Jonás

El nuevo Papa de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost Martínez, quien tomó el nombre León XIV, ocupó el centro del interés noticioso en el mundo. En México y en Jalisco no pasará desapercibido. 
La Iglesia Católica es un referente mundial y el ocupante de la sede de San Pedro es sin duda, una autoridad moral internacional, tanto para creyentes católicos como para gobiernos y el mundo entero.
La presentación de León XIV provocó una catarata de análisis y revisiones. 
En primera instancia parece haber satisfecho una petición manifestada en todas partes: equilibrio.
El nuevo Papa es una figura equilibrada: pertenece al grupo del extinto Francisco, quien le otorgó la dignidad cardenalicia y que lo convierte entonces, en representante de la corriente progresista que domina en el Vaticano. Con ello, se evitó lo que algunos externos denominaron una regresión al conservadurismo.
Sin embargo, también la visión conservadora más externa en la Iglesia quedó satisfecha con la ascensión de Prevost Martínez. Aplaudieron que retomara las costumbres, tanto en la vestimenta como en el uso del Latín al presentarse como el Papa 267 de la Iglesia. Aplaudieron su moderación y su rechazo al protagonismo mediático. Celebran que no sea una figura muy parecida a su antecesor, Jorge Mario Bergoglio. 
Al final, se trata de gestos, de rituales y liturgias. El nuevo Papa acepta de buen grado retomarlas y volver al camino de la tradición, algo que había quedado en desuso con Francisco.
Sin embargo, en el fondo hay también otros temas de mayor profundidad y, sostengo, más importantes porque forman parte del fondo y no de la forma. 
El nuevo Papa León XIV es en buena medida un segundo Papa latinoamericano. Aunque nació en Chicago y es el primer Pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia, es también un hecho notable que toda su actividad pastoral y religiosa la ha desarrollado en Latinoamérica, concretamente en Perú, en la diócesis de Chiclayo.
Es tan evidente su apego a esta parte de su vida, que también rompió esquemas al presentarse como el nuevo Papa y no limitarse a su discurso en italiano, pues será desde ahora el obispo de Roma. También habló en español y su breve mensaje sacudió profundamente no solo en Perú, sino también todas las naciones latinoamericanas y en la enorme comunidad latina que radica en Estados Unidos. 
Es incuestionable: su línea podrá diferenciarse de la de Francisco, pero seguirá siendo un Papa que abogue por los menos favorecidos del poder político y económico. Será un Papa de quienes habitan “las periferias”.

El nuevo Papa León XIV

La detención del presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía, por el caso del Rancho Izaguirre, con serias acusaciones en su contra (entre éstas la de crimen organizado y desaparición forzada), ha dejado conocer que hay acuerdos políticos que se originan en las más altas cúpulas políticas del país.
Aunque algunos partidos políticos como Acción Nacional (PAN), abordaron el tema y acusaron que los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco han fracasado al enfrentar los temas de inseguridad, y además acusaron a Morena de no enfrentar a los grupos delincuenciales, otras dirigencias como la de Morena han preferido hacer críticas mucho más mesuradas.
El acuerdo específico es no hacer “raja política” del caso Teuchitlán, no porque se quiera proteger al alcalde José Ascención Murguía, sino porque la presidencia de la república ha hecho hincapié en que debe evitarse la “contaminación política” y dejar el camino abierto a la acción de la Fiscalía General de la República, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, para que cumpla con su labor de investigación y deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, se empezaron a generar rumores para revisar quién se hará cargo de la alcaldía de Teuchitlán y si lo sucedido es motivo suficiente para declarar la extinción de poderes y convocar a un Concejo Municipal que se haga cargo del gobierno hasta que se convoque a un nuevo proceso electoral. 
Aparentemente no se llegará a este extremo, y con algunas instrucciones, se dejará en manos del Ayuntamiento la determinación de hacer oficial una suplencia del alcalde detenido, pero sin interrumpir el período constitucional de gobierno.
De confirmarse este acuerdo, quedará claro que los puentes de entendimiento entre el gobierno de Pablo Lemus y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum están vigentes, al menos para no provocar distorsiones políticas que afecten otras negociaciones, particularmente las de carácter presupuestal para las importantes obras que están pendientes de consolidar en el Estado, que pretende incrementar su infraestructura de comunicación para el evento del Mundial de Futbol del año 2026. 
Lo que no puede dejarse de lado, definitivamente, es la colaboración en la investigación de tema Teuchitlán y todos los casos similares que, se sospecha, se desarrollan en varios puntos de Jalisco y del país.

Teuchitlán y el acuerdo político

El domingo 04 de mayo se reunió el Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México. En ese encuentro aprobaron el documento que llaman: “Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena”. 
En el contexto de la celebración del Consejo Nacional, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una carta a la dirigencia nacional morenista en la que entre otros temas, abordó la necesidad de aplicar medidas para evitar que Morena se convierta en un “partido de Estado”.
Deben subrayarse algunas cuestiones en este extraño y peculiar diálogo entre la presidenta del país y los líderes formales y reales de Morena.
Apunto: hay líderes formales en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. El más importante y visible es la presidenta nacional Luisa María Alcalde Luján. Pero hay numerosos líderes reales que operan y ejercen influencia mucho más allá de su militancia y cargos internos dentro del partido.
Un ejemplo claro de ello puede ser Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados; es uno de los líderes con mayor acumulación de poder dentro del partido, a pesar de que se acaba de afiliar formalmente hace unas semanas, en una estrategia de crecimiento de la militancia que encabeza el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente López Obrador.
Ahora bien, la presidenta Sheinbaum Pardo se dirige al partido y llama a no copiar hábitos y formas de un “partido de Estado”, en clarísima referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, ella misma que forma parte de los fundadores de Morena y ha sido una colaboradora y férrea defensora de Andrés Manuel López Obrador, no es militante. Al asumir como presidenta, solicitó licencia en Morena en un gesto político que pretende, podría deducirse, evitar que se le señale como “caudilla”. 
Es evidente que a pesar de ser la presidenta del país, varias de sus iniciativas no son recibidas y aceptadas en Morena y en espacios de poder de morenistas, como gobiernos estatales y las cámaras de Diputados y Senadores.
Claudia Sheinbaum no es la “mujer fuerte” de Morena. Hay grupos internos que se oponen a sus ideas, líneas de trabajo, directrices políticas y de gobierno. Y ella misma lo impulsó. Además, está la presencia, desde las sombras, de Andrés Manuel López Obrador, que sigue ocupando un evidente espacio de poder y tiene incluso a uno de sus hijos en posición de heredarlo.
Los nuevos “Lineamientos para el comportamiento ético” servirán, en el mejor de los casos, como un instrumento para equilibrar fuerzas y evitar que algunos jefes de grupo eclipsen a otros, dentro de Morena. Pero se cumplirán sólo hasta que convenga a los más fuertes. 
En la trayectoria que está siguiendo, Morena se convertirá finalmente en el “partido de Estado” que en el discurso evita. O se impone la presidenta Sheinbaum, o se impondrán otros, en diferentes espacios.

Morena, ¿partido de Estado?

El pasado 30 de abril, al mismo tiempo que se celebró a las niñas y los niños mexicanos, en el pleno del Senado de la república se aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que le permitirá a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de otras instituciones como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México, portar armas para su defensa.
¿Se imagina al técnico de la CFE en el poste de energía eléctrica mientras cambia cables y repara los transformadores llevando al cinto, además de sus herramientas, una pistola escuadra? Pues ya tendrán permiso para ello.
La medida parece un despropósito en un país como el nuestro.
El gobierno mexicano mantiene una demanda civil en tribunales de los Estados Unidos contra empresas fabricantes de armas en el vecino país, por su complicidad en el tráfico de armamento a territorio mexicano, principalmente en beneficio de los cárteles del narcotráfico.
Por otra parte, se anunció y festejó un programa de desarme encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este programa dotó de presupuesto a la Sedena para pagar por armas que voluntariamente, los ciudadanos entreguen en mesas montadas incluso, en atrios de iglesias. Se trata de una estrategia de pacificación. 
Irónicamente, diferentes estudios de asociaciones civiles estiman que las armas que se trafican ilegalmente de Estados Unidos a México pueden ser entre 300 y 500 mil cada año. De diferentes calibres y potencia.
¿Cómo se combina el simbólico programa de desarme para pacificar al país mientras al mismo tiempo, se permite a empleados de instituciones del gobierno federal armarse y argumentar que es necesario?
La reforma, además, permite la posesión de armas de fuego a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo (un rifle calibre .22’ o una escopeta de cualquier calibre en sus domicilios para su “legítima defensa”). De los 128 senadores, 105 votaron a favor de esta reforma.
La inseguridad la padecemos todos, incluidas mujeres, menores de edad, personas de la tercera edad, estudiantes, trabajadores y todos los mexicanos en general. 
Si la solución a la violencia y la inseguridad es permitir que se utilicen armas para “legítima defensa”, pues se adelantaron los trabajadores electricistas.

Armas en la Comisión Federal de Electricidad

El gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, mantiene la apuesta pública que hizo en favor de Teocaltiche: mes y medio para conseguir la pacificación en el municipio que se ha convertido en la mayor alerta de seguridad en el Estado, por la descarada actuación de la delincuencia organizada, que apenas después del asesinato del secretario general del Ayuntamiento, atacó a balazos a dos mujeres un día después.
Es imposible saber cuál es la agenda, cuál la motivación de la criminalidad organizada en Teocaltiche, Villa Hidalgo y esta zona de Los Altos Norte. ¿Es una reacción a las acciones de seguridad emprendidas por el gobierno del Estado con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Es un reto para intentar mantener impunemente su presencia e influencia fuera de la ley?
Ciertamente, los asesinatos del comisario Ramón Grande y el secretario general José Luis Pereida, son hechos mayúsculos en una larga historia de delincuencia, en la que se han detectado y asegurado fincas, ranchos, armas, drogas y vehículos. La acción de la justicia ha decomisado muchos millones de pesos en mercancías y vehículos robados; además, los aseguramientos de drogas y destrucción de campos de siembra de mariguana, le han costado millones a las finanzas del crimen organizado.
También se informó oportunamente del desmantelamiento de sistemas de videovigilancia operados por los delincuentes e instalados incluso en postes del alumbrado público.
La confrontación con la delincuencia organizada ha sido frontal y permanente en los últimos meses. 
Pero no se puede esperar que en una zona donde por años se afianzaron los cárteles y dos grandes organizaciones delincuenciales luchan para mantener su control e influencia, simplemente se retiren ante la presencia de policías y patrullas. Van a oponer resistencia e intentarán mantener su control y supremacía.
El Estado no puede permitirlo. 
Ayer mismo se le tomó protesta al nuevo comisario de Teocaltiche: Hermes Daniel Rodríguez. Tremenda tarea para un jefe policíaco, a la luz de los últimos hechos.
Y el gobernador Lemus insiste: se logrará la pacificación del municipio. 
Ahora más que antes, se requiere el respaldo total del gobierno federal, por medio de la Guardia Nacional y los elementos del Ejército. 
La apuesta es crucial, porque la administración de Pablo Lemus está obligada a lograr el control legal y la presencia de las autoridades democráticamente elegidas por los ciudadanos. 
No puede permitir que se perciba que los criminales ganaron la batalla. Eso sería letal para el resto de su sexenio y acarrearía grandes males para el resto de Jalisco. 
El apoyo debe ser general.

El gobernador mantiene la apuesta en Teocaltiche

El fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, ofreció desde la semana pasada revelar una verdad científica sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, que meses atrás se convirtió en la narrativa de medios internacionales, en un campo de concentración, de asesinatos y de cremación de cadáveres.
Repetidamente, el fiscal Gertz ha caído en declaraciones sin sustento, en acusaciones contra autoridades de Jalisco a las que señala de omisas y negligentes, y lo ocurrido ayer en su nuevo informe fue una repetición de lo mismo, con otras palabras. Pero no hubo ninguna revelación, sino otra colección de acusaciones y aseveraciones que sólo se sostienen en su discurso, pero no en la realidad. 
La verdad científica que había anunciado Gertz Manero, se parece increíblemente a la “verdad histórica” que en su momento defendió Jesús Murillo Karam, su antecesor y ex procurador general de la república.
Y es que Gertz asegura que está totalmente comprobado que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento que manejó un cártel del narcotráfico en Jalisco. Que cuentan con pruebas documentales y testimoniales. Pero no mostró ningún peritaje. Y también aseveró que no tienen pruebas para sostener que había hornos crematorios o que en el predio se desaparecieran cadáveres por la vía de la cremación. 
El fiscal del país volvió a lo suyo: afirmó que desde el año 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco había informado al gobierno estatal y al gobierno municipal de esas actividades ilícitas… “y no hicieron nada”.
Entre los periodistas que asistieron a su conferencia, alguien hizo la pregunta obvia: ¿Van a proceder contra autoridades por esa negligencia? En el pensamiento de quienes estaban en la conferencia del fiscal, estuvo el nombre del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Pero no: Gertz Manero manoteó y pareció enojarse. No está en su intención señalar a ninguna autoridad del pasado, ¡y es el Fiscal General! ¡Y él mismo lanza las acusaciones en público!
Gertz Manero cantinfleó muchas veces. Expuso ideas que no se sostienen y otra vez, además de responsabilizar a otros, indicó que todavía esperan más peritajes. No se entiende entonces para qué sale a ofrecer su “verdad histórica” cuando lo que corresponde es una verdad científica. 
Le apuesto doble contra sencillo: nunca presentará una verdad convincente. El caso, como tantos y tantos otros, le queda grande.

La “verdad histórica” de Gertz en Teuchitlán

Ayer lunes 28 de abril, lamentablemente, fue asesinado el secretario general del gobierno municipal de Teocaltiche, José Luis Pereira. Unas horas antes, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, había repetido que se trabaja en la elección de quien será comisario del municipio, después que también asesinaron el pasado 15 de abril a Ramón Grande Moncada, quien había fungido como comisario de ese municipio.
Entre el discurso y los hechos, queda la impresión de que las autoridades van siempre uno o dos pasos atrás de los delincuentes.
Esto es preocupante porque sigue corriendo el tiempo y el gobernador Pablo Lemus había solicitado 45 días (mes y medio) para conseguir la pacificación de Teocaltiche. Ya sólo quedan 39 días para que se cumpla el plazo. 
Es importante recordar que el pasado viernes 25 de abril, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo secretario Juan Pablo Hernández subrayó que están en la ruta de cumplir el plazo señalado por el gobernador. Ofreció que para conseguir la pacificación en el municipio, la estrategia es reorganizar a la policía municipal.
Hoy, apenas tres días después, alcanzar la meta planteada por el gobernador se antoja casi imposible.
Los problemas de violencia y presencia del crimen organizado, primero, no son exclusivos de Teocaltiche. Se extienden a la región Altos Norte con epicentro en este municipio y en su vecino Villa Hidalgo. Prácticamente todos los días, los policías estatales y los integrantes de la Guardia Nacional, hacen decomiso de armamento, vehículos y droga. Han asegurado casas y ranchos. Han identificado y desmantelado circuitos de videovigilancia montados y utilizados por la delincuencia organizada. Los hechos de violencia son continuos y pareciera que en lugar de “agotar” a las células criminales, sólo consiguen descubrir y atacar algunas de sus expresiones.
El gobierno municipal de Teocaltiche, encabezado por Margarita Villalobos Delgado, ya ha perdido cuando menos a ocho de sus funcionarios en ataques criminales. Cuenta con el apoyo del gobierno estatal, pero lo que está ocurriendo supera todo límite. 
Parece muy complicado que sólo con renovar a la policía municipal (y esto consiste en contratar más policías y establecer una cadena de mandos que sea resultado de la renovación que pretenden aplicar), se restablezca la paz en esta región de Los Altos.
No se puede olvidar que Teocaltiche, Villa Hidalgo y otros municipios, están en una zona donde dos cárteles de la criminalidad se disputan el control y el territorio.
Se requiere más colaboración permanente de autoridades nacionales y estatales para sacar al municipio de este pozo de violencia.

En Teocaltiche, la autoridad va un paso atrás

Las vacaciones de Semana Santa y Pascua terminaron ayer. En teoría, hoy todos los empleados públicos deberían regresar a sus labores, incluidos quienes forman parte del Congreso del Estado. Sin embargo, se puede anticipar que los 38 legisladores de Jalisco no resolverán ningún tema de agenda para esperar a que asuma la nueva Mesa Directiva del Poder Legislativo.
Serán nuevos los actores que llevarán el mando: 
Marta Arizmendi será la presidenta del Congreso y con ella, llega Morena a la cabeza del Poder Legislativo; en la Mesa Directiva la acompañarán otros diputados del mismo partido: Itzul Barrera, Norma López Ramírez y Alejandro Barragán. Está por verse en qué se traduce el control de Morena en el máximo órgano directivo.
También habrá equilibrios. 
En la Junta de Coordinación Política la presidencia le corresponde al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastidas. Con su presencia queda garantizada en la negociación interna del Congreso, la agenda de Movimiento Ciudadano e indirectamente, del gobierno del Estado que encabeza Pablo Lemus Navarro.
Adicionalmente, debe considerarse que otra de las posiciones importantes en favor de Movimiento Ciudadano en el Legislativo sigue en manos de Eduardo Martínez Lomelí, el secretario general. Aunque su competencia es meramente administrativa, en el terreno de las negociaciones todo puede pesar en un momento específico.
Al margen de esos cambios, hay cosas que siguen igual en el Congreso estatal: la falta de acuerdos políticos que son indispensables para que salgan adelante otros temas que mientras más pasa el tiempo, se harán más urgentes y se resolverán en un escenario que puede no ser favorable.
Como ejemplo inicial está la discusión para el incremento de las tarifas en el SIAPA. El sistema de distribución de agua potable y recolección de agua residual, puede entrar en una severa crisis si no obtiene financiamiento en el corto plazo.
Aunque parece lejano, también está el tema de la reforma al Poder Judicial, aunque aparentemente esperarán al resultado de la elección del próximo 1 de junio para recoger las experiencias de otros estados en donde sí se renovará este poder en el ámbito local, además de que se verá cómo queda el Poder Judicial Federal.
Y naturalmente, está pendiente el tema de la comparecencia de funcionarios del gabinete de seguridad… quedó congelado hasta que den resultados en los lugares donde hay un “foco rojo” por los brotes de violencia, como lo son Teocaltiche y la zona Altos Norte.

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El sábado 3 de mayo, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía Santiago, y aunque en su ficha no aparece ningún alias, en el municipio es conocido como “Chon”. El alcalde pasó este domingo su primera audiencia, de más de siete horas, sin hacer ninguna declaración; de inicio, no tenía siquiera un abogado personal que iniciara el caso. En adelante, le espera un largo y aturdidor proceso. Las acusaciones en su contra son muy graves: delincuencia organizada y desaparición forzada en agravio a la colectividad.
Se trata de la primera acción real que ejerce la FGR después del escándalo mediático en que se convirtió la historia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.
Pero además de configurar los delitos ya citados, hay una serie de señalamientos igualmente preocupantes que abren varias líneas de investigación.
De acuerdo con lo que declaró parte del personal de la Fiscalía, el alcalde está acusado de recibir 70 mil pesos mensuales por parte de los integrantes del cártel que administraba el Rancho Izaguirre. Supuestamente, “Chon” Murguía ponía a disposición de los criminales al personal del Ayuntamiento para la entrega de jóvenes que eran forzados a preparase en el rancho y convertirse después en miembros de la organización criminal.
Además, lo señalan de haber asistido personalmente al rancho y encomendar una operación para abrir una zanja con maquinaria del municipio, en la que arrojaron restos humanos.
En la audiencia, nuevamente se mencionó la posibilidad de que en el predio del Rancho Izaguirre se quemaran restos humanos.
El proceso judicial apenas comienza, porque “Chon” Murguía cuenta con la garantía procesal de defenderse y presentar pruebas que eliminen las declaraciones de los testigos que lo señalan y que le dan a la FGR las bases para el caso.
El primer golpe, puede decirse, está dado.
Hay que recordar que ya hay otros detenidos previamente: ex policías del municipio de Tala que están acusados de utilizar sus patrullas y llevar personalmente a jóvenes reclutados al rancho. También está detenido el supuesto administrador y manejador del rancho.
¿Se procederá contra otras personas que fueron autoridades y ahora ya no ocupan ningún cargo? Naturalmente, después de las acusaciones que repetidamente ha lanzado el fiscal Alejandro Gertz Manero, también aparece el nombre del ex gobernador Enrique Alfaro y del ex fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
¿Hasta dónde llegará la FGR? ¿Abrirá un proceso para responder a la presión social o para buscar la justicia?

Teuchitlán: presidente municipal detenido