Explotación sexual infantil: prevenir y proteger desde los derechos humanos
La explotación sexual infantil es un delito y una grave violación de derechos humanos que afecta a niñas, niños y adolescentes (NNA) en todo el mundo, incluyendo México. Representa una violación directa a derechos como la dignidad, la integridad personal y la protección especial a la niñez y adolescencias.
Para concientizar sobre esta problemática, combatirla y promover la implementación de medidas preventivas y erradicarla, se han establecido diversas fechas conmemorativas a nivel nacional e internacional. A pesar de ello, las cifras demuestran que este flagelo va en aumento. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México lidera las cifras de abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de casos reportados. Entre enero de 2015 y junio de 2023, 33.9% de las víctimas de trata de personas en nuestro país fueron NNA, de las cuales, 74% fueron mujeres. Además, en 18 planteles educativos en diversas entidades del país se documentó violencia sexual extrema.
El sector digital se ha convertido en un nuevo escenario de riesgo. El auge de las redes sociales y el anonimato en línea facilitan la captación de víctimas. Es urgente que los estados regulen y supervisen estas plataformas, implementen mecanismos de protección infantil más efectivos y sancionen la difusión de material.
Abordar este problema exige una respuesta integral que vaya más allá de la sanción penal. Es necesario que el Estado garantice acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas. Además, se requieren políticas públicas de prevención que incluyan educación sexual integral, capacitación a personas funcionarias y servidoras públicas, campañas de sensibilización para la sociedad, y la promoción y difusión de sus derechos.
Para garantizar una verdadera protección de los derechos de NNA frente a la explotación sexual, es fundamental adoptar un enfoque basado en la prevención, protección y reparación del daño. La impunidad y la falta de atención a las víctimas no sólo perpetúan el ciclo de violencia, sino que también envían un mensaje peligroso de tolerancia social hacia estos delitos. Como sociedad, debemos exigir a las autoridades rendición de cuentas y promover la creación de espacios seguros donde la niñez y las adolescencias puedan crecer libres de violencia y con pleno ejercicio de sus derechos.
El Estado tiene la obligación de garantizar una respuesta institucional eficiente que incluya protocolos claros de atención a víctimas, reparación integral del daño, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas y capacitación a policías, docentes, agentes del Ministerio Público, personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Salud y jueces. La corrupción y la revictimización en los procesos judiciales desalientan las denuncias y perpetúan la impunidad.
La prevención debe comenzar con la educación y la concienciación. La educación sexual integral en las escuelas es clave para que niñas, niños y adolescentes identifiquen el abuso, sepan cómo denunciarlo y conozcan sus derechos.
Más allá de las sanciones penales a los agresores, la reparación integral del daño debe ser una prioridad. Esto incluye atención psicológica especializada, apoyo legal y medidas de reintegración social, para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. La revictimización, la estigmatización y la falta de recursos adecuados dificultan este proceso y, en muchos casos, condenan a las personas sobrevivientes a una vida de marginación y sufrimiento.
Es esencial implementar y hacer cumplir las leyes que protegen a la niñez y adolescencias, y sancionen a los perpetradores de estos delitos. Desarrollar programas educativos que informen a niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos y cómo protegerse. Involucrar a organismos de la sociedad civil, autoridades y ciudadanía en la detección y prevención de casos, y promover la cultura de la denuncia.
La explotación sexual infantil no es un problema aislado ni exclusivo de ciertos sectores sociales; es una violación sistemática de derechos humanos que requiere una respuesta coordinada y contundente desde el Estado, la sociedad civil organizada y las y los ciudadanos. No basta con conmemorar fechas o aprobar leyes, es necesario exigir acciones concretas que garanticen la seguridad, el bienestar y el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencias.
En la CEDHJ trabajamos todos los días para contribuir a la garantía, prevención, salvaguarda y restitución de los derechos de la niñez en Jalisco, mediante estrategias de defensa, desarrollo institucional, cultura y gobernanza. Todas y todos tenemos el deber de proteger la dignidad humana de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es su derecho vivir seguros y libres de explotación sexual. Seamos protectores de su dignidad y futuro.
