¡Los primeros ante el juez!

Mientras el gobierno de Pablo Lemus enfrenta problemas polémicos como los casos de Teocaltiche y Teuchitlán, así como las quejas por los cortes en el servicio de agua, hay un tema que debe ser atendido y sancionado de forma contundente para sentar las bases del combate contra la mala administración o corrupción.

Desde hace un mes brotaron presuntas anomalías en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (Cecytej).
Hay dos versiones.

La primera: hay señalamientos de supuesto acoso laboral y violencia de género por parte del director Augusto Valencia. Representantes sindicales afirman que existió violencia contra trabajadoras, además de despidos injustificados, trato discriminatorio y un mal manejo de las finanzas.

De existir pruebas, el titular del organismo debe ser separado y sentado ante un juez para enfrentar un proceso penal, no sólo administrativo.
La segunda: hay señalamientos de que la pasada administración heredó una red de corrupción, encabezada por el sindicato del colegio. Se asegura que había un esquema bien armado donde trabajadores obtuvieron varios millones de pesos en diferentes pagos por servicios que se ofrecían a los estudiantes, como la adquisición de libros de texto, fotografías, togas, uniformes. Hasta extorsiones a las cafeterías y la manipulación de plazas laborales se denuncian.

Sobre los libros, aparentemente la red de corrupción operaba con la validación selectiva de editoriales, que permitió desviar más de dos millones de pesos, por lo menos. Se afirma que las máquinas de comida en los planteles fueron parte del botín, con sus ganancias repartidas entre funcionarios presuntamente ligados al sindicato. Y que servidores públicos gestionaron la adquisición de un seguro de vida con una empresa señalada de fraude en Puebla y lo pagaron 600 mil pesos más caro.

Todos los señalamientos son graves. Y los últimos tienen sustento.
Por eso urge que la Contraloría de Jalisco y la Fiscalía Anticorrupción intervengan y apliquen las primeras sanciones, demostrando que no hay intocables en la administración estatal.

Sería el primer caso sancionado en la presente gestión y un ejemplo de cómo se actuará contra los malos funcionarios durante los siguientes seis años.
¡A la espera!