De Teuchitlán a la aparición de García Harfuch

Queda claro que a muchos funcionarios le está pareciendo demasiado dilatado el control que sobre el discurso público ejerce el caso Teuchitlán. Ya entramos a la tercera semana sobre el tema y las respuestas parecen lejanas. Lo están. Pero en un escenario en el que la presidenta Claudia Sheinbaum estableció que sólo tomaría decisiones el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, de pronto apareció el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch.
Y las cosas han cambiado, no sustancialmente, pero sí en la aportación de nuevos elementos de juicio y valoración de esta tragedia.

Después que el fiscal Gertz Manero había quedado muy golpeado en su imagen pública por la visita abierta de medios de comunicación y colectivos de buscadores al Rancho Izaguirre, el pasado jueves 20 de marzo (ya abordamos en este espacio, justo un día después, el desorden y la falta de una línea discursiva en esa cita pública en un lugar que es, a final de cuentas, el escenario de varios delitos y que fue tratado como una suerte de museo de exhibición), la irrupción en la escena pública por parte de García Harfuch ocurre con resultados.

Al publicarse esta columna, cuando menos hay seis personas detenidas y presuntas responsables de diferentes delitos relacionados con el caso Teuchitlán.
Quien más destaca es el denominado “comandante Lastra”. Se trata de José Gregorio “N”, quien fue detenido en la Ciudad de México. Se trasladó para allá procedente de Jalisco y en la información que avaló el secretario de Seguridad, se afirma que fue seguido desde tiempo atrás con minuciosidad. Hoy, desde la secretaría, se afirma que estuvo en colaboración con otro sospechoso (Gonzalo Mendoza Gaitán, ahora prófugo, y relacionado con una organización criminal) y que era el encargado del reclutamiento forzoso de jóvenes para que ser retenidos en la finca.

Junto con “el comandante Lastra”, fue detenida una mujer, y además, ya están bajo custodio de las autoridades federales, tres personas que fueron policías del gobierno municipal de Tala, municipio vecino de Teuchitlán, señalados por haber entregado, ellos mismos y en vehículos oficiales, a jóvenes que eran también retenidos en el rancho.

En otras palabras, ya hay resultados. Era necesario después de un proceso tan accidentado y con tantas fallas declaradas en el procedimiento de las autoridades.
Las autoridades del Estado de Jalisco están visiblemente al margen.

Esto obedece a que han decidido dejar toda la dirección a la Fiscalía General de la República.

Es importante hacer notar algo: además de los cinco detenidos, otros 10 están tras las rejas desde septiembre del año pasado, cuando se aplicó el primer operativo. Pero no hay más información sobre ellos.
Que haya 15 detenidos no quiere decir forzosamente que son culpables, ni tampoco que con esto se resuelve el caso.

La mayoría de las preguntas están por contestarse. Y aunque el gobierno federal defiende desde la semana pasada, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y en el discurso de García Harfuch, que el Rancho Izaguirre no era un centro de exterminio, queda por saberse a cuántos cadáveres corresponden los restos encontrados por las madres buscadoras, cuántos jóvenes (ellos y ellas) estuvieron ahí y escaparon, y quiénes son los culpables para que sean procesados.
Pero ya hubo un avance.