Viene un carpetazo al caso Teuchitlán

Durante la semana pasada se salió de control para las autoridades el caso Teuchitlán, a pesar de los acuerdos entre los gobiernos de Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum, en los que se determinó la intervención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda para resolver el tema, vigilados por los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Las versiones difundidas por colectivos y testimonios de víctimas en los medios de comunicación coinciden en que el Rancho Izaguirre era utilizado como un campamento de reclutamiento y exterminio del crimen organizado, tras los hallazgos como fragmentos óseos incinerados y decenas de prendas y zapatos.
Las reacciones de tres organismos fueron demoledoras contra las autoridades que encabezaron la Guardia Nacional, la Fiscalía de Jalisco y el Ayuntamiento de Teuchitlán.

Primero: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue precisa: “Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas, reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables, lo que ha permitido que estas prácticas criminales continúen en la impunidad”.
Segundo: la Organización de las Naciones Unidas fue más allá: “El descubrimiento de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, subrayó Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Resulta más perturbador, dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.

Y tercero: Amnistía Internacional exigió una pronta investigación y un trato digno para las personas buscadoras.
Por las versiones difundidas, las preguntas para la Fiscalía federal son precisas y se deben responder en esta semana: ¿Cuántas personas fueron ejecutadas e incineradas en ese rancho? ¿Se cuentan con una mano o son decenas?
Pero hay otra versión a cargo de las autoridades y durante la semana pasada se lanzaron las primeras señales o declaraciones.

Primero: el Gobierno de Jalisco publicó un boletín en el que confirma que, tras las investigaciones del jueves pasado, “se constató que no existen estructuras que fungieron como hornos” crematorios.
Segundo: la Presidenta de México está llamando a esperar la información oficial antes de sacar conclusiones sobre lo que ocurrió en el predio.

Tercero: Sheinbaum criticó a la oposición y a los medios de comunicación. Denunció que ciertos sectores están usando el caso para atacar al ex presidente López Obrador y su administración, en lugar de enfocarse en esclarecer los hechos. Además, rechaza la narrativa de “campo de exterminio”. Y cuestiona que la oposición olvide casos como el de Genaro García Luna y la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, mientras intentan responsabilizar al actual Gobierno.

Si analizamos todas las versiones, se advierte que en esta semana el caso Teuchitlán dará un giro. La autoridad federal está dejando señales de que el Rancho Izaguirre no era un “campo de exterminio”, pero sí un centro de campamento de reclutamiento. Es todo. Y que las investigaciones seguirán, pero con el tiempo se olvidarán.
¿Esa versión convencerá a la población y a los colectivos? Jamás.
El caso se debió transparentar y resolver en septiembre de 2024, pero se ocultó todo para no salpicar a Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, quienes estaban por finalizar sus administraciones.
Pregunta clave: ¿Cómo reaccionarán los colectivos?