El viernes de la semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) que es uno de los brazos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas, por las Desapariciones Forzadas ocurridas en territorio nacional.
La buena noticia es que esta acción podría llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, y visibilizar de manera internacional uno de los tormentos más asediantes que vivimos en nuestro país, con más de 123 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El presidente del CED, Olivier De Frouville, declaró haber recibido “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”. Desde luego, el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, encendió las alarmas internacionales.
Tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –el de la política de abrazos, no balazos–, en México se registraron 51 mil 703 casos de personas desaparecidas (datos del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas). En comparación con algunas de las dictaduras más violentas de América Latina, los casos de desaparición en el país son exorbitantes; Chile: 3 mil 200, Argentina: 15 mil, Bolivia: 486.
También la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) urgió al gobierno mexicano a actuar ante el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Fernando Carrera, representante del organismo en México dijo que es momento de resolver este problema y encontrar una legislación que les proteja, por lo que se necesita una respuesta institucional clara.
Sobre lo anterior, en la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa, junto a dos compañeras de la bancada del PRI, para la protección de las infancias ante los fenómenos de desaparición, reclutamiento y homicidio, aumentando penas para quienes cometan estos delitos, reconociendo en la ley los derechos de las niñas, niños y adolescentes y aumentando los recursos para acciones de prevención. Como todo lo que propusimos, Morena lo mandó a la congeladora, sólo por venir de la oposición.
No es casualidad que dos de los organismos más importantes a nivel internacional pidan cuentas al gobierno mexicano sobre este delicado problema. Izaguirre desnudó la crueldad de la violencia, y la incapacidad de las autoridades. En medio de un entorno de omisiones, parálisis, desacreditaciones, y lavado de manos, la intervención de ONU y UNICEF exhibe el desinterés de los gobiernos morenista y emecista para poner fin a la crisis que ha separado a miles de familias en México y Jalisco.