22 de abril: 33 años

El 22 de abril de 1992 era miércoles de Pascua y la ciudad de Guadalajara despertaba un día más en las vacaciones de primavera. Ya se había reportado y publicado que vecinos del barrio de Analco, en lo que se identificaba todavía como Sector Reforma (uno de los cuatro sectores en que urbanísticamente se dividía la capital de Jalisco), se habían quejado de un fuerte olor a gasolina en las redes de agua; abrían las llaves del lavabo o del fregadero y olía a puro combustible (un día antes hizo mucho viento y los olores a gasolina llegaron a otros puntos de la zona metropolitana).

Personal de bomberos y de Protección Civil acudieron a hacer mediciones en las alcantarillas pero nada indicaba que una catástrofe se avecinaba. La gente no fue evacuada –claro que las “autoridades” de entonces dijeron que los vecinos no se quisieron salir– y a las 10:10 de la mañana explotó el colector que llevaba más gasolina que agua.
Siguieron horas de caos y terror. Una tragedia causada por negligencia criminal, omisiones, desdén, descalificaciones… “la gente está exagerando”, “no es para tanto”, “al rato se pasa”; desde el Ayuntamiento de Guadalajara se tomó la decisión de no evacuar la zona.
Fueron explosiones sucesivas que recorrieron entre 8 y 14 kilómetros de la calle Gante y varias aledañas, llevándose gente, casas, vehículos, banquetas, asfalto, negocios, tuberías, lámparas del alumbrado público y otros postes, todo.

Era miércoles de Pascua y los niños estaban en sus casas, eran vacaciones. Las familias recién se levantaban para empezar con las actividades cotidianas, por eso nadie cree hasta ahora las cifras oficiales de la tragedia: 212 personas fallecidas, 69 desaparecidas y más de mil 800 heridas con lesiones graves e irreversibles. Todos pensamos que fueron más, que familias enteras murieron y quedaron enterradas en los escombros de sus propias casas, destruidas, demolidas.

Las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara son un ejemplo doloroso y profundo para no perder la memoria, para que tragedias de esta naturaleza, causadas por negligencia criminal y corrupción, no vuelvan a suceder nunca más.

Han pasado 33 años y, desde entonces, Guadalajara es otra. Fueron afectadas directamente cientos de víctimas que vivían en la zona, pero también influyó en los niveles de conciencia de la sociedad en general, cansada ya, harta, desde hacía tiempo, con una acumulación de agravios ejercidos desde el poder, impresionantes. Para Guadalajara, las explosiones fueron la gota que derramó el vaso sobre todo después de que el gobernador en turno, Guillermo Cosío Vidaurri, ordenara el ingreso de maquinaria para retirar escombro, cuando todavía no concluían las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. No duró en el puesto ni una semana más. El 30 de abril presentó su renuncia y lo sustituyó Carlos Rivera Aceves en calidad de interino.

Quedaron en evidencia la corrupción de Petróleos Mexicanos, Pemex, en una responsabilidad que no ha sido asumida plenamente así como las mentiras fabricadas desde el gobierno federal, Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México, para elaborar otra “verdad histórica”, aunque no la llamaron así, con el cuento del “agujerito” y el efecto de ósmosis que explicó un funcionario.

La indignación fue en aumento cuando los damnificados fueron desalojados de la Plaza de Armas con lujo de violencia. Se plantaron ahí para exigir justicia, no tenían donde vivir, perdieron seres queridos, patrimonio, trabajo y no eran atendidos. Lejos de eso, con represión y sin miramiento alguno, fueron retirados de un espacio público. La sociedad civil despertó de un largo letargo.

Se creó un Comité de Reconstrucción por las Explosiones del 22 de Abril que se instaló en el Patio de Los Ángeles en Analco y fue un desfilar de cientos de personas que tenían que comprobar que eran damnificados y, en esa medida, se determinaba qué tipo de apoyo se otorgaría. Las cosas se empezaron a calmar, sobre todo porque sí, vale la pena recordarlo, don Gabriel Covarrubias Ibarra, quien recién había terminado su gestión como presidente municipal de Guadalajara, se encargó con eficiencia de ese proceso; sin embargo, es preciso decir y reiterar que, hasta el día de hoy, la respuesta de los gobiernos no ha sido suficiente; ni del federal, ni del Estado de Jalisco, ni del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cada 22 de abril, los sobrevivientes, casi siempre encabezados por Lilia Ruiz, organizan una ceremonia conmemorativa en torno a la Estela contra el Olvido, una escultura demoledora, dispuesta como fuente en el jardín de San Sebastián de Analco. En años electorales todos los candidatos se presentan con miles de promesas que no cumplen y así cada vez.

De lo más reciente, está pendiente el cumplimiento de nueve puntos que los damnificados presentaron al gobernador Alfaro en el inicio de su gestión: atención médica vitalicia, digna, decorosa, completa e integral; integrar a nueve personas lesionadas al Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social; indemnizar con 200 mil pesos a los deudos de 10 lesionados que fallecieron después de 1992; otorgar ayuda de vivienda a 10 personas lesionadas; otorgar aguinaldo de 1.5 salarios mínimos a los integrantes del fideicomiso; que ningún afectado reciba menos pensión que otro; renovar el comité técnico del fideicomiso; instalar el monumento 22 de abril de acuerdo con el proyecto que ganó en un concurso el arquitecto Juan Lanzagorta Vallín y gestionar para que Pemex se declare culpable de las explosiones del 22 de abril.

Después de eso, en campaña también, de los nueve puntos el actual gobernador Pablo Lemus, se comprometió con respecto al último, es decir, que Pemex se haga responsable, que ofrezca disculpas y que dé recursos para el fideicomiso. Prometió también incluir a cinco personas más.

Mañana es el día, martes de Pascua, para conmemorar los 33 años de la tragedia, de una historia de terror que no ha terminado. Para la gente, los datos oficiales se quedan cortos: más de mil personas fallecidas y casi 600 desaparecidas. Quizá esto no lo lleguemos a saber a ciencia cierta nunca, pero no se debe retrasar más la hora de la justicia para los afectados, para los que viven y sufren las secuelas de acciones derivadas de inconsciencia y negligencia criminal.