Este domingo iniciaron las campañas para la primera elección judicial en México. Durante los próximos 59 días, más de 3 mil 400 candidatas y candidatos competirán por 881 cargos del Poder Judicial. Este proceso inédito llega en un momento de conmoción para el país, donde parte del debate se centra en el papel de la justicia mexicana; entonces la pregunta es, ¿estas elecciones fortalecen la justicia?
La respuesta es sencilla, simplemente no. Porque la elección judicial llama a votar el próximo 1 de junio por jueces, magistrados y ministros, hasta ahí. Podría decirse que se “democratizan” los cargos más altos del Poder Judicial, pero se dejan de lado los cargos esenciales para que se haga justicia, principalmente los ministerios públicos y las fiscalías estatales.
En enero de 2024, México Evalúa documentaba que la Fiscalía de Jalisco resolvió 1 de cada 10 carpetas de investigación que inició en ese mismo año. De las 173 mil 206 denuncias recibidas, 131 mil 694 derivaron en la apertura de una carpeta de investigación; lo que quiere decir que en ese año, únicamente 13 mil casos fueron resueltos, todo lo demás se sumó al rezago que año con año continúa creciendo.
Esta baja eficiencia de las fiscalías se explica por la saturación de las y los agentes ministeriales, que son quienes se encargan de ejercer la acción penal y solicitar la reparación del daño ante la autoridad judicial, entre otras atribuciones. De tal forma que entre enero y diciembre de 2023 a cada agente ministerial le fueron asignadas 169 carpetas de investigación, y como bien pudieron investigar un robo a persona por la mañana, hacia el mediodía indagan un homicidio, y en la tarde un caso de drogas.
Para efectos prácticos un ejemplo: el caso Teuchitlán. A todos queda claro que hubo omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco y de la FGR, y aquí el punto medular es que el caso jamás llegó a un juez, mucho menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se atascó en las fiscalías, justo en el olvido de la elección judicial.
Durante la presentación de la iniciativa y su discusión, se advirtió continuamente que para fortalecer la justicia había que poner el foco ahí, en las fiscalías y ministerios públicos, de lo contrario se trataba de un ejercicio del régimen para tener un Poder Judicial a Modo, uno que no dé marcha atrás a ninguna de sus reformas; y eso es lo todo parece indicar.
Este proceso electoral presenta tres desafíos complejos, motivar a la ciudadanía a participar; el INE estima una participación de entre el 8% y 15% del padrón electoral, el segundo, el hecho de llegar a la casilla y recibir 6 boletas plagadas de nombres y cargos completamente desconocidos para la ciudadanía, y el tercero, ante los recortes presupuestales, la notable disminución de casillas para acudir a votar.
Sea cual sea el caso, esta no es la reforma judicial que México necesita. La elección de jueces, magistrados y ministros no aliviará la justicia.