No es un caso aislado. Es la ley. La misma que se supone debe protegernos a todas y todos: niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, comerciantes, maestras, maestros… incluso a las y los funcionarios públicos. Y esa ley, si ha de ser justa, debe ser imparcial, incorruptible y pública.
Para que la justicia funcione, el debido proceso es su columna vertebral. No hay atajos. La construcción de una carpeta de investigación exige rigor, cuidado, una fiscalía comprometida con su labor y equipada con herramientas suficientes para acompañar y representar a las víctimas. Exige voluntad política para defender lo que es justo, incluso si incomoda al poder.
Cuando se trata de denuncias por agresiones sexuales, ese compromiso debe redoblarse. Se está hablando de un atentado a la integridad física, emocional y psicológica de una persona. Denunciar no es fácil. Rara vez el camino es lineal. El estrés postraumático se convierte en un enemigo silencioso: miedo, ansiedad, negación, lagunas mentales, confusión. La recolección de pruebas físicas implica, muchas veces, revictimizar a quien ya ha sido vulnerada. Los testimonios rara vez son contundentes; este tipo de violencia suele ocurrir en la intimidad, en la penumbra, en el silencio, nunca hay testigos, pese a ello, se espera que las víctimas entreguen pruebas claras, narrativas precisas, y entereza emocional, por dantesco que parezca, toda la carga de la prueba es para la víctima.
En ese contexto, el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo escandaloso del desaseo institucional. No solo por cómo fue construido y discutido, sino por el lamentable tratamiento político que ha recibido. La politización de estos casos no solo mina la confianza en el proceso, también erosiona la legitimidad de todo el sistema legal. ¿Con qué autoridad vamos a pedirle a una mujer para que denuncie a su agresor, si una y otra vez demostramos que el sistema no está de su lado? ¿Cómo les decimos que denuncien, si cada caso de alto perfil parece más una batalla campal entre facciones, que un proceso jurídico apegado a los derechos humanos?
Ese es el verdadero meollo. Este caso destapa la cloaca de un sistema saturado de carpetas que duermen el sueño de los justos en los escritorios de los funcionarios. Carpetas que no se abren, que no se analizan, que se olvidan porque no tienen peso político, mientras tanto, las víctimas esperan y suplican empatía con su dolor.
El partido oficialista camina por la cuerda floja, ha ido demasiado lejos. El llamado “movimiento de transformación” no está transformando el acceso a la justicia para las mujeres. No, no llegamos todas. La falta de autocrítica los ha cegado. Transformar la justicia no era desestimar el caso bajo el argumento de que “todo es político”. Era, en todo caso, fortalecer a la Sección Instructora, presidida por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, para que ejerciera plenamente sus facultades: arremangarse la camisa y entrarle al trabajo serio, incómodo, pero necesario. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le otorgaba todas las facultades para requerir documentación, realizar diligencias, confirmar la veracidad de los hechos. No quisieron, pactaron con el Partido Revolucionario Institucional la inmunidad de “Alito” y con el Partido Verde Ecologista transitaron para lograr el desechamiento del caso.
A las diputadas que arroparon en tribuna al diputado Cuauhtémoc Blanco bajo la consigna “no estás solo”, les hago un llamado respetuoso y firme: no se atrevan a utilizar una consigna feminista para proteger a un posible agresor. No lo hagan porque no lo vamos a permitir. No, no llegamos todas. Escúchenlo bien, tenemos a una primera mujer Presidenta y a la par en el Legislativo, con una mayoría de mujeres de su partido que le dieron la espalda a una víctima, nunca estuvimos tan lejos de ser la voz de todas, ni siquiera cuando éramos minoría en la Cámara. Les recuerdo, con toda claridad y contundencia, que cada espacio que hoy ocupamos las mujeres en San Lázaro se lo debemos al feminismo que es y ha sido una revolución pacífica que ha permitido visibilizar lo invisible y le ha dado voz a las que nadie escucha; nuestra lealtad debería estar con quienes han sido silenciadas, no con quienes ostentan poder y sus privilegios.
Y eso, precisamente eso, es lo que más duele: constatar que cuando el poder está en juego, la justicia es lo primero que se sacrifica. Las mujeres estamos hartas de discursos vacíos disfrazados de feminismo; no queremos palabras, ni misericordia, queremos y exigimos derechos. Queremos mujeres en el poder con poder, con empatía y con valentía. Exigimos autoridades que actúen desde la transparencia y el compromiso real con la justicia. Porque mientras nos siguen prometiendo igualdad en conferencias de prensa y cortando listones, nosotras seguimos enfrentando, día tras día, un sistema lleno de trabas para ejercer nuestro derecho más básico: vivir libres de violencia. Por increíble que parezca, nunca, nunca más contarán con nuestro silencio.