Justicia digital en México: Una visión para el futuro

La transformación digital del sistema judicial mexicano representa, sin duda, uno de los retos más complejos y urgentes de nuestro tiempo. La justicia digital no es solo una cuestión de modernización tecnológica, sino una verdadera reconfiguración de los derechos fundamentales y de la relación entre ciudadanía e instituciones.

La justicia digital, bien entendida, implica mucho más que trámites en línea: significa acercar la administración de justicia a la ciudadanía, reducir barreras geográficas y económicas, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Para un país como México, donde millones enfrentan la exclusión por razones sociales y tecnológicas, digitalizar la justicia puede ser una herramienta democratizadora sin precedentes.

Sin embargo, el primer gran desafío es la brecha digital. Existen millones de mexicanos sin acceso estable a internet, especialmente en zonas rurales y marginadas. Si no garantizamos infraestructura y acceso universal, la justicia digital corre el riesgo de agravar las desigualdades existentes. Por ello, urge priorizar la conectividad y la capacitación digital, tanto de la ciudadanía como de los operadores judiciales.

Otro aspecto es la protección de datos personales. La digitalización de expedientes y la realización de audiencias virtuales exigen protocolos sólidos de ciberseguridad y respeto estricto a la privacidad. Un solo incidente de fuga de información puede minar la confianza en todo el sistema judicial y vulnerar derechos fundamentales. Cumplir con la Ley y establecer mecanismos de supervisión independientes debe ser innegociable.
La interoperabilidad entre sistemas judiciales federales y estatales es otro reto que no podemos eludir. La fragmentación tecnológica genera ineficiencias, dificulta el acceso a la información y abre espacios para la opacidad. Es imprescindible avanzar hacia plataformas compatibles, con estándares nacionales que aseguren una experiencia homogénea y segura para todos.

La justicia digital también debe ser inclusiva. No basta con digitalizar procesos; debemos diseñar interfaces accesibles, contemplar a personas con discapacidad y ofrecer alternativas híbridas para quienes no pueden conectarse digitalmente. Además, la incorporación de inteligencia artificial debe ser siempre como apoyo, nunca como sustituto de la función jurisdiccional, y bajo estrictos controles éticos y legales.

Finalmente, la digitalización judicial puede ser un poderoso antídoto contra la corrupción. La trazabilidad de los procedimientos y la apertura de datos judiciales fortalecen la rendición de cuentas y empoderan a la ciudadanía. Pero este potencial sólo se concretará si la tecnología se implementa con visión estratégica, voluntad política y un enfoque centrado en los derechos humanos.
En conclusión, la justicia digital es una herramienta imprescindible, pero solo será exitosa si coloca a las personas y sus derechos en el centro de la transformación.