Los alegres, vinculados a proceso
En la discusión sobre la prohibición o no de los narcocorridos, muchos han creído que el tema no iba en serio y se trataba sólo de una polémica de redes sociales. Pero el asunto tiene un trasfondo mucho más hondo y de largo alcance. Los integrantes de la agrupación “Los alegres del barranco”, que se hicieron todavía más famosos desde que el pasado 29 de marzo cantaron en el Auditorio Telmex y prácticamente convirtieron en un héroe público a un conocido capo del crimen organizado, están formalmente vinculados a proceso y además de pagar 1.8 millones de pesos como garantiza, deberán acudir cada semana a firmar en el juzgado, mientras sigue su proceso.
La defensa de los cantantes sinaloenses respondió una y otra vez que sus representados se amparan en el derecho de libertad de expresión del que gozan todos los ciudadanos mexicanos y que está consagrado en la Constitución Política mexicana.
Pero hay muchos matices de por medio. No basta con apelar a la libertad de expresión.
El proceso judicial apenas comienza y hay cuando menos cuatro carpetas de investigación en las que están involucrados los cantantes. Todas son por la misma causa: apología del delito, porque después de lo sucedido en el Auditorio Telmex, volvieron a hacerlo en otros conciertos en diferentes municipios. El colmo de la provocación ocurrió cuando en una presentación reciente, no cantaron el corrido de homenaje al narcotraficante, pero proyectaron la letra en una pantalla gigante mientras ejecutaban la piza musical; fue una invitación abierta a que el público cantara. Otro acto de apología del delito.
Los integrantes de “Los alegres del barranco” están mal asesorados.
Sus pretendidos actos de libertad de expresión son, antes que una mera expresión de opiniones, un evento de lucro en el que cobran por sus interpretaciones musicales.
Estos conciertos están normados en legislación federal y ordenamientos municipales. Debido a que hay lucro, deben pagar impuestos y por lo tanto, cumplir con las normativas que se establecen en el nivel municipal y estatal.
La figura de la “apología del delito” está especificada en el Código Penal de Jalisco y por lo tanto, está prohibido incurrir en ésta, so pena de sanción administrativa y privación de la libertad. Si no les han explicado con claridad que el derecho de libertad de expresión también tiene límites, esa ya es una responsabilidad que deberán enfrentar los asesores legales de los cantantes.
El juicio formal que enfrentan, es ahora un tema que deberán seguir muy atentamente todos los cantantes del género y promotores de esta narrativa de exaltación de la narcocultura.
Que lo sepan de una vez: es delito.
Y aunque México es un país que padece por la enorme impunidad y por la escaza aplicación de las normas y leyes, en este tema en particular, las cosas son diferentes.
Como lo comentamos en otra edición de “Al buen entendedor”: quienes quieran cantar narcocorridos, que lo hagan en privado.
