus aliados en el otro.
El tema no es nada pequeño: el Estado de Jalisco, igual que el resto de las entidades federativas, debe armonizar en su Constitución local la reforma para que haya elecciones de magistrados y jueces, tal como sucederá a nivel federal el próximo 1 de junio.
Hace unas semanas, la discusión era si la elección judicial en Jalisco se realizaría en junio de 2025 o hasta el año 2027, empatada con las elecciones constitucionales de ese año. Los morenistas cedieron y ya aceptan que la renovación del Poder Judicial se realice hasta 2027, pero a cambio, piden que se mantenga el sorteo de candidatos (insaculación, le llaman). Enfrente, la fracción de Movimiento Ciudadano y con ésta el gobierno del Estado, no quiere aceptar esa medida.
Hoy temprano, en el Congreso estatal, los diputados coordinadores de las diferentes fracciones partidistas, tendrán una reunión previa para intentar un punto de acuerdo, pero en Morena les parece inaceptable que habiendo ellos cedido, ahora no les acepten la insaculación o sorteo, porque aseguran que es el único mecanismo que impide la manipulación de las elecciones.
Incluso, aceptaron como se exigió, que a los candidatos les apliquen un examen de conocimientos y además, deban demostrar su experiencia en el terreno judicial.
Mientras, el coordinador de los diálogos para la reforma, Arturo Zamora Jiménez, se mantiene ajeno a los procesos y negociaciones en el Congreso del Estado; no interviene para evitar que se genere animadversión o rechazo a la postura del gobernador Lemus Navarro.
¿Qué ocurrirá si finalmente se vence el plazo y el Congreso de Jalisco no completó la reforma? Aparentemente nada. Nadie se hace responsable. En todo caso, se pueden presentar algunos medios de apremio de una autoridad judicial, para ordenar a los diputados completar el procedimiento.
Al final, todo parece limitarse a cumplir con las formas.
De cualquier manera, ya acordado que no habrá elección de jueces este año, confían en que al paso del tiempo se pueda aceptar la reforma judicial, si no por obra de los políticos de casa, sí por orden de la autoridad judicial.