Jalisco, el epicentro de la desaparición en México: entre fosas clandestinas y negligencia gubernamental

ás de 16 mil desaparecidos oficiales y un rancho convertido en campo de exterminio. Jalisco se ha consolidado como el Estado con más fosas clandestinas en el país, una realidad escalofriante que deja al descubierto la falta de respuesta por parte de las autoridades y la inacción de la Fiscalía estatal. Con más de 16 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas por el gobierno y estimaciones de organizaciones civiles que superan los 35 mil casos, la crisis humanitaria en la Entidad se ha profundizado sin una estrategia efectiva para frenarla.

El reciente hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha evidenciado la descomposición institucional que ha permitido la proliferación de estos crímenes, de manera que se presume que en este sitio operaba un campo de exterminio del crimen organizado, y fueron localizadas decenas de prendas, mochilas y más de 200 pares de zapatos, una imagen perturbadora que recuerda los peores momentos de la historia de la humanidad.

Sin embargo, se realizó un cateo sin consecuencias y una investigación llena de omisiones en septiembre del año pasado. A pesar de ello, según el propio fiscal, la investigación no avanzó por el tamaño del inmueble. La falta de acción permitió que el crimen organizado regresara y continuara con sus operaciones en la zona.

A pesar de que en aquel momento se reportaron 10 detenidos, no hay información clara sobre su situación legal ni si fueron vinculados a proceso. Este patrón de impunidad y negligencia por parte de las autoridades estatales ha generado una profunda desconfianza entre la ciudadanía. Jalisco se ha convertido en una fosa clandestina sin justicia. Semana tras semana, en el Estado se encuentran nuevas fosas clandestinas, pero la Fiscalía de Jalisco se mantiene como la peor evaluada en la impartición de justicia a nivel nacional. La falta de acciones contundentes y la ineficiencia del sistema judicial han obligado a los familiares de las víctimas a convertirse en investigadores y buscadores de sus propios desaparecidos.

Conforme a la situación tan grave, el exgobernador Enrique Alfaro minimizó durante su gestión la crisis de desapariciones, argumentando que muchas personas se iban “por voluntad propia”. Sin embargo, los hallazgos recientes han demostrado que muchas de las víctimas eran reclutadas forzosamente con falsas ofertas de empleo en la Central Camionera de Tlaquepaque, para luego ser obligadas a trabajar para el crimen organizado. ¿Hacia dónde va la justicia en Jalisco? Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y exigen justicia, el gobierno estatal y la Fiscalía continúan con omisiones y encubrimientos. La falta de un protocolo de búsqueda inmediato, la desatención a las denuncias y la ausencia de depuración dentro de la Fiscalía han permitido que la violencia en Jalisco se mantenga fuera de control.

El actual gobernador enfrenta el reto de limpiar las instituciones y castigar a los responsables de la crisis de desaparecidos en la Entidad. Sin embargo, sin una estrategia clara ni voluntad política, Jalisco seguirá siendo el epicentro de la impunidad y el dolor en México.