Jonás

El Ayuntamiento de Guadalajara que encabeza Verónica Delgadillo determinó una intervención integral en el Parque Revolución, también popularmente conocido como el Parque Rojo. Cinco meses de trabajos para renovar todo el mobiliario y los espacios públicos, con una inversión de 23 millones de pesos.
Eso sí… los trabajos implican eliminar el paso en la mayor parte del espacio público para hacer los trabajos y de noche, evitar los riesgos porque, se sabe desde hace años, la zona es de altos índices de inseguridad.
Eso implicó poner malla ciclónica en la mayor parte del parque y con eso, automáticamente, cerrar los espacios a los comerciantes que habían establecido un tianguis sabatino desde hace cinco años. De ese tema y sus particularidades, con las esperadas protestas e inconformidades, han abundado muchos analistas de la ciudad en las últimas semanas.
En este “Al buen entendedor”, sin embargo, quiero hacer hincapié en la politización indebida que se ha generado en los últimos días, con riesgos innecesarios y necedades que son apoyadas irresponsablemente.
El sábado pasado, 17 de mayo, algunos de los manifestantes que se niegan a abandonar el parque porque en ese espacio comercializan sus productos cada sábado, golpearon a inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara y arrojaron pintura a policías municipales. Obviamente, la reacción era indispensable. Detuvieron a cinco mujeres y cuatro varones. La violencia no era necesaria, de hecho, fue un exceso que los denigra en sus exigencias. El resultado: sanciones administrativas.
Pero algunos de los líderes de los comerciantes (porque otros ya han aceptado la oferta del gobierno de Guadalajara para reubicarse en otros tianguis, como el llamado Tianguis Cultural en Plaza Juárez), han hecho alianza con el Partido Morena. De hecho, han acudido a denunciar el retiro del espacio en las conferencias que cada lunes efectúa la presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez.
Llevar al espacio de los partidos políticos la causa de los comerciantes, no es la decisión más inteligente. De hecho, es todo lo contrario. 
Los vecinos de la zona del Parque Revolución, y los comerciantes establecidos, están en contra del tianguis. Es la misma historia que se ha contado durante años en el primer cuadro del Centro Histórico de Guadalajara.
Nunca se encontrará una respuesta que satisfaga al ciento por ciento a todos los interesados. Sencillamente no existe. Regular el comercio informal implica, precisamente, que deje de ser informal. Las reglas deben parejas para todos, pero no hay espacio ni condiciones infinitas.
La realidad es que los comerciantes del Parque Revolución no tendrán cabida después de las remodelaciones. En el lugar transitan 100 mil personas todos los días, por el paso y el intercambio del transporte masivo… ¡claro! ¡Ellos son el objetivo de los comerciantes! Pero si no puede haber total comercio formal, entonces no puede haber comerciantes informales. Entonces, nada para nadie.
Ningún partido político, ningún afán de hacer “mártires” en manifestaciones, cambiará las cosas. Sólo pusieron en riesgo a muchas personas. Eso no es políticamente maduro.

Politización irresponsable en el Parque Rojo

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó la conmemoración del Día del Maestro ayer 15 de mayo, para hacer un anuncio que aparentemente sería aplaudido en todo el país: incremento del 9% al salario de los docentes en el sistema educativo nacional, retroactivo al 1 de enero y con un incremento adicional del 1% del 1 de septiembre en adelante.
Además de eso, anunció una semana más de vacaciones para maestras y maestros del país, y se reiteró que la edad de jubilación no se modifica.
Sin embargo, fue contrastante el rechazo manifestado por decenas de miles de docentes que se manifestaron y protestaron en varias ciudades del país. La movilización más grande ocurrió en la Ciudad de México y además de los conflictos viales causados por la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde hicieron plantón, sorprendió que insistieran en que el 9% de aumento anunciado por la presidenta es muy poco, pues con marchas y plantones lograron 14% de aumento el año pasado.
Encontrar posturas homogéneas entre los maestros del sistema educativo mexicano es casi imposible. Las posturas de los mayores sindicatos (el SNTE y la CNTE) son diferentes y a veces hasta se confrontan.
Pero en el tema de los recursos económicos que se destinan a la educación pública en México, hay más motivos de reclamo que de agradecimiento. 
A pesar de que la presidenta Sheinbaum indicó que el aumento salarial anunciado ayer implica un desembolso adicional de 36 mil millones de pesos cada año, los números en materia de educación no hablan bien de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la actual. 
Sucede que desde 2015, nuestro país redujo su presupuesto para la educación pública, pasando de un billón 57 millones 707 mil pesos a un billón 19 millones 449 mil pesos en 2024.
El año pasado, en el cierre del sexenio anterior, no se pudieron cubrir las urgencias del sector: formación docente, recuperación de aprendizajes y mejoramiento de infraestructura, entre las más importantes.
Además, este año nuestro país queda nuevamente exhibido ante la recomendación internacional de destinar entre 4 y 6% del Producto Interno Bruno (PIB), para educación, ciencia y cultura. México no llega al 4% y en los últimos seis años, redujo el gasto en casi 1% de su PIB.
En síntesis y con toda claridad: hay más necesidades en el sector educativo y en lugar de aumentar, hemos reducido el presupuesto. 
Y efectivamente, como dicen maestras y maestros de la CNTE: logran más aumentos marchando y haciendo plantones. Ellos resuelven su dilema. La educación pública en México, no.

¿Rechazo al aumento salarial a maestros?

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, reprobaron que el gobierno de los Estados Unidos esté preparando una negociación con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Guzmán “El Chapo”.
El secretario, en particular, lamentó que en la detención de Ovidio Guzmán se perdieran vidas de integrantes de las Fuerzas Armadas para detenerlo y después entregarlo a autoridades norteamericanas, y ahora a todas luces, se esté concretando una negociación que resultará en una pena menor para el narcotraficante que protagonizó el “culiacanazo” durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la incongruencia en el discurso del gobierno de los Estados Unidos: declaran terroristas a las organizaciones criminales, aseguran que no negocian con terroristas y ahora están negociando con Ovidio Guzmán.
¿Qué hay detrás de la indignación de la presidenta y del secretario García Harfuch? De él, naturalmente, se entiende que secunde el discurso presidencial. Es miembro del Poder Ejecutivo. 
En cambio, de la presidenta Claudia Sheinbaum sorprende la postura porque hay una serie de condiciones que ella conoce perfectamente.
En primera instancia, no es ninguna novedad la negociación con presuntos delincuentes en el sistema judicial estadounidense; esta figura se ha utilizado desde hace muchos años y le permite a las autoridades acordar una reducción de la posible pena de condena a los acusados, a cambio de testimonios y control permanente sobre ellos, literalmente para el resto de sus vidas.
En segundo lugar, es evidente que tanto la presidenta como su gabinete pueden quejarse y argumentar congruentemente, pero las autoridades norteamericanas no harán ningún caso. En temas de seguridad, especialmente, las autoridades estadounidenses han elaborado un intrincado tejido de regulaciones, autoridad y contrapesos, que resulta irrompible aún para la autoridad de su presidente.
Lo que evidentemente está sucediendo es que tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la última etapa de su gestión, como a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que ocupa el cargo, el gobierno de Estados Unidos les cerró la comunicación en materia de combate al crimen organizado. Les han compartido sólo la información que les interesa y en casos extremos, ni siquiera eso.
Las pruebas son contundentes: López Obrador se enteró, como cualquier ciudadano, en las redes y los medios de comunicación, del operativo para detener a Ismael “El Mayo” Zambada, y las consecuencias de violencia y descomposición han sido enormes. La presidenta Sheinbaum se enteró, también en redes y los medios, que la madre de Ovidio Guzmán y sus parientes, se entregaron al FBI en California. Y eso es resultado de la negociación. 
La molestia fue enorme para López Obrador y es clara, en el discurso de la presidenta.
La línea se rastrea desde lejos: harán todo para acabar con el añejo cártel de Sinaloa por la producción y trasiego del fentanilo. 
Las consecuencias apenas se sospechan, porque muchos que han vivido en la impunidad, empezarán a estar en las listas de sospechosos y acusados.

Reprobar la negociación de Ovidio “El Ratón”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es como un chivo en cristalería: cada vez que se mueve rompe algo. Pero eso no significa que los grupos de poder que están detrás de él en la Casa Blanca desvíen sus propósitos o pierdan sus objetivos. Desde que se declaró que el narcotráfico es igual a terrorismo para el gobierno federal norteamericano, se había esperado el primer golpe y por fin llegó.
Una corte federal de Estados Unidos, en el Estado de California, acusó este 13 de mayo a dos conocidos personajes del ámbito delincuencial en Sinaloa, como “narcoterroritas”. Se trata de Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel (padre e hijo). Son acusados de ser operadores en una facción del cártel sinaloense de los Beltrán Leyva. Para las mayorías pasan desapercibidos, pero hay muchas coincidencias que no deben ignorarse, porque impactan incluso en Palacio Nacional.
Lo primero que debe tomarse en cuenta es que los familiares de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, cruzaron la frontera en grupo y fueron recibidos por agentes del FBI. No es un paseo turístico, sino una negociación anunciada con semanas de anticipación; Ovidio Guzmán, “El Ratón”, el mismo personaje que en el sexenio pasado fue el personaje central del “culicanazo”, se declarará culpable para acceder a una condena menor, en incluyó en la negociación a sus familiares.
En territorio norteamericano está detenido el líder de la otra facción del crimen organizado que encara una guerra criminal en Sinaloa y que la ha extendido a otros puntos del país, Ismael Zambada, “El Mayo”. Evidentemente, también le estarán haciendo ofertas para negociar y declarar su culpabilidad, según lo contempla la legislación estadounidense.
A cambio, Ovidio, “El Mayo” y todos los que han sido detenidos antes y serán apresados en el futuro, deben declarar y darle información a las autoridades de los Estados Unidos. Esa información (pruebas testimoniales, dirían los técnicos en la Fiscalía General de la República), implicarán a muchas personas que se han involucrado en la cadena delictiva de las organizaciones criminales.
El hecho de declarar “terroristas” a los Inzunza, cuando evidentemente las cabezas de las organizaciones delincuenciales sinaloenses están en Estados Unidos, implica que las operaciones se han extendido y ahora con una nueva herramienta legal que aplicarán activamente la DEA, el Tesoro de Estados Unidos, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Seguridad, ejercerá más presión sobre el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ya los consideran “terroristas”. Donald Trump ha insistido en que se permita la intervención directa de sus fuerzas armadas. 
La presidenta Sheinbaum y su gabinete de seguridad, presionados por eventos como el retiro de visas a funcionarios de primer nivel (gobernadora de Baja California), deberán empezar a liberar más información y ceder terreno. Es eso o admitir que la colaboración está por encima de la soberanía.

La primera acusación de narcoterrorismo

En la discusión sobre la prohibición o no de los narcocorridos, muchos han creído que el tema no iba en serio y se trataba sólo de una polémica de redes sociales. Pero el asunto tiene un trasfondo mucho más hondo y de largo alcance. Los integrantes de la agrupación “Los alegres del barranco”, que se hicieron todavía más famosos desde que el pasado 29 de marzo cantaron en el Auditorio Telmex y prácticamente convirtieron en un héroe público a un conocido capo del crimen organizado, están formalmente vinculados a proceso y además de pagar 1.8 millones de pesos como garantiza, deberán acudir cada semana a firmar en el juzgado, mientras sigue su proceso.
La defensa de los cantantes sinaloenses respondió una y otra vez que sus representados se amparan en el derecho de libertad de expresión del que gozan todos los ciudadanos mexicanos y que está consagrado en la Constitución Política mexicana. 
Pero hay muchos matices de por medio. No basta con apelar a la libertad de expresión.
El proceso judicial apenas comienza y hay cuando menos cuatro carpetas de investigación en las que están involucrados los cantantes. Todas son por la misma causa: apología del delito, porque después de lo sucedido en el Auditorio Telmex, volvieron a hacerlo en otros conciertos en diferentes municipios. El colmo de la provocación ocurrió cuando en una presentación reciente, no cantaron el corrido de homenaje al narcotraficante, pero proyectaron la letra en una pantalla gigante mientras ejecutaban la piza musical; fue una invitación abierta a que el público cantara. Otro acto de apología del delito. 
Los integrantes de “Los alegres del barranco” están mal asesorados.
Sus pretendidos actos de libertad de expresión son, antes que una mera expresión de opiniones, un evento de lucro en el que cobran por sus interpretaciones musicales. 
Estos conciertos están normados en legislación federal y ordenamientos municipales. Debido a que hay lucro, deben pagar impuestos y por lo tanto, cumplir con las normativas que se establecen en el nivel municipal y estatal.
La figura de la “apología del delito” está especificada en el Código Penal de Jalisco y por lo tanto, está prohibido incurrir en ésta, so pena de sanción administrativa y privación de la libertad. Si no les han explicado con claridad que el derecho de libertad de expresión también tiene límites, esa ya es una responsabilidad que deberán enfrentar los asesores legales de los cantantes.
El juicio formal que enfrentan, es ahora un tema que deberán seguir muy atentamente todos los cantantes del género y promotores de esta narrativa de exaltación de la narcocultura. 
Que lo sepan de una vez: es delito.
Y aunque México es un país que padece por la enorme impunidad y por la escaza aplicación de las normas y leyes, en este tema en particular, las cosas son diferentes. 
Como lo comentamos en otra edición de “Al buen entendedor”: quienes quieran cantar narcocorridos, que lo hagan en privado.

Los alegres, vinculados a proceso

El nuevo presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, es el joven dentista Jaime Rodríguez. Es regidor y participó en las elecciones del año 2024 como candidato a regidor en la planilla en la que fue reelecto José Ascención Murguía, quien apenas el viernes pasado fue notificado por el juez que deberá seguir detenido durante los próximos cuatro meses, mientras se desahoga el juicio que enfrenta, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de crimen organizado y desaparición forzada.
El cambio de presidente le da a Teuchitlán, cuando menos, seguridad jurídica.
Pero el tema se ha convertido en un peso de plomo para la imagen pública de Jalisco, para el gobierno estatal que tiene también el resto de resolver la violencia en el municipio alteño de Teocaltiche, y para la FGR de Alejandro Gertz Manero, que debe demostrar sus acusaciones y aún más, vincular a proceso a los numerosos funcionarios públicos que –se deduce– están relacionados con los hechos del Rancho Izaguirre.
Aún más, es pertinente preguntarse: ¿Qué pasó en el Rancho Izaguirre? 
En este punto, lo único que puede afirmarse es que el alcalde José Ascención está detenido. Pero, ¿qué ocurrió en el Rancho Izaguirre? ¿Retenían contra su voluntad a jóvenes que después obligaron a participar en el crimen organizado? ¿A cuántos y a quienes? 
¿Hubo o no personas fallecidas en ese predio? ¿Si la respuesta es afirma, cuántos y quiénes?
En lo político se evitan conflictos. 
Con la aprobación de Jaime Rodríguez como presidente interino, Movimiento Ciudadano queda afianzado como el partido político que ganó la elección del año pasado.
Sin embargo, está pendiente resolver el futuro inmediato del municipio. 
Por otra parte, en este punto además de Teocaltiche, el problema de violencia en Teocaltiche, en la región Altos Norte, plantea otro reto adicional a las autoridades municipales y al gobierno del Estado y a la colaboración que se presume, se da permanentemente con el gobierno federal (Guardia Nacional y Ejército mexicano).
La semana que inicia da como resultado el asesinato de la ex candidata a la alcaldía en ese municipio, también por el Partido Movimiento Ciudadano, Cecilia Ruvalcaba.
El partido político en el gobierno del Estado y en ambos municipios, queda cuestionado por los sucesos de violencia. 
En Jalisco el reto en la lucha contra la violencia y la inseguridad, se mantiene.

Teuchitlán y Teocaltiche; la violencia sigue

El nuevo Papa de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost Martínez, quien tomó el nombre León XIV, ocupó el centro del interés noticioso en el mundo. En México y en Jalisco no pasará desapercibido. 
La Iglesia Católica es un referente mundial y el ocupante de la sede de San Pedro es sin duda, una autoridad moral internacional, tanto para creyentes católicos como para gobiernos y el mundo entero.
La presentación de León XIV provocó una catarata de análisis y revisiones. 
En primera instancia parece haber satisfecho una petición manifestada en todas partes: equilibrio.
El nuevo Papa es una figura equilibrada: pertenece al grupo del extinto Francisco, quien le otorgó la dignidad cardenalicia y que lo convierte entonces, en representante de la corriente progresista que domina en el Vaticano. Con ello, se evitó lo que algunos externos denominaron una regresión al conservadurismo.
Sin embargo, también la visión conservadora más externa en la Iglesia quedó satisfecha con la ascensión de Prevost Martínez. Aplaudieron que retomara las costumbres, tanto en la vestimenta como en el uso del Latín al presentarse como el Papa 267 de la Iglesia. Aplaudieron su moderación y su rechazo al protagonismo mediático. Celebran que no sea una figura muy parecida a su antecesor, Jorge Mario Bergoglio. 
Al final, se trata de gestos, de rituales y liturgias. El nuevo Papa acepta de buen grado retomarlas y volver al camino de la tradición, algo que había quedado en desuso con Francisco.
Sin embargo, en el fondo hay también otros temas de mayor profundidad y, sostengo, más importantes porque forman parte del fondo y no de la forma. 
El nuevo Papa León XIV es en buena medida un segundo Papa latinoamericano. Aunque nació en Chicago y es el primer Pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia, es también un hecho notable que toda su actividad pastoral y religiosa la ha desarrollado en Latinoamérica, concretamente en Perú, en la diócesis de Chiclayo.
Es tan evidente su apego a esta parte de su vida, que también rompió esquemas al presentarse como el nuevo Papa y no limitarse a su discurso en italiano, pues será desde ahora el obispo de Roma. También habló en español y su breve mensaje sacudió profundamente no solo en Perú, sino también todas las naciones latinoamericanas y en la enorme comunidad latina que radica en Estados Unidos. 
Es incuestionable: su línea podrá diferenciarse de la de Francisco, pero seguirá siendo un Papa que abogue por los menos favorecidos del poder político y económico. Será un Papa de quienes habitan “las periferias”.

El nuevo Papa León XIV

La detención del presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía, por el caso del Rancho Izaguirre, con serias acusaciones en su contra (entre éstas la de crimen organizado y desaparición forzada), ha dejado conocer que hay acuerdos políticos que se originan en las más altas cúpulas políticas del país.
Aunque algunos partidos políticos como Acción Nacional (PAN), abordaron el tema y acusaron que los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco han fracasado al enfrentar los temas de inseguridad, y además acusaron a Morena de no enfrentar a los grupos delincuenciales, otras dirigencias como la de Morena han preferido hacer críticas mucho más mesuradas.
El acuerdo específico es no hacer “raja política” del caso Teuchitlán, no porque se quiera proteger al alcalde José Ascención Murguía, sino porque la presidencia de la república ha hecho hincapié en que debe evitarse la “contaminación política” y dejar el camino abierto a la acción de la Fiscalía General de la República, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, para que cumpla con su labor de investigación y deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, se empezaron a generar rumores para revisar quién se hará cargo de la alcaldía de Teuchitlán y si lo sucedido es motivo suficiente para declarar la extinción de poderes y convocar a un Concejo Municipal que se haga cargo del gobierno hasta que se convoque a un nuevo proceso electoral. 
Aparentemente no se llegará a este extremo, y con algunas instrucciones, se dejará en manos del Ayuntamiento la determinación de hacer oficial una suplencia del alcalde detenido, pero sin interrumpir el período constitucional de gobierno.
De confirmarse este acuerdo, quedará claro que los puentes de entendimiento entre el gobierno de Pablo Lemus y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum están vigentes, al menos para no provocar distorsiones políticas que afecten otras negociaciones, particularmente las de carácter presupuestal para las importantes obras que están pendientes de consolidar en el Estado, que pretende incrementar su infraestructura de comunicación para el evento del Mundial de Futbol del año 2026. 
Lo que no puede dejarse de lado, definitivamente, es la colaboración en la investigación de tema Teuchitlán y todos los casos similares que, se sospecha, se desarrollan en varios puntos de Jalisco y del país.

Teuchitlán y el acuerdo político

Luz del Carmen Godínez

Reparación integral a las víctimas por desaparición de personas

Aldo Arturo González

Campeonísimo

Mi pecho no es bodega

Ricardo Duran

De poder a poder

Gustavo Parra Noriega

Ciudadanía Digital: Un Imperativo Educativo

Por segunda ocasión, al menos que sea públicamente conocido, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, y el gobernador del Estado, Pablo Lemus, han confrontado posiciones. Por eso cabe la pregunta: ¿estamos ante una pugna entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara, o es una mera aclaración de posturas? 
El primer diferendo tuvo que ver con la designación de la directora general de los Hospitales Civiles, la doctora María Elena González González. Pasaron días, y así lo declaró la rectora, entre la notificación de los nombramientos en los hospitales, y la aceptación por parte del gobernador Lemus Navarro.
El segundo desencuentro, ventilado apenas ayer, tiene que ver con la disposición del presupuesto universitario. En la versión pública, el gobernador comentó la pertinencia de que con el nuevo presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara (presupuesto que no puede discutirse sino simplemente entregarse a la institución), se estableciera un porcentaje para financiar el programa “Senderos seguros”, que pretende medidas de seguridad para los estudiantes en el entorno de las escuelas preparatorias y centros universitarios. 
La respuesta de la rectora Karla Planter fue tan puntual como retadora: “La única, la única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, y nadie más”. Esta declaración textual se dio en la ceremonia de toma de protesta del nuevo rector del Centro Universitario de Los Altos, Antonio Ponce.
En “Al buen entendedor”, hace algunas semanas, cuando Karla Planter asumió como rectora general, expuse que las condiciones en las que llegaba al cargo, además como primera mujer rectora en la historia universitaria, eran positivas, en parte precisamente porque ejercería el presupuesto constitucional universitario, que le evita a la Universidad el acostumbrado jaloneo por más recursos con el gobernador en turno.
Además, subrayé que el mismo Pablo Lemus había anticipado, en una expresión efusiva de felicitación a Karla Planter, que el gobierno del Estado entregaría presupuesto adicional para apoyar eventos universitarios como la FIL y el Festival Internacional de Cine, entre otros.
¿Qué ha ocurrido? ¿Se desgastó tan pronto una relación que apuntaba a ser armoniosa? ¿Se malinterpretó la autonomía universitaria? ¿Hubo una fricción inesperada por los reclamos de estudiantes universitarios? Las hipótesis pueden ser éstas y muchas otras.
De la rectora Karla Planter es normal esperar que defienda el ámbito universitario. Del gobernador Pablo Lemus es natural que proponga soluciones a problemáticas actuales, y más si están relacionadas con temas de violencia e inseguridad. Sin embargo, en la defensa natural de los espacios de acción, tanto de la Universidad como del Gobierno estatal, sería muy costoso para la vida pública de Jalisco que se genere una confrontación abierta entre los dos entes. 
Habrá que esperar que no pasen de meras declaraciones.

Presupuesto universitario, ¿pugna o aclaración?