Luz del Carmen Godínez

El 22 de abril de 1992, Guadalajara experimentó una de las tragedias más devastadoras en la historia de México. La explosión de un ducto en el Sector Reforma dejó muerte y personas heridas que aún sufren sus secuelas. Este evento no solo marcó un hito en el recuerdo colectivo de la ciudad, sino que también evidencia importantes cuestiones sobre la responsabilidad del Estado y la protección de los derechos humanos.
Desde cualquier ángulo, esta tragedia trajo dolor y una nueva visión político-social, en la que destaca un problema profundo: la vulnerabilidad de las comunidades frente a la negligencia gubernamental y la falta de responsabilidad de las grandes corporaciones.
La cultura de derechos humanos nos ha enseñado que, como sociedades, debemos contar con todo tipo de mecanismos para prevenir accidentes como este, que resguarden no sólo el derecho a la vida, sino también a la seguridad, la salud y la dignidad, entre otros; y cuando ocurren, el derecho de las víctimas debe ser esencial para reintegrar en lo posible a las personas en su dignidad. Es fundamental reconocer que el deber del Gobierno es proteger a su población, un principio sancionado por diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.
A lo largo de los años, diversos organismos han señalado que la seguridad industrial, la infraestructura deficiente y la falta de regulación adecuada fueron factores que contribuyeron a la catástrofe. Las explosiones ocurridas en esa fecha en Guadalajara vinieron a hacer evidente la importancia de un enfoque de derechos humanos en la política industrial y ambiental.
En el contexto histórico, esta fecha es imborrable y deja muchas lecciones no sólo a Guadalajara, sino a todo el Estado y el país, en relación con la política pública actual. La creación de protocolos más específicos y un enfoque en la prevención de desastres es prioritario para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. También es importante que los mecanismos de rendición de cuentas se fortalezcan aún más para garantizar que sucesos como estos no se repitan.
Hoy, a treinta y tres años de este suceso, el legado de las explosiones debe servir como un llamado a la acción y a la prevención. El respeto a los derechos humanos debe ser la base de cualquier política pública. Las comunidades tienen el derecho a vivir en un entorno seguro, lejos de la amenaza de desastres provocados por la negligencia.
El recuerdo de esta fecha en Guadalajara debe transformarse en un llamado a una mayor protección de los derechos humanos, donde la seguridad de la ciudadanía sea la prioridad sobre el interés económico. Esta es una responsabilidad colectiva que no puede ser ignorada.

22 de abril, una llamada a la responsabilidad y prevención

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a través de la agenda de Procuración de Justicia, coordinada por la Segunda Visitaduría General, desempeña un rol crucial en la defensa y protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal. Esta agenda es esencial para garantizar que a cualquier ciudadano que interponga una queja por violaciones a derechos humanos, cometidas por personas servidoras públicas de la Fiscalía del Estado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, le sea garantizado el respeto a su dignidad humana durante cualquier etapa del procedimiento penal.
De acuerdo con el Informe Anual 2024 de esta defensoría, la Fiscalía del Estado acumuló un total de 766 quejas en todo el Estado, convirtiéndose en la dependencia con el mayor número de inconformidades registradas por la ciudadanía.
En este contexto, algunas de las funciones principales durante la documentación de los casos en los que las personas denuncian transgresiones en sus derechos inherentes por parte del personal de la Fiscalía del Estado incluyen:
La valoración de los casos con la finalidad de determinar si pueden ser resueltos mediante una conciliación, de conformidad con lo establecido en la Ley de la CEDHJ. De ser así, se busca establecer un contacto directo con las personas afectadas, escuchar sus pretensiones y proponer soluciones conciliatorias que permitan resarcir el daño ocasionado y garantizar sus libertades fundamentales.
En los casos de violaciones graves a los derechos humanos, o en aquellos asuntos que no pueden ser solucionados de forma inmediata, se documentan y, dependiendo de su naturaleza, se dictan medidas cautelares con el objetivo principal de prevenir daños irreparables durante el proceso, mientras se resuelve la queja.
Una vez concluida la investigación, esta Comisión, mediante recomendaciones o conciliaciones, busca garantizar que las víctimas obtengan una reparación integral del daño y se les restituyan sus derechos. Asimismo, incluye la capacitación de las personas servidoras públicas y asegura, mediante la solicitud de inicio de procedimientos, que cualquier abuso sea sancionado y corregido.
Entre las principales violaciones reportadas destaca el incumplimiento al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, especialmente en aspectos como la prestación indebida del servicio público, el ejercicio indebido de funciones, la dilación en la procuración de justicia y la negativa de atención a las víctimas del delito.
En 2024, la Fiscalía del Estado recibió 11 Recomendaciones por parte de esta CEDHJ, posicionándola como la dependencia con más señalamientos. 
La labor de la Segunda Visitaduría General se constituye como una pieza fundamental para proteger y garantizar los derechos de las personas involucradas en procesos legales en Jalisco.
Es indispensable que la Fiscalía del Estado trabaje de manera coordinada con este organismo público de derechos humanos para atender las conciliaciones, medidas cautelares y Recomendaciones emitidas y con ello, prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, y asegurar un sistema de justicia más transparente, equitativo y eficiente.

La protección integral de los derechos humanos en la impartición de justicia

La explotación sexual infantil es un delito y una grave violación de derechos humanos que afecta a niñas, niños y adolescentes (NNA) en todo el mundo, incluyendo México. Representa una violación directa a derechos como la dignidad, la integridad personal y la protección especial a la niñez y adolescencias.
Para concientizar sobre esta problemática, combatirla y promover la implementación de medidas preventivas y erradicarla, se han establecido diversas fechas conmemorativas a nivel nacional e internacional. A pesar de ello, las cifras demuestran que este flagelo va en aumento. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México lidera las cifras de abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de casos reportados. Entre enero de 2015 y junio de 2023, 33.9% de las víctimas de trata de personas en nuestro país fueron NNA, de las cuales, 74% fueron mujeres. Además, en 18 planteles educativos en diversas entidades del país se documentó violencia sexual extrema.
El sector digital se ha convertido en un nuevo escenario de riesgo. El auge de las redes sociales y el anonimato en línea facilitan la captación de víctimas. Es urgente que los estados regulen y supervisen estas plataformas, implementen mecanismos de protección infantil más efectivos y sancionen la difusión de material.
Abordar este problema exige una respuesta integral que vaya más allá de la sanción penal. Es necesario que el Estado garantice acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas. Además, se requieren políticas públicas de prevención que incluyan educación sexual integral, capacitación a personas funcionarias y servidoras públicas, campañas de sensibilización para la sociedad, y la promoción y difusión de sus derechos.
Para garantizar una verdadera protección de los derechos de NNA frente a la explotación sexual, es fundamental adoptar un enfoque basado en la prevención, protección y reparación del daño. La impunidad y la falta de atención a las víctimas no sólo perpetúan el ciclo de violencia, sino que también envían un mensaje peligroso de tolerancia social hacia estos delitos. Como sociedad, debemos exigir a las autoridades rendición de cuentas y promover la creación de espacios seguros donde la niñez y las adolescencias puedan crecer libres de violencia y con pleno ejercicio de sus derechos.
El Estado tiene la obligación de garantizar una respuesta institucional eficiente que incluya protocolos claros de atención a víctimas, reparación integral del daño, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas y capacitación a policías, docentes, agentes del Ministerio Público, personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Salud y jueces. La corrupción y la revictimización en los procesos judiciales desalientan las denuncias y perpetúan la impunidad.
La prevención debe comenzar con la educación y la concienciación. La educación sexual integral en las escuelas es clave para que niñas, niños y adolescentes identifiquen el abuso, sepan cómo denunciarlo y conozcan sus derechos.
Más allá de las sanciones penales a los agresores, la reparación integral del daño debe ser una prioridad. Esto incluye atención psicológica especializada, apoyo legal y medidas de reintegración social, para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. La revictimización, la estigmatización y la falta de recursos adecuados dificultan este proceso y, en muchos casos, condenan a las personas sobrevivientes a una vida de marginación y sufrimiento. 
Es esencial implementar y hacer cumplir las leyes que protegen a la niñez y adolescencias, y sancionen a los perpetradores de estos delitos. Desarrollar programas educativos que informen a niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos y cómo protegerse. Involucrar a organismos de la sociedad civil, autoridades y ciudadanía en la detección y prevención de casos, y promover la cultura de la denuncia.
La explotación sexual infantil no es un problema aislado ni exclusivo de ciertos sectores sociales; es una violación sistemática de derechos humanos que requiere una respuesta coordinada y contundente desde el Estado, la sociedad civil organizada y las y los ciudadanos. No basta con conmemorar fechas o aprobar leyes, es necesario exigir acciones concretas que garanticen la seguridad, el bienestar y el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencias.
En la CEDHJ trabajamos todos los días para contribuir a la garantía, prevención, salvaguarda y restitución de los derechos de la niñez en Jalisco, mediante estrategias de defensa, desarrollo institucional, cultura y gobernanza. Todas y todos tenemos el deber de proteger la dignidad humana de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es su derecho vivir seguros y libres de explotación sexual. Seamos protectores de su dignidad y futuro.

Explotación sexual infantil: prevenir y proteger desde los derechos humanos

La reforma constitucional de junio de 2011 marcó un antes y un después en la protección de los derechos humanos en México. Previo a dicha reforma, conforme a lo establecido en el artículo 94, la protección de los derechos humanos se encontraba exclusivamente a cargo del sistema jurisdiccional, es decir, de los tribunales del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales jurisdiccionales de las entidades federativas. Los medios de control jurisdiccional son, principalmente, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.
Actualmente, cualquier autoridad del país tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, en los términos establecidos en las leyes y tratados internacionales. 
En la defensa de derechos humanos es importante diferenciar entre el sistema jurisdiccional y no jurisdiccional.
En el sistema jurisdiccional se acude a demandar ante un juez especializado en materia civil, familiar, mercantil o penal (en este último caso, previa carpeta de investigación integrada por el agente del Ministerio Público). Las sentencias dictadas en los juicios son de cumplimiento obligatorio para los particulares que intervengan, previa observación de las formalidades procesales. 
En tanto, en el sistema no jurisdiccional se resuelven inconformidades relacionadas con la violación a derechos humanos por parte de personas servidoras públicas o autoridades, mismas que son investigadas por los organismos públicos defensores de derechos humanos.
El trámite se realiza con mínimas formalidades y las resoluciones, ya sean conciliaciones o Recomendaciones, no son vinculatorias; es decir, no son de cumplimiento obligatorio. El servicio es gratuito y sencillo, y se trata de un sistema de defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas por parte de la administración pública. Es pertinente expresar que el porcentaje de cumplimiento a las conciliaciones o recomendaciones es superior a su incumplimiento. 
Algunas de las facultades de los organismos públicos defensores de derechos humanos en el sistema no jurisdiccional son las siguientes:
• Emitir recomendaciones públicas dirigidas a las autoridades señaladas de vulnerar la dignidad humana. 
• Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. 
• Procurar la conciliación entre las personas agraviadas y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita. 
• Proponer a las autoridades, de acuerdo con su competencia, que promuevan la perspectiva de derechos humanos en las disposiciones legislativas reglamentarias y en las prácticas administrativas para una mejor protección. 
• Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos. 
• En algunas quejas puede darse el caso de la concurrencia de competencias. Esto ocurre cuando en un mismo hecho estuvieren involucradas autoridades o personas servidoras públicas federales, estatales o municipales. 
• También se puede dar la facultad de atracción, que se presenta cuando una presunta violación a derechos humanos trascienda el interés de la Entidad federativa o incida en la opinión pública nacional por su gravedad. En estas situaciones la competencia recae en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien será la encargada de investigar los hechos materia de la queja y emitir la resolución correspondiente. 
Estas son, en síntesis, algunas diferencias en los sistemas de protección de derechos humanos, pero es indiscutible que ambos se complementan en beneficio de las y los ciudadanos y promueven una sociedad más justa e inclusiva.

Los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional de derechos humanos

El pasado 21 de marzo se celebró por primera vez el Día Mundial de los Glaciares. Además, la ONU ha declarado 2025 como el Año Internacional de los Glaciares, con el propósito de sensibilizarnos sobre el papel fundamental que desempeñan en el sostenimiento de la vida en la Tierra. Es importante destacarlo porque este año el Día Mundial del Agua tiene como lema: “Conservación de los glaciares”. Pero antes que nada, hemos de recordar que desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como la fecha para conmemorar el Día Mundial del Agua, debido a la relevancia y trascendencia que tiene el vital líquido en el día a día de los seres vivos.
Aunque podría pensarse que actualmente existe una distribución justa y equitativa de agua en la sociedad, es preciso recalcar que en 2022, según datos del “Informe de actualización de 2023 del Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) de la OMS y UNICEF, “Progreso en materia de agua potable, saneamiento e higiene en los hogares 2000-2022: Enfoque especial en cuestiones de género”, dos mil 200 millones de personas aún carecían de acceso a agua potable gestionada de forma segura. Además, al hablar de la problemática a la que nos enfrentamos referente a los glaciares, es importante resaltar que casi dos mil millones de personas dependen del agua de éstos, así como del deshielo y la escorrentía de las montañas, para consumo propio, la agricultura y la producción de energía.
Sin embargo, en ambos casos existe un problema en común: la contaminación. En primer lugar, ésta imposibilita que el agua llegue a más personas en un menor tiempo, debido a que debe sanearse para poder consumirse, lo cual genera costos de mantenimiento para la infraestructura destinada a dicha función, los cuales no siempre pueden ser asumidos por las autoridades. En segundo lugar, la contaminación emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que provoca el derretimiento de los glaciares a causa del calentamiento global, lo que a su vez genera un aumento en el nivel del mar, inundaciones, pérdida de hábitats y por supuesto, de agua dulce. 
Por estos motivos, entre muchos otros, es primordial recordar año tras año, que aún falta mucho por hacer, y encaminar todos los esfuerzos para lograr que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6: Agua y Saneamiento, pueda cumplir al menos algunas de sus metas, como:
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Es por ello que desde la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se trabaja arduamente para defender, proteger y garantizar el acceso al derecho humano al agua, con el fin de evitar la vulneración de este derecho por parte de las autoridades ya que, en la mayoría de los casos, al hacerlo, se transgreden diversos derechos humanos en un solo acto.

Derecho al agua, un llamado a la acción de cara al 2030

Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes están estrechamente relacionados con la salud mental, ya que la infancia y la adolescencia son etapas críticas para el desarrollo emocional y psicológico. A pesar de los avances legislativos y de políticas públicas, en México existen diversos desafíos que deben abordarse para garantizar el bienestar y desarrollo integral de esta población.
La salud mental, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de bienestar físico, mental y social, enfrenta varios desafíos en el país. La falta de costumbre de acudir al psicólogo, junto con el estigma asociado a los problemas emocionales, dificulta su manejo.
En México, en 2019, el 13.4 % de las niñas, niños y adolescentes padecían algún trastorno mental como ansiedad, depresión o trastornos del estado de ánimo, de acuerdo con la OMS. Además, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, lo que resalta la necesidad de brindar información y atención psicológica adecuada.
La salud mental en México, especialmente en la niñez y adolescencia, enfrenta varios desafíos y retos. Uno de los principales obstáculos es la falta de recursos y financiamiento para programas de salud mental, lo que limita el acceso a servicios de atención psicológica y psiquiátrica, especialmente en áreas rurales y marginadas. Sin embargo, también hay áreas de oportunidad para mejorar la situación. Es de suma importancia abordar la salud mental desde una perspectiva integral y multisectorial, que involucre a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las comunidades.
En este sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a través de la Sexta Visitaduría General, busca que se garantice la protección y defensa del derecho a la salud de este grupo poblacional con la finalidad de coadyuvar en la formulación de estrategias encaminadas a prevenir conductas violatorias y promover la educación y la conciencia sobre la salud mental, combatir la discriminación y el estigma; asimismo, fomentar la participación y la inclusión de las personas con este tipo de condición. 
Con el objeto de reforzar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se participa en la vinculación interinstitucional para mejorar sus condiciones de vida, a través de una participación constante con organismos gubernamentales, sociales, académicos y civiles, que ayuden a visibilizar la importancia de integrar la salud mental en la atención primaria, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud mental y reducir la brecha en el tratamiento de los trastornos mentales. Asimismo, la participación activa de la comunidad en la planificación e implementación de programas de salud mental permite abordar de manera efectiva las necesidades específicas de esta población.
En conclusión, los derechos humanos de las niñas, niños adolescentes en México enfrentan diversos desafíos, especialmente en el ámbito de la salud mental. Es primordial fortalecer la implementación de un enfoque integral y multisectorial, promover políticas públicas efectivas, mejorar el acceso a servicios de salud mental y promover la educación y sensibilización de la sociedad para garantizar el bienestar y desarrollo de esta población. 
Es fundamental abordar la salud mental desde una perspectiva preventiva y promotora; esto incluye implementar programas de educación emocional y social en las escuelas, además de capacitar a las y los maestros y madres y padres para reconocer y atender los problemas de salud mental en la niñez y adolescencia. Promover la salud mental y proteger los derechos humanos es parte del compromiso de garantizar la dignidad y el bienestar de las personas. Al hacerlo, México podrá avanzar hacia un futuro más justo y equitativo.

Protegiendo el futuro: Salud mental y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha que nos invita a reflexionar sobre los avances y los desafíos en la lucha por la igualdad de género.
Aunque el 29 de marzo de 1908 fue el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, designado en honor a las trabajadoras textiles que protestaron en Nueva York por sus condiciones laborales, fue la tragedia ocurrida el 8 de marzo de ese mismo año la que marcó la historia de los derechos de las mujeres. Ese día, 129 trabajadoras murieron en un incendio provocado, tras haber sido encerradas en la fábrica donde trabajaban, luego de hacer una huelga en busca de mejores salarios, reducción de la jornada laboral y el derecho al voto. Este trágico evento impulsó a las mujeres a luchar con mayor fuerza por sus derechos.
En 1910, durante el II Encuentro de Mujeres Socialistas en Copenhague, la delegada alemana Clara Zetkin propuso establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en honor a aquellas trabajadoras que realizaron las primeras acciones contra la explotación laboral. En 1945 se forma la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó la igualdad de género en su primer acuerdo internacional. Treinta años después, en 1975, la ONU conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que coincidió con el Año Internacional de la Mujer.
Sin embargo, la lucha por la igualdad de género permanece vigente. Sólo basta con analizar los resultados del Índice Global de Brecha de Género, el cual evalúa la paridad de género en diferentes países mediante cuatro subíndices: participación y oportunidades económicas; logros educativos; salud y supervivencia; y empoderamiento político.
En 2024, México tuvo las peores puntuaciones en el rubro de participación y oportunidades económicas, y ocupó el lugar 109 de 146 países, con una participación de 61.2%. Además, sólo 46% de las mujeres participan en la economía, lo que ubica a México en el lugar 122 de 146. En cuanto a la brecha de ingresos por género, México ocupa el lugar 119, lo que lo posiciona como uno de sus mayores retos por atender. 
A pesar de los avances en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, que están protegidos por instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México en 1980, todavía queda mucho por hacer. Este instrumento ha servido como base para desarrollar leyes nacionales, estatales y políticas públicas en pro de la igualdad de las mujeres.
A nivel nacional, en 2006, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual es una herramienta para garantizar los derechos de las mujeres y niñas. Define los tipos de violencia contra las mujeres, establece la coordinación entre los niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicarla, establece órdenes de protección para las víctimas y utiliza el término &#8220;feminicidio&#8221; para referirse a una violencia específica.
En 2008, Jalisco publicó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado, la cual funda las bases para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Su objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia; así como prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres a través de mecanismos como la alerta de género, el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el centro de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, consciente de la deuda histórica hacia las mujeres, ha emprendido acciones tendentes a garantizar sus derechos humanos. La principal es la creación de la Quinta Visitaduría General, la cual vigila que las autoridades del estado y los municipios cumplan con su obligación de prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres; además, investiga quejas de mujeres con perspectiva de género.
Es la encargada también de supervisar el cumplimiento de las 125 recomendaciones emitidas en 2020 sobre la igualdad de género en los municipios de Jalisco. Otra acción es la consolidación de la Unidad de Igualdad de Género, para incorporar la perspectiva de género en el quehacer institucional, fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollando una cultura laboral y organizacional de igualdad de oportunidades, sin violencia y libre de discriminación.
Lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere del esfuerzo de las instituciones públicas y de la sociedad. Como presidenta de la CEDHJ, y en el marco del mes en que se conmemora la erradicación de la violencia contra las mujeres, refrendamos nuestro compromiso con las mujeres y niñas en nuestro Estado. Esta defensoría es sensible y consciente de la discriminación por razón de género que aún prevalece en la sociedad, por ello, todos los días realizamos un esfuerzo para lograr que la brecha de género disminuya, para hacer que la voz de las mujeres se escuche y para que se hagan valer sus derechos.

El 8 de marzo: una lucha por los derechos de las mujeres

En el marco de la presentación del Informe de Actividades 2024, me complace compartir los logros alcanzados y los retos que enfrentamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. En un contexto donde las agendas de derechos humanos se encuentran en constante evolución, es imprescindible que la defensoría cuente con nuevas herramientas y modernice sus procesos para garantizar la protección y promoción de la dignidad humana de todas las personas.
Uno de los avances más significativos en 2024 fue la consolidación del Sistema Integral de Atención, Trámites e Información (SIATI). Esta plataforma nos permite concentrar nuestros servicios y procesos, y con ello mejoramos la atención a la ciudadanía al garantizar respuestas más rápidas y eficientes. Trabajamos con todas nuestras energías para que el SIATI se convierta en una herramienta que nos permita actualizar y estandarizar nuestros servicios con el apoyo de la tecnología. Cuando este proceso se complemente al 100 por ciento, no sólo va a mejorar nuestra productividad, sino que, sobre todo, beneficiará a las personas que reciben nuestros servicios.
Respecto de la numeralia del Informe, les comparto los siguientes datos:
En el ámbito de defensa, durante 2024 se recibieron dos mil 976 quejas, de las cuales 22 fueron colectivas e involucraron a un total de cuatro mil 925 personas. Se brindaron diez mil 275 orientaciones y se iniciaron 49 actas de investigación. Además, se emitieron 588 medidas cautelares. Asimismo, se llevaron a cabo mil 226 conciliaciones. Se emitieron 41 Recomendaciones, que en conjunto suman 337 puntos recomendatorios.
En la agenda de personas desaparecidas, se emitieron las Recomendaciones concentradoras 27, 35 y 40, las cuales abarcan 102 quejas que involucran a 91 personas peticionarias, en casos de desaparición ocurridos entre 2013 y 2022. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso de mantener un mayor acercamiento con los familiares de las víctimas. Nuestro objetivo es servir como vínculo para garantizar que reciban información clara sobre los procesos de búsqueda y localización, así como asegurar que las autoridades les brinden un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos. Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
En cuanto a la capacitación, se llevaron a cabo mil 917 actividades de formación, capacitación y divulgación que permitieron vincularnos con 72 mil 232 personas. Destaca el trabajo realizado con las entidades agrupadas y sectorizadas de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, y de las comisarías del área metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, mediante el cual se capacitó a 14 mil 080 personas servidoras públicas de las áreas de seguridad y elementos policiales. 
Estas cifras son muestra del trabajo y compromiso de la Comisión en la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.
En el marco de esta rendición de cuentas, se destacó la necesidad urgente de actualizar la Ley de la Comisión. Esta normativa no ha sido revisada en 30 años, y los retos en materia de derechos humanos han evolucionado y demandan acciones concretas para erradicar conflictos, violencia y desigualdades, por lo que se requiere de un andamiaje normativo acorde a la realidad actual.
Necesitamos una Comisión fuerte, capaz de adaptarse a los nuevos contextos y necesidades de la población. Es imprescindible contar con una ley actualizada, un presupuesto adecuado y la colaboración de todas y todos para que la perspectiva de derechos humanos sea transversal en cada una de las acciones de las autoridades y dependencias estatales y municipales, así como en el ámbito privado y personal. 
Aprovecho este espacio para agradecer el apoyo de todas las personas e instituciones que han colaborado con la CEDHJ. Estoy segura de que juntas y juntos seguiremos trabajando para que los derechos humanos sean una realidad para las y los jaliscienses.

Informe de Actividades 2024, avances y desafíos en la CEDHJ

Marcela Páramo Ortega

El Día del Niño

José Francisco Muñoz Valle

Liderazgos institucionales: Una nueva oportunidad para la ciencia

Anuar García Gutiérrez

De Teuchitlán a Teocaltiche, Jalisco arde en llamas

Jonás

La “verdad histórica” de Gertz en Teuchitlán

Claudia Salas

¿Cómo vamos con los derechos de las niñas en México?

Cada 30 de abril, el Día del Niño y la Niña nos brinda la oportunidad de celebrar y reconocer la importancia de nuestras niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en Jalisco esta fecha también se convierte en un momento crítico en el que debemos reflexionar, con base en las realidades que enfrenta este grupo en nuestro Estado, especialmente en el contexto de la violencia y la inseguridad que nos rodea.
A pesar de los avances en la promoción y protección de los derechos de la infancia, la realidad de muchas niñas, niños y adolescentes jaliscienses es preocupante. La violencia en diversas formas —delincuencia organizada, violencia intrafamiliar, bullying, abuso sexual, adicción a las nuevas tecnologías— afecta su desarrollo integral y su bienestar emocional. Esta situación es inaceptable y desafía los principios fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que cada niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir en un entorno seguro y a ser protegido de toda forma de violencia.
En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) renueva su compromiso con cada niño y niña en Jalisco. Desde la defensa de sus derechos hasta la promoción de un ambiente seguro y propicio para su desarrollo, seguimos trabajando para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de su infancia plenamente, sin miedo, y con la esperanza de un futuro mejor.
El Día del Niño y la Niña debe ser una plataforma para alzar la voz por aquellos que no la tienen. Las familias, las instituciones educativas y la sociedad civil deben involucrarse activamente en la construcción de un entorno más seguro y respetuoso. Es necesario fomentar la denuncia de situaciones de violencia y ofrecer acompañamiento a las víctimas. Recordemos que proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes es proteger el futuro de Jalisco.
La CEDHJ reitera su compromiso de velar por el respeto de sus derechos humanos. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a un entorno protector, donde pueda crecer, aprender y desarrollarse sin temor. Para ello, es fundamental implementar políticas públicas efectivas que aborden la violencia desde sus raíces, promoviendo la educación en derechos humanos y la creación de espacios seguros tanto en el hogar, la escuela y la comunidad.
La garantía de sus derechos humanos no sólo es un deber, sino un compromiso ineludible que debemos asumir con seriedad y urgencia. Juntos debemos construir un Jalisco donde cada niño pueda soñar y vivir en paz.

Día del Niño y la Niña, un llamado a la protección de sus derechos