Jonás

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente a nuestro país, México. En una reciente entrevista en Fox News (una empresa de comunicación que ha sido abiertamente aliada de Trump y su movimiento), Trump emitió una opinión matizada: “México creo que está muy, muy asustado de los cárteles. De hecho, creo que los cárteles controlan grandes secciones de México y no quiero decir eso porque me llevo muy bien con la presidenta”. Pero lo dijo.
La cuestión no si Donald Trump dice verdades o mentiras. 
Claro que los cárteles del narcotráfico han establecido control e influencia en amplias zonas del país, aunque no se pueda firmar si se trata del 40% del territorio nacional u otra cifra.
Y por otra parte, debe dudarse si tomar como un halago o una declaración positiva su reserva “porque me llevo muy bien con la presidenta”. Si fuera tanto su respeto por la relación con la presidenta mexicana, le habría informado de la aplicación de aranceles a los jitomates que se exportan a Estados Unidos en el marco de un acuerdo legal desde 1996.
El conflicto retórico para establecer quién tiene más culpa por el crecimiento del crimen organizado en México, no conduce a ningún lado.
Tan cierto es que no ha parado el tráfico de armas desde Estados Unidos a México, para fortalecer a los cárteles de la droga, como es verdad también que las autoridades mexicanas fallaron rotundamente el sexenio anterior con la política “abrazos, no balazos”, impuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
El discurso de Donald Trump conduce nuevamente a una discusión que se ha instalado en nuestro país y que se expresa en una pregunta: ¿Debe permitirse, en colaboración con los Estados Unidos, que se combata con armamento, tecnología y personal de sus fuerzas armadas, el combate al crimen organizado en territorio nacional?
Mientras se debate si los cárteles son o no, organizaciones terroristas; mientras se cuestiona porqué en Estados Unidos consumen las drogas que se trafican desde México; mientras se exige que dejen de enviar armas y se analiza el fracaso de la aplicación de la legalidad en nuestro país, lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue en su carrera contrarreloj: debe combatirse más y con mejores resultados, a los cárteles en México, mientras estos se tornan cada vez más violentos y retan abiertamente al Estado mexicano. Claro que hay miedo. Eso ya lo saben todos.
Lo que falta son resultados.

Trump: México le tiene miedo a los cárteles

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su afán de retomar los temas que son importantes para la ciudadanía, recién presentó una iniciativa de manera pública: eliminar el cobro de cuotas en las carreteras del país durante el período vacacional.
La iniciativa ha tenido un impacto inmediato. Incluso, se adelantaron a Morena que se ha convertido en el partido que abandera todas las causas de carácter económico en beneficio de la población.
De acuerdo con lo propuesto por la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, deben eliminarse los cobros en caseta de todas las carreteras federales en los períodos oficiales de vacaciones. 
Inmediatamente, los comités estatales priístas en el país han impulsado la iniciativa y Jalisco no ha sido la excepción.
La presidenta del partido tricolor en nuestra Entidad, Laura Haro Ramírez, anunció desde la sede priísta que apoyan esta iniciativa para beneficio no sólo de la economía de los turistas nacionales –asegura que la mayoría de los paseantes se mueven vía terrestre– sino que también beneficiaría la economía de las principales regiones turísticas de Jalisco: ribera de Chapala; Los Altos y las zonas de playa en la Costa Sur y región Puerto Vallarta, además de la Sierra Occidental.
La idea es buena. Suena bien. Pero hay un problema: ¿Atenderán en Morena y el bloque de sus aliados una iniciativa como esta?
Es posible que después de la negociación evidente para que Alejandro Moreno evitara el juicio político, por lo que los diputados del PRI votaron a favor de que tampoco se iniciara este procedimiento contra Cuauhtémoc Blanco, haya quedado un “puente comunicante” entre las dos fuerzas políticas.
Mucho tendrá que opinar en este tema el coordinador de los diputados morenistas en la Cámara Baja, Ricardo Monreal Ávila, pues una iniciativa como ésta impactará directamente en las empresas concesionarias de las carreteras de cuota, que se han visto beneficiadas durante décadas con esta prestación. Todavía se recuerda que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que se establecieron los contratos más jugosos para la operación de carreteras de cuota a cambio de darles mantenimiento. 
Si la iniciativa avanza, todavía queda ver qué negociaciones se harán sobre el tema.

El costo de las carreteras

El último de los grandes escritores latinoamericanos, Mario Vargas Llosa, murió el fin de semana en su natal Perú. Tenía 89 años de edad y detrás, una larga y plena vida. En el mundo de las letras lo consiguió todo, incluido el Premio Nobel de Literatura que le fue otorgado en el año 2010.
Mucho se comentará, analizará y recordará de Vargas Llosa, el escritor. 
Pero en este espacio, quiero referirme así sea brevemente, a Vargas Llosa el político. En este terreno fue un férreo defensor de sus posturas; un crítico permanente y nunca silenciado de todo lo que consideró equivocado y falso; se opuso a los gobiernos autoritarios y a los dictadores, y le echó en cara a los movimientos de izquierda sus incongruencias y discursos populistas. Sin embargo, también incursionó en la política activa y su más amarga experiencia, la elección presidencial del Perú en 1990 en la que fue derrotado por un desconocido Alberto Fujimori, lo orilló a dejar abruptamente su actividad política y desde entonces se autoexilió en España, donde se concentró en su quehacer literario y como analista, principalmente de lo que pasaba en América Latina.
Esa derrota, probablemente, le dio a las letras hispanas a uno de sus más prolíficos autores. Pero eso es una mera especulación. Quien desee adentrase en esa aventura política puede leer la obra del mismo Vargas Llosa: “El pez en el agua”, en la que narra lo sucedido con base en su memoria y vivencias. 
Pero el peruano le dejó a los mexicanos una muy profunda reflexión sobre nuestro sistema político, nuestra democracia siempre incipiente y en riesgo, al acuñar la figura de “la dictadura perfecta”, que presentó en el encuentro “La experiencia de la libertad”, televisado en 1990 en una mesa en la que participaron otros personajes como Octavio Paz, figura central de nuestra cultura y de aquella época hegemónica del PRI.
Vargas Llosa destacó en esa declaración –que tanta incomodidad provocó– que en México había una dictadura perfecta, ejercida por un partido que simulaba democracia pero imponía sus condiciones y eliminaba todo lo que le significaba crítica y riesgo de pérdida del poder.
A 35 años de ese episodio, y después de haber experimentado la alternancia, vale la pena preguntarnos si estamos regresando a lo mismo. 
La democracia y la alternancia nos han decepcionado. No redujo la desigualdad social; no generó más oportunidades para los desfavorecidos; no eliminó la corrupción y la impunidad y no corrigió los errores en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de salud. La democracia mexicana y la alternancia no mejoró, sobre todo, a la administración pública.
Esa decepción se tradujo en desconfianza y descrédito de los partidos y el quehacer político, y nos regresó al populismo, a la figura todopoderosa en la presidencia, al control del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Estamos regresando a la etapa del partido dominante, sin equilibrio ni competencia. 
Si Vargas Llosa acuñó la idea de la “dictadura perfecta”, el otro Nóbel, el mexicano Octavio Paz, acuñó también la metáfora del “ogro filantrópico”. Quizá estamos alimentando al mismo ogro, pero ahora con diferente nombre.

La muerte de Mario Vargas Llosa

Los diputados que integran el Congreso del Estado están de vacaciones por Semana Santa y por Pascua. Dejaron pendientes de negociar y resolver temas como la reforma al Poder Judicial; la comparecencia del gabinete de seguridad por urgencias relacionadas con desaparecidos y hasta la atención a la reforma para combatir la apología del delito expresada en los narcocorridos y los eventos públicos (con costo) en los que se exalta la figura de delincuentes.
Debe mencionarse también que no le han dado salida a la solicitud de un incremento a las tarifas del agua en el SIAPA, asunto muy importante. Y por si faltara, tampoco han atendido las iniciativas en materia de transparencia antes de que desaparezca el Instituto de Transparencia (ITEI) en junio próximo.
En cambio, sí tuvieron espacio para negociar la siguiente Mesa Directiva. Estará encabezada por la diputada de Morena, Marta Arizmendi. Junto con ella, integrarán la conducción del Congreso las diputadas Itzul Barrera y Norma López Ramírez, además del también morenista Alejandro Barragán.
Será una mesa directiva controlada y dirigida por Morena, aunque no se trata de una sorpresa ni de un “asalto”, sino de una negociación previamente aceptada.
¿Qué están dando a cambio los diputados de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN? Evidentemente no lo han hecho público. 
La actual administración estatal comenzó el 6 de diciembre de 2024 y los gobiernos municipales iniciaron gestión el 1 de octubre, un mes antes de que se inaugurara la nueva Legislatura.
De inicio, se temió una parálisis legislativa porque en las alianzas con fracciones minoritarias, se preveía que Morena y MC establecerían posiciones duras que le dificultarían al gobierno estatal y a los municipios el avance en temas fundamentales y secundarios. 
Rápidamente se demostró que las negociaciones políticas, sobre todo las gestionadas por el gobernador Pablo Lemus, no estaban limitadas al Estado de Jalisco. Con dirigentes nacionales de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, además de las negociaciones que son permanentes con la cúpula de la Universidad de Guadalajara, lo que parecía muy complicado se hizo fácil, sobre todo en lo que fue la negociación del Presupuesto 2025.
Pero los tiempos y los objetivos se modifican velozmente. 
En los últimos meses de 2024 no aparecía todavía el fenómeno Donald Trump o las diferencias internas en Morena que están golpeando los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque se había negociado, la integración de la Mesa Directiva del Congreso estatal anticipa una serie de complicaciones en la gestión pública. La ausencia de acuerdos en temas como los ya citados, puede ser el anticipo de meses complicados a partir del 1 de mayo. 
Los diputados de oposición y los que simpatizan con la administración estatal y los municipios, deben estar conscientes de que lo importante es resolver problemáticas, no imponer agendas, aunque sea lo más fácil.

El Congreso estatal, dominado por Morena

Al iniciar el mes de abril, la nueva rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, era el foco de atención en la agenda mediática de la ciudad y el Estado de Jalisco. En este mismo espacio, “Al buen entendedor”, compartimos algunos de los rasgos más notables de la situación de la Universidad de Guadalajara en el momento de su asunción como primera rectora general de la institución educativa.
Se hizo notar cómo el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, había celebrado la llegada de Karla Planter y estuvo presente en los eventos donde ella fue protagonista.
Pero se propuso: el interés del gobernador va más allá de la simple cortesía. A pesar de una relación cordial con la Universidad de Guadalajara, a pesar del presupuesto constitucional y la oferta de entregar más recursos a la institución para eventos especiales, había que “pavimentar” el camino para futuras circunstancias controversiales. Y ese momento ya llegó.
La relación entre el gobierno estatal y la UdeG vive un nuevo momento de tensión por los recurrentes casos de estudiantes que se denuncian desaparecidos. Ayer mismo se dio a conocer el nuevo caso de un estudiante de preparatoria en El Salto, y desde el fin de semana se renovaron protestas por la desaparición de otro estudiante. Los casos pendientes incluyen a Édgar Axel Ríos Urzúa, de 15 años, Jesús Bryan Huidor Rojo, de 17, y Miguel Alejandro Medina del Castillo, también de 17 años.
La Universidad de Guadalajara ha levantado la voz y no ha permitido que los jóvenes desaparecidos se pierdan en la lista de los muchos jaliscienses en esa condición: los ha identificado como integrantes de la institución y presiona también para que las autoridades resuelvan y los encuentren.
Por otra parte, la UdeG apareció también entre los grandes deudores del SIAPA: le acreditan 900 millones de pesos de deuda con el sistema (números redondos) y la rectora Karla Planter respondió que es injusto acreditarle a la Universidad una deuda por consumo de agua, si se trata de una institución.
Pero el tema tiene otras interpretaciones, porque está probado que el Teatro Telmex y el Teatro Diana, entre otros, que siendo propiedad de la Universidad operan como empresas y obtienen jugosas ganancias, también le adeudan cientos de millones de pesos al SIAPA. 
El gobernador Pablo Lemus le restó importancia al tema y aseguró que lo abordaría con la rectora Karla Planter esta misma semana. La reunión se realizó ayer. Y junto con ellos estuvieron presentes el secretario general del gobierno estatal, Salvador Zamora, y el secretario general de la Universidad, César Barba Delgadillo, además de otros funcionarios. 
Mantener una relación estable, implicará solucionar lo inmediato y prever lo que venga. Las negociaciones apenas inician.

Lemus – Planter: obligada negociación

Justo en la temporada del año en la que empieza a hacerse evidente que habrá cortes de agua en la ciudad, la discusión sobre incrementar o no las tarifas que le cobra el SIAPA a sus usuarios está en una posición candente. Y para no variar, porque en Jalisco tenemos la costumbre de politizar los temas que debieran ser resueltos con criterios estrictamente técnicos y pragmáticos, otra vez el tema está atorado por cuestiones políticas.
Está más que claro que el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado en el tema del aumento en los cobros, y también tiene el apoyo de los gobiernos municipales.
Pero la definición sobre permitir que aumenten en al menos 12% las tarifas, está en la facultad del Congreso del Estado, y los diputados no se han puesto de acuerdo. Desde hace dos semanas se ha ejercido presión para que se autorice el alza antes de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, pero hay muchas resistencias.
Es natural, porque un gran sector de la población se manifiesta en contra de pagar más por algunas razones obvias: la mala calidad del agua (el agua turbia), los cortes que se han hecho regulares y sin previo aviso, y porque hay una deuda de consumidores que ha crecido con el paso de los años hasta llegar a ¡17 mil millones de pesos!
Para el usuario promedio, no se justifica pagar más si no hay compromisos claros para resolver la calidad del líquido. También se interpreta como una gran injusticia que haya grandes deudores, especialmente del sector privado e instituciones públicas, mientras que se ejerce presión sobre los consumidores promedio.
Sin embargo, el aumento en las tarifas es una condición urgente para el SIAPA. Si no se garantizan más ingresos, el organismo está en un punto de quiebre. Sin más recursos económicos, la situación puede empeorar en unas pocas semanas. 
El SIAPA, porque así lo han permitido muchas administraciones y autoridades en el pasado, está en un callejón sin salida. 
Y la ciudad no se puede quedar sin agua. Ni para el consumo humano, ni para la actividad económica e industrial.
El dilema se resolverá, puede usted contar con ello, con la autorización del aumento. La cuestión es mediante qué acuerdos y cuáles serán los compromisos que deben asumir tanto la administración del SIAPA como los gobiernos municipales y el gobierno del Estado. 
Pero éste será apenas un primer paso. Quedan pendiente multitud de tareas: recomposición en la integración del personal del SIAPA (que regresen los técnicos y se vayan los políticos), una política integral y clara de la distribución del agua, tratamiento de aguas residuales y sobre todo, medidas firmes para disminuir el consumo.

El dilema de las tarifas del SIAPA

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, apareció de nuevo ante los mexicanos, invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum a la rueda de prensa mañanera. Le debe a los mexicanos y al mundo una explicación: ¿Qué pasó en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco? Sobre todo después de su escandalosa ausencia cuando convocó desde la misma tribuna a los medios de comunicación, los grupos de buscadores y la ciudadanía en general. Y no asistió. 
Gertz Manero ofreció un par de argumentos que todavía están sujetos a más investigaciones. Según sus propias palabras:
1. No han encontrado evidencias de que en el Rancho Izaguirre hubiera hornos crematorios, aunque sí fue un centro de capacitación y operaciones del cártel criminal que lleva el nombre de Jalisco.
2. Se refirió a “restos humanos”. Habló de los huesos quebrados y la mayoría quemados, encontrados en agujeros en la tierra de la finca por parte de las madres buscadoras que hicieron los hallazgos. De esos “restos humanos”, dijo Gertz Manero que “están muy fraccionados” y en algunos de estos restos “hay huellas de cremación”. 
Las declaraciones del fiscal del país son confusas. 
Descarta categóricamente la presencia de hornos crematorios, pero habla de huesos que son “restos humanos” que presentan “huellas de cremación”. 
¿Hay diferencia entre quemar y cremar?
Alejandro Gertz Manero admite al menos, aunque sea indirectamente, que no sabe cómo definir esto y por eso indicó que deberán esperar a los peritajes de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Y aquí, otra duda: ¿Y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? ¿Sus expertos quedaron descartados para investigar porque el caso se turnó a la FGR?
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, declaró que los famosos centenares de zapatos, mochilas, prendas de vestir y otras prendas, fueron resguardadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Existe un dictamen sobre esto? 
El caso Teuchitlán es un laberinto innecesario.
A estas alturas, tanto el fiscal Alejandro Gertz como la Fiscalía del Estado de Jalisco ya hubieran podido dar explicaciones claras y técnicas, como el período que requiere un peritaje para definir si restos de huesos corresponden a seres humanos o a animales.
Ya hubieran podido difundir también qué se ha hecho con los hallazgos de evidencias en el rancho y qué información oficial existe sobre la catalogación de prendas y zapatos. 
Mínimo, hubieran podido informar qué sí se puede conocer y qué no es publicable, conforme a los establecido en el Cogido de Procedimientos Penales.
Gertz Manero, otra vez en la mañanera de Claudia Sheinbaum, otra vez engolosinado con la certeza de tener la atención nacional, ofreció “abrir” el rancho a los colectivos de buscadores y transparentar las evidencias y las investigaciones. 
Gertz Manero es el fiscal del país. Es el encargado de encontrar “la verdad” sobre el Rancho Izaguirre. Pero habla y actúa como candidato en campaña.

Otra vez, Gertz Manero y el caso Teuchitlán

La semana pasada, el viernes 04 de abril, el titular del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville, anunció que por primera vez desde que el problema de los desaparecidos en México está en la agenda pública, se invocó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas y por lo tanto, el tema se llevará ante la Asamblea General de la ONU. El tema es profundamente delicado, porque en esos términos el gobierno mexicano será llamado a cuentas.
Al explicarlo, De Frouville indicó que con base en la información que han recibido, la práctica de desaparición forzada se ha vuelto “sistemática”. 
Hay que recordar que oficialmente, se reconoce una cifra de hasta 120 mil desaparecidos en México, con una estadística que se remonta a la década de los años 50 del siglo pasado.
Pero si este tratamiento fue impactante, más lo ha sido la respuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, un personaje totalmente cuestionado –sobre todo por la forma como fue políticamente ratificada en el cargo por el bloque de Morena y aliados en el Senado de la república–. La mujer que debería defender primero a los desaparecidos en México, aseguró que la postura del Comité contra la Desaparición “está descontextualizada” y rechazó tajantemente que en México haya un problema sistemático de desaparecidos.
¿Y el escándalo internacional por el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán? ¿Y los 43 de Ayotzinapa? ¿Y la cifra de más de 120 mil desaparecidos? ¿Y su hermano Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en abril de 1975 durante el período de la “guerra sucia” del gobierno contra los activistas políticos?
La postura de la presidenta de la CNDH es sencillamente absurda. Al rechazar un procedimiento que además, significa una investigación y no una condena automática, niega incluso el origen familiar de la lucha que llevó a su madre, Rosario Ibarra de Piedra, a convertirse en uno de los símbolos de la lucha contra los abusos del Estado mexicano.
Algunas otras voces radicales de la “cuarta transformación” también han salido a criticar a la ONU y asegurar que al abordar el tema de los desaparecidos, pretenden “golpear” al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ejemplo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. 
Están totalmente desubicados.
El problema de los desaparecidos es mucho más que la 4T, mucho más que el proyecto de gobierno de la “transformación”; mucho más que una cuestionada y cuestionable gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha traicionado desde antes el espíritu original que condujo a su creación. Quizá si no fuera porque está ahí Rosario Piedra, también habría desaparecido para ahorrar recursos económicos. 
El grave problema de los desaparecidos en México está lejos de solucionarse; quedan muchos procesos por admitirse y aplicarse. 
Lo más grave es que quienes más se empeñan en presumir una “transformación”, la bloqueen sólo porque desde fuera, se indiquen los errores.

Algunos de la 4T y los desaparecidos en México

Ismael Ramírez

¿Qué tipo de médico general quiere el público general?

Mi pecho no es bodega

Los cuatro integrantes de la banda musical “Los alegres del barranco”, acudieron finalmente a la Fiscalía del Estado de Jalisco, citados por la dependencia ante los señalamientos de haber incurrido en el delito de “apología de la violencia”, contemplado en el artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco.
Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López, miembros del grupo musical conocido por interpretar música regional mexicana y en cuyo repertorio figuran varios narcocorridos, estuvieron junto con otras bandas similares en un concierto realizado en el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco, el pasado 29 de marzo, donde además de interpretar letras que se pueden considerar apología de violencia, exhibieron enormes imágenes de un conocido líder del crimen organizado.
Ese momento se difundió profusamente en las redes sociales y provocó un escándalo mayúsculo, particularmente porque el auditorio es propiedad de la Universidad de Guadalajara y en el mismo escenario, unos pocos días después, rindió protesta la primera rectora en la historia de la Universidad, ante representantes sociales, políticos y empresariales de todo el Estado.
El Ayuntamiento de Zapopan reaccionó imponiendo una multa a la administración del auditorio, y también implementó operativos para vigilar y multar a restaurantes, bares y centros nocturnos donde se ofrezca a los comensales un ambiente musical con narcocorridos.
Desde entonces, otros muchos eventos –unos más graves que otros– han desatado en el país una postura oficial de prohibición a ese género musical y los narcocorridos en particular. La discusión presenta posiciones confrontadas y prácticamente todos los mexicanos se expresan sobre el particular en las redes sociales.
En este mismo espacio, he sostenido –y lo sostengo– que las autoridades deben prohibir la difusión de estas expresiones musicales en todos los espacios públicos. La situación que vive el país así lo amerita y socialmente no podemos permitirnos que en nombre de la “cultura popular” y la “libre expresión”, los movimientos musicales que se alimentan de la actividad delincuencial se conviertan también en mercancía que genera millones de dólares en ganancia en todo el país.
¿Con la prohibición de los narcocorridos se termina la violencia provocada por el narcotráfico y el crimen organizado en México? Claro que no. Pero también se establecen límites sociales que con el tiempo, dejarán muy claro qué sí es aceptable y qué es delictivo.
Quienes quieran mantener su gusto por estas expresiones, pueden hacerlo en lo privado. Al margen de lo que sociedad acepta. Igual que el crimen organizado, deben saber que están fuera de la ley. 
A los “Alegres del barranco”, por lo pronto, sólo les costó un poco de tiempo. Se reservaron su declaración y muy probablemente sólo tendrán que pagar una multa. 
Pero tienen claro que aquí, su negocio no es legal.

Los Alegres del Barranco ante la Fiscalía