Efectos de la corrupción inmobiliaria

Tlajomulco es el municipio que presenta el mayor crecimiento poblacional en las últimas dos décadas en Jalisco. Pero de forma contraria, es el municipio que tiene el mayor número de casas abandonadas no sólo en el Estado, sino en el país. Detrás del problema está la corrupción desencadenada por parte de las pasadas administraciones del Infonavit, del Ayuntamiento y de la iniciativa privada.
Vamos por partes.

En el año 2000, la población en Tlajomulco era de apenas 123 mil habitantes, mientras en el Censo 2020 se disparó a más de 727 mil. Eso significa que en la actualidad tranquilamente se acerca al millón de personas.

¿Por qué es tan “atractivo” el municipio? Porque registra uno de los costos más económicos de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, con casas que promedian los 350 mil a los 600 mil pesos.

Aunque sí hay un crecimiento demográfico sostenido, a la par se está documentando que se acumulan 77 mil 709 viviendas deshabitadas, concentradas principalmente en cuatro polígonos: Zona Valle Sur (Chulavista y Lomas del Mirador), Zona Valle Norte (Haciendas Santa Fe), Corredor Chapala (Fraccionamiento Silos, Rancho Alegre) y Lomas del Sur (Valle de los Encinos).
¿Por qué están deshabitadas? Porque desde hace más de dos décadas no se dotó de todos servicios públicos básicos, principalmente de agua y transporte público. La seguridad es otro problema.

Si bien hay esfuerzos en las últimas administraciones para mejorar la calidad de vida de la población, la gente decidió abandonar sus viviendas, truncando el sueño de contar con una casa propia que fue adquirida con un crédito del Infonavit.

Lo anterior es clave para demostrar el jugoso negocio y la corrupción de autoridades y empresarios inmobiliarios.
En el pasado, en el Infonavit se otorgaba un subsidio a los trabajadores para adquirir una casa. Las empresas los enganchaban ofreciéndoles un “regalo”: si la casa valía 300 mil pesos, el Gobierno federal les daba entre 60 mil y 75 mil pesos. Y el trabajador pagaba el resto a crédito. ¡Muy atractivo!

Una simple matemática: si multiplicamos las 77 mil 709 casas abandonadas por 300 mil pesos en promedio, resultan más de 23 mil 312 millones de pesos, que sería el negocio de los empresarios inmobiliarios que compraron tierra barata y construyeron viviendas que fueron rechazadas por los trabajadores, quienes evidenciaron que el sueño de tener una casa en esas zonas era más costoso que cambiarse de lugar. Las carencias del transporte público se remarcan, porque hacer entre tres y cinco horas al día para trasladarse de sus casas a sus trabajos simplemente hicieron una pesadilla que decidieron frenar. ¡A pagar renta de nuevo!

Detrás del engaño, las responsabilidades se reparten: los trabajadores fracasaron en elegir su casa, el Infonavit evidenció la corrupción al entregar créditos en zonas inhabitables y los Ayuntamientos pasados se sumaron al avalar fraccionamientos que incumplían con las leyes urbanísticas, mientras unos cuantos empresarios se enriquecieron de la manera más simple: con dinero, arquitectos y buenos contactos en los gobiernos cuajaron el negocio millonario.

¿Quién está en la cárcel? Nadie.

Hoy se destaca un proyecto que podría revertir esa realidad. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez ofrece al gobierno federal 10 mil viviendas vacías con condiciones de habitabilidad, con la intención de que el Infonavit se sume al proyecto para recuperar parte de las casas que han sido abandonadas. Al ser el municipio con más viviendas en esta situación, el gobierno federal tiene la obligación de colaborar. Y el gobernador Pablo Lemus debe sumarse al plan integral. Es una manera de apoyar a los trabajadores de menos recursos.
¡Ya veremos cómo contestan a la iniciativa!