Lo que está sucediendo en Teuchitlán le puede pasar una muy cara factura al gobierno de Jalisco, y claro, al gobernador Pablo Lemus.
El mandatario jalisciense respondió con una propuesta política que lo rescata del huracán que crece día con día: “En Jalisco, nadie se lava las manos”.
Pero ahora el tema cae en el terreno del gobierno federal, el de la presidenta Claudia Sheinbaum y el del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que ahora tendrá que responsabilizarse de investigar lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre y lo que hicieron los elementos de la Guardia Nacional que desde el año pasado (septiembre 2024) fueron los primeros respondientes de los hallazgos que no reportaron ni los crematorios clandestinos ni la enorme cantidad de pertenencias personales.
¿A dónde nos dirigimos en este momento? No se sabe.
Será tarea de la FGR y de sus investigadores, fincar responsabilidades y determinar si hubo negligencia o actos considerados delitos por parte de los miembros de la Fiscalía de Jalisco que desde septiembre del año pasado, intervinieron en la propiedad y determinaron que había personas que debían ser detenidas.
El nuevo fiscal, Salvador González de los Santos, aseguró que después de esa intervención no ha habido ninguna otra actividad delictiva en el predio, lo que han contradicho los colectivos de buscadores que finalmente, encontraron los crematorios y denunciaron el hallazgo (con fotografías y videos) de las pilas de zapatos, mochilas y prendas personales.
En las redes sociales y a nivel internacional, el Rancho Izaguirre se conoce ahora como el “Auschwitz jalisciense”. La imagen es terrible, pero peores son las suposiciones de delitos cometidos por los que se hacen responsables a las autoridades del municipio, del Estado y del gobierno mexicano.
La celeridad con que se resuelva este dilema es importantísima. En un paréntesis en el que México pretende argumentar ante Donald Trump que no deben aplicarse aranceles porque se combate al crimen organizado y el tráfico de drogas, el caso Teuchitlán nos convierte en culpables.
El gobernador Pablo Lemus, en particular, enfrenta también el mayor reto desde que inició su sexenio. Y él mismo lo admite: la prioridad son los desaparecidos.