Desde hace años es del dominio público la existencia de los campos de adiestramiento y exterminio por parte del crimen organizado. Desde el 2019 diarios como El País, han manifestado que en Tala, Jalisco, ya existían campos de adiestramiento y exterminio donde mediante engaños se llevaban a los jóvenes con ofertas de trabajo muy superiores a la generalidad de las mismas, con la finalidad de entrenarlos para engrosar las filas del crimen organizado, tomando en cuenta que quienes no superaban las semanas de entrenamiento o no eran aptos (según los cánones de los grupos delictivos), para representar al grupo delincuencial, eran entonces asesinados e incinerados para que no aparecieran sus restos, mismos que luego pudieran constituir prueba de los homicidios llevados a cabo, por lo que los delincuentes preferían desaparecerlos.
Así también, en el 2022 también hubo reportes de que en Zacatecas el grupo delictivo de los Zetas tiene también campos de entrenamiento y exterminio donde hacen exactamente lo mismo que en Jalisco: reclutan jóvenes con engaños; quienes les sirven para engrosar las filas del crimen organizado se quedan, quienes no, son asesinados.
Recordando a Karla Quintana, quien fue Comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el sexenio de López Obrador y quien prefirió renunciar ante la exigencia de depurar el padrón de personas desaparecidas como el mismo expresidente le exigió, tenemos que ella denunció en el 2019 que había un campo de entrenamiento y exterminio en La Bartolina, en Tamaulipas, donde había cientos de kilos de huesos, mismos que debían de ser examinados porque correspondían a los miles de desaparecidos que existen en el país. Ya no alcanzó a culminar dicha acción puesto que tuvo que separarse del cargo ante las presiones de la 4T.
De igual manera, recordando los documentos filtrados de Guacamaya Leaks, la misma SEDENA reconoce la existencia en 2023 de al menos 25 campos de entrenamiento y exterminio de personas en el país, en estados como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas.
Ante toda esa información nos preguntamos: ¿Dónde han estado las autoridades todos estos años? ¿Por qué tienen que venir los colectivos de búsqueda a hacer el trabajo de las autoridades? ¿Por qué el discurso gira en que si era campo de extermino o no, o si es culpa de Jalisco o de la federación, como si no fuéramos un país con una organización federal que debe atender los temas de la delincuencia organizada desde un primer momento?