Cuando los abogados hacen campaña

Complicadas se han vuelto las campañas judiciales para los cargos de personas juzgadoras. A los profesionales del Derecho —abogados y abogadas acostumbrados a ejercer desde una zona de confort eminentemente técnica— se les ha obligado a salir al espacio público, a hacer algo que nunca antes habían tenido que hacer: hacer campaña. Y no cualquier campaña, sino una que combine conocimiento jurídico, comunicación clara y sensibilidad política.

De pronto, el abogado, el juez o el magistrado que solía hablar únicamente de resoluciones y sentencias, ahora tiene que explicar —en videos, foros, redes sociales o plazas públicas— qué es el Poder Judicial, qué funciones tiene, cómo se integra y por qué su existencia impacta directamente en la vida de las personas. Tarea nada sencilla.

Una de las cosas más difíciles ha sido romper con la cultura del tecnicismo. Durante décadas, los abogados hablamos en clave. Redactamos escritos cargados de términos complejos, estructuras rígidas y referencias normativas ininteligibles para quien no haya estudiado derecho. Por eso, pocas personas entienden lo que ocurre dentro de un expediente judicial. El lenguaje se volvió barrera. Y al volverse inaccesible, la justicia también se volvió distante.
Pero este fenómeno no es exclusivo del derecho. También le ocurre a la medicina, a la ingeniería o a la arquitectura.

La diferencia es que hoy, por primera vez, el gremio jurídico está obligado a salir de su burbuja y hablarle de tú a tú a la ciudadanía. Decir, con palabras claras, qué diferencia hay entre un juez, un magistrado y un ministro. Explicar por qué el 1 de junio será una fecha clave, porque por primera vez elegiremos directamente a quienes podrían impartir justicia en nuestro país.

A todo esto hay que sumar las resistencias. Hay quienes han descalificado todo el proceso sin siquiera intentar entenderlo. Para algunos, todo lo que proviene del actual gobierno debe ser rechazado por sistema, sin matices. Y sí, entiendo que todo cambio genera escozor. Que toda transformación implica ruptura. Pero también hay que reconocer que durante años normalizamos procesos poco transparentes en la designación de cargos dentro del Poder Judicial, ya sea juez, magistrado, ministro o cualquier otro dentro de la estructura, en donde los cargos se repartían entre “cuotas y cuates”, sin rendición de cuentas, sin competencia abierta.

La venta de exámenes, el ingreso de familiares, la promoción de aspirantes apadrinados por grupos políticos o redes familiares dentro del Poder Judicial fueron prácticas que, tristemente, se volvieron costumbre. Hoy, que esas prácticas están bajo la lupa y que hay nuevos actores intentando acceder por méritos propios, vemos una reacción virulenta de quienes se sienten desplazados o incómodos con la apertura.

Este proceso —perfectible como todo— ha obligado a quienes aspiran a ser juzgadores a mostrar sus credenciales, a explicar lo que hacen y cómo lo hacen. Y si eso nos obliga a abandonar el lenguaje técnico para volver al lenguaje ciudadano, bienvenido el reto. Porque la justicia también se construye con cercanía, con empatía y con claridad.
No sabemos si esta elección resolverá todos los problemas del sistema judicial, pero al menos ha sacado a la luz algo valioso: el derecho a ser juzgados por personas que no solo conozcan la ley, sino que entiendan a las personas con una dosis de empatía.