¿Transparencia renovada?
Esta semana se publicó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sustituye a la emitida en 2015. Esta nueva ley es un documento que, al menos en el papel, busca actualizar y fortalecer los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía accede a la información pública de todos los órdenes y niveles de gobierno. Se trata de una de esas reformas que, si se aplican con seriedad y compromiso, podrían marcar un antes y un después en la relación entre el poder público y la sociedad.
La ley llega en un contexto especialmente sensible: México atraviesa una etapa de desconfianza generalizada hacia las instituciones, donde el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia no son solo exigencias ciudadanas, sino también una deuda histórica de los gobiernos. Por eso, resulta clave analizar sus alcances y preguntarnos si esta nueva legislación representa un paso hacia adelante, o simplemente es una forma más elegante de mantener las cosas como están.
Entre los principales cambios que introduce la nueva ley se encuentra una mayor armonización de las obligaciones de transparencia entre los tres órdenes de gobierno, los sindicatos, los partidos políticos y los fideicomisos públicos. También se fortalece el papel de los órganos garantes estatales, al establecer criterios más homogéneos para su actuación y para la evaluación de sus resoluciones. La intención es clara: cerrar las brechas de interpretación y cumplimiento que existían entre entidades federativas y entre sujetos obligados.
Asimismo, se incorporan con mayor detalle criterios de accesibilidad y lenguaje ciudadano en las respuestas a solicitudes de información, un reclamo legítimo que se había hecho desde hace tiempo. El derecho de acceso a la información no debería ser un privilegio reservado a especialistas, sino una herramienta útil y comprensible para cualquier persona, sin importar su formación o condición.
Sin embargo, la letra de la ley no es garantía de su cumplimiento. México ha demostrado que el problema no siempre radica en la calidad de sus normas, sino en la distancia abismal entre lo que está escrito y lo que se aplica. Un reto pendiente será garantizar que todos los sujetos obligados cumplan con sus responsabilidades y que no se escuden en tecnicismos para negar información, retrasar respuestas o encubrir decisiones.
A ello se suma que la entrada en vigor de esta nueva ley ocurre paralelamente a la desaparición del INAI, y el traslado de sus funciones y atribuciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que ha generado un notable descontento en sectores sociales, académicos y de la sociedad civil. Esta decisión, sin duda polémica, se da además en medio de señalamientos de presuntos actos de corrupción cometidos por personal del propio INAI, lo que ha alimentado la narrativa de quienes justifican su eliminación.
La publicación de esta nueva Ley General de Transparencia debe observarse con mesura y prudencia, con el ojo crítico de quienes sabemos que los grandes cambios no se consolidan con tinta en el papel, sino con voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso institucional. Es una oportunidad para reconstruir un derecho fundamental y para fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados. Pero, como tantas veces en nuestra historia, el éxito dependerá de cómo se implemente, de qué tan exigente sea la sociedad y de cuán valientes sean las instituciones para garantizar que la transparencia no se vuelva una palabra hueca, sino una práctica cotidiana.
