Tenemos tiempo

El próximo 1 de junio las mexicanas y mexicanos tendremos la oportunidad de votar por los integrantes del Poder Judicial, los juzgadores, como se les llama de manera genérica y es, en verdad, un hecho histórico que puede empezar a cambiar la operación del Poder Judicial, considerado desde siempre el más opaco de los tres poderes y con altísimos niveles de corrupción e impunidad.

No ha sido ni será una tarea fácil aunque se trata de un ejercicio que no es nuevo en México, con todas las proporciones guardadas. Valdría la pena, primero, echar un vistazo a nuestra historia para valorar la importancia del Poder Judicial y, segundo, conocer lo que se tuvo que pasar en el XIX, con lo caótico y complejo que fue para nuestro país ese siglo.

De los tres siglos de Colonia heredamos una estructura jurisdiccional compleja, burocrática y corrupta. Desde la Real Audiencia, los jueces pesquisidores y la Inquisición, hasta los alcaldes mayores y corregidores establecidos en una intrincada red que no se rompió como por arte de magia cuando se consumó la independencia de México.

Con todo, en 1824, con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se acordó organizar el Poder Judicial en tribunales de circuito y juzgados de distrito y se ordenó la conformación de una Corte Suprema de Justicia. La inspiración fue el “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana” que promulgó el constituyente de Apatzingán el 22 de octubre de 1814.

Esto no duró mucho porque a partir de 1836 inició la República centralista y se reformó el Judicial por las Siete Leyes Constitucionales y, después, con las Bases Orgánicas de 1843. De un marco legal a otro no hubo cambios sustanciales para el Poder Judicial: quedó depositado en la Suprema Corte y se formaron tribunales superiores; en los departamentos operaban jueces inferiores pero así todas las instancias se agotaban en cada territorio; esto siguió siendo un problema y más tarde se promulgó una ley para el acceso a segundas y terceras instancias.

Podríamos decir que estos son los antecedentes, expresados por supuesto, de manera muy breve; porque la organización básica y fundamental del Poder Judicial en realidad empezó con la Constitución de 1857 y leyes secundarias que impulsó el mismísimo Benito Juárez.
Las discusiones fueron tremendas. Hay registro del diario de debates y varios documentos e investigaciones históricas sobre este proceso, interesantísimo por lo demás porque, hay que recordar, el Congreso Constituyente se integró casi diez años después de la pérdida de territorio cuando la invasión abusiva de Estados Unidos; con los disparates y desvaríos de Santa Anna, la guerra que desató el Plan de Ayutla contra “el quince uñas” y llevó a posiciones de toma de decisión a la generación de liberales más importante y brillante en el siglo XIX porque finalmente cambió el orden jurídico de la nación mexicana. Después de esto es que se emiten las Leyes de Reforma que conducen luego a una guerra civil, la de Tres Años o Guerra de Reforma.
Un artículo que generó polémica fue el 93, relativo a los requisitos para “ser electo” integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Decía que deberían ser personas instruidas en la ciencia del derecho “a juicio de los electores”, mayor de 35 años y mexicano por nacimiento. En la “Historia del Congreso Constituyente de 1857”, una obra impresionante de Francisco Zarco, se consigna la intervención del diputado Ponciano Arriaga al respecto. Agrego aquí un fragmento: “Son incomprensibles las razones de los abogados para creer que sólo ellos son capaces de ser magistrados. ¿En qué se fundan? En la ciencia, que consiste en pasar por las aulas, aunque no se aprenda, ni se estudie en los exámenes, que son a menudo de compadres, y en la práctica, que consiste en haber perdido o ganado algunos pleitos. Todo esto no da aptitud, ni honradez, que es lo que buscarse debe para los puestos públicos”. Francisco Zarco, diputado constituyente también, apuntó enseguida: “El orador ha encontrado más justicia, más rectitud, más honradez, más acierto en los jueces legos que en los profesores de derecho”.

En otro momento, cuando se discutía también si la elección sería directa o indirecta, Zarco dijo: “El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo; no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras, y, si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles”.
No será fácil, pero de este proceso podemos obtener otro Poder Judicial, con el ideal en la mira a sabiendas de que no será pronto ni inmediato ni perfecto. Nos toca informarnos con precisión de quiénes son los candidatos en esta campaña que empezó ayer y terminará el 28 de mayo. Tenemos tiempo.