Jonás

Apenas el pasado 15 de mayo –lo comentamos aquí– la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento salarial para maestros de educación pública del 9%, retroactivo al 1 de enero de este año. La sorpresa después del anunció, la dieron los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que rechazaron el aumento por considerarlo insuficiente y varios de sus líderes, en plantones en la Ciudad de México, aseguraban que con movilizaciones en 2024 habían conseguido incrementos de hasta el 14 por ciento.
Ayer se cumplieron tres días de manifestaciones de miles de integrantes de la CNTE en la capital del país. Son tres jornadas de cierres en avenidas y caos vial, y además sumaron manifestaciones fuera de embajadas de varias naciones para evidenciar sus exigencias a la presidencia de la república. Entre otras cosas, insisten en el incremento salarial del 100%, la erogación total de la Ley del ISSSTE y ahora suman la obligatoriedad de tener diálogo presencial con la presidenta del país.
En medio de la crisis que generó el asesinato de la secretaria particular y el asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum tocó el tema de manera tangencial en su rueda de prensa mañanera. Su comentario fue preciso: No es necesario que ella esté presente en una reunión para que se logren acuerdos con los dirigentes de la CNTE.
El comportamiento de los maestros paristas, evidentemente, es objeto de la condena total de los habitantes de la Ciudad de México, especialmente de quienes padecen los conflictos viales y el desorden en la movilidad de la capital.
Pero vistas las cosas con pragmatismo, no se puede juzgar a los integrantes de la CNTE: ellos proceden con inteligencia elemental. Si consiguen más manifestándose y no les cuesta nada, lo seguirán haciendo hasta que consigan sus objetivos y más si es posible. 
La crítica debe dirigirse al gobierno federal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no ha mostrado la eficacia y la capacidad para negociar con los manifestantes. No ha dejado claras las prioridades del gobierno federal, que consistirían en lograr el desbloqueo de las avenidas y las plazas por el derecho que tienen los capitalinos a desplazarse en su propia ciudad, y no ha tenido la habilidad (¿o las herramientas?) para cerrar una negociación. ¿Qué le debe el gobierno de la república a
la CNTE para permitirles que hagan todo lo que hasta hoy han mostrado? 
Los integrantes de la Coordinadora han decidido ahora bloquear Palacio Nacional. Incluso, durante la mañana de ayer impidieron el acceso de quienes acudieron a la mañanera.
El tema está fuera de control y la CNTE sabe que es “su momento”. El gobierno federal está presionado por la pésima imagen internacional que conjuga la presión del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y aranceles; el doble homicidio de colaboradores del gobierno capitalino y hasta la mala imagen que generó el choque del buque “Cuauhtémoc” en aguas de Nueva York.
La secretaria de Gobernación es la responsable de la política interna. Es su tarea resolver el tema con la CNTE o bien, reconocer ante la presidenta Sheinbaum que no puede hacerlo y dejar el cargo. 
Los capitalinos sufren las consecuencias y también el gobierno federal.

¿La CNTE dobla al gobierno de Sheinbaum?

Por segunda ocasión, al menos que sea públicamente conocido, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, y el gobernador del Estado, Pablo Lemus, han confrontado posiciones. Por eso cabe la pregunta: ¿estamos ante una pugna entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara, o es una mera aclaración de posturas? 
El primer diferendo tuvo que ver con la designación de la directora general de los Hospitales Civiles, la doctora María Elena González González. Pasaron días, y así lo declaró la rectora, entre la notificación de los nombramientos en los hospitales, y la aceptación por parte del gobernador Lemus Navarro.
El segundo desencuentro, ventilado apenas ayer, tiene que ver con la disposición del presupuesto universitario. En la versión pública, el gobernador comentó la pertinencia de que con el nuevo presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara (presupuesto que no puede discutirse sino simplemente entregarse a la institución), se estableciera un porcentaje para financiar el programa “Senderos seguros”, que pretende medidas de seguridad para los estudiantes en el entorno de las escuelas preparatorias y centros universitarios. 
La respuesta de la rectora Karla Planter fue tan puntual como retadora: “La única, la única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, y nadie más”. Esta declaración textual se dio en la ceremonia de toma de protesta del nuevo rector del Centro Universitario de Los Altos, Antonio Ponce.
En “Al buen entendedor”, hace algunas semanas, cuando Karla Planter asumió como rectora general, expuse que las condiciones en las que llegaba al cargo, además como primera mujer rectora en la historia universitaria, eran positivas, en parte precisamente porque ejercería el presupuesto constitucional universitario, que le evita a la Universidad el acostumbrado jaloneo por más recursos con el gobernador en turno.
Además, subrayé que el mismo Pablo Lemus había anticipado, en una expresión efusiva de felicitación a Karla Planter, que el gobierno del Estado entregaría presupuesto adicional para apoyar eventos universitarios como la FIL y el Festival Internacional de Cine, entre otros.
¿Qué ha ocurrido? ¿Se desgastó tan pronto una relación que apuntaba a ser armoniosa? ¿Se malinterpretó la autonomía universitaria? ¿Hubo una fricción inesperada por los reclamos de estudiantes universitarios? Las hipótesis pueden ser éstas y muchas otras.
De la rectora Karla Planter es normal esperar que defienda el ámbito universitario. Del gobernador Pablo Lemus es natural que proponga soluciones a problemáticas actuales, y más si están relacionadas con temas de violencia e inseguridad. Sin embargo, en la defensa natural de los espacios de acción, tanto de la Universidad como del Gobierno estatal, sería muy costoso para la vida pública de Jalisco que se genere una confrontación abierta entre los dos entes. 
Habrá que esperar que no pasen de meras declaraciones.

Presupuesto universitario, ¿pugna o aclaración?

El Ayuntamiento de Guadalajara que encabeza Verónica Delgadillo determinó una intervención integral en el Parque Revolución, también popularmente conocido como el Parque Rojo. Cinco meses de trabajos para renovar todo el mobiliario y los espacios públicos, con una inversión de 23 millones de pesos.
Eso sí… los trabajos implican eliminar el paso en la mayor parte del espacio público para hacer los trabajos y de noche, evitar los riesgos porque, se sabe desde hace años, la zona es de altos índices de inseguridad.
Eso implicó poner malla ciclónica en la mayor parte del parque y con eso, automáticamente, cerrar los espacios a los comerciantes que habían establecido un tianguis sabatino desde hace cinco años. De ese tema y sus particularidades, con las esperadas protestas e inconformidades, han abundado muchos analistas de la ciudad en las últimas semanas.
En este “Al buen entendedor”, sin embargo, quiero hacer hincapié en la politización indebida que se ha generado en los últimos días, con riesgos innecesarios y necedades que son apoyadas irresponsablemente.
El sábado pasado, 17 de mayo, algunos de los manifestantes que se niegan a abandonar el parque porque en ese espacio comercializan sus productos cada sábado, golpearon a inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara y arrojaron pintura a policías municipales. Obviamente, la reacción era indispensable. Detuvieron a cinco mujeres y cuatro varones. La violencia no era necesaria, de hecho, fue un exceso que los denigra en sus exigencias. El resultado: sanciones administrativas.
Pero algunos de los líderes de los comerciantes (porque otros ya han aceptado la oferta del gobierno de Guadalajara para reubicarse en otros tianguis, como el llamado Tianguis Cultural en Plaza Juárez), han hecho alianza con el Partido Morena. De hecho, han acudido a denunciar el retiro del espacio en las conferencias que cada lunes efectúa la presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez.
Llevar al espacio de los partidos políticos la causa de los comerciantes, no es la decisión más inteligente. De hecho, es todo lo contrario. 
Los vecinos de la zona del Parque Revolución, y los comerciantes establecidos, están en contra del tianguis. Es la misma historia que se ha contado durante años en el primer cuadro del Centro Histórico de Guadalajara.
Nunca se encontrará una respuesta que satisfaga al ciento por ciento a todos los interesados. Sencillamente no existe. Regular el comercio informal implica, precisamente, que deje de ser informal. Las reglas deben parejas para todos, pero no hay espacio ni condiciones infinitas.
La realidad es que los comerciantes del Parque Revolución no tendrán cabida después de las remodelaciones. En el lugar transitan 100 mil personas todos los días, por el paso y el intercambio del transporte masivo… ¡claro! ¡Ellos son el objetivo de los comerciantes! Pero si no puede haber total comercio formal, entonces no puede haber comerciantes informales. Entonces, nada para nadie.
Ningún partido político, ningún afán de hacer “mártires” en manifestaciones, cambiará las cosas. Sólo pusieron en riesgo a muchas personas. Eso no es políticamente maduro.

Politización irresponsable en el Parque Rojo

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó la conmemoración del Día del Maestro ayer 15 de mayo, para hacer un anuncio que aparentemente sería aplaudido en todo el país: incremento del 9% al salario de los docentes en el sistema educativo nacional, retroactivo al 1 de enero y con un incremento adicional del 1% del 1 de septiembre en adelante.
Además de eso, anunció una semana más de vacaciones para maestras y maestros del país, y se reiteró que la edad de jubilación no se modifica.
Sin embargo, fue contrastante el rechazo manifestado por decenas de miles de docentes que se manifestaron y protestaron en varias ciudades del país. La movilización más grande ocurrió en la Ciudad de México y además de los conflictos viales causados por la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde hicieron plantón, sorprendió que insistieran en que el 9% de aumento anunciado por la presidenta es muy poco, pues con marchas y plantones lograron 14% de aumento el año pasado.
Encontrar posturas homogéneas entre los maestros del sistema educativo mexicano es casi imposible. Las posturas de los mayores sindicatos (el SNTE y la CNTE) son diferentes y a veces hasta se confrontan.
Pero en el tema de los recursos económicos que se destinan a la educación pública en México, hay más motivos de reclamo que de agradecimiento. 
A pesar de que la presidenta Sheinbaum indicó que el aumento salarial anunciado ayer implica un desembolso adicional de 36 mil millones de pesos cada año, los números en materia de educación no hablan bien de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la actual. 
Sucede que desde 2015, nuestro país redujo su presupuesto para la educación pública, pasando de un billón 57 millones 707 mil pesos a un billón 19 millones 449 mil pesos en 2024.
El año pasado, en el cierre del sexenio anterior, no se pudieron cubrir las urgencias del sector: formación docente, recuperación de aprendizajes y mejoramiento de infraestructura, entre las más importantes.
Además, este año nuestro país queda nuevamente exhibido ante la recomendación internacional de destinar entre 4 y 6% del Producto Interno Bruno (PIB), para educación, ciencia y cultura. México no llega al 4% y en los últimos seis años, redujo el gasto en casi 1% de su PIB.
En síntesis y con toda claridad: hay más necesidades en el sector educativo y en lugar de aumentar, hemos reducido el presupuesto. 
Y efectivamente, como dicen maestras y maestros de la CNTE: logran más aumentos marchando y haciendo plantones. Ellos resuelven su dilema. La educación pública en México, no.

¿Rechazo al aumento salarial a maestros?

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, reprobaron que el gobierno de los Estados Unidos esté preparando una negociación con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Guzmán “El Chapo”.
El secretario, en particular, lamentó que en la detención de Ovidio Guzmán se perdieran vidas de integrantes de las Fuerzas Armadas para detenerlo y después entregarlo a autoridades norteamericanas, y ahora a todas luces, se esté concretando una negociación que resultará en una pena menor para el narcotraficante que protagonizó el “culiacanazo” durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la incongruencia en el discurso del gobierno de los Estados Unidos: declaran terroristas a las organizaciones criminales, aseguran que no negocian con terroristas y ahora están negociando con Ovidio Guzmán.
¿Qué hay detrás de la indignación de la presidenta y del secretario García Harfuch? De él, naturalmente, se entiende que secunde el discurso presidencial. Es miembro del Poder Ejecutivo. 
En cambio, de la presidenta Claudia Sheinbaum sorprende la postura porque hay una serie de condiciones que ella conoce perfectamente.
En primera instancia, no es ninguna novedad la negociación con presuntos delincuentes en el sistema judicial estadounidense; esta figura se ha utilizado desde hace muchos años y le permite a las autoridades acordar una reducción de la posible pena de condena a los acusados, a cambio de testimonios y control permanente sobre ellos, literalmente para el resto de sus vidas.
En segundo lugar, es evidente que tanto la presidenta como su gabinete pueden quejarse y argumentar congruentemente, pero las autoridades norteamericanas no harán ningún caso. En temas de seguridad, especialmente, las autoridades estadounidenses han elaborado un intrincado tejido de regulaciones, autoridad y contrapesos, que resulta irrompible aún para la autoridad de su presidente.
Lo que evidentemente está sucediendo es que tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la última etapa de su gestión, como a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que ocupa el cargo, el gobierno de Estados Unidos les cerró la comunicación en materia de combate al crimen organizado. Les han compartido sólo la información que les interesa y en casos extremos, ni siquiera eso.
Las pruebas son contundentes: López Obrador se enteró, como cualquier ciudadano, en las redes y los medios de comunicación, del operativo para detener a Ismael “El Mayo” Zambada, y las consecuencias de violencia y descomposición han sido enormes. La presidenta Sheinbaum se enteró, también en redes y los medios, que la madre de Ovidio Guzmán y sus parientes, se entregaron al FBI en California. Y eso es resultado de la negociación. 
La molestia fue enorme para López Obrador y es clara, en el discurso de la presidenta.
La línea se rastrea desde lejos: harán todo para acabar con el añejo cártel de Sinaloa por la producción y trasiego del fentanilo. 
Las consecuencias apenas se sospechan, porque muchos que han vivido en la impunidad, empezarán a estar en las listas de sospechosos y acusados.

Reprobar la negociación de Ovidio “El Ratón”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es como un chivo en cristalería: cada vez que se mueve rompe algo. Pero eso no significa que los grupos de poder que están detrás de él en la Casa Blanca desvíen sus propósitos o pierdan sus objetivos. Desde que se declaró que el narcotráfico es igual a terrorismo para el gobierno federal norteamericano, se había esperado el primer golpe y por fin llegó.
Una corte federal de Estados Unidos, en el Estado de California, acusó este 13 de mayo a dos conocidos personajes del ámbito delincuencial en Sinaloa, como “narcoterroritas”. Se trata de Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel (padre e hijo). Son acusados de ser operadores en una facción del cártel sinaloense de los Beltrán Leyva. Para las mayorías pasan desapercibidos, pero hay muchas coincidencias que no deben ignorarse, porque impactan incluso en Palacio Nacional.
Lo primero que debe tomarse en cuenta es que los familiares de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, cruzaron la frontera en grupo y fueron recibidos por agentes del FBI. No es un paseo turístico, sino una negociación anunciada con semanas de anticipación; Ovidio Guzmán, “El Ratón”, el mismo personaje que en el sexenio pasado fue el personaje central del “culicanazo”, se declarará culpable para acceder a una condena menor, en incluyó en la negociación a sus familiares.
En territorio norteamericano está detenido el líder de la otra facción del crimen organizado que encara una guerra criminal en Sinaloa y que la ha extendido a otros puntos del país, Ismael Zambada, “El Mayo”. Evidentemente, también le estarán haciendo ofertas para negociar y declarar su culpabilidad, según lo contempla la legislación estadounidense.
A cambio, Ovidio, “El Mayo” y todos los que han sido detenidos antes y serán apresados en el futuro, deben declarar y darle información a las autoridades de los Estados Unidos. Esa información (pruebas testimoniales, dirían los técnicos en la Fiscalía General de la República), implicarán a muchas personas que se han involucrado en la cadena delictiva de las organizaciones criminales.
El hecho de declarar “terroristas” a los Inzunza, cuando evidentemente las cabezas de las organizaciones delincuenciales sinaloenses están en Estados Unidos, implica que las operaciones se han extendido y ahora con una nueva herramienta legal que aplicarán activamente la DEA, el Tesoro de Estados Unidos, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Seguridad, ejercerá más presión sobre el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ya los consideran “terroristas”. Donald Trump ha insistido en que se permita la intervención directa de sus fuerzas armadas. 
La presidenta Sheinbaum y su gabinete de seguridad, presionados por eventos como el retiro de visas a funcionarios de primer nivel (gobernadora de Baja California), deberán empezar a liberar más información y ceder terreno. Es eso o admitir que la colaboración está por encima de la soberanía.

La primera acusación de narcoterrorismo

En la discusión sobre la prohibición o no de los narcocorridos, muchos han creído que el tema no iba en serio y se trataba sólo de una polémica de redes sociales. Pero el asunto tiene un trasfondo mucho más hondo y de largo alcance. Los integrantes de la agrupación “Los alegres del barranco”, que se hicieron todavía más famosos desde que el pasado 29 de marzo cantaron en el Auditorio Telmex y prácticamente convirtieron en un héroe público a un conocido capo del crimen organizado, están formalmente vinculados a proceso y además de pagar 1.8 millones de pesos como garantiza, deberán acudir cada semana a firmar en el juzgado, mientras sigue su proceso.
La defensa de los cantantes sinaloenses respondió una y otra vez que sus representados se amparan en el derecho de libertad de expresión del que gozan todos los ciudadanos mexicanos y que está consagrado en la Constitución Política mexicana. 
Pero hay muchos matices de por medio. No basta con apelar a la libertad de expresión.
El proceso judicial apenas comienza y hay cuando menos cuatro carpetas de investigación en las que están involucrados los cantantes. Todas son por la misma causa: apología del delito, porque después de lo sucedido en el Auditorio Telmex, volvieron a hacerlo en otros conciertos en diferentes municipios. El colmo de la provocación ocurrió cuando en una presentación reciente, no cantaron el corrido de homenaje al narcotraficante, pero proyectaron la letra en una pantalla gigante mientras ejecutaban la piza musical; fue una invitación abierta a que el público cantara. Otro acto de apología del delito. 
Los integrantes de “Los alegres del barranco” están mal asesorados.
Sus pretendidos actos de libertad de expresión son, antes que una mera expresión de opiniones, un evento de lucro en el que cobran por sus interpretaciones musicales. 
Estos conciertos están normados en legislación federal y ordenamientos municipales. Debido a que hay lucro, deben pagar impuestos y por lo tanto, cumplir con las normativas que se establecen en el nivel municipal y estatal.
La figura de la “apología del delito” está especificada en el Código Penal de Jalisco y por lo tanto, está prohibido incurrir en ésta, so pena de sanción administrativa y privación de la libertad. Si no les han explicado con claridad que el derecho de libertad de expresión también tiene límites, esa ya es una responsabilidad que deberán enfrentar los asesores legales de los cantantes.
El juicio formal que enfrentan, es ahora un tema que deberán seguir muy atentamente todos los cantantes del género y promotores de esta narrativa de exaltación de la narcocultura. 
Que lo sepan de una vez: es delito.
Y aunque México es un país que padece por la enorme impunidad y por la escaza aplicación de las normas y leyes, en este tema en particular, las cosas son diferentes. 
Como lo comentamos en otra edición de “Al buen entendedor”: quienes quieran cantar narcocorridos, que lo hagan en privado.

Los alegres, vinculados a proceso

El nuevo presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, es el joven dentista Jaime Rodríguez. Es regidor y participó en las elecciones del año 2024 como candidato a regidor en la planilla en la que fue reelecto José Ascención Murguía, quien apenas el viernes pasado fue notificado por el juez que deberá seguir detenido durante los próximos cuatro meses, mientras se desahoga el juicio que enfrenta, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de crimen organizado y desaparición forzada.
El cambio de presidente le da a Teuchitlán, cuando menos, seguridad jurídica.
Pero el tema se ha convertido en un peso de plomo para la imagen pública de Jalisco, para el gobierno estatal que tiene también el resto de resolver la violencia en el municipio alteño de Teocaltiche, y para la FGR de Alejandro Gertz Manero, que debe demostrar sus acusaciones y aún más, vincular a proceso a los numerosos funcionarios públicos que –se deduce– están relacionados con los hechos del Rancho Izaguirre.
Aún más, es pertinente preguntarse: ¿Qué pasó en el Rancho Izaguirre? 
En este punto, lo único que puede afirmarse es que el alcalde José Ascención está detenido. Pero, ¿qué ocurrió en el Rancho Izaguirre? ¿Retenían contra su voluntad a jóvenes que después obligaron a participar en el crimen organizado? ¿A cuántos y a quienes? 
¿Hubo o no personas fallecidas en ese predio? ¿Si la respuesta es afirma, cuántos y quiénes?
En lo político se evitan conflictos. 
Con la aprobación de Jaime Rodríguez como presidente interino, Movimiento Ciudadano queda afianzado como el partido político que ganó la elección del año pasado.
Sin embargo, está pendiente resolver el futuro inmediato del municipio. 
Por otra parte, en este punto además de Teocaltiche, el problema de violencia en Teocaltiche, en la región Altos Norte, plantea otro reto adicional a las autoridades municipales y al gobierno del Estado y a la colaboración que se presume, se da permanentemente con el gobierno federal (Guardia Nacional y Ejército mexicano).
La semana que inicia da como resultado el asesinato de la ex candidata a la alcaldía en ese municipio, también por el Partido Movimiento Ciudadano, Cecilia Ruvalcaba.
El partido político en el gobierno del Estado y en ambos municipios, queda cuestionado por los sucesos de violencia. 
En Jalisco el reto en la lucha contra la violencia y la inseguridad, se mantiene.

Teuchitlán y Teocaltiche; la violencia sigue

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La paz que todos podemos construir

Ayer temprano, en uno de los ejes viales de la Ciudad de México (Calzada de Tlalpan), un individuo asesinó directamente en el automóvil en que viajaban, a Ximena Guzmán y José Muñoz. Ella, secretaria particular, y él asesor personal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. 
Fue un golpe demoledor de la violencia a una de las cúpulas más altas del poder en Morena.
La noticia conmocionó de inmediato incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, mientras ambos participaban en Palacio Nacional en la rueda de prensa mañanera. A la presidenta le hicieron llegar el anuncio mediante una tarjeta escrita; el mensaje se lo había enviado directamente la misma Clara Brugada.
En cuando García Harfuch se enteró de lo sucedido, abandonó por unos minutos la sala donde se han efectuado las mañaneras presidenciales desde el inicio de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, otra de las herencias a su sucesora. El secretario, relatan, hizo algunas llamadas telefónicas y regresó a la conferencia para continuar con lo que estaba agendado.
El asesinato de la secretaria particular y uno de los asesores directos de la jefa de Gobierno de la capital del país es un espacio más alto en la escalada de violencia que ha afectado al país en los últimos meses.
Este doble homicidio, además de las implicaciones del mensaje que envía (¿será casualidad que ocurriera cuando García Harfuch estaba en la mañanera presidencial?) tanto a Clara Brugada como a la presidenta Sheinbaum, quiebra la percepción de que en la Ciudad de México la violencia es menor que en el resto del país.
Después de lo que hemos visto en Teuchitlán y Teocaltiche, Jalisco; la guerra intestina del narcotráfico en Sinaloa; los ataques a las fuerzas armadas en Michoacán; los multihomicidios impunes en Guanajuato; los asesinatos y ataques a candidatos y autoridades locales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y los numerosos eventos de violencia que aparecen en todo el territorio nacional, lo ocurrido en la Ciudad de México representa un escalón más alto. 
Cae como mazazo sobre el gobierno federal en un momento en que la presidenta reclama las negociaciones con Ovidio Guzmán en Estados Unidos, y días después que ella misma revelara que le negó a Donald Trump intervenir para combatir al crimen organizado en territorio mexicano.
La estrategia de seguridad que ha encabezado García Harfuch entra en una nueva etapa. Quizá era previsible que después de tantos golpes al hampa, ésta terminaría por reaccionar y volverse más agresiva. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo prepararse y reaccionar? Son éstas y otras muchas cuestiones.

La violencia alcanzó a la élite de Morena