Jonás

A unas horas de haber asumido como la nueva rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Alejandrina Planter Pérez empieza una nueva etapa en la segunda universidad pública más grande del país. Las primeras semanas estarán marcadas seguramente por el discurso de la llegada de la primera mujer al cargo más importante dentro de la UdeG. Pero esa novedad pasará pronto.
Decir que el rectorado de Karla Planter es “histórico” sólo porque se trata de una mujer, es casi un pleonasmo. Aunque la nueva rectora ocupa el cargo en condiciones positivas en comparación con otros momentos históricos de la Universidad, los retos que enfrenta son mayúsculos, y los casos de primeras mujeres en cargos ejecutivos (Claudia Sheinbaum en la presidencia de la república, y Verónica Delgadillo en la presidenta de Guadalajara), nos dan pruebas suficientes de que no basta con llegar al cargo para vencer las resistencias de los grupos masculinos dominantes en las estructuras del poder, tanto de gobiernos como de universidades.
¿Cuáles son las características positivas del inicio de gestión de la rectora Planter?
Lo primero y más importante: la relación evidentemente positiva con el gobierno del Estado de Jalisco. En público, el gobernador Pablo Lemus es uno de los más entusiastas promotores de la nueva rectora. Apenas rindió protesta y ya le ofreció apoyo para la creación de un hospital civil en Puerto Vallarta. Este respaldo, sin embargo, debe ser leído en un contexto político; el gobernador será aliado de la rectora, pero espera el mismo trato a cambio. Habrá que esperar a que se aproximen las contiendas electorales y los conflictos sociales para revisar el comportamiento de la UdeG y de su nueva administración.
Por otra parte, Karla Planter recibe una universidad pública con presupuesto constitucional. Es la envidia de todas las universidades públicas del país donde navegan siempre al borde de la quiebra y dependiendo del apoyo que les quiera dar el gobierno estatal en turno. Esto pone a la UdeG a la par de la UNAM en términos de seguridad presupuestal. Habrá que utilizar muy bien los recursos, porque además, se mantendrán apoyos económicos extra, para actividades como la FIL o el Festival Internacional de Cine, entre otras.
Y aunque hay varias circunstancias más, la nueva rectora recibe una Universidad en expansión: con nuevas preparatorias, nuestros centros universitarios, nuevos proyectos de crecimiento que son, al mismo tiempo, tareas que deben completarse y ejecutarse.
En otros términos, Karla Planter Pérez se convierte desde ahora en una de las principales figuras políticas del Estado de Jalisco. Su gestión puede mejorar o perjudicar la vida de regiones enteras en el Estado.
¿Cuál es su gran reto? Que la admitan en las estructuras de poder, que acepten su rol y que no se limiten sólo a sonreír y tomarse la foto con ella, mientras que a sus espaldas bloquean sus iniciativas y obstaculizan sus proyectos. Lo veremos con el paso del tiempo.

Karla Planter, la nueva rectora

El sábado pasado (29 de marzo) en el Auditorio Telmex se presentó un concierto con varias agrupaciones de música regional. El hilo conductor de las presentaciones eran corridos, añejos y nuevos, sobre el ambiente del narco y los antihéroes que lo representan. Un evento como ese ya no es novedad. Conciertos de corridos y música regional que enaltece la violencia, la vida del narco y la cultura de la muerte, se escuchan todos los días en escenarios humildes y en lugares de renombre internacional, como el Auditorio Telmex. Pero el asunto pasó a grado superlativo cuando empezaron a proyectar imágenes de un conocido líder del crimen organizado y cantaron un tema dedicado a él y sus supuestas hazañas.
Del escenario pasó a las redes sociales y desde ahí, se convirtió en nuevo escándalo nacional. 
Otra vez Jalisco. El mismo Jalisco del caso Teuchitlán, el Estado con más desaparecidos en el país; el de las polémicas declaraciones del fiscal general de la república, Alejandro Gertz. Otra vez Jalisco en el ojo del huracán, proyectándose como el espacio donde reina a sus anchas la narcocultura.
Lo más irónico, y así lo reconoció el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, es que en ese mismo auditorio, apenas tres días antes, el mandatario reconoció que la sociedad jalisciense (y el país completo) deben tocar fondo con el caso Teuchitlán. En ese mismo lugar, el rector Ricardo Villanueva había rendido su último informe, en el que destacó vivencias de seis años y ponderó, otra vez, que la Universidad de Guadalajara había incrementado su matrícula y había construido nuevas escuelas preparatorias y nuevos centros universitarios para formar nuevas generaciones en conocimientos, valores y ciencia.
Personajes de la vida pública han lamentado lo que ocurrió: la apología, la celebración y el enaltecimiento de la cultura del delito, del narco, la violencia, de la ruptura de las reglas sociales. 
Se anuncian sanciones económicas, se lanzan mensajes de unidad, se piden prohibiciones, se diferencia la cultura popular de la apología de la violencia. Se hacen llamados a evitar que los criminales se conviertan en modelos de la juventud. 
Pero faltan líneas concretas, acciones definitorias.
Lo primero que debería ocurrir es que todos los órdenes de gobierno acuerden una prohibición total e inmediata de los mensajes que enaltecen la violencia. No es posible que se lancen programas, políticas públicas y discursos para apoyar a quienes buscan a un ser querido que está desaparecido, y por otra parte se consientan espectáculos pagados que promueven la violencia y hacen ver que el poder emanado de las actividades delictivas es el ejemplo que deben seguir los jóvenes. 
El tema es complejo. No admite lecturas simples ni tiene sólo una causa detrás.
Ya se habla de mensajes patrocinados por los propios grupos delictivos para lanzar retos explícitos a la autoridad.
También es totalmente cierto que en ese concierto no había nadie forzado. Pagaron por estar ahí; celebraron los números musicales. 
Se requiere con urgencia, como ha ocurrido en otros momentos de crisis y en diferentes sociedades, tomar con seriedad el problema y aplicar medidas severas que sean consensuadas y aceptadas.
Por la violencia, por los desaparecidos, por la corrupción, por la infiltración en las corporaciones y en los gobiernos, y porque la sociedad está perdiendo sus espacios, aquí ya no cabe defender la “libertad de expresión artística”. El primer paso es cerrarle todos los escenarios públicos a la narcocultura. Si hay quienes quieren seguirla manteniendo, que lo hagan en la oscuridad, al margen de la ley, perseguidos y censurados. Ese es su destino.

Celebrar el delito en el Auditorio Telmex

Justo ayer, iniciaron las campañas que durante dos meses, les permitirán a los más de tres mil 400 candidatos y candidatas en todo el país, competir por uno de 881 cargos en contienda en el Poder Judicial de la Federación. Los mexicanos estamos llamados a votar el próximo domingo 1 de junio para elegir a una parte de la integración de este poder. 
Candidatos y candidatas están ante un enorme reto: darse a conocer entre la gente.
No es cosa menor, porque si para elegir alcaldes, gobernadores, presidente o presidenta de la república, además de diputados y senadores, todos los candidatos y candidatas cuentan con dinero del erario, los aspirantes a ocupar un cargo judicial no tienen financiamiento público. 
En otras palabras: no tienen dinero para hacer campaña; no pueden hacer campaña en el ámbito privado (no aparecerán en los medios de comunicación, por ejemplo), no son conocidos y tienen la enorme desventaja de que participan en la primera elección en la historia de la democracia mexicana, para integrar el Poder Judicial. 
Diferentes estudios practicados entre la población, revelan que la mayoría de los mexicanos no distinguen entre Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
La mayoría de los mexicanos confunden las facultades y obligaciones que tienen los integrantes del Congreso, el Poder Judicial y los poderes ejecutivos (presidencia, gubernaturas, alcaldías). 
La mayoría de los mexicanos, también, confunden cuáles son las labores y poderes que pueden aplicar unos funcionarios sobre otros. En otras palabras: son mayoría quienes creen que la presidenta puede mandar y ordenar sobre los ministros de la Suprema Corte, además de diputados y senadores. 
Son mayoría quienes creen, también, que el gobernador o gobernadora, ordenan y mandan sobre sus diputados locales y sus presidentes municipales.
Nos impusieron la idea, y concretamente lo hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que al elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte, por la vía de los votos, se mejorarían las prácticas del Poder Judicial, se detendrían las prácticas de corrupción y nepotismo. No es verdad. Organizar una elección no disminuirá las malas prácticas ni aumentará la eficiencia en el desempeño del Poder Judicial.
El ex presidente impuso, a fuerza de repetirlo en su adoctrinadora rueda de prensa mañanera, que al ser elegidos los jueces, magistrados y ministros, se evitaría la corrupción. Otra vez, no es verdad. 
Lamentablemente, las elecciones del Poder Judicial tendrán una bajísima participación, serán confusas y no darán como resultado un mejor ejercicio de la justicia.

Elecciones en el Poder Judicial

El gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, reapareció públicamente en el sexto y último informe de Ricardo Villanueva, rector saliente de la Universidad de Guadalajara. En un largo mensaje, abordó el caso Teuchitlán que tan profundamente ha marcado la vida nacional y claro, al Estado de Jalisco.
Definitivamente, es un mensaje para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum porque a final de cuentas, Ricardo Villanueva ya es un funcionario de la administración federal, a la que llega como subsecretario de Educación Superior, en la Secretaría de Educación que encabeza Mario Delgado.
Hay constancia de que Pablo Lemus tiene mucho cuidado de no interferir en los eventos públicos que son organizados por otros personajes públicos. Ejemplo claro fue el de la ceremonia del aniversario de la fundación de Guadalajara, el pasado 14 de febrero. Ese día, el gobernador acudió a la cita a la que fue invitado, pero evitó figurar para dejar que la presidenta municipal Verónica Delgadillo fuera el rostro visible del festejo.
Sin embargo, en el último informe del rector de la Universidad de Guadalajara, la expectativa estaba con Lemus Navarro. Y aprovechó su participación para dar explicaciones sobre el tema que, negativamente, ha puesto a Jalisco en la atención mundial: el caso Teuchitlán.
En unas pocas líneas, el mandatario aseguró que aunque el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República, en Jalisco la fiscalía estatal seguirá investigando para deslindar responsabilidades y señalar responsables. 
Aseguró que no habrá “carpetazo” y lo que es más importante: reiteró lo que había publicado en sus redes sociales: el gobierno del Estado externa su confianza total en las investigaciones que hará la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.
¿Qué significa que seguirán con las investigaciones? ¿Acaso hay delitos del fuero común que el fiscal estatal Salvador González de los Santos debe resolver?
Las dudas se incrementan, pero ahora el peso de los cuestionamientos sociales recae en Gertz Manero. 
¡Y claro!, en el mismo evento se despidió Ricardo Villanueva. Su figura empieza a desdibujarse y ayer jueves, acudió a la última sesión del Consejo General Universitario en su calidad de rector. 
Lo que viene ahora es la gestión de Karla Planter, nueva rectora (la primera en la historia) de la Universidad de Guadalajara.
Por cierto, ella inicia su histórica gestión con el apoyo y respaldo público de la primera presidenta electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Es un pequeño detalle, pero no hay que perderlo de vista. 
Vienen nuevos tiempos. Todo se mezcla, pero cada agenda sigue su ruta propia.

Lemus, Teuchitlán y el gobierno federal

El brillante jugador de futbol que fue Cuauhtémoc Blanco Bravo, terminó convertido en un pésimo político, acusado de corrupción y de tentativa de violación. Alcalde de Cuernavaca, gobernador de Morelos y ahora diputado federal con el principal objetivo de tener fuero como legislador para evitar la justicia, “El Cuau” ha sido el motivo de que en Morena enfrenten un nuevo episodio de contradicción interna en el que han embarrado incluso, las causas feministas y la defensa de las mujeres que padecen violencia.
El 25 de marzo, el diputado Cuauhtémoc Blanco recibió el respaldo de la bancada mayoritaria de Morena y fue arropado por sus compañeras diputadas, que lo defendieron no en un evento legislativo, sino en un acto público y ruidoso, para enviar un mensaje de imposición a sus adversarios políticos. Finalmente, “El Cuau” libro la posibilidad de ser desaforado para enfrentar la justica, porque su media hermana lo acusa de violación en grado de tentativa. 
Ya se repite regularmente que los morenistas y sus aliados se embarquen en defensa de causas que en el pasado criticaban, sólo para imponer sus mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, y que lo celebren con gritos y porras en las salas del pleno. Lo más grave del caso es que muchos legisladores de Morena confiesan en privado que no están de acuerdo, pero deben seguir órdenes. 
El caso de “El Cuau”, sin embargo, escaló a niveles de ridiculez.
Acusado por desvío de recursos en su gestión como gobernador, fue protegido políticamente para ser electo diputado federal a fin de mantener el fuero y evitar así, la acción de la justicia. Pero nadie se esperaba que la petición de proceso legislativo para retirarle su “escudo protector” llegara no por su gestión como funcionario, sino por la acusación de su media hermana, quien asegura que intentó abusar sexualmente de ella.
Todavía se recuerdan los encendidos discursos de Andrés Manuel López Obrador que, siendo candidato presidencial, se comprometió a eliminar el fuero legislativo con el que se protegían funcionarios que habían sido corruptos. Esa causa ya no tiene vigencia. La administración obradorista terminó y las prácticas que se repudiaron antes, se repiten ahora en las filas morenistas.

El caso Cuauhtémoc Blanco

Que el abasto de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara presente problemas en la distribución y en la calidad del líquido ya no es novedad. Ha venido sucediendo desde años atrás. Pero lo que sí se ha constituido en una gran sorpresa en las últimas dos semanas de marzo, es el reconocimiento de que hay problemas en las fuentes de abastecimiento, por lo que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha cortado el servicio en colonias de varios municipios urbanos sin aviso, y sin fecha para reponerlo. 
El problema no es menor. Todo lo contrario. Y anticipa una complicada temporada de estiaje en la que, de seguir así las cosas, habrá falta de agua no sólo para el consumo humano, sino también para el uso industrial en una ciudad como la de Guadalajara, que requiere enormes recursos líquidos para su extendida planta industrial y empresarial.
¿Cuáles son los principales problemas del SIAPA? Hay que recordarlos. 
1. La antigüedad de la red de distribución de agua. Las cifras sobre la pérdida de líquido varían según dónde se consulten. Algunos especialistas aseguran que la pérdida de agua potable en las tuberías alcanza el 60% y los más conservadores hablan de un 40%. De cualquier manera, es mucha agua desperdiciada. 
2. La cartera vencida: el SIAPA opera en números rojos. Los usuarios morosos –y hay un largo listado de morosos que son empresas y consumidores millonarios– le deben 17 mil millones de pesos. Si ese recurso estuviera en manos del SIAPA, se podrían sufragar las obras para renovar las instalaciones viejas y mejorar muchos de sus sistemas. 
3. Escasez de herramientas para servicios. Una de las demandas recurrentes de los trabajadores del SIAPA (y este año ya hubo manifestaciones y amenazas de huelga) es que su parque vehicular y sus herramientas de trabajo están sobrepasadas y numerosos vehículos ya no prestan servicio. Incluso se han quejado de no poder salir porque no hay dinero para gasolina. 
4. Las fuentes de abastecimiento son explotadas ilegalmente. La nueva ola de recortes del servicio se siente principalmente en las zonas altas de la ciudad. Y el tema se explica de modo sencillo: mucha del agua que proviene de Chapala está siendo “robada” por agricultores y productores pecuarios en la región. No hay inspectores ni operativos que lo frenen y lo castiguen 
El SIAPA, y naturalmente los usuarios, encaran un complicado temporal de estiaje 2025, pero el tema no está en la agenda pública, sino sólo en la agenda de los ciudadanos afectados.

Escasez de agua en Guadalajara

Queda claro que a muchos funcionarios le está pareciendo demasiado dilatado el control que sobre el discurso público ejerce el caso Teuchitlán. Ya entramos a la tercera semana sobre el tema y las respuestas parecen lejanas. Lo están. Pero en un escenario en el que la presidenta Claudia Sheinbaum estableció que sólo tomaría decisiones el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, de pronto apareció el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch. 
Y las cosas han cambiado, no sustancialmente, pero sí en la aportación de nuevos elementos de juicio y valoración de esta tragedia.
Después que el fiscal Gertz Manero había quedado muy golpeado en su imagen pública por la visita abierta de medios de comunicación y colectivos de buscadores al Rancho Izaguirre, el pasado jueves 20 de marzo (ya abordamos en este espacio, justo un día después, el desorden y la falta de una línea discursiva en esa cita pública en un lugar que es, a final de cuentas, el escenario de varios delitos y que fue tratado como una suerte de museo de exhibición), la irrupción en la escena pública por parte de García Harfuch ocurre con resultados.
Al publicarse esta columna, cuando menos hay seis personas detenidas y presuntas responsables de diferentes delitos relacionados con el caso Teuchitlán. 
Quien más destaca es el denominado “comandante Lastra”. Se trata de José Gregorio “N”, quien fue detenido en la Ciudad de México. Se trasladó para allá procedente de Jalisco y en la información que avaló el secretario de Seguridad, se afirma que fue seguido desde tiempo atrás con minuciosidad. Hoy, desde la secretaría, se afirma que estuvo en colaboración con otro sospechoso (Gonzalo Mendoza Gaitán, ahora prófugo, y relacionado con una organización criminal) y que era el encargado del reclutamiento forzoso de jóvenes para que ser retenidos en la finca.
Junto con “el comandante Lastra”, fue detenida una mujer, y además, ya están bajo custodio de las autoridades federales, tres personas que fueron policías del gobierno municipal de Tala, municipio vecino de Teuchitlán, señalados por haber entregado, ellos mismos y en vehículos oficiales, a jóvenes que eran también retenidos en el rancho.
En otras palabras, ya hay resultados. Era necesario después de un proceso tan accidentado y con tantas fallas declaradas en el procedimiento de las autoridades. 
Las autoridades del Estado de Jalisco están visiblemente al margen.
Esto obedece a que han decidido dejar toda la dirección a la Fiscalía General de la República.
Es importante hacer notar algo: además de los cinco detenidos, otros 10 están tras las rejas desde septiembre del año pasado, cuando se aplicó el primer operativo. Pero no hay más información sobre ellos. 
Que haya 15 detenidos no quiere decir forzosamente que son culpables, ni tampoco que con esto se resuelve el caso.
La mayoría de las preguntas están por contestarse. Y aunque el gobierno federal defiende desde la semana pasada, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y en el discurso de García Harfuch, que el Rancho Izaguirre no era un centro de exterminio, queda por saberse a cuántos cadáveres corresponden los restos encontrados por las madres buscadoras, cuántos jóvenes (ellos y ellas) estuvieron ahí y escaparon, y quiénes son los culpables para que sean procesados. 
Pero ya hubo un avance.

De Teuchitlán a la aparición de García Harfuch

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, comienza hoy la última semana de labores al frente de la segunda universidad pública más grande del país. Presentará el sexto y último informe de su gestión este miércoles, para oficialmente despedirse del cargo y emprender una nueva ruta: la Subsecretaría de Educación Superior en la SEP, para después ser candidato de Morena en las elecciones del año 2027. 
En los análisis de la vida interna de Morena, particularmente en Jalisco, Villanueva Lomelí ya se convirtió en la carta más fuerte con miras a la competencia electoral intermedia. Aunque restan muchas discusiones y procesos internos, se abren para él dos opciones claras de contienda: la alcaldía de Guadalajara o la de Zapopan.
En ambas ciudades, las más importantes del Estado, hay opciones reales de triunfo para una candidatura de Villanueva, primero dentro del partido y con los grupos políticos aliados, y después en la contienda constitucional. 
Nota al margen: cualquier apuesta electoral en 2027 es sólo la plataforma para competir por la gubernatura de Jalisco en 2030. 
Pero antes de llegar a ese paréntesis, hay que revisar las posibilidades actuales.
Una vez terminada la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar la reelección, pero habiendo sido retrasada hasta el año 2030, en Guadalajara casi un hecho que la presidenta Verónica Delgadillo García competirá por la reelección. Es la ruta natural y también con miras a contender por la gubernatura en 2030. Si la alcaldesa interrumpe esa trayectoria, significaría una crisis tan profunda como la causada por Ismael del Toro en el año 2021.
En una competencia con Verónica Delgadillo, el todavía rector de la Universidad de Guadalajara tendría oportunidades reales de triunfo, sobre todo si hay negociaciones suficientes para aglutinar a las diferentes corrientes internas de Morena.
El otro escenario, competir en Zapopan, también resulta factible para Villanueva Lomelí. Para 2027 concluirá la gestión de Juan José Frangie y probablemente para la elección, en Zapopan ya gobierne una alcaldesa interina. Frangie estará en el gabinete del gobernador Pablo Lemus operando políticas internas y los procesos electorales de los 125 municipios y la integración de un nuevo Congreso estatal. 
Quien sea candidata (ya toca mujer en MC) para la presidencia de Zapopan, tendría la desventaja de competir contra un Ricardo Villanueva muy conocido y con el apoyo de las bases morenistas.
¿Cuáles son las ventajas de Ricardo Villanueva como candidato? La popularidad alcanzada como un rector que incrementó la matrícula y la infraestructura de la Universidad de Guadalajara. Sus gestiones positivas tanto con Claudia Sheinbaum como con el gobierno emecista de Enrique Alfaro, con el que incluso consiguió el presupuesto constitucional universitario.
Además, si algo le ha fallado a los políticos que hacen carrera desde la Universidad de Guadalajara, es que la Universidad no está con ellos en sus campañas políticas. Con Karla Planter como la primera rectora, es más que probable que la Universidad y muchos de sus cuadros, apoyen a Villanueva candidato. 
Así van las cosas.

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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, descargó en la Fiscalía del Estado de Jalisco la responsabilidad de la evidente negligencia en las investigaciones del caso Teuchitlán, en el Rancho Izaguirre.
Era evidente que, en una semana de preparación del informe, desde que lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa mañanera, el fiscal Gertz Manero no tendría información novedosa o diferente, simplemente porque no hay análisis ni peritajes concluidos. Sin embargo, se había subrayado que cuando se intervino el rancho el año pasado, los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Nacional que habían reportado confiscación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, un delito del ámbito federal y por lo tanto, responsabilidad de la FGR.
Pero Gertz Manero desactivó esa hipótesis cuando ayer, puntualizó que la Guardia Nacional dejó el caso en el Ministerio Público local y éste no reportó nunca a la Fiscalía General de la República el delito del uso de armas de fuego ni tampoco, la evidencia de crimen organizado, otro delito de competencia federal.
En su informe, Gertz Manero fue demoledor y evidenció que la Fiscalía de Jalisco no sólo no cumplió con el protocolo elemental que dictan los códigos, sino que además, permitió que robaran tres vehículos asegurados en el rancho; nunca procesó los indicios encontrados (los famosos zapatos, la ropa y demás objetos personales encontrados por las madres buscadoras) y por si fuera poco, no ha procedido a detener dos policías del municipio de Tala, señalados junto con otro compañero de esa corporación, por haber llevado personas a ser privadas de su libertad en el lugar.
Y al ser cuestionado sobre si el Rancho Izaguirre fue o no, un centro clandestino de exterminio, precisó que sí hay restos humanos (los huesos calcinados hallados por las madres buscadoras), pero que aún deberán realizarse los peritajes para determinar si en realidad hubo cremaciones sistemáticas, que requieren una instalación para temperaturas superiores a 800 grados centígrados. Eso tomará meses.
Después de esto, se organizó de inmediato una visita de Gertz Manero al lugar de los hechos. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, anunció que de inmediato entregaron todo el expediente del caso en la delegación de la FGR en Jalisco y dispuso de camiones para llevar a todos los interesados a la vista del fiscal federal. Y preciso que desde que tuvo conocimiento del tema, han llevado adelante todas las diligencias que marca la ley. 
¿A dónde conduce la ruta establecida hasta ahora? Hay una sola posibilidad: responsabilizar al anterior titular de la Fiscalía del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

¿A dónde conduce la estrategia de Gertz Manero?