Laura Haro Ramirez

Cuando Morena presentó la reforma al Poder Judicial como una oportunidad histórica para acercar al pueblo al proceso de designación de juzgadores, advertimos los enormes riesgos que acompañaban una reforma de este calado, como la evidente intromisión de gobiernos, partidos, intereses privados y por supuesto, de la criminalidad. Sabíamos que el ejercicio se prestaba a la farsa y la opacidad, pero lo que descubrimos la semana pasada, rebasó todos los límites.
En Nuevo León, Estado gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano, de acuerdo con múltiples denuncias y testimonios, empleados de la nómina estatal son presionados para participar en la votación del próximo 1 de junio, bajo amenazas veladas y condicionamientos administrativos. Al más puro estilo de Morena, les exigen acudir a las urnas con –al menos– diez personas acarreadas, ¿los votos? Dada la complejidad de la elección, han dado paso a la Operación Acordeón.
Con listados precisos, cada uno de los empleados estatales y sus acarreados, sabrán por cuáles perfiles votar; ¿quiénes encabezan las listas? Candidaturas afines a Morena y Movimiento Ciudadano que no sólo carecen de independencia judicial, sino que representan una subordinación descarada al poder. Quienes advertimos que esta elección sería cualquier cosa menos libre, no nos equivocamos.
El pacto de no agresión entre Movimiento Ciudadano y Morena que comenzó desde antes de la pasada elección presidencial, se vuelve cada vez más evidente, con una dirigencia nacional entregada, callada y temerosa ante el régimen, pero constantemente envuelta en una disputa contra la oposición. La elección judicial ha quedado completamente deslegitimada al tiempo que se sella una alianza guinda y naranja.
Y lo más grave del asunto es que no estamos ante una mera elección irregular. Estamos frente a una vulneración profunda del Estado de Derecho. Si la justicia comienza desde su origen con el sello de un partido político, ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que su acceso a ella será libre, imparcial y autónoma? El Poder Judicial, que alguna vez fue el engrane más importante de la legalidad y el equilibrio nacional, está a días de ser secuestrado como parte de un experimento autoritario.
De todo esto, quedan al menos dos lecciones valiosas para el país. La primera, que nunca debemos olvidar, es que si la justicia nace amañada, todo lo que emane de ella será ilegítimo; la segunda se vuelve indispensable para la praxis del día a día: la mercadotecnia de hoy nos quiere vender rostros frescos, la nueva política , pero como Samuel García y la camarilla de Movimiento Ciudadano, resultan ser una máscara y nada más. Todo cae por su propio peso.

Laura Haro

La operación acordeón

En los tiempos de hoy, todos los días hay noticias que le vuelan la cabeza a uno. En los Estados Unidos, el productor de televisión Rob Worsoff lanzó una propuesta de un nuevo reality show titulado &#8221; The American &#8220;, en el que migrantes competirían por la ciudadanía estadounidense. Aunque la idea de Worsoff desató una ola de críticas dentro y fuera del país, el Departamento de Seguridad confirmó que se encuentra evaluando la propuesta. 
Aunque descartaron que la secretaria Kristi Noem no está involucrada en el proyecto, sorprende la propia idea de someter a revisión una propuesta que reduce los derechos fundamentales de las personas y la dignidad humana a un mero entretenimiento para la televisión estadounidense.
De acuerdo con el sitio de noticias Vanity Fair , los participantes serían juzgados por su capacidad para superar desafíos diseñados para medir su &#8220;americanidad&#8221;, como ensamblar un Ford Modelo T o participar en competencias de minería al estilo de la fiebre del oro, y como lo mencioné anteriormente, las personas ganadoras obtendrían su ciudadanía en los Estados Unidos.
El hecho es que este tipo de propuestas no son aisladas, son un reflejo del discurso. La administración de Donald Trump ha sido criticada por utilizar la migración como herramienta política, mediática y de control. Para ejemplo los casos en los que las redadas de migración han sido tratadas como eventos televisivos, con medios alineados a Trump, acompañando a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y transmitiendo las operaciones en vivo.
Pero esta propuesta del reality show se enmarca en un contexto más amplio de políticas que han sido señaladas por socavar los derechos de los inmigrantes. Recientemente, se han propuesto recortes a programas de asistencia social como Medicaid y cupones de alimentos, o más recientemente, la imposición de aranceles del 5% a las remesas.
Hacer de la lucha por la ciudadanía un espectáculo televisivo, deshumaniza a quienes buscan una vida mejor. Quien sale de su país de origen hacia los Estados Unidos, lo hace porque el dinero no alcanza, obligados por la violencia o por desplazamientos estructurales. En sí, quienes migran son los menos culpables de su situación, y constantemente son blanco de violaciones a sus derechos, ahora también, son usados como herramientas de propaganda política.
Mientras tanto, la pregunta que nos hacemos de este lado del Río Bravo es, ¿qué ha hecho Morena en más de seis años para frenar la migración? Y no me refiero al envío de elementos de la Guardia Nacional a los bordes fronterizos, sino al combate de las causas que originan este fenómeno, como la falta de oportunidades, la violencia exacerbada, la pobreza en las comunidades y muchos otros más. En tanto que sigan durmiendo el sueño de los justos, nuestros paisanos continuarán siendo un blanco fácil de los abusos en Estados Unidos.

Un reflejo del discurso

Recordará la llamada “Austeridad Republicana”, uno de los mantras más repetidos del lopezobradorismo y Morena. No se puede negar que el discurso de eliminar privilegios, cortar el dispendio y enfocar el gasto en quienes más lo necesitan es potente y cautivador, sin embargo, en política todo pasa por un filtro que separa la verdad de la mentira, y es imposible no ver la farsa construida desde Palacio Nacional.
Bajo el cantar de austeridad, Morena justificó recortes a instituciones, desaparición de organismos y también se apropió de grandes fideicomisos. Igualmente ha sido un mecanismo inmejorable para concentrar el poder, los recursos y establecer una realidad disfrazada y plagada de ideología; aunque, ciertamente, los gobiernos de Morena han sido todo, menos austeros.
En el sexenio anterior, el dinero de México se fue a tres grandes rubros: transferencias sociales, rescates a empresas estatales y megaproyectos. En 2024, La creada Secretaría del Bienestar multiplicó en más de tres veces su presupuesto superando los 522 mil millones de pesos; la Secretaría de Energía aumentó su gasto dos mil 255% destinando la mayoría de los recursos a Pemex, que continúa siendo un barril sin fondo con pérdidas multimillonarias, mientras que la Secretaría de Turismo aumentó cerca de mil por ciento su gasto para fondear al Tren Maya.
En contraparte, mientras estas secretarías nadaban en el dinero de los mexicanos, otras dependencias fundamentales padecían el abandono de la austeridad republicana: Salud, en medio de crisis como la pandemia, la crisis de desabasto de medicamentos y el regreso de enfermedades erradicadas, ejerció en 2024 un 60% menos que en 2018,
En seguridad la cosa no dista mucho. Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del 2025, Morena recortó 36.2% los recursos destinados a la protección de las mexicanas y mexicanos, pese a que en el país se contabilizan 216 mil 395 homicidios durante los gobiernos de la 4T. Otros damnificados de la austeridad republicana en esta materia, los extintos FORTASEG y FORTAMUN, fondos dedicados a la seguridad municipal, justo donde hoy se desarrolla como nunca antes la violencia.
Y ¿cómo hablar de austeridad republicana, cuando al cierre de este sexenio, la deuda de Morena será de 26 a 30 billones de pesos, y en tan sólo 6 meses de la actual administración federal, la deuda pública de México aumentó 1.1 billones de pesos? Si me permite una segunda pregunta, ¿ha visto un peso bien invertido en su colonia, en el suministro de agua o en seguridad? Si no, lamento informarle que la austeridad de Morena es simplemente una redistribución del gasto a conveniencia.
En cada oportunidad, aprovechan para decir que no son iguales, y lo cierto es que no lo son. Son peores, porque lograron perfeccionar aquello que México ya no quiere: la ineficiencia, la corrupción y la opacidad. Morena no fue austera. Fue selectiva. Y su supuesta cruzada contra el despilfarro ha terminado siendo, paradójicamente, una de las más costosas de nuestra historia. La factura la pagaremos por años.

La falsa austeridad de Morena: el discurso que no resiste los datos

La semana pasada, la confrontación entre el expresidente Ernesto Zedillo y la actual Presidenta, imperó en la conversación pública. El asunto estalló cuando el expresidente publicó el artículo “México: de la democracia a la tiranía”, en la revista Letras Libres, donde argumentó el fin de la democracia a raíz de la reforma al Poder Judicial, pues ningún país democrático elige a sus juzgadores de esta manera, y esta elección no garantiza un paso en pro de la justicia, sino un retroceso. Como era de esperarse, la publicación no cayó nada bien en Palacio Nacional.
Cuando el tema llegó a la conferencia matutina, la mandataria hilvanó el contraataque al más puro estilo aprendido de su antecesor, más calumnia que argumento; en realidad muchas calumnias y pocos argumentos. De un asunto enclavado en la Reforma Judicial, se desvió la atención al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, una cancha donde Morena siente jugar de local.
Sin embargo, el intento de la Presidenta de desviar la atención de lo fundamental hacia lo narrativo, no salió como esperaba. Mientras ella acudió a cuestionar su autoridad moral por su participación en el Fobaproa –siempre el sello de Morena–, la respuesta de Zedillo fue por demás inteligente, invitó a la mandataria a abrir su administración (1994 &#8211; 2000) y la de Andrés Manuel López Obrador para someterlas a auditorías, pues garantizó que las obras faraónicas del pasado sexenio están plagadas de opacidad e irregularidades.
También le recordó que en aquel momento, el Fobaproa fue sometido a una auditoría internacional e independiente, que quedó a cargo del auditor canadiense Michael W. Mackey, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 23 de septiembre de 1999. Ante ello, Morena activó la estrategia “mutis” y optó por hablar mejor de la pensión del expresidente, pues saben que el endeudamiento heredado por López Obrador es superior a los 6.5 billones de pesos, y el actual sexenio terminará con una deuda de 9 billones de pesos adicionales.
Si el costo inicial de la deuda del Fobaproa en 1998 fue de 572 mil millones de pesos, pagaderos –según estimaciones– hasta 2042, ¿cuánto tiempo le tomará a México pagar la deuda de Morena?
Para el partido en el poder, todo este asunto resulta un callejón sin salida, pues en sus filas radican varios implicados como Ignacio Mier y Javier Corral, actuales senadores por Morena. Miguel Ángel Navarro, hoy gobernador morenista de Nayarit, y Patricia Armendáriz, actual diputada guinda, que en aquél entonces fungía como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros.
Por otro lado, pesa la pregunta, ¿si es tan perjudicial el Fobaproa, por qué seguir pagando? Si ha sido el mismo PRI quien en distintas ocasiones, en la persona del diputado Rubén Moreira ha propuesto la ruta legal para cancelar los pagos, pues la banca ha recibido más del dinero que se dijo se debía, y en cada una de las ocasiones, Morena ha desechado la propuesta. Habrían de explicar por qué la negativa.
La confrontación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo, un hombre que se ha mantenido alejado de los reflectores, revela un choque entre visiones y filosofías, pero también desnuda a un régimen autoritario que ataca a las voces disidentes con el gran peso del Estado, con tal de mantener a flote la legitimidad de una narrativa cada vez más debilitada.

Más calumnia que argumento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que para 2030, el Gobierno de México heredará una deuda de 28.9 billones de pesos. Esto representará poco más del 61 por ciento del Producto Interno Bruto del país. En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, la deuda era de 12.6 billones de pesos; es decir, los gobiernos de la 4T en dos sexenios la habrán aumentado en más de 16.3 billones, sin embargo, Morena ha tomado a la ligera estas advertencias.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, cada mexicano pasará de “deber” 100 mil pesos en 2018, a 209 mil pesos en 2030; esto si se dividieran las obligaciones de México entre cada uno de sus habitantes. Aunque a ninguna y ninguno de nosotros nos corresponde pagar de nuestro bolsillo esa cantidad, sí nos afecta directamente un mayor endeudamiento nacional, pues se ve reflejado en menor inversión en seguridad, salud, infraestructura, educación y en cada una de las áreas que conforman el funcionamiento adecuado del país.
Ahora, ¿por qué digo que Morena ha tomado a la ligera las advertencias del FMI? Porque durante la inauguración de las obras del tren de carga del Tren Maya, en Progreso, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las proyecciones del organismo. Específicamente ahí, en un escenario favorable, porque de haber estado ante una convención de economistas, empresariado o inversionistas, todo hubiera sido distinto.
La presidenta dijo que el Fondo Monetario Internacional no entendió todavía que a México ya llegó la Cuarta Transformación, que aquí ya se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios y el dinero del pueblo se le regresa al pueblo en forma de derechos. Su postura contrasta con los datos y análisis del FMI y de distintas instituciones financieras, pero no deja de sentirse hueca, porque al final de cuentas la deuda está ahí, creciendo día a día.
Afirmar que se acabó la corrupción y los privilegios, no se traduce automáticamente en una mejora sustancial de las finanzas públicas. Los datos indican que los ingresos de la administración pública han disminuido como proporción del PIB, mientras que el gasto ha aumentado a costa del endeudamiento. Porque seamos claros: la retórica no paga la deuda, así como cuando por años se presumía que México tenía al presidente más popular del mundo, pero los asesinatos continuaban en un dramático ascenso.
El delicado panorama económico del país no es una cuestión emergente de los últimos meses y embates de Estados Unidos, sino los síntomas de una pésima administración. Por ejemplo: con Morena se han registrado las mayores pérdidas económicas de Pemex y CFE, tan sólo en 2024 perdieron 620 mil 605 millones de pesos y 271 mil millones de pesos respectivamente, ahora imagine lo que se ha perdido en todo un sexenio. Quedan poco más de 5 años de gobierno de Morena; todo indica que el descalabro financiero será abrumador, y usted ya sabe quiénes pagaremos los platos rotos.

La retórica no paga la deuda

Recientemente un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, reveló que más de un centenar de cuentas en TikTok han sido utilizadas para hacer propaganda y reclutar a jóvenes para actividades ilegales. Esta no es una anécdota aislada, es una llamada de atención para todas las personas. ¿Qué están consumiendo nuestros jóvenes? ¿Qué riesgos corren en las redes?
Lo que alguna vez vimos como una ventana de oportunidades para la información y el entretenimiento, se ha convertido en una puerta de entrada a un mundo de riesgos tan silenciosos como devastadores para las familias. La normalización de la violencia como primer paso, y la glorificación de la misma como el segundo, atrapan sin tregua a infancias, adolescentes y jóvenes, con falsas promesas de poder, dinero y estatus. 
Debemos comprender que por su propia etapa de desarrollo, nuestros hijos, sobrinos, hermanos y nietos están en una búsqueda constante de identidad, pertenencia y validación. Es justamente allí donde se encuentra un terreno vulnerable para sembrar el mal.
Ya no basta con confiar en que las nuevas generaciones saben lo que hacen en internet. La supervisión activa y la creación de un ambiente de diálogo deben ser parte de la vida cotidiana. No se trata de espiar ni de prohibir sin sentido, sino de formar un criterio y acompañar con límites sanos.
No obstante, no todo recae en la familia. Las autoridades y las instituciones educativas también tienen una enorme responsabilidad. Las plataformas digitales deben ser obligadas a desarrollar sistemas de monitoreo más eficaces para detectar contenido ilícito o que promueva la violencia. Al mismo tiempo, los programas de educación deben ser reformados para incluir una educación digital crítica y segura, que le ayude a las y los estudiantes a reconocer y rechazar estos peligros.
Innegablemente estamos ante una realidad en la que la ilegalidad ha adaptado sus métodos al mundo digital, y las y los más jóvenes son su objetivo. Es tiempo de actuar.

Los peligros de la red

El viernes de la semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) que es uno de los brazos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas, por las Desapariciones Forzadas ocurridas en territorio nacional.
La buena noticia es que esta acción podría llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, y visibilizar de manera internacional uno de los tormentos más asediantes que vivimos en nuestro país, con más de 123 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El presidente del CED, Olivier De Frouville, declaró haber recibido &#8220;información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México&#8221;. Desde luego, el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, encendió las alarmas internacionales.
Tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –el de la política de abrazos, no balazos–, en México se registraron 51 mil 703 casos de personas desaparecidas (datos del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas). En comparación con algunas de las dictaduras más violentas de América Latina, los casos de desaparición en el país son exorbitantes; Chile: 3 mil 200, Argentina: 15 mil, Bolivia: 486.
También la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) urgió al gobierno mexicano a actuar ante el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Fernando Carrera, representante del organismo en México dijo que es momento de resolver este problema y encontrar una legislación que les proteja, por lo que se necesita una respuesta institucional clara.
Sobre lo anterior, en la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa, junto a dos compañeras de la bancada del PRI, para la protección de las infancias ante los fenómenos de desaparición, reclutamiento y homicidio, aumentando penas para quienes cometan estos delitos, reconociendo en la ley los derechos de las niñas, niños y adolescentes y aumentando los recursos para acciones de prevención. Como todo lo que propusimos, Morena lo mandó a la congeladora, sólo por venir de la oposición.
No es casualidad que dos de los organismos más importantes a nivel internacional pidan cuentas al gobierno mexicano sobre este delicado problema. Izaguirre desnudó la crueldad de la violencia, y la incapacidad de las autoridades. En medio de un entorno de omisiones, parálisis, desacreditaciones, y lavado de manos, la intervención de ONU y UNICEF exhibe el desinterés de los gobiernos morenista y emecista para poner fin a la crisis que ha separado a miles de familias en México y Jalisco.

Organismos internacionales urgen a México a actuar

Este domingo iniciaron las campañas para la primera elección judicial en México. Durante los próximos 59 días, más de 3 mil 400 candidatas y candidatos competirán por 881 cargos del Poder Judicial. Este proceso inédito llega en un momento de conmoción para el país, donde parte del debate se centra en el papel de la justicia mexicana; entonces la pregunta es, ¿estas elecciones fortalecen la justicia? 
La respuesta es sencilla, simplemente no. Porque la elección judicial llama a votar el próximo 1 de junio por jueces, magistrados y ministros, hasta ahí. Podría decirse que se “democratizan” los cargos más altos del Poder Judicial, pero se dejan de lado los cargos esenciales para que se haga justicia, principalmente los ministerios públicos y las fiscalías estatales.
En enero de 2024, México Evalúa documentaba que la Fiscalía de Jalisco resolvió 1 de cada 10 carpetas de investigación que inició en ese mismo año. De las 173 mil 206 denuncias recibidas, 131 mil 694 derivaron en la apertura de una carpeta de investigación; lo que quiere decir que en ese año, únicamente 13 mil casos fueron resueltos, todo lo demás se sumó al rezago que año con año continúa creciendo. 
Esta baja eficiencia de las fiscalías se explica por la saturación de las y los agentes ministeriales, que son quienes se encargan de ejercer la acción penal y solicitar la reparación del daño ante la autoridad judicial, entre otras atribuciones. De tal forma que entre enero y diciembre de 2023 a cada agente ministerial le fueron asignadas 169 carpetas de investigación, y como bien pudieron investigar un robo a persona por la mañana, hacia el mediodía indagan un homicidio, y en la tarde un caso de drogas.
Para efectos prácticos un ejemplo: el caso Teuchitlán. A todos queda claro que hubo omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco y de la FGR, y aquí el punto medular es que el caso jamás llegó a un juez, mucho menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se atascó en las fiscalías, justo en el olvido de la elección judicial.
Durante la presentación de la iniciativa y su discusión, se advirtió continuamente que para fortalecer la justicia había que poner el foco ahí, en las fiscalías y ministerios públicos, de lo contrario se trataba de un ejercicio del régimen para tener un Poder Judicial a Modo, uno que no dé marcha atrás a ninguna de sus reformas; y eso es lo todo parece indicar.
Este proceso electoral presenta tres desafíos complejos, motivar a la ciudadanía a participar; el INE estima una participación de entre el 8% y 15% del padrón electoral, el segundo, el hecho de llegar a la casilla y recibir 6 boletas plagadas de nombres y cargos completamente desconocidos para la ciudadanía, y el tercero, ante los recortes presupuestales, la notable disminución de casillas para acudir a votar. 
Sea cual sea el caso, esta no es la reforma judicial que México necesita. La elección de jueces, magistrados y ministros no aliviará la justicia.

Esta elección no es ni un mejoralito

El sábado pasado, la portada del periódico La Jornada llamó poderosamente mi atención: Racionan el agua a uno de cada tres hogares en México. Vaya realidad; para el 33% de los hogares mexicanos, abrir la llave no es garantía de recibir este líquido vital para la vida, y la situación parece no mejorar, sino todo lo contrario. Cada vez son más las alertas sobre territorios en crisis hídrica.
En Jalisco, el jueves, Mural exhibía una de las mentiras más grandes del pasado gobierno de Movimiento Ciudadano en su nota “¿Agua para 50 años? El Zapotillo no opera”. Ahí se daba cuenta que la presa inaugurada el pasado 17 de agosto de 2024, no entrega ni una gota de agua de los 3 mil litros por segundo prometidos para el Área Metropolitana de Guadalajara por el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Tras ocho meses de su inauguración y el nulo beneficio para los casi 6 millones de habitantes de la metrópoli, aquella declaración victoriosa del exgobernador, de agua para los próximos 50 años, se desdibuja de forma vergonzosa, mientras que colonias enteras padecen de la escasez y la mala calidad del agua, lo que genera pérdidas económicas, problemas de salud pública y conflictos sociales. 
Otro asunto que preocupa es el estado de la red del SIAPA en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, donde el 40 &#8211; 50% del agua se pierde en fugas que permanecen en el olvido a pesar de los reportes ciudadanos por la falta de equipo, equipamiento y voluntad.
En esa misma cancha se encuentra el Acueducto Chapala &#8211; Guadalajara, que a decir de Ernesto Marroquín, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, cuenta con 35 años de antigüedad y una vida útil de máximo 40, por lo que existe la posibilidad de que en cualquier momento colapse… y agárrese, porque no hay hasta ahora un proyecto en marcha para sustituirlo, sino que el plan del funcionario ante la catástrofe es que si eso pasa, mejor nos cambiamos de ciudad.
Desde ahora, el asunto del agua será una constante para el futuro. Cada vez más apreciada y más escasa. Si bien a los ciudadanos nos corresponde la parte de tener un consumo socialmente responsable, a las autoridades les toca hacer una buena gerencia del agua, algo que hasta hoy, los gobiernos naranjas no han demostrado, con un SIAPA colapsado financieramente y con un servicio de pésima calidad. 
Toca entender que hay una autoridad responsable del agua que no ha hecho su trabajo y quiere solucionarlo cobrando más por lo mismo; definitivamente esta no es la ruta a seguir. La crisis hídrica no se resuelve con mentiras, sino con acciones estratégicas. De otra forma, seguimos avanzando rápidamente hacia la triste hora cero.

La mentira del agua para 50 años