Justicia bajo la lupa

La reforma judicial abrió un debate que durante años evitamos:
¿quién debe juzgar y cómo debe elegirse?

A toda acción le corresponde una reacción. Y aunque no sin controversia, hay que reconocer que gracias a la reforma judicial hoy se ha abierto un debate necesario: ¿Qué Poder Judicial queremos como país?

El tema ha salido de los círculos cerrados para instalarse en las sobremesas, en los medios, en el aula, entre amistades y familias. Incluso entre quienes no son abogados ni expertos en justicia, ha surgido la inquietud sobre si este modelo pondrá en riesgo la independencia judicial o si terminarán siendo elegidos jueces, magistrados y ministros que no cuenten con el perfil, la formación profesional o la experiencia necesaria.

Por otro lado, entre juristas, particularmente quienes han hecho carrera dentro del Poder Judicial, existe la preocupación de que esta reforma diluya el valor de la carrera judicial. Algunos temen que dejarán de tener sentido años de esfuerzo escalando peldaños como oficial, actuario, secretario y juez, si otros pueden acceder a los cargos más altos sin haber pasado por ese camino.
Ambas posturas son comprensibles. Pero también son debatibles.

Comencemos con la tan mencionada independencia del Poder Judicial. Quienes hoy la defienden con fervor, suelen omitir que la independencia judicial ha sido cuestionable desde hace décadas, y que buena parte de los nombramientos, sobre todo en la Suprema Corte, han respondido históricamente a pactos políticos, cuotas entre partidos y designaciones presidenciales. Esto se hacía con cierta elegancia institucional, pero en la práctica era una normalidad que pocos se atrevían a cuestionar.
Lo mismo ocurría con nombramientos de magistrados y jueces. En muchos casos, los ascensos respondían a cuatro grandes vías:

1. La vía política, es decir, apoyos de actores externos, gubernamentales o partidistas.

2. La vía interna, impulsada por jerarquías dentro del propio Poder Judicial (ministros recomendando a magistrados, magistrados a jueces, jueces a secretarios, y así seguía la cadena).

3. El poder familiar: en combinación con la vía interna, diversas investigaciones serias han evidenciado la existencia de un nepotismo disfrazado al interior del Poder Judicial, donde magistrados y jueces promovían a familiares dentro de la estructura.

4. Y la vía del mérito puro, quizá la más escasa, donde alguien escalaba con base en esfuerzo y preparación, sin más respaldo que su trayectoria.
En ese contexto, hablar de una independencia plena sería, al menos, una exageración. Lo que la reforma ha hecho es poner sobre la mesa —con todas sus aristas— un tema que llevaba años naturalizado en la opacidad.
Ahora bien, respecto al temor de que accedan personas sin perfil, también hay argumentos para matizar. La carrera judicial es valiosa, sí, pero también lo es la posibilidad de abrir las puertas a perfiles con experiencia profesional distinta, provenientes del litigio, la academia o la administración pública, que pueden aportar otra visión de la justicia. El sistema tradicional ha sido históricamente cerrado, y quienes no formaban parte de él difícilmente podían ingresar. El ingreso externo era la excepción, no la regla.
Si como país queremos transformar la justicia, necesitamos revisar con honestidad no solo las estructuras, sino también los filtros, las formas y los accesos. Y si algo ha logrado esta reforma —más allá de sus imperfecciones— es que por primera vez se hable, se cuestione y se discuta públicamente sobre el Poder Judicial.
Y eso, de entrada, ya es un avance democrático que no podemos ignorar.