Urge saber cuántos somos…

Lo que no se mide, no existe, dicen por ahí y tienen razón. Considero trascendental que en nuestro México existan estadísticas que puedan mostrar la realidad a través de los números. Las estadísticas son sumamente útiles para tomar decisiones acertadas; analizar los datos que se obtienen en encuestas o cuestionarios, beneficia en la toma de decisiones con base en evidencias y no suposiciones.

Si damos la debida importancia a las estadísticas, tendremos oportunidad de cuantificar la realidad. Así sabremos cuántas personas con discapacidad existimos en nuestro país, en cada uno de los estados, cada municipio; conoceremos las edades que tienen, qué discapacidad tenemos cada uno de nosotros, qué tipo de apoyos requerimos; escolaridad, la deserción del entorno educativo, nivel de estudios, si requieren terapia, si cuentan con empleo y qué tipo de empleo tienen; cuántas personas ya están pensionadas, si viven en familia o están solas, si pueden valerse por sí mismas o requieren ayuda.

Y ni qué decir de la importancia que las estadísticas tienen cuando se deben establecer presupuestos, servicios y programas de gobierno. Para todas estas interrogantes y algunas más, tendríamos una respuesta precisa, que permitiría una mejor distribución de los recursos, los apoyos sociales e incluso la creación de programas de prevención, rehabilitación, salud, educación, y capacitación para el trabajo.
Ciertamente, cada 10 años se hacen estadísticas en nuestro país. Sin embargo, la encuesta no tiene una pregunta en la que de forma precisa, se cuestione si en esa casa vive alguien con discapacidad y todos los demás datos que nos darían información importante para la toma de decisiones que brinden los apoyos requeridos para quienes viven con esta condición.

La mayoría de los apoyos sociales están destinados a la niñez, a la juventud o a los adultos mayores, pero hay un rango de edad en que las personas con discapacidad quedan al aire totalmente desprotegidas, me refiero al rango de entre 20 y 65 años.
Se plantea un apoyo federal económico de tres mil pesos bimestrales, con el cual una persona no alcanza a mantenerse y dicho sea de paso, no llega a todos los que lo requieren.

No todas las personas con discapacidad tienen acceso a la educación y esto perjudica no solo en su preparación académica y socialización, sino también para que puedan contar con un trabajo bien remunerado, con todas las prestaciones de ley; hay muchos casos en los que las personas con discapacidad tienen que autoemplearse o venden diferentes artículos en la vía pública o bazares, con un margen bajo de ganancia y sin tener los apoyos de seguridad social, ni otros beneficios que se tienen con un trabajo formal.
¿Y qué pasa con todos ellos cuando se enferman y no pueden trabajar? No en todos los casos las personas con discapacidad cuentan con familiares que los apoyen y entonces quedan en total indefensión.

En ocasiones, aparte de la discapacidad, pueden caer enfermos o con alguna complicación que les impide valerse por sí mismos; eso mismo puede imposibilitarles trabajar; no tienen con qué cubrir los gastos de médicos, medicamentos u otros materiales que requieren para recuperar la salud. Si tuviéramos datos sobre la incidencia de estos casos, bien podrían reorganizarse los programas y apoyos sociales.
Por estas y otras razones es indispensable tener estadísticas confiables, que nos den números importantes para tener más datos al momento de la toma de decisiones en la elaboración de programas sociales, para dirigirlos a la población que más necesita. Recordemos que esos números y porcentajes estadísticos son trascendentales porque representan lo más valioso que hay: las personas.