Héctor Ruiz López

Como dice el dicho: no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue . Y llegó el día. En la Universidad de Guadalajara se concretó el relevo en la Rectoría General: concluyó el periodo del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí y comenzó una nueva etapa, marcada por la llegada de la Mtra. Karla Planter Pérez al frente de esta casa de estudios.
El hecho no es menor. Planter se convierte en la primera mujer en asumir la Rectoría General de la segunda universidad más importante del país y la más relevante del Occidente mexicano. Su nombramiento, además, no está marcado por el cuestionamiento, sino por el reconocimiento. Quienes la conocen y han trabajado con ella, tanto en el plano académico como en el personal, coinciden en destacar su capacidad, integridad y compromiso institucional.
La Mtra. Planter toma el timón en un momento particularmente significativo para la universidad. Tras años de tensiones políticas —especialmente durante el rectorado de Villanueva— con el gobierno estatal y el federal, el escenario actual parece más conciliador . A diferencia de su antecesor, quien protagonizó fuertes desencuentros con la administración estatal de Alfaro y con el presidente López Obrador, la rectora Planter inicia su gestión en un ambiente distinto, con nuevos actores y con una posibilidad real de recomponer puentes institucionales.
No es un detalle menor que ella y la presidenta Claudia Sheinbaum compartan una condición histórica y simbólica: ambas son las primeras mujeres en sus respectivos cargos . Esta coincidencia, más allá del símbolo, podría generar una sintonía política e institucional que beneficie a la UdeG. El hecho de que hayan roto el “techo de cristal” en contextos complejos, con trayectorias propias y sólidas, genera una narrativa distinta que puede abrir nuevas rutas de colaboración.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, manifestó públicamente su respaldo a la nueva rectora, incluso anunciando que apoyará con más presupuesto —por encima del monto constitucional asignado—, especialmente para proyectos culturales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a la que calificó como la más importante del mundo por el número de lectores que convoca.
La llegada de Karla Planter, reconocida por su dinamismo, su visión académica y su capacidad de gestión, representa una oportunidad para impulsar una nueva etapa en la Universidad de Guadalajara. Una etapa de reconciliación institucional, pero también de modernización, consolidación de proyectos y fortalecimiento de su vida universitaria y cultural. 
Si las condiciones políticas y presupuestales se alinean con una gestión sólida, inclusiva y estratégica, los tiempos que vienen pueden ser buenos —y necesarios— para la Universidad de Guadalajara .

Héctor ruiz

Karla Planter: nuevos tiempos en la Universidad de Guadalajara

Esta semana se publicó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sustituye a la emitida en 2015. Esta nueva ley es un documento que, al menos en el papel, busca actualizar y fortalecer los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía accede a la información pública de todos los órdenes y niveles de gobierno. Se trata de una de esas reformas que, si se aplican con seriedad y compromiso, podrían marcar un antes y un después en la relación entre el poder público y la sociedad.
La ley llega en un contexto especialmente sensible: México atraviesa una etapa de desconfianza generalizada hacia las instituciones, donde el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia no son solo exigencias ciudadanas, sino también una deuda histórica de los gobiernos. Por eso, resulta clave analizar sus alcances y preguntarnos si esta nueva legislación representa un paso hacia adelante, o simplemente es una forma más elegante de mantener las cosas como están.
Entre los principales cambios que introduce la nueva ley se encuentra una mayor armonización de las obligaciones de transparencia entre los tres órdenes de gobierno, los sindicatos, los partidos políticos y los fideicomisos públicos. También se fortalece el papel de los órganos garantes estatales, al establecer criterios más homogéneos para su actuación y para la evaluación de sus resoluciones. La intención es clara: cerrar las brechas de interpretación y cumplimiento que existían entre entidades federativas y entre sujetos obligados.
Asimismo, se incorporan con mayor detalle criterios de accesibilidad y lenguaje ciudadano en las respuestas a solicitudes de información, un reclamo legítimo que se había hecho desde hace tiempo. El derecho de acceso a la información no debería ser un privilegio reservado a especialistas, sino una herramienta útil y comprensible para cualquier persona, sin importar su formación o condición.
Sin embargo, la letra de la ley no es garantía de su cumplimiento. México ha demostrado que el problema no siempre radica en la calidad de sus normas, sino en la distancia abismal entre lo que está escrito y lo que se aplica. Un reto pendiente será garantizar que todos los sujetos obligados cumplan con sus responsabilidades y que no se escuden en tecnicismos para negar información, retrasar respuestas o encubrir decisiones.
A ello se suma que la entrada en vigor de esta nueva ley ocurre paralelamente a la desaparición del INAI, y el traslado de sus funciones y atribuciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que ha generado un notable descontento en sectores sociales, académicos y de la sociedad civil. Esta decisión, sin duda polémica, se da además en medio de señalamientos de presuntos actos de corrupción cometidos por personal del propio INAI, lo que ha alimentado la narrativa de quienes justifican su eliminación.
La publicación de esta nueva Ley General de Transparencia debe observarse con mesura y prudencia, con el ojo crítico de quienes sabemos que los grandes cambios no se consolidan con tinta en el papel, sino con voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso institucional. Es una oportunidad para reconstruir un derecho fundamental y para fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados. Pero, como tantas veces en nuestra historia, el éxito dependerá de cómo se implemente, de qué tan exigente sea la sociedad y de cuán valientes sean las instituciones para garantizar que la transparencia no se vuelva una palabra hueca, sino una práctica cotidiana.

¿Transparencia renovada?

Cuenta la anécdota que un hombre buscaba desesperadamente sus llaves bajo la luz de una farola. Un transeúnte, al verlo afanado, se acercó y le preguntó: 
— ¿Qué buscas? 
— Mis llaves, las perdí. 
— ¿Aquí las perdiste? 
— No, pero aquí hay luz.
Este relato, que parece una broma, es en realidad una metáfora poderosa sobre cómo actuamos ante problemas complejos: buscamos donde es más cómodo, más visible, más seguro… aunque ahí no se encuentre lo que realmente buscamos. Y en Jalisco, con el caso del rancho en Teuchitlán, parece que las autoridades han decidido buscar las llaves bajo la farola.
Desde que se destapó el escándalo del caso de Teuchitlán, las declaraciones oficiales han estado llenas de operativos, cateos, “investigaciones en curso” y, por supuesto, la promesa de que se llegará hasta las últimas consecuencias. Pero el problema es que están buscando en el lugar equivocado, o peor aún, están haciendo como que buscan, sabiendo que nunca van a encontrar lo que no quieren ver.
Porque la realidad es que Teuchitlán no es un caso aislado. No se trató de un simple rancho donde operaban grupos criminales sin que nadie supiera nada. Al contrario, todo indica que lo ocurrido ahí es una pieza más dentro de una red de complicidades, omisiones y colusión entre crimen y poder. Y si la búsqueda de justicia se queda solo en el espectáculo de cateos mediáticos, sin tocar las estructuras que permitieron que esto sucediera, entonces la historia será la misma de siempre: un escándalo que se enfría con el tiempo, hasta que el siguiente caso nos vuelva a indignar.
El problema de la inseguridad en México no es solo el crimen organizado, sino la corrupción que le permite operar con impunidad. Mientras no se busque en la oscuridad —es decir, en las redes de complicidad que facilitan estas operaciones—, todo lo demás será teatro.
Las autoridades pueden seguir cateando ranchos, presentando decomisos en conferencias de prensa y asegurando que la ley se aplica con firmeza, pero mientras las verdaderas estructuras de poder permanezcan intactas, seguirán buscando las llaves donde hay luz… aunque las hayan perdido en la oscuridad.
Esta película ya la vimos antes. Lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, ha resonado en todo el mundo, con medios internacionales cubriendo con asombro y horror lo que ahí sucedió. El caso sigue creciendo como una bola de nieve, con ecos que recuerdan lo ocurrido en Ayotzinapa con los 43 normalistas desaparecidos. Solo que aquí no son 43. En el imaginario colectivo, son miles de desaparecidos que claman justicia, mientras las autoridades siguen buscando donde hay luz, sin atreverse a mirar en la oscuridad.

Teuchitlán: Las llaves bajo la farola

La crisis del pensamiento crítico en México es uno de los múltiples problemas que enfrenta el país. La opinión pública, casi sin darnos cuenta, se ha fragmentado en trincheras aparentemente irreconciliables, donde la lealtad a una ideología, partido o figura política se impone al análisis racional, al debate argumentativo y, en consecuencia, al contraste de ideas.
Este fenómeno no es exclusivo de México; lo hemos visto desarrollarse en otros países donde la política se reduce a bandos antagónicos. Sin embargo, en nuestro caso, adquiere un matiz especial: el discurso oficialista y el de la oposición han convertido el debate en una lucha de fe, donde cualquier intento de cuestionamiento es visto como traición o ignorancia. Disentir se ha convertido en un acto de valentía y no en un ejercicio de sentido común. ¿Dónde quedó la capacidad de analizar con matices?
Quien se atreve a criticar, matizar o simplemente tener un punto de vista diferente es condenado desde ambos frentes. Si apoyas alguna medida del gobierno, la oposición, en su mayoría representada por una clase media y media alta, te acusa de ignorante, traidor o servil, como si su visión fuera la única válida y cualquier postura alternativa fuera sinónimo de desconocimiento o ingenuidad. Pero, desde el otro extremo, el oficialismo descalifica cualquier cuestionamiento de inmediato, sin reflexión ni autocrítica, bajo la lógica de que toda crítica es producto de la resistencia de una élite que se niega a perder privilegios. En este juego, el país se reduce a un esquema binario donde no hay espacio para la razón ni para el debate genuino.
Parte del problema radica en que el análisis crítico se ha mediatizado. La intelectualidad parece fabricarse desde programas de opinión que han dejado de lado la reflexión seria para convertirse en cajas de resonancia de posturas personales o de intereses políticos en disputa. Se ha confundido la crítica informada con el activismo disfrazado de análisis, y con ello, se ha vaciado de contenido el verdadero ejercicio del pensamiento.
Es cierto que México enfrenta múltiples crisis: política, económica, de inseguridad, de confianza en las instituciones. Sin embargo, este país ha vivido en crisis durante décadas y sigue en pie. A pesar de todo, la nación se mantiene, la sociedad avanza, la cultura persiste y la identidad mexicana se fortalece. Pero para salir del bache, es necesario recuperar la capacidad de pensar, de cuestionar sin miedo, de abrirse a la posibilidad de que la verdad no es un monopolio de ningún grupo, sino un ejercicio colectivo de construcción.
México se encuentra en una encrucijada donde el pensamiento crítico es un acto de resistencia. O recuperamos la capacidad de cuestionar con rigor, o nos arriesgamos a ser arrastrados por una ola de fanatismo que hará cada vez más difícil cualquier posibilidad de conciliación. Lo que ocurra en los próximos años dependerá de si la ciudadanía es capaz de salirse del guion impuesto por los extremos y empezar a reconstruir un diálogo donde pensar distinto no sea sinónimo de traición. ¿Será posible?

Radicalización y crisis del pensamiento crítico

En discursos políticos se repite constantemente, lo plasman las leyes, lo afirman los tribunales, se debate en la academia y el periodismo serio lo analiza. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para preguntarnos si realmente nuestras acciones colectivas e institucionales nos encaminan hacia un verdadero Estado de Derecho o si solo nos aferramos a una aspiración que, con cada crisis institucional, abuso de poder o violación a la ley, se desvanece un poco más.
El Estado de Derecho no es solo un concepto elegante para enmarcar en discursos. Es la base sobre la que se construye una sociedad justa, una en la que nadie está por encima de la ley, donde las reglas se cumplen, las instituciones funcionan y las personas confían en que, si sus derechos son vulnerados, ignorados o pisoteados, habrá mecanismos efectivos para restablecerlos. En teoría, así debería ser. Pero en la práctica, la realidad nos obliga a cuestionarnos cuán cerca estamos de esa aspiración: la de un Estado de Derecho pleno, ideal de toda nación que se concibe como democrática.
Desgraciadamente, en el México de hoy, la justicia es selectiva. Quienes pueden pagar una defensa adecuada obtienen resultados favorables, mientras que aquellos sin recursos quedan atrapados en una burocracia judicial sobrecargada, que vuelve los procesos eternos. La justicia, que debería ser pronta y expedita, sigue siendo un privilegio más que un derecho efectivo.
Vivir en un Estado de Derecho no se reduce a la existencia de normas. Es el respeto y la aplicación equitativa de esas normas. Es la certeza de que el poder está limitado por la ley, de que el uso de la fuerza pública está justificado y acotado, de que los ciudadanos no están a merced de la discrecionalidad del gobernante en turno. Sus pilares fundamentales incluyen la legalidad, que exige que todas las acciones del Estado se basen en normas previamente establecidas; la seguridad jurídica, que permite a los ciudadanos conocer sus derechos y las consecuencias de sus actos; la independencia judicial, que garantiza que las decisiones de los jueces no respondan a intereses políticos o económicos; la división de poderes, que impide la concentración del poder; y la protección de los derechos fundamentales, porque no hay Estado de Derecho sin respeto a la dignidad humana.
Un verdadero Estado de Derecho no se construye solo con reformas. Se construye con voluntad política, con instituciones fuertes, con juzgadores valientes, cualificados e imparciales, con ciudadanos que exigen justicia. No es un estado natural al que llegamos por inercia, sino una tarea constante, un ejercicio de resistencia ante los intentos de erosionarlo. Porque cuando el Estado de Derecho se debilita, lo que sigue es la incertidumbre, el abuso y la impunidad. Y cuando eso sucede, el costo lo pagamos todos.
Ahora bien, ¿cómo podemos aspirar a jueces imparciales y justos bajo el modelo de país que tenemos, cuando estudios han revelado que el acceso a cargos en el Poder Judicial está plagado de influyentismo?
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, titulada “El poder familiar de la federación”, expone una preocupante realidad: Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en la contratación de hijos de jueces y magistrados. De los 33 juzgadores identificados, 54 de sus hijos trabajan dentro del Poder Judicial Federal. Un ejemplo claro: un magistrado de circuito tiene a sus cuatro hijos en el mismo sistema. Uno es oficial administrativo, dos son secretarios de tribunal y de juzgado, y otro magistrado tiene a dos hijos como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial. 
¿Cómo hablar de meritocracia, transparencia o justicia imparcial cuando el Poder Judicial opera como una estructura de privilegios heredados? 
Cierro con una pregunta para la reflexión: ¿Este es el México que queremos? ¿Es este el ideal de justicia y legalidad al que aspiramos como nación?

¿Qué significa vivir en un Estado de Derecho?

Una de las críticas más recurrentes hacia las sociedades es la falta de involucramiento en los asuntos públicos. A menudo, reaccionamos sólo cuando un problema nos afecta de manera directa o cuando la crisis se vuelve inevitable. Somos sociedades reactivas más que proactivas, y esta característica no es exclusiva del ámbito político: también ocurre en la salud, en la economía y en nuestra vida cotidiana. Esperamos a que algo falle para atenderlo, en lugar de prevenir.
Hasta cierto punto, es comprensible que muchas personas no se involucren en la vida pública. Sus preocupaciones giran en torno a su trabajo, su familia, sus proyectos personales. Además, los problemas sociales no suelen manifestarse con un impacto inmediato, sino de manera gradual, casi imperceptible, hasta que un día nos damos cuenta de que lo que antes parecía un tema ajeno se ha convertido en una crisis que nos afecta a todos.
Platicando con un sociólogo sobre este fenómeno, me decía: &#8220;Hace falta más empatía, más sororidad, más solidaridad en las sociedades&#8221;. No es que estas cualidades no existan, pero a veces es necesario un gran acontecimiento que sacuda conciencias y despierte ese sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Lo vimos en el terremoto del 85; en el huracán que devastó Acapulco; en las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. En momentos de crisis, los mexicanos hemos demostrado una capacidad extraordinaria de unión, dejando de lado diferencias sociales, políticas o ideológicas.
Apelando a ese mismo espíritu de reflexión, México está por vivir un hecho inédito, un proceso que nos guste o no, va a suceder: la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. No hay precedente de un proceso similar en la historia de nuestro país, ni en el mundo. Se trata de un cambio que desafía lo establecido, que genera incertidumbre y que, sin duda, traerá consigo críticas y cuestionamientos.
Esta elección enfrenta múltiples desafíos. Algunos surgen de la complejidad y novedad del proceso, de la falta de información clara sobre cómo se desarrollará y qué impacto tendrá. Otros provienen de la oposición, que ha descalificado la reforma en su totalidad, promoviendo la idea de que el proceso carece de legitimidad. Es una reacción similar a lo que ocurrió con la revocación de mandato impulsada por Andrés Manuel López Obrador, donde la baja participación fue, en parte, resultado de la falta de promoción y del desinterés deliberado de ciertos sectores políticos.
A esto se suma la indiferencia de una parte importante de la sociedad, que no percibe la elección del Poder Judicial como un tema que afecte su vida de manera inmediata. Y ahí está el verdadero problema. Durante décadas, el Poder Judicial ha operado con un manto de discreción, alejado del escrutinio público. Para muchos, sus decisiones parecían no tener impacto directo en su día a día, cuando en realidad, de ellas depende la aplicación de la justicia en todos los ámbitos de la vida nacional.
Si algo positivo ha traído este proceso es que hoy se habla del Poder Judicial. Se discute, se debate, se cuestiona. Antes de esta reforma, pocas veces el ciudadano común dedicaba tiempo a reflexionar sobre cómo se designaban jueces y ministros, sobre qué criterios se utilizaban y qué intereses estaban detrás. Ahora, el tema ha salido de los círculos especializados y ha llegado a conversaciones en la academia, en los medios e incluso en reuniones familiares. 
He tenido la oportunidad de participar en algunas de estas discusiones y puedo decir que han sido enriquecedoras. He escuchado posturas con las que no coincidía y, sin embargo, algunas me han llevado a replantear mi punto de vista. Porque de eso se trata la democracia: de discutir con apertura, de argumentar con razón y de involucrarnos en los temas que, tarde o temprano, nos afectarán a todos.
Como sociedad, debemos asumir un papel más activo en esta elección, porque sus consecuencias no se verán solo en el corto plazo. Lo que decidamos hoy definirá el rumbo de la justicia en México por generaciones. Y, como bien sabemos, la justicia es el pilar sobre el cual se sostiene cualquier democracia.

La elección que se viene

Desde tiempos remotos, la insaculación —o sorteo— ha sido utilizada como método de selección de funcionarios y representantes políticos. En México, por ejemplo, se emplea para definir la letra del apellido de los funcionarios de casilla en los procesos electorales. Sin embargo, la reciente aplicación de este mecanismo en la selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ha generado un intenso debate. 
Los críticos del sistema lo consideran una decisión arbitraria que pone en riesgo la especialización y el prestigio del sistema judicial, mientras que sus defensores argumentan que es una herramienta para reducir la influencia de grupos políticos y económicos en la designación de jueces. Pero, ¿qué nos dice la historia sobre este método?
La insaculación no es nueva en la selección de cargos públicos. En Grecia, considerada la cuna de la democracia, se utilizaba el sorteo (kleroterion) para elegir a la mayoría de los funcionarios públicos, con excepción de los cargos militares o altamente especializados. En Venecia el máximo gobernante, el Dux, era elegido mediante un sistema mixto de insaculación y votación para minimizar la corrupción y evitar que las familias poderosas manipularan el proceso.
Durante la Revolución Francesa, aunque nunca llegó a consolidarse, el sorteo fue parte del debate teórico sobre cómo reducir la influencia de las élites en la conformación de cuerpos legislativos y judiciales. Más recientemente, en Irlanda, Canadá, Francia, Alemania y Países Bajos, se ha empleado el sorteo en asambleas ciudadanas para discutir temas nacionales y proponer reformas políticas.
Asimismo, en Estados Unidos, aunque los jueces son electos por voto popular en varios estados, existe un elemento de insaculación en el sistema judicial: los jurados ciudadanos. Su integración es determinada por sorteo entre la población, sin necesidad de conocimientos legales, y son ellos quienes deciden la culpabilidad de los acusados, mientras que el juez solo dicta la sentencia conforme a la ley.
El debate en México
¿Es válida la insaculación en la elección del poder judicial? La insaculación para definir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros en México ha generado un fuerte rechazo entre algunos sectores. Los principales argumentos en contra son: 1) Falta de mérito y especialización; 2) Desprestigio del sistema judicial; 3) Posible manipulación previa; y 4) Falta de transparencia y responsabilidad democrática. 
No obstante, hay otro lado de la moneda. Si bien la insaculación puede parecer un proceso injusto para quienes quedaron fuera a pesar de tener méritos equivalentes a los seleccionados, es importante recordar que la designación de las personas juzgadoras en México nunca ha sido un proceso enteramente meritocrático. En muchos casos, la designación de ministros, magistrados y jueces ha respondido más a cuotas políticas que a una evaluación imparcial de capacidades.
Desde esta perspectiva, la insaculación aparece como una posible solución para evitar que los cargos judiciales sean capturados por intereses partidistas o económicos. Si asumimos que el proceso previo de selección ha sido transparente y riguroso, garantizando que solo aspiren perfiles con credenciales sólidas, el sorteo puede funcionar como un mecanismo para eliminar la influencia externa en el nombramiento de jueces.
¿Un método legítimo o un experimento arriesgado?
Si se implementa correctamente, la insaculación puede ser una herramienta útil para garantizar imparcialidad y mérito. Para ello, deben cumplirse dos condiciones fundamentales: 
1. Una rigurosa evaluación curricular, que garantice que los seleccionados por sorteo sean profesionales altamente capacitados. 
2. Un mecanismo de supervisión pública y transparencia, que evite manipulaciones en las listas de aspirantes antes del sorteo. 
Dicho esto, hay que señalarlo con todas sus letras: México ha tolerado durante décadas la normalización de designaciones políticas y un “nepotismo simulado” en el Poder Judicial. Es un secreto a voces la influencia política detrás de la designación de ministros, magistrados y jueces. Sin un padrino político, escalar en el sistema de carrera judicial ha sido, en muchos casos, prácticamente imposible. 
La investigación &#8220;El poder familiar de la federación&#8221;, realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que al menos 500 jueces y magistrados tienen familiares directos o políticos en la nómina del Poder Judicial. Los hallazgos de este estudio son sorprendentes y dejan en evidencia un problema estructural que ha permeado durante años. 
En este sentido, la insaculación, por extraña que parezca, al menos elimina la discrecionalidad en la elección final de los candidatos. 
El reto ahora será evaluar si este sistema realmente contribuye a fortalecer la independencia judicial o si, por el contrario, termina deslegitimando aún más el proceso de selección de jueces en el país.

Insaculación en elección del poder judicial: ¿solución o problema?

El proceso de selección de quienes serán los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal se encuentra en su última etapa. Tras la evaluación del currículum académico y la experiencia profesional, se realizó un filtro importante entre los abogados y abogadas inscritos, muchos de ellos con trayectorias destacadas. Sin embargo, debido al alto número de postulantes y a la limitada cantidad de plazas disponibles, el listado final quedó conformado por perfiles considerados idóneos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria. 
Una vez que los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) definan sus listas finales, se consolidará el listado definitivo de candidatos para ocupar los cargos vacantes en los distintos circuitos del Poder Judicial Federal.
Debo confesar que, en un inicio, observé con cierto escepticismo este proceso, sobre todo por la falta de claridad en la manera en que se desarrollarían las etapas de selección y, posteriormente, las campañas y la elección. Sin embargo, conforme han avanzado las distintas fases, ha habido una mayor certeza sobre el procedimiento. No obstante, como todo proceso novedoso y sujeto al escrutinio público, ha sido objeto de una crítica aguda por parte de algunos medios de comunicación y de la oposición, que han aprovechado cualquier tropiezo o diferencia para cuestionar y descalificar la legitimidad del proceso en su conjunto. 
Es comprensible que existan dudas sobre una reforma judicial tan ambiciosa, ya que supone un cambio profundo en los mecanismos de acceso al Poder Judicial. Para muchos, resulta difícil abandonar la zona de confort, modificar los procesos tradicionales y aceptar nuevas formas de selección, lo que genera un escepticismo natural sobre los resultados.
En este sentido, y a pesar de mis reservas iniciales, he podido ser testigo de primera mano de historias que reflejan esfuerzo, preparación y mérito. Lo cierto es que, hasta ahora, el proceso ha abierto oportunidades para personas que han construido su carrera tanto dentro como fuera del Poder Judicial, sin la necesidad de &#8220;padrinazgos&#8221; o influencias externas.
Por ello, considero que descalificar la reforma en su totalidad sería un error. Hasta donde he podido conocer, existen perfiles altamente capacitados y con trayectorias profesionales destacadas. Y no lo digo por mí, sino porque he revisado las hojas de vida de varios aspirantes y conozco personalmente a algunos, quienes incluso han sido mis alumnos. He sido testigo de su formación basada en el esfuerzo y la dedicación, lo que me permite afirmar que hay personas con méritos suficientes en este proceso.
Si bien este método de selección difiere de los exámenes de oposición tradicionales, no es del todo ajeno a otros procesos de designación que se han llevado a cabo en distintos niveles, tanto a nivel federal como local, donde la evaluación de la trayectoria académica y profesional ha sido el criterio predominante.
Desde una perspectiva académica y profesional, seguiré con interés las siguientes etapas de este proceso, así como los resultados de la selección de candidaturas y, posteriormente, su elección por voto popular. El éxito o fracaso de esta reforma dependerá en gran medida de su correcta implementación, y en ese sentido, aún queda mucho por observar, analizar y debatir.

Selección de candidatos en la reforma judicial: certezas y desafíos

Laura Haro Ramirez

Organismos internacionales urgen a México a actuar

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La revolución económica

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Espacio para la negociación política

Mario Muñoz de Loza

¡Los primeros ante el juez!

Comienzan las campañas para elegir a quienes ocuparán los cargos de personas juzgadoras en México. Se trata de un momento histórico: por primera vez, las y los ciudadanos tendrán en sus manos la decisión de elegir a parte del Poder Judicial. El reto no es menor. Motivar a la ciudadanía a acudir a las urnas el próximo 1 de junio es apenas el primer paso de una carrera cuesta arriba. 
Es comprensible que exista confusión: al ser una elección inédita, muchas personas aún no comprenden del todo cuáles son los cargos en disputa ni qué funciones desempeñan jueces, magistrados o ministros. Con el tiempo —y ojalá con una estrategia sólida de educación cívica— la sociedad podrá familiarizarse con este nuevo proceso y con las instituciones que lo integran.
Pero los datos disponibles no dejan lugar al optimismo fácil. El estudio “¿Qué pensamos sobre la justicia?”, publicado por la Fundación Konrad Adenauer en diciembre de 2024, expone una realidad preocupante: el 71% de la población dice conocer la división de poderes, pero el 55% cree que existe una jerarquía entre ellos y considera que la presidencia está por encima de la Suprema Corte. Un 35% piensa que los jueces investigan delitos, y el 65% cree que las fiscalías forman parte del Poder Judicial. Solo el 9% puede mencionar espontáneamente un Tribunal de Circuito o un Juzgado de Distrito. Y aún más alarmante: el 60% considera que los ministros de la Corte deben obedecer al presidente.
Estas cifras reflejan una profunda confusión sobre el rol del Poder Judicial y sobre los principios básicos del Estado de Derecho. No se puede exigir justicia independiente si no se comprende qué es y cómo opera la justicia.
Otros ejercicios de medición, como la encuesta publicada por El Financiero en febrero de 2025, revelan que apenas el 45% de la población afirma estar mucho o algo enterada de las próximas elecciones judiciales, y el 52% dice tener interés en votar. Es decir, la mitad del electorado aún necesita información clara y oportuna para entender la magnitud de lo que se juega en esta elección. 
La democracia no solo se construye con votos, sino también con conocimiento. Y el verdadero reto, más allá de las campañas, es informar, formar y conectar con la ciudadanía. Hacer del 1 de junio una fecha histórica no dependerá solo del número de boletas marcadas, sino del grado de comprensión con el que se ejerza ese voto.

Una elección inédita para la justicia mexicana