Hiram Espinoza de los Monteros

¿Qué otra cosa era posible que dijera el fiscal Alejandro Gertz Manero? Si apenas fueron siete cortos días de labores por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Hasta donde sabemos, hasta lo que esta violenta realidad de México nos ha hecho aprender, un trabajo pericial de fondo y revelador de cualquier evento con características de violencia cotidiana (por duro o banal que se lea) puede tardar semanas o meses, dependiendo la cantidad evidencia a procesar.
¿Cuánto cree usted que es necesario dedicarle a un sitio como el Izaguirre?, ¿cuántas evidencias se encuentran? Tan solo en prendas de vestir o demás objetos personales suman más de mil 300 indicios los enlistados. ¿Cuántas víctimas pueden cuantificarse en este sitio?, ¿específicamente qué ocurría ahí? 
La apuesta respecto a que lo informado por el titular de la FGR resultara realmente revelador era bastante baja, es decir, lo único que podía salir a decir era lo que ya había advertido: lo inicial en la investigación iría en torno a las omisiones cometidas por la Fiscalía de Jalisco, ¿por qué no se realizaron los peritajes en su momento?, ¿por qué no hubo seguimiento, inspecciones exhaustivas o siquiera el aseguramiento del sitio en septiembre y octubre pasados, cuando por primera vez se investigó la zona?
Más aún, la respuesta que cinco horas después emitió en redes sociales el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, en la que reiteró lo ya dicho por el gobernador Pablo Lemus después de la reunión en Palacio Nacional: total apertura a trabajar en conjunto en la investigación de este hecho, es decir, los gobiernos federal y estatal buscando esclarecer o medianamente descubrir qué fue lo que ocurrió y desde cuándo ocurría. 
Han pasado dos semanas de las transmisiones en vivo en el perfil de Facebook del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en los que al momento revelaban el hallazgo de fragmentos de huesos, decenas de prendas de ropa ahí abandonadas como si fueran cualquier cosa, como si no tuvieran liga a un delito y dolorosas dudas de cientos de personas que hoy buscan a su familiar.
Lo que urge es seriedad en la investigación y un compromiso genuino con las víctimas, más allá de los cálculos políticos entre los distintos niveles de gobierno. Las víctimas como eje central, tanto las que siguen desaparecidas como en sus familiares, que llevan años sin respuestas; años sin saber qué pasó con aquel que un día salió diciendo que tenía una entrevista de trabajo y nunca regresó.

¿Qué más se esperaba?

¿Cuándo le vio por última vez?, ¿qué ropa llevaba?, ¿de qué color era la blusa/camisa?, ¿qué talla de pantalón usa?, ¿qué número calza?, ¿llevaba tenis?, ¿qué marca?&#8230; parte del formulario que en medio de la angustia los padres deben responder cuando presentan la denuncia por desaparición.
La intención es que mediante la ropa se tengan otras formas que puedan ayudar a identificar a una persona desaparecida en un escenario trágico y complejo como son las fosas clandestinas. Es más que solo dar una muestra de saliva para conocer el ADN y que éste resulte compatible con alguno de los muchos cuerpos que se encuentran sin identificar en la morgue.
Las características de la vestimenta son parte del protocolo que adquiere mayor relevancia en la realidad que nos golpea de manera atroz, el del sitio de exterminio que el colectivo Guerreros Buscadores descubrió en Teuchitlán, Jalisco. La crueldad empleada por el crimen organizado es tal que no se sabe –ni se sabrá– la suma total de personas que ahí fueron asesinadas; de las víctimas solo quedan trozos de huesos localizados dentro de hornos de cremación clandestinos.
Una crisis que hoy enfrenta el gobierno que encabeza Pablo Lemus y que heredó del gobierno anterior que decidió no investigar a profundidad este sitio del que conoció desde septiembre del año pasado. Si bien en aquel momento hubo trabajo pericial, este fue insuficiente y también cayó en la crueldad.
Cruel en su acepción de inhumano. Eso que caracteriza a los sicarios que asesinaron a los desaparecidos es lo mismo en lo que incurrieron autoridades de Jalisco a las que les parecieron irrelevantes los cientos de zapatos, pantalones, camisas, mochilas, credenciales y demás artículos que podrían significar una respuesta para las familias a las que hoy les falta alguien.
Mientras escribo esto, suman 493 indicios que la Fiscalía de Jalisco enlista en un archivo público relacionado al Rancho Izaguirre de Teuchitlán. Son cientos de artículos descritos por su tipo, color, talla y marca. Prendas de vestir que una persona tomó del closet o algún cajón para usar el día en que horas después fue desaparecido. 
Pull &amp; Bear, Levis, Lacoste, Blue jeans, Calvin Klein, Old Navy, Polo, Tommy… marcas de uso común, diario, habitual… quizá usted y yo o alguien a quien ama también las usa y pudiera parecer una cosa trágicamente anecdótica, pero me hace pensar en que entre esos que desaparecieron y yo no hay mucha distancia, ni diferencia.

Crueldad del homicida y crueldad de las autoridades

El desabasto de medicamentos para tratar a personas diagnosticadas con cáncer persiste; suele hacerse más visible a partir de los diagnósticos en menores de 19 años pues son sus padres quienes han salido a las calles para denunciar la interrupción de los tratamientos y con ello la lejanía de la posible supervivencia de sus hijos.
La crisis que nació en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa en el de Claudia Sheinbaum, es el segundo piso de la ausencia de certeza para los más de 7 mil nuevos diagnósticos que por año se dan de algún tipo cáncer infantil en nuestro país. Según la estadística poco más de la mitad de estos logra sobrevivir, pero el resto no.
Hace un par de semanas charlaba con una médico del Instituto Jalisciense de Cancerología y me platicaba que la supervivencia de cáncer en cualquier edad es multifactorial, los tratamientos pueden tener reacción favorecedora en una persona y no tanto en otra. Se sabe pues, la respuesta de cada organismo es distinta, pero tampoco de firma abismal y por ello -me decía- siguen aplicándose protocolos específicos según el diagnóstico y el grupo de edad.
Lo que sí puede alejar significativamente a un paciente de la posibilidad de sobrevivir es el estado de avance en que se detecte el cáncer y el apego al tratamiento. Para lo primero no hay más que buscar chequeos periódicos, pero para lo segundo no es solo “tómate esta pastilla siempre a la misma hora”, porque, para empezar, hay que garantizar que la pastilla esté disponible y tener acceso a ella.
Lo que planteo es a partir de meras charlas con quienes conviven con el cáncer de forma constante, ya sea porque intentan curarlo, sobrevivir a él o ayudar a que alguien cercano -y con quien les une el amor- lo haga.
Lo planteo también porque ahora me pregunto cómo es que reciben la noticia de hace un par de días de un nuevo apoyo económico para familias con hijos con cáncer. El Gobierno Federal lo presenta para afiliar a 3 mil padres de familia o tutores de infantes con este diagnóstico atendidos en el IMSS-Bienestar o en Institutos Nacionales de Salud, para ellos 6 mil 400 pesos bimestrales.
¿Qué será que opinan?, ¿alcanzarán a cubrir el gasto de traslado para llegar a consulta y que les digan que no hay medicamento?, ¿alcanzará para comprar alguno de los medicamentos que no logran darles de forma gratuita porque no han surtido la clave? Por eso les digo… tantita vergüenza.

Tantita vergüenza…

¿Por dónde irán las negociaciones? Claro que tendrá que haberlas. La aritmética no favorece a ninguno y las dos fuerzas políticas con posibilidad de inclinar la balanza tienen visiones distintas de lo que significa armonizar la Constitución de Jalisco a la reforma del Poder Judicial de la 4T.
Justo a partir de hoy comienzan a correr 15 días que como máximo tienen en el Congreso de Jalisco para llevarla al pleno ya con acuerdo establecido. No se permitirán cabos sueltos y difícilmente habrá quien recurra a la indisciplina. Lo que pacten los líderes de bancada serán lo que apliquen cada uno de los integrantes de la misma.
¿Qué está en juego? En realidad, no hay mucho margen de maniobra para intervenir en el fondo, de modo que lo que enfrenta a las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena es más bien la forma. MC no quiere que sea este año cuando se dé la elección de quienes busquen algún cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; lo aplazan hasta 2027 con el argumento de que no hay tiempo para organizar, ni para convocar a los perfiles idóneos, estos –según la iniciativa que presentó Pablo Lemus– serían evaluados bajo medidas rigurosas a fin de lograr buenos perfiles.
Morena, por su parte, busca dar gusto a lo que el partido ya hizo a nivel nacional; básicamente una calca adecuada a Jalisco incluso hasta en la forma de elegir candidatos: por tómbola. Más les vale ser afortunados para que lleguen buenos perfiles. ¡Ah, claro! Dicen que perfectamente dan los tiempos para organizar la elección por lo menos para cierto porcentaje de los puestos. 
La negociación parece que se dará entre el MC de Pablo Lemus y el Morena Nacional; ya veremos que acuerdan. Nos hemos de enterar casi a la par que el resto de los partidos locales, mismos que también buscarán la forma de llevar agua a su molino.

Negociar, negociar, negociar…

Cada Constitución o Carta Magna de un país establece los requisitos que debe cumplir quien aspire a presidirlo. Sin embargo, más allá de los aspectos formales, surge el debate sobre si el líder de una nación debe ser necesariamente un profesional de la política. Es decir, alguien cuyo sustento principal haya estado vinculado al servicio público o a la participación activa en movimientos políticos organizados.
Esta formación política tradicional, que –al menos en la teoría– implica la búsqueda de consensos y bienestar, ha sido desplazada en tiempos recientes por figuras que carecen de experiencia en la gestión pública, pero que son muy hábiles en capitalizar el enojo y descontento social. El ascenso de estos perfiles parece mostrar que la política deja de ser un espacio de construcción de soluciones colectivas para convertirse en una carrera por acumular votos sin importar el precio.
Javier Milei y Donald Trump son ejemplos de ello. Ambos representan el fenómeno que la Ciencia Política encuadra dentro del liderazgo tipo populista, en el que el impacto de sus discursos y acciones no parece medirse en función del bien común, sino en la búsqueda de culpables que puedan significar un enemigo a aniquilar. Visión maniqueísta que nada abona a la democracia.
El término &#8220;discurso criminal&#8221; cobra sentido cuando se observa cómo las palabras de estos líderes pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Un caso reciente en Texas ilustra esta realidad: una niña se quitó la vida tras sufrir acoso escolar de forma reiterada. Sus compañeros amenazaban con llamar a &#8220;la migra&#8221; para deportar a su madre, ¿de dónde vendrá esa idea?
En el caso de Milei, su irresponsabilidad cobró notoriedad esta semana tras recomendar el invertir en bitcoins a través de una empresa señalada por fraudes, con cientos de víctimas en Argentina y en otras partes del mundo. Buscando salir librado, lo que se le ocurrió fue decir que la recomendación la hizo en su cuenta personal en redes sociales. ¿Será que se puede ser presidente sólo en horarios de oficina o que la investidura sólo existe en ciertos contextos?
Trump y Milei saben del impacto de sus palabras y lo capitalizan buscando números de aprobación; por ello es criminal lo que construyen con sus discursos porque siendo líderes movilizan o “dan permiso” para que aquellos que les siguen pasen de las palabras a los hechos.

Discurso criminal

La autosuficiencia energética es un tema crucial para el desarrollo económico de México. La capacidad de producir suficiente energía es un factor determinante para atraer inversión extranjera, fomentar la instalación de nuevas industrias y, en consecuencia, generar empleo.
Por ello, no es sorpresa que la energía sea una prioridad en el Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La urgencia de avanzar en esta materia es tal que en una de las Mañaneras de la semana pasada se presentaron los proyectos que impulsarán la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.
Uno de estos va para Jalisco, específicamente en Juanacatlán, municipio dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. Ahí se planea la construcción de una planta termoeléctrica, lo que ha generado inconformidad de activistas. Juanacatlán tiene el gran infortunio de convivir diariamente con el Río Santiago, considerado uno de los ríos más contaminados del mundo. La instalación de una planta productora de energía en esa zona podría aumentar la emisión de gases de efecto invernadero y agudizar la crisis ambiental que por décadas han vivido.
Los activistas se preguntan lo más evidente: “¿Por qué si durante tanto tiempo el Gobierno Federal ignoró nuestra existencia, hoy nos voltea a ver sólo para traer un proyecto que generará más contaminación?”. 
Mientras, el gobierno de Jalisco ha asegurado que no participa en el proyecto y la titular de la Semarnat ha declarado que no han otorgado el visto bueno para su desarrollo. Se suma la presidenta municipal de Juanacatlán, quien dice que no concederá el cambio de uso de suelo; ella es del Partido del Trabajo, ¿será que no habrá presión siendo el PT uno de los aliados de Morena? 
¿Será que el mero anuncio de 7 mil millones de pesos de presupuesto federal para –ahora sí– sanear el Río Santiago pueda cambiar la percepción de los grupos ambientalistas? Yo digo que termoeléctrica y saneamiento deberán de ir junto con pegado, ¿no?

La enérgica contaminación del río

La patrulla M-6 perteneciente a la Dirección de Movilidad de Teocaltiche, Jalisco, recibió al menos 30 impactos de bala, el mayor número fue directo en el parabrisas. En la cabina viajaban tres policías viales: Zuhey Arely de 24 años, Mauricio de 22 y Juan Carlos de 44 años de edad.
El ataque fue captado por una cámara localizada en un punto alto de la colonia Lomas de Teocaltiche. Lo que muestra es el momento en que una camioneta pick up en color negro con vidrios polarizados cerró el paso a la patrulla, acto seguido dos hombres descienden y comienza el ataque que consumó el primer asesinato de una policía en Jalisco en este 2025.
Zuhey Areli López Guzmán era una mujer carismática, así le describen quienes le conocieron; tenía dos años trabajando como elemento de la policía vial de Teocaltiche, municipio de la Región Norte que al día de hoy tiene principal atención en las labores de seguridad por parte de gobierno estatal y la coordinación que llevan con Guardia Nacional y la SEDENA.
Zuhey Areli se convierte quizá en la víctima principal de lo que se considera una represalia por parte del grupo delictivo que semanas atrás perpetró otro ataque contra policías estatales y al que hace apenas unos días, le fueron aseguradas armas de fuego, equipo táctico y un vehículo “monstruo” con blindaje capaz de soportar ráfagas de disparos. Aquel operativo dejó 7 personas detenidas.
Zuhey Areli es el primer nombre de la estadística que el año pasado cerró en 12 policías asesinados en territorio jalisciense, uno de ellos –por cierto, su compañero de corporación– asesinado el 2 de octubre del año pasado.
Es Teocaltiche el municipio donde hace alrededor de 2 años se registró el primer desplazamiento del que se tenga registro en Jalisco; personas que deciden abandonar su tierra, su casa, sus pertenencias con el solo interés de seguir con vida. Es también el sitio en donde la presidenta municipal abiertamente dice que tiene miedo, lo mismo que el resto de la población.

Zuhey Areli

Debilitarlo y cooptarlo. Esos parecen ser los objetivos detrás de la reforma al Poder Judicial que veremos aplicarse en junio próximo, con la primera elección de sus integrantes. Y todo indica que lo lograrán.
No es una revelación ni un hallazgo inesperado. Pero el planteamiento regresa insistentemente a mi mente cuando recuerdo el libro que tres politólogos publicaron hace unos años bajo el título que da nombre a esta columna: La ley y la trampa en América Latina (Murillo, M.; Levitsky, S.; Brinks, D., Siglo XXI, 2021).
El estudio expone cómo la fragilidad de las instituciones —sean leyes, normas u organismos— no es una mera deficiencia, sino una estrategia política deliberada. La simulación es el mecanismo clave para preservar el poder, e incluso aumentarlo. ¿Le suena familiar? Es la vieja receta de legislar para que nada cambie o si cambia, que sea en favor de los ya favorecidos.
López Obrador lo repitió varias veces; ahora Sheinbaum Pardo lo reitera: la elección del Poder Judicial ampliará la democracia. El argumento oficialista insiste en que se trata de darle más poder al pueblo y con ese discurso se valida cualquier decisión presidencial, incluso “aplastando” a las bancadas opositoras en el Congreso. “Ahí está el resultado electoral”, se escucha.
¿Qué ocurrirá el 1 de junio? Quienes acudan a las urnas para elegir jueces de Distrito, magistrados de Circuito, ministros de la Suprema Corte y demás integrantes del Poder Judicial, se enfrentarán a boletas con decenas de nombres. ¿Quién es el mejor candidato o candidata? ¿Cómo saber si Pedro es preferible a Juan, o Mariana a Teresa? ¿Qué proyectos representan? ¿Los conocemos? 
Así sin conocer a nadie o su proyecto, el desinterés ciudadano es predecible, y la participación, baja. Ahí entran en acción los verdaderos expertos en movilización electoral: los partidos políticos y los gobernantes. Y más aún aquellos con mayores recursos para operar el día de la elección.
Con 500 pesos –un camión para el traslado– un lonche y un frutsi, se pueden garantizar miles de votos a favor de un candidato previamente designado. No es que yo menosprecie al votante, es relatar lo que, elección tras elección, se ha visto y documentado. 
Así, quienes resulten electos no serán producto de una votación ciudadana genuina, sino de la estrategia de los partidos y gobernantes que los impulsaron. Quedará fuera cualquier persona del Poder Judicial sin filiación política o intereses ajenos a la impartición de justicia. 
Esa es la trampa de esta ley que nos venden como una ampliación de la democracia. En realidad, no será el pueblo el que elija, sino los partidos, con sus propias agendas y cálculos de poder.

La ley y la trampa

La instalación de la Comisión Especial sobre Desapariciones en el Congreso de Jalisco representa, en teoría, un avance en la atención de la crisis humanitaria que mantiene a Jalisco en primer lugar nacional por incidencia de casos. Los más de 14 mil desaparecidos que al día de hoy reconoce el gobierno estatal, significan también miles de familias que exigen respuestas a sus dudas y un trato digno de quienes integran las fiscalías y por ende, tienen la obligación de procurar la impartición de justicia.
Entre las funciones que se asumen están la de revisar presupuestos, proponer reformas, brindar acompañamiento a solicitudes de los colectivos, llamar a cuentas a las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas… suena bien ¿no?
En papel, suena esperanzador; el reto para esta nueva comisión legislativa (limitada, por cierto, a existir solo en la actual Legislatura) es que genere un verdadero impacto en pro de familiares de desaparecidos y no convertirse en un órgano de simulación política. La credibilidad está en juego.
La primera tarea a sortear será concretar la comparecencia de los integrantes del gabinete estatal de Seguridad, incluido el fiscal estatal Salvador González de los Santos; lograr respuestas más allá de grabaciones en video para redes sociales en torno a cómo se está atendiendo la crisis que, aunque sea heredada, les toca resolver o por lo menos avanzar hacia ello. Teuchitlán está en el centro y al momento no han sabido responder a la crisis que principalmente es humanitaria.
Ahora también viene el observar el apoyo del resto de las diputadas y diputados del Congreso porque son ellos los que en el pleno deberán respaldar la primera de las propuestas que salen de la Comisión Especial a modo de exhorto: que la comparecencia se realice antes del 4 de abril próximo. 
Porque es claro que lo del Rancho Izaguirre evidencia las deficiencias que existen, la lentitud en las respuestas, la falta de transparencia y la negación de la magnitud del problema.