Restitución de tierras y justicia social
Desde la administración pasada se diseñaron y empezaron a operar los planes de justicia para los pueblos originarios cuya esencia es la restitución de tierras de las que fueron despojados por siglos; se les está regresando la tierra, el derecho al uso del agua y la protección de los lugares sagrados desde 2021 con acciones, reformas y decretos sucesivos en beneficio de una veintena de etnias ahora enmarcados en la reforma constitucional al Art. 2, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Esta reforma se publicó el 30 de septiembre de 2024; antes, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O’dam o Au’dam y Mexikan, y se crea la comisión presidencial para su cumplimiento”, el 9 de agosto de 2023; y en enero pasado, el 17, se publicó el “Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
El primer Plan de Justicia que empezó a operar es el del Pueblo Yaqui, que arrancó el 27 de septiembre de 2021, una fecha emblemática por lo demás, y se fue trabajado ahí y en otras comunidades con acciones como la restitución de tierras y el derecho al uso del agua, que están en la base, pero también en la construcción de escuelas de todos los niveles, incluyendo universidades; centros de salud, centros comunitarios, caminos artesanales y atención a las demandas por seguridad pública.
Hay una más, reciente, que implica el otorgamiento directo de recursos a través del FAIS: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que los pueblos administran con base en reglas de operación ya publicadas y vigentes.
El jueves pasado, después de meses de trabajo y gestiones, se presentaron los avances del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika en la Mesa de Huanacaxtle, en La Yesca, Nayarit, en plena Sierra Madre Occidental; un conjunto de acciones en los que hasta ahora se han invertido cuatro mil 998 millones de pesos. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que restituye cinco mil 956 hectáreas a la comunidad wixárika San Sebastián Teponahuaxtlán (Nayarit) y su anexo de Tuxpan de Bolaños (Jalisco).
Quedan cuatro mil 544 hectáreas pendientes por regresar a los wixárikas en un trabajo que se está haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu. La solicitud de restitución de tierras es por 10 mil 500 hectáreas que los mismos wixárikas exigieron al gobierno federal en la administración pasada, luego de una peregrinación de 921 kilómetros que requirió 30 días para llegar de la Sierra Madre Occidental a Palacio Nacional.
Esta semana se consolidaron esos compromisos y se avanza en lo demás, por ejemplo, y este es un tema fundamental y complejo, peligroso incluso: de los cinco lugares sagrados señalados por el Pueblo Wixárika, sólo falta uno por delimitar, el de San Luis Potosí, Wiricuta, difícil porque es uno de los sitios sobre los que tienen puesta la mira capitalistas mineros. A pesar de eso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con la Sedatu, están trabajando porque se coloquen las mojoneras y se tomen las medidas pertinentes para que se cumpla el decreto de protección.
Los otros cuatro lugares sagrados Wixárika son: Te’akata en Jalisco, grutas sagradas en la sierra (147 hectáreas); Xapawiyameta, en la Isla de los Alacranes en Chapala, también Jalisco (5.68 hectáreas); Tatei Haramara, Isla del Rey en San Blas, Nayarit (30 hectáreas) y Hauxa Manaka, Cerro Gordo, en San Bernardino de Milpillas Chico, en Durango (62.88 hectáreas). En el caso de Wirikuta, se trata de 140 mil 211 hectáreas.
Si bien los lugares sagrados están reconocidos por decreto, es preciso completar la delimitación para aplicar la protección en el entendido de que los lugares sagrados “son la columna vertebral de los planes de justicia”. En la ceremonia del jueves pasado tanto el gobernador de San Sebastián Teponahuaxtlán, Carlos Hernández Valdés; como Misael Cruz de Haro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, coincidieron en lo siguiente, pronunciado por el gobernador tradicional: “La vida material es importante pero no tiene sentido si no se fortalece nuestra vida espiritual, nuestras lenguas, nuestras culturas y nuestros valores”.
Destacaron el valor de la tierra y los territorios sagrados con un significado profundo de equilibrio y armonía con la madre tierra, pero también de reconocimiento al Pueblo Wixárika: “no habrá autonomía si no hay territorio”.
La demanda por seguridad pública, por paz social y destierro del miedo en las comunidades de la región fue expresa y puntual. Carlos Hernández planteó: “Pedimos su apoyo para no vivir con miedo”.
Es parte de los pendientes que se reconocieron junto con más caminos artesanales, planteles escolares y centros de salud.
Las injusticias contra los pueblos originarios de México son añejas. Escasos los intentos por regresarles lo que les pertenecía. Está el antecedente de Lázaro Cárdenas que justo restituyó tierras a los yaquis, pero en cuanto terminó su gestión presidencial poco a poco fueron despojados otra vez.
Hoy operan en México 17 planes de justicia en el territorio nacional, con diferentes grados de avance. Poco se sabe de estas acciones que por primera vez en siglos otorgan justicia a los pueblos originarios.
La restitución de tierras fue una necesidad identificada desde los primeros días del movimiento de independencia que empezó Miguel Hidalgo y a partir de ahí se reiteró y repitió por quienes han pensado en los habitantes ancestrales y sus descendientes. Desde entonces, hasta el grito de Emiliano Zapata por tierra y libertad, él exigió también la restitución, no el reparto, como luego se llega a confundir. Y no es que el reparto no fuera necesario, pero era, es preciso primero regresar porque eso implica el reconocimiento de la pertenencia, del patrimonio, de la historia, de la riqueza cultural y de la urgencia de hacer justicia.
