Manuel Baeza

Olvídese de los terremotos; esos son para el centro del país. 
Tampoco piense en inundaciones, que ocurren con más frecuencia en el Sureste.
Y si acaso, los incendios forestales, que son muchos en Jalisco, pero fuera del alcance de las zonas habitadas. 
Lo que realmente debe preocupar a los jaliscienses en materia de protección civil son los desastres que pueden causar las industrias, principalmente las asentadas en el Área Metropolitana de Guadalajara, que son la mayoría.
Y para muestra lo ocurrido en apenas siete días: dos grandes incendios en zonas industriales de la metrópoli. Uno de ellos en una fábrica de aerosoles, que tuvo estallidos de tanques con productos químicos, afectaciones a diez empresas aledañas, y por desgracia con saldo de por lo menos cuatro muertos. El otro, en una fábrica de productos de limpieza, afortunadamente sin daño a personas.
Los tapatíos poco sabemos de ello, y lo hablamos menos, pero buena parte de la mancha urbana está llena de industrias. 
Una estimación del gobierno estatal con datos del INEGI señala que en el Área Metropolitana de Guadalajara se asienta 75 por ciento de las industrias de Jalisco. Y las industrias manejan gas, productos químicos, plásticos, telas, cartón, y otros elementos que pueden resultar peligrosos.
Y muchos vivimos al lado, atrás, o a unas cuadras de estas empresas. 
Por eso una de las preocupaciones de todos en Jalisco, especialmente en la gran metrópoli, tendría que ser la seguridad industrial. 
Por supuesto que los primeros en tomar cartas en el asunto deben ser los propios industriales. Son ellos quienes deben garantizar la seguridad de sus trabajadores, la de sus vecinos, y de su inversión.
También muy pendientes deben estar las autoridades municipales y estatales para comprobar que las industrias locales cumplen con todo lo que la ley y los reglamentos les exigen en materia de seguridad. 
Nunca más debe un gobernador anunciar, con los bomberos de fondo, que una empresa no cumplía.
Y los terceros involucrados debemos ser los ciudadanos. Tendríamos que exigir que los reportes de seguridad de cualquier industria asentada en la ciudad sean públicos. Tendríamos que estar atentos a que las fábricas, las maquiladoras, los grandes talleres cumplan con o que la ley les exige. 
Los estallidos del 22 de abril de 1992 en Analco fueron resultado de una negligencia industrial (Pemex incluido como industria). Quienes sí lo supimos, lo vivimos, debemos presionar para evitar a toda costa que se repita un caso similar. 
Sin vivimos en una ciudad con grandes industrias, debemos mentalizarnos a estar protegidos. No se vale que nadie, absolutamente nadie, mire hacia otro lado a la hora de comprobar la seguridad para todos.

Queremos industrias, no bombas de tiempo

Algo se rompió en la política mexicana, concretamente en la 4T. Y no es que la actividad política en nuestro país sea intachable, pero por detalles que han surgido esta semana, queda claro que hay que mantenerse atentos a lo que pueda ocurrir en los primeros círculos del poder.
Lo digo por lo que se ha publicado en medios de comunicación nacionales en apenas unos días. 
Primero, el caso del llamado TelevisaLeaks. Se trata de una investigación realizada por Carmen Aristegui y su equipo, donde acusan a la televisora de coludirse con Arturo Zaldívar, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impulsar su imagen y lograr que llegara, como lo hizo, a convertirse en presidente de la corte.
Los señalamientos involucran a altos directivos de Televisa, a quienes acusan de manipular información para denostar a los rivales de Zaldívar. Duro golpe contra el exministro y hoy coordinador general de Política y Gobierno del Gobierno de la República.
Otro caso es el que levantó el portal Sin Embargo en contra de Caty Monreal, sí, la hija de Ricardo Monreal. Aquí el señalamiento de la publicación es que “directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes”. 
La nota señala que la excandidata perdedora a la Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, recibe más dinero por consultorías y otros asuntos, que como funcionaria. No es algo ilegal, pero&#8230; Un golpe contra ella, pero principalmente contra su padre.
Una más: las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo en contra de la reforma judicial y, concretamente, contra Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de matar a la democracia.
En este caso, las palabras de Zedillo se pueden leer en la revista Nexos, junto con la respuesta que el exmandatario dio a la (también) respuesta de Claudia Sheinbaum al escrito. Sheinbaum contra Zedillo, pues AMLO no puede o no quiere hablar. 
Y otra: a Gerardo Fernández Noroña, senador por el PT pero morenista convencido, ya no lo quieren en el Partido del Trabajo y se lo hacen ver con abucheos y declaraciones en su contra.
¿A qué viene todo esto? No creo en las casualidades. Todas estas filtraciones, investigaciones y broncas son una clara señal de que algo se está descomponiendo de más en la política cuatroteísta mexicana.
Los golpes e indirectas que son muy directas, evidencian que hay fracturas internas muy fuertes en la 4T, y que todos quieren aporrear al rival interno, o en el caso de Zedillo, pegarle directamente a Morena. 
No quiero ser fatalista, pero avizoro una gran pelea interna en la Cuarta Transformación. Y apenas viene la elección del Poder Judicial federal, cuyos resultados serán seguramente motivo de más discordia interna.

Algo se rompió en la 4T

Seis meses y 22 días (contando el de hoy) tiene Andrés Manuel López Obrador sin decir una palabra en público. Nada. Cero. Silencio de radio, dirían unos amigos míos. 
Me sorprende porque imagino que es todo un récord para un expresidente de México en tiempos de redes sociales.
Se aprobaron las reformas constitucionales que dejó pendientes, y nada. 
Ganó Donald Trump otra vez las elecciones, y nada. 
Navidad y Año Nuevo, y nada. 
Se casó uno de sus hijos, y nada. No se dejó ver en la ceremonia.
Se murió el Papa Francisco, a quien mencionaba en sus mañaneras cada jueves y domingo, y nada. 
No me quejo, pero me sorprende, pues en casi 18 años habló todos los días. 
Y es sorpresa porque no imagino cómo puede un hombre con tanto poder acumulado dejar de opinar, sobre todo, todo el tiempo.
Entiendo que debe dejar todo el escenario para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aun así creo que el esfuerzo de no decir nada públicamente debe ser enorme para él.
Eso sí. Estoy convencido de que sostiene largas conversaciones con personajes como Adán Augusto López, hoy senador de la República, y con Jesús Ramírez Cuéllar, uno de sus hombres de confianza en materia de comunicación política. Y que esas conversaciones versan sobre la agenda política nacional.
Y también creo que todos los días intercambia palabras con su hijo Andrés “Andy”, secretario de Organización de Morena. Y de vez en cuando, con la presidenta de México. 
Tal vez AMLO haga bien. Un simple “Hola” en redes sociales detonaría toda una serie de especulaciones (como ésta) en cuanto a qué quiso decir el presidente. Queda claro que la palabra es la herramienta más poderosa de López Obrador.
Total, que han pasado seis meses y 22 días, y del expresidente AMLO no sabemos nada. Absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo más se quedará callado?

¿Cuánto tiempo se quedará callado AMLO?

Termina el año electoral, y comienza la danza por la creación de nuevos partidos políticos. Como si necesitáramos más.
A escala federal ya hay asambleas para crear Somos MX, instituto político con Guadalupe Acosta Naranjo como su personaje más visible.
Pero en Jalisco nada más y nada menos que siete organizaciones civiles están trabajando para crear un partido estatal.
La lista de los siete proyectos considerados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) como procedentes son: 
• La Mayoría. 
• Resurgimiento de Transformación. 
• Movimiento Laborista Mexicano. 
• Podemos Jalisco. 
• Vamos Todos. 
• Partido Humanista. 
• Patriotas.
Y aquí viene la pregunta importante: ¿Realmente necesitamos más partidos políticos en Jalisco? 
De entrada, yo diría que no. Y digo que no porque no encuentro nada novedoso en ellos. De lo poquito que he podido averiguar públicamente sobre estos posibles partidos, todas las organizaciones responden a proyectos que ya existen.
Algunos son de corte obradorista o morenista (algo así como los hermanos separados). Otros son de corte patriotero, y unos más están propuestos por ex militantes del PVEM, o por cercanos al PT.
Me llamaría la atención si hubiera propuestas de partidos con proyectos enfocados en asuntos particulares. Algo así como el Partido por Chapala; o el Partido Wixárica, el Partido del Agua, el Partido de los Estudiantes, o el Partido de l@s Buscador@s. Es decir, partidos que tal vez no lograrían ganar la gubernatura, pero sí podrían convencer a los votantes de colocar diputados en el Congreso del Estado, regidores, y tal vez presidentes municipales con la consigna de proponer alternativas (leyes, obras) para asuntos muy específicos.
Pero no. Todas las propuestas parecen encaminadas a pedir el voto con plataformas tan amplias como a la vez aburridas, como si fueran frases tomadas de un discurso de los años 70.
Faltan meses para que los aspirantes a tener un partido cumplan las exigencias legales. Dudo que todos cumplan. Pero el partido, o el par de partidos que sí llegue a la boleta, seguramente no correrá con nada de suerte a la hora de las votaciones. 
Por eso mi pregunta: ¿Realmente necesitamos más partidos políticos en Jalisco?

¿Necesitamos nuevos partidos políticos?

Una cosa es que Estados Unidos nombre como grupos terroristas al crimen organizado en México, y otra muy distinta es que los vecinos del Norte se decidan a atacar a dichos grupos por medio de drones o misiles. 
Lo trascendido ayer en medios estadounidenses sobre un posible ataque aéreo contra objetivos criminales en México puede ser cierto, pero parece improbable. Porque, insisto, una cosa es una cosa, y otra es otra.
Estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos tiene desde hace años, decenas de años, planes actualizados sobre posibles ataques a México, o incursiones armadas en nuestro país. Para eso sirven los ejércitos y, sobre todo, los organismos de inteligencia de cualquier gobierno, y de que basta hacer un ajuste a dichos planes para actualizarlos y ponerlos en operación. 
Pero no todo es poderío militar. 
Un ataque estadounidense en territorio mexicano sería una catástrofe diplomática, y un problema grave al interior del país de las barras y las estrellas.
Y digo una catástrofe diplomática porque de inmediato se tendrían que suspender las relaciones gubernamentales entre ambos países, y el intercambio comercial fronterizo se convertiría en un embudo realmente enorme y lento por las revisiones a contenedores y demás. 
Igual de preocupante sería la reacción de los latinos en Estados Unidos. Si el mero anuncio de las deportaciones trumpistas puso en pie de guerra a barrios hispanos por varios días, mucho más lo sería cualquier ataque militar a nuestro país. Eso sin contar que un boicot de latinos en California, Texas o Illinois, sería un golpe difícil para la economía vecina. 
Pero&#8230;
No sería lo mismo un ataque con drones o algún otro tipo de infraestructura militar realizado por las fuerzas armadas mexicanas. Sería un ataque hecho por autoridades mexicanas, aunque asumo que con inteligencia, e inclusive armas, extranjeras. 
Así, las cosas serían distintas. Y las reacciones y consecuencias también. 
Porque no es lo mismo una cosa que otra.

Los drones de EU: no es lo mismo

Una vez más, Donald Trump nos trae pendientes de un hilo. Hoy por la tarde se darán a conocer los aranceles que impondrá el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de prácticamente todo el mundo, México incluido, y hasta entonces se podrá evaluar un posible primer impacto de las consecuencias de la decisión unilateral trumpista.
Hay versiones en los medios de comunicación estadounidenses que mencionan un 20 por ciento parejo de aranceles para la mayoría de los productos que crucen la frontera hacia la Unión Americana, los cuales entrarían en vigor 24 horas después de anunciadas. 
La única salvedad, se aventura, podría ser en el ramo automotriz, aunque en ese caso habría una confusa regla para aplicar tarifas complementarias a ciertas piezas de los vehículos, y a otras no. Pero igual habría daño para el sector. 
La verdad es que todo suena a una cosa de locos. 
Lo que Donald Trump decida hoy cambiará al mundo por completo. Mucho o poco, los aranceles descontrolarán el mercado mundial y detonarán una guerra comercial nunca vista. 
México, como nación, debe pensar muy bien cómo afrontar el reto que viene, para evitar irnos a los extremos. Ni arrojarnos al vacío envueltos en una bandera, ni someternos sin chistar a las exigencias del vecino.
El gobierno federal tiene que estudiar muy bien los pasos a seguir, y responder de manera lógica en medio de lo que parece un movimiento descabellado por parte del presidente Trump. Alguien debe meter razón en el tema, y ese alguien es nuestro país. 
México está dividido políticamente, y ambas partes deben, debemos, actuar pensando en nuestro futuro. Necesitamos consenso y unidad en tiempos difíciles para salir adelante. Costará trabajo, pero si nos esforzamos, lo podremos lograr. 
Hoy todos estaremos atentos a lo que venga. 
Hoy es tiempo de mirar hacia adelante para el bien de todos.

Aranceles: mirar hacia adelante

Ricardo Villanueva vive ya su última semana como rector general de la Universidad de Guadalajara, y se irá con la frente en alto y dejando tras de sí una casa educativa fuerte y sin conflictos. 
Villanueva Lomelí, el “Tío Richie” para los estudiantes, se llevará en su mochila (¿o será portafolios?) logros muy importantes que podrá enmarcar y colgar en su nueva oficina como subsecretario de Educación Superior de la SEP, lo que será su nuevo encargo en la vida pública de México.
El todavía rector es una mezcla inusual de político y académico, algo que muchos han intentado hacer, pero pocos logran consolidar. Es evidente que tiene buena capacidad de análisis del momento, pero sobre todo demostró que puede conformar equipos encaminados a un solo objetivo, y que puede también generar consensos en ambientes divididos. 
Tiene Villanueva mucho futuro, pero ya lo realizado hasta hoy le garantiza un lugar en la historia de la Universidad de Guadalajara. 
Son muchos los puntos favorables de su trabajo como rector general, pero en lo personal cuatro me llaman la atención:
1.- La pandemia. Bajo su mando, la UdeG se convirtió en uno de los tres pilares (los otros dos fueron la iniciativa privada y el gobierno) que sirvieron para que Jalisco lograra sortear de la mejor manera posible la epidemia del covid-19. Sin el trabajo y sacrificio de toda la comunidad universitaria, comenzado por el rector, tal vez el resultado hubiera sido menos afortunado. 
2.- La muerte de Raúl Padilla. Tras la desaparición física del hombre fuerte de la UdeG, Ricardo Villanueva supo manejar los hilos de la casa de estudios para evitar rupturas y/o intentos golpistas al interior de la institución. Hoy la Universidad sigue trabajando en unidad, y sin visos de una fractura cercana. 
3.- El presupuesto constitucional. La relación entre Ricardo Villanueva y el gobernador Enrique Alfaro sacó chispas siempre, pero el rector supo negociar, acordar, ganar y ceder para lograr algo que parecía imposible: que se lograra incluir en el Presupuesto constitucional una partida fija para la Universidad, algo que parecía improbable. 
4.- Las pensiones. Es uno de los logros menos publicitados de Villanueva, pero el rector consiguió convencer a trabajadores y académicos de que la única manera de garantizar la viabilidad de la casa de estudios en materia económica era mediante una modificación al sistema de pensiones. Costará esfuerzo de institución, académicos y trabajadores, pero se logró un respiro a largo plazo. 
Hay muchos más logros de Ricardo Villanueva, pero a mi juicio esos son los más destacados. Ahora emprende el rector general una nueva etapa de su vida. Se va con el orgullo de su gestión en la UdeG, y seguramente logrará buenas cuentas en el gobierno federal. Muchos le ven futuro político inmediato. En lo personal prefiero verlo triunfar a largo plazo en materia de políticas educativas y de administración universitaria.

Ricardo Villanueva, con la frente en alto

La crisis por los desaparecidos abrió en México, una vez más, el debate en torno a un sistema único de identificación oficial. Lo planteó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un plan para tener en un solo padrón los datos únicos de todos los ciudadanos mexicanos. 
No me desagrada la idea de un documento nacional de identidad. De hecho, no existe ninguno. Utilizamos como identificación la credencial del Instituto Nacional Electoral, pero ese documento nació hace apenas 34 años. ¿Cómo se identificaban antes los mexicanos? Con la cartilla militar (los hombres), con pasaportes (quienes viajaban al extranjero), con actas de nacimiento o licencias de conducir.
La credencial de elector no es un documento obligatorio. Y no es un documento expedido por el gobierno, sino por una organización ciudadana que es (o debo decir, era) respetable y reconocida por todos, pero no es un órgano de gobierno. 
Argentina, Alemania, España y Brasil, enero otros países, sí expiden un documento oficial de identidad, y sus ciudadanos deben utilizarlo para trámites oficiales y además, como comprobante personal de identidad ante negocios.
En México existe el Registro Nacional de Población, un ente que presumiblemente es el encargado de tener el registro de todos los mexicanos. Este Renapo es el responsable de asignar la Clave Única de Registro de Población, la CURP, pero ese documento no cuenta con información biométrica que permita a cualquiera corroborar si quien la presenta es la persona a la que corresponde.
La desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades, todas, ha sido el principal obstáculo para la creación del documento único de identidad en México. Pero me parece que es el momento en que los mexicanos aceptemos la generación de una credencial, con “miles” de candados, para identificarnos formalmente.
Si normalmente accedemos a dar en las redes sociales buena parte de nuestra información personal, ¿por qué no hacerlo ante un organismo formal y oficial? Tener una base de datos amplia tendría que ser importante para todos. Eso sí: las autoridades deberán, deberían, corresponder a nuestra confianza con el respeto total a nuestra privacidad.

Hacia un documento de identidad nacional

Laura Haro Ramirez

Un reflejo del discurso

Héctor Ruiz López

Justicia bajo la lupa

Federico Torres López

La mesa vacía

Mi pecho no es bodega

Favio Castellanos

01 de junio Poder Judicial

Negociar es tratar o discutir (un asunto) para procurar su mejor logro. 
Eso es lo que la familia del “Chapo” Guzmán hizo: negociar.
No está claro si lo hizo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, o si lo hizo su hijo Ovidio, en proceso ante un juez en el vecino país del Norte. Pero de que hubo negociación, la hubo; y lo más probable es que haya sido el propio Ovidio. 
Lo sabemos por varios motivos.
Primero, porque se filtró a medios desde la semana pasada que hubo un acuerdo por parte de Ovidio Guzmán para que se declara culpable de narcotráfico, a cambio de evitar una pena de muerte como posible sentencia. 
Segundo, porque el fin de semana unos 15 integrantes de la familia Guzmán cruzaron la frontera hacia California, y fueron recibidos por miembros del FBI (el equivalente a la FGR mexicana) para ser trasladados con rumbo desconocido.
Y tercero, porque este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a líderes del cártel de Sinaloa, de terrorismo y narcotráfico.
Así que todo suma. Los Guzmán negociaron, y no serán objeto de cacería por parte de Estados Unidos, aunque no así los actuales dirigentes del grupo criminal. “Los perseguiremos hasta dar con ellos”, dice el fiscal general para el Distrito Sur de California. 
La persecución gringa, con los cargos de terrorismo de por medio, es una franca amenaza para los acusados (dos personas de apellido Insunza y otros más), y será un dolor de cabeza para la administración federal de Claudia Sheinbaum.
Si el gobierno mexicano no persigue, detiene y entrega a los acusados, entonces corre riesgo de que comiencen a aparecer denuncias y acusaciones hacia funcionarios que no cumplan. Ahora sí que se complican las cosas para las autoridades mexicanas. 
No queda otra opción para el gobierno federal que negociar. Tratar o discutir (un asunto) para procurar su mejor logro, según dice la Real Academia de la Lengua Española. Negociar la captura y entrega de los terroristas que operan en territorio mexicano.

De terrorismo y negociación con EEUU