El pasado 30 de abril, al mismo tiempo que se celebró a las niñas y los niños mexicanos, en el pleno del Senado de la república se aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que le permitirá a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de otras instituciones como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México, portar armas para su defensa.
¿Se imagina al técnico de la CFE en el poste de energía eléctrica mientras cambia cables y repara los transformadores llevando al cinto, además de sus herramientas, una pistola escuadra? Pues ya tendrán permiso para ello.
La medida parece un despropósito en un país como el nuestro.
El gobierno mexicano mantiene una demanda civil en tribunales de los Estados Unidos contra empresas fabricantes de armas en el vecino país, por su complicidad en el tráfico de armamento a territorio mexicano, principalmente en beneficio de los cárteles del narcotráfico.
Por otra parte, se anunció y festejó un programa de desarme encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este programa dotó de presupuesto a la Sedena para pagar por armas que voluntariamente, los ciudadanos entreguen en mesas montadas incluso, en atrios de iglesias. Se trata de una estrategia de pacificación.
Irónicamente, diferentes estudios de asociaciones civiles estiman que las armas que se trafican ilegalmente de Estados Unidos a México pueden ser entre 300 y 500 mil cada año. De diferentes calibres y potencia.
¿Cómo se combina el simbólico programa de desarme para pacificar al país mientras al mismo tiempo, se permite a empleados de instituciones del gobierno federal armarse y argumentar que es necesario?
La reforma, además, permite la posesión de armas de fuego a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo (un rifle calibre .22’ o una escopeta de cualquier calibre en sus domicilios para su “legítima defensa”). De los 128 senadores, 105 votaron a favor de esta reforma.
La inseguridad la padecemos todos, incluidas mujeres, menores de edad, personas de la tercera edad, estudiantes, trabajadores y todos los mexicanos en general.
Si la solución a la violencia y la inseguridad es permitir que se utilicen armas para “legítima defensa”, pues se adelantaron los trabajadores electricistas.