Los puntos sobre las íes

00Desde hace décadas –apelo aquí a la memoria de los lectores– los niveles de inseguridad por la operación del crimen organizado en México se salieron de control. Delincuencia organizada exitosa sin duda, particularmente por los lazos con personajes, elementos, funcionarios del aparato estatal, ya fuera federal, de las entidades federativas o de los municipios, sin dejar de lado a integrantes del Poder Judicial.

Los hechos y las sucesivas noticias sobre la corrupción y las dinámicas internacionales para el comercio y trasiego de drogas ilegales empezaron a formar parte de la vida cotidiana, no sólo en México sino en otros países, dado el incremento en producción, tráfico y consumo con un manejo inconmensurable de dinero y operaciones de lavado de dinero.

Lamentablemente las cosas no quedaron ahí. Los enfrentamientos, el cobro de cuentas, las ejecuciones entre cárteles evolucionaron hacia otros procesos que incluyen, como víctima, a la sociedad civil, a la gente de a pie, más allá del consumo y las adicciones. Las modificaciones y el surgimiento de nuevas drogas, más adictivas, más letales; la aparición de otros grupos delincuenciales ya no sólo de narcotraficantes sino de secuestradores o de tráfico de personas y la profundización de la corrupción en las administraciones públicas, protectoras y cómplices de los cárteles, llevaron la inseguridad en México a niveles incontrolables.

En el ínter, si nos remitimos a los años ochenta y de ahí hasta hace unos siete años, la situación económica nacional no había salido de crisis persistentes, recurrentes, casi permanentes que incidieron en un aumento descomunal del número de mexicanos en pobreza extrema y otras categorizaciones.

Malas decisiones de los gobiernos federales en materia de educación, salud, empleo y otros básicos, como la tenencia de la tierra que cambió para mal con repercusiones nefastas en la producción agrícola y la vida de pequeños productores y campesinos, en el sexenio de Salinas de Gortari (por poner un ejemplo), abrieron la puerta a la decisión de muchos mexicanos de sumarse a las filas de la delincuencia organizada. Primero voluntariamente, pero después, que es donde está la raíz de tantas personas desaparecidas en nuestro país, de manera forzada. Y me refiero a las desapariciones relativamente recientes, a partir de los cambios en el modus operandi de la delincuencia organizada en México desde 2006 sobre todo, con antecedentes importantes en el periodo 2000-2006.

Las luchas contra las desapariciones en nuestro país son añejas. Desde los años cincuenta por lo menos, cuando los movimientos sociales empezaron a aumentar y a manifestarse de diversas formas, el Estado mexicano estuvo detrás de esas desapariciones. La época de terror en estos hechos se vivió en los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo. Hablo de la “guerra sucia” contra los propios mexicanos inconformes por las malas y pésimas decisiones del gobierno, por la represión, la corrupción y otras acciones perversas (presos políticos, tortura, censura), dieron lugar de forma paulatina y gradual, al fortalecimiento de la sociedad en general y, particularmente, de la sociedad civil que peleaba por justicia en esta y otras causas. De aquellas desapariciones que no están en el olvido, fue el Estado; de las desapariciones que hoy tienen a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional, son los grupos delictivos nacidos en los primeros 18 años de este siglo; y fortalecidos por la operación de individuos como Genaro García Luna, un periodo que hasta ahora se identifica (o debería identificarse) como “narcoestado”.

Son poco más de cuatro décadas de desarrollo y evolución de la delincuencia organizada en México con la participación de integrantes de las administraciones públicas en todos sus órdenes y niveles a lo largo de todos estos años; por miedo, por gusto, por amenazas, por ambición, por lo que sea.

La tarea de romper esas redes y atacar las causas es titánica. Además de lo expuesto como antecedentes de nuestra historia reciente en esta materia, vale la pena poner los puntos sobre las íes sobre cuestiones relativas a los últimos siete años, con un cambio de régimen en marcha y otras formas de actuar y abordar los diversos problemas en México.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se fortaleció la economía nacional y las finanzas públicas y estos resultados han repercutido en una reducción en el interés por enrolarse en las filas de la delincuencia, sobre todo de jóvenes, porque se ha recuperado el poder adquisitivo y porque se han incrementado las oportunidades de estudio y de trabajo. Aquí está la esencia de la frase tergiversada de “abrazos no balazos”. López Obrador tenía su forma de comunicar y claro que desde la oposición se usaba y se usa para minimizar y descalificar. Abrazos y no balazos no es otra cosa más que atacar las causas con programas y acciones enfocadas en los jóvenes, de manera que no tuvieran la tentación de convertirse en delincuentes.

De pronto se pierden de vista datos sobre la reducción en los niveles de deserción escolar o en la inversión federal en la juventud en el periodo 2018-2024. En estos seis años se invirtió 20 veces más en los jóvenes, que en sexenios anteriores desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Entre 1989 y 1994 la inversión federal en la juventud fue de 798 millones de pesos y el sexenio pasado fue de 135 mil 899 millones de pesos. En preparatoria, la tasa de deserción escolar se redujo de 14.5% en el ciclo 2017-2018 a 8.5% en el ciclo 2023-2024; y en licenciatura, el mismo indicador cayó de 8.4% a 5.3 por ciento.

Por supuesto que esto no es todo, aunque, en términos generales, también se redujo la percepción de inseguridad a nivel Estado de 79.39% en 2018 a 73.62% en 2024. Sigue siendo alta porque sigue siendo una realidad la operación del crimen organizado en nuestro país como se revela en las noticias dolorosas y espeluznantes de los últimos días; hechos que, como si no fueran terribles de por sí, han sido magnificados, tergiversados y manipulados de manera irresponsable y antiética.

Hay acciones del sexenio pasado y en los escasos cinco meses del periodo de Claudia Sheinbaum que apuntan a una reducción mucho más firme en la operación del crimen organizado, no se diga en las percepciones; y, de manera específica, contra las desapariciones forzadas. Todos los días hay información sobre acciones, operativos, detenciones y decomisos. ¿Suficiente? No. El tamaño del monstruo del crimen organizado es descomunal.
Sirve saber que la semana pasada, aparte de las acciones emprendidas, la Presidenta de México hizo una declaración respecto a personas desaparecidas en

México: en primer lugar, se trata de una prioridad nacional: “Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, Fiscalías, Poder Judicial, debe asumir su responsabilidad”.

Como nuevas acciones, ese día 17 de marzo se firmó un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda con el propósito de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos para la obtención de evidencias científicas; y se trabaja en varias reformas legales que se enviarán al Congreso de la Unión. Esto había sido anunciado para el jueves pasado pero la misma mandataria explicó que ha llevado más tiempo del que se pensaba en un principio. Habló de la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con detalles de las reformas que se proponen y se enviarán al Legislativo.

El entorno de los hechos más recientes, y me refiero a Teuchitlán, Jalisco, ha sido manoseado, convertido en show estridente, espectáculo barato de algunos medios de comunicación que pasan por alto el dolor de las familias que tienen a algún ser querido desaparecido. Con esta realidad no se juega, no se debería jugar. El foco tendría que concentrarse en la observación y en la exigencia de que los anuncios se conviertan en acciones concretas y en resultados.