Más vida, menos reloj

Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales no es solo una demanda sindical ni una promesa electoral: es una invitación a repensar el modelo de vida que hemos normalizado.
Un modelo que muchas veces prioriza la ocupación constante por encima del bienestar. Asumir este reto implica reconocer algo que rara vez entra en las hojas de cálculo: el tiempo libre tiene un valor incalculable. No es un privilegio, es un derecho.

Actualmente, la legislación mexicana permite jornadas de hasta 48 horas semanales. Reducirlas a 40 significaría pasar de trabajar seis días a la semana a solo cinco, con dos días de descanso, idealmente sábado y domingo. Para lograrlo, se requiere una reforma al artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Pero no se trata únicamente de cambiar un número en la ley: se trata de reconfigurar nuestra relación con el tiempo, el trabajo y la vida. Imaginemos una sociedad donde las personas tienen tiempo para caminar con su familia, aprender un idioma, hacer ejercicio o simplemente ir por un helado sin culpa ni cansancio.

No es solo una imagen aspiracional: es un camino hacia una sociedad más feliz… y también más productiva. La correlación entre bienestar y rendimiento está más que demostrada: quienes se sienten mejor trabajan mejor, se ausentan menos y se comprometen más con sus empleos. Pero aquí viene el gran dilema: ¿cómo reducir la jornada sin reducir la productividad, ni los ingresos, ni la viabilidad de las empresas? Es una ecuación compleja que no se resuelve con decretos. Las empresas, los sindicatos y los propios trabajadores deben preguntarse honestamente cómo hacer que esto funcione para todos.

Además, no se puede ignorar el contexto laboral actual. México vive una paradoja inquietante: mientras miles de vacantes siguen sin cubrirse, buena parte de los jóvenes rechazan empleos tradicionales. ¿Por qué? En parte porque el modelo laboral ya no conecta con sus valores ni con su deseo de autonomía y propósito. El trabajo como lo conocíamos está perdiendo atractivo, y eso también hay que enfrentarlo.
Desde el punto de vista de la iniciativa privada, la implementación de una jornada reducida plantea al menos tres desafíos clave:

1. Reestructuración de horarios: Será necesario reorganizar turnos y dinámicas internas para cumplir con las nuevas horas sin afectar la operación.
2. Aumento de costos: Se prevé el pago extra por trabajar los sábados o la contratación de más personal, lo que representa un gasto adicional para muchas empresas.
3. Adaptación por sector: Industrias con procesos continuos como la maquila o los servicios 24/7 tendrán que encontrar soluciones específicas para no perder eficiencia. A este escenario se suma un fenómeno poco discutido: los programas sociales. En algunos casos, las transferencias económicas terminan compitiendo con los salarios del mercado formal. ¿Cómo conciliamos este fenómeno con una reforma laboral que pretende fomentar el empleo? ¿Cómo se incentiva a las personas para que opten por esquemas de trabajo más estables, sin que ello implique perder acceso a apoyos sociales? La discusión también debe incluir el tipo de trabajo. No todos los empleos pueden trasladarse al home office, pero muchos sí.

Diferenciar entre lo que requiere presencialidad y lo que puede operar en formatos híbridos es clave. Y aquí es donde la gradualidad entra en juego. Chile ya nos ofreció un ejemplo sensato: reducir primero a 45 horas, luego a 42, hasta llegar a las 40. Paso a paso, sin improvisaciones. En esa línea, se ha planteado un periodo de transición de dos años para que empresas y trabajadores se adapten. Esto permitiría reformular esquemas laborales sin generar disrupciones bruscas en la operación ni en las finanzas.
El papel del Estado es igualmente crucial. No puede ser un espectador. Debe proponer incentivos inteligentes: licencias municipales más ágiles para empresas que implementen esquemas laborales flexibles, o beneficios fiscales —como reducción del impuesto sobre la nómina— para aquellas que reduzcan su jornada sin disminuir salarios. Hay formas de hacerlo si se prioriza la calidad de vida sin sacrificar la competitividad.

En el Congreso, Movimiento Ciudadano ha tomado la delantera con una iniciativa ambiciosa. Propone una estrategia en tres fases: un programa piloto nacional coordinado por la STPS y la Secretaría de Economía; mesas de diálogo entre empresas y trabajadores; y finalmente, una transición gradual que permita absorber los impactos económicos.

En su más reciente propuesta, presentada en febrero de 2025, el partido también subraya que la reforma debe aplicarse tanto al sector público como al privado. La ruta planteada es clara: en el primer año se trabajaría media jornada en el sexto día; en el segundo, se consolidaría la jornada de 40 horas con dos días de descanso completos. Así, se equilibra el derecho al descanso con la necesidad de que empresas y dependencias gubernamentales puedan reorganizarse sin fracturas.

Porque la jornada de 40 horas no es solo una cifra. Es una oportunidad para construir un nuevo contrato social, donde el trabajo no absorba la vida, sino que la complemente. Donde el bienestar deje de ser una utopía y se convierta en una política pública con efectos reales. Y donde ser más felices, paradójicamente, signifique también trabajar mejor.