Claudia Salas

Cada 15 de mayo conmemoramos el decreto de 1917 emitido por Venustiano Carranza que reconoce a las maestras y maestros de nuestro país por su contribución histórica a la construcción del sistema educativo. Esta fecha nos invita a reflexionar que la comunidad educativa somos todas y todos, padres y madres de familia, autoridades escolares y por supuesto, maestras y maestros.
El reto no es menor, trabajar de manera coordinada en la educación para la paz nos implica a todas las personas deconstruir un sistema de creencias lleno de estereotipos y roles que por muchos años cimentaron la educación en México, no sólo en lo que se impartía en el aula sino también en los libros de texto e incluso en la carrera magisterial, donde hasta hace muy poco la especialidad en políticas de igualdad y la formación para la paz no tenían valor curricular.
Hablar de la educación y las maestras y maestros a más de un siglo, tiene que iniciar por reconocer cuánto hemos avanzado en la evolución de los maestros como personas formadoras de paz e igualdad, asumiendo que los estereotipos que naturalizaban la discriminación en el aula eran una fuerte limitación para la escolarización de las niñas, llevándolas siempre hacia el trabajo de los cuidados y alejándolas de la ciencia, la tecnología y las matemáticas.
Esta fecha sirve también para cuestionarnos: ¿Hemos garantizado condiciones de igualdad para las maestras y maestros que sostienen la educación de nuestro país? En México hay 2.1 millones de docentes en 255 mil 589 escuelas, donde según un estudio realizado por el Gobierno de México en el tercer trimestre de 2024, la fuerza laboral de profesores de nivel básico era de 28.3% hombres con un salario promedio de ocho mil 660 pesos y 71.7% mujeres, con un salario de siete mil 740 pesos.
La brecha se amplía cuando hablamos de la fuerza laboral de supervisores educativos y especialistas en Ciencias de la Educación. En el tercer trimestre de 2024 se distribuyó en 36.1% hombres con un salario promedio de 14 mil 100 pesos y 63.9% mujeres, con un salario promedio de nueve mil 660 pesos. 
Como país nos enfrentamos a un gran reto para garantizar el acceso igualitario para mujeres y hombres en formación técnica, salarial y profesionalización de calidad. La igualdad de género es un derecho fundamental y es esencial para lograr construir un mundo en el cual todas y todos podamos vivir en paz y sustentabilidad. Si bien se han tenido algunos avances en la búsqueda de igualdad de género, es importante implementar políticas públicas que pongan a las y los maestros en el centro, que incorporen la perspectiva de género como eje transversal y que sean vistas como un elemento clave en políticas, presupuestos e instituciones nacionales.
De la misma manera, el Estado mexicano tiene el reto de realizar una revisión a fondo de la formación de las personas docentes en la que se contemplen no solo las habilidades pedagógicas, sino también herramientas para construir entornos igualitarios seguros y libres de discriminación, para que las mismas puedan desempeñar su labor adecuándose a las necesidades de las comunidades que atienden. Un ejemplo de los obstáculos que las maestras tienen para poder mejorar su salario es la labor de los cuidados, que sigue siendo un tema pendiente de resolver y que impide que puedan tener dobles turnos o el acceso a una especialización que les genere mayores competencias. 
Las maestras y maestros no solo imparten una materia, forman conciencia y siembran valores. Son quienes acompañan en su desarrollo a niñas y niños, impulsan los talentos e inspiran a las infancias.
Reconocer su labor, es reconocer que sin ellas y ellos no hay un futuro posible. Porque en cada aula donde una maestra o maestro enseña con compromiso y vocación hay una oportunidad de transformar una vida. Hoy más que flores y chocolates, el mejor reconocimiento para nuestras maestras y maestros es el compromiso de valorar su contribución en la formación de nuestras hijas e hijos, su dedicación, pasión y entrega en la posibilidad de construir un mundo más justo, más digno y más igualitario, donde quizá las alumnas y alumnos están encontrando mayores respuestas en la escuela que en los hogares.

La educación para la paz y la igualdad. El reto para la comunidad educativa

En Jalisco hemos dado pasos firmes para que la paridad deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad concreta. Hemos reformado leyes, impulsado políticas y conquistado espacios donde históricamente se nos negó la entrada. Y hoy, por primera vez en la historia de la Universidad de Guadalajara, una mujer ocupa la rectoría general.
La designación de la maestra Karla Planter Pérez como rectora general de la UdeG marca un hito histórico en sus 232 años de existencia. Es la primera vez que una mujer ocupa la máxima posición de liderazgo en esta casa de estudios. No se trata solo de una figura. Se trata de lo que representa: el rompimiento de una barrera que parecía inamovible durante más de dos siglos de historia universitaria. La universidad pública más influyente del Estado —y una de las más importantes del país— había sido, hasta ahora, una institución dirigida exclusivamente por hombres. Pero esta vez no solo se rompió el techo de cristal en la máxima posición. También, por primera vez, el consejo de rectoras y rectores estará conformado por mayoría de mujeres. Más centros universitarios estarán encabezados por mujeres.
Eso no es menor. Porque la paridad no se construye con discursos, sino con hechos, con decisiones institucionales y con voluntad política. Este avance no es un favor. No es una concesión ni una cuota simbólica. Es resultado de décadas de lucha de mujeres académicas, estudiantes y defensoras de derechos que nunca dejaron de cuestionar el porqué de las ausencias femeninas en los espacios de poder universitario. Porque si las mujeres representamos más del 50% del alumnado, ¿por qué no estábamos también en el liderazgo institucional? La llegada de mujeres a estos espacios debe significar más que un cambio de nombres. Debe abrir paso a otras formas de gobernar, de pensar la universidad, de atender las desigualdades. La presencia de mujeres en los órganos de decisión es una oportunidad para hacer que temas históricamente ignorados —como la violencia de género, los cuidados, la equidad salarial, la inclusión plena— dejen de estar al margen de la agenda.
Por supuesto, el hecho de que hoy tengamos rectoras no garantiza, por sí solo, la transformación. La verdadera revolución será cultural. Se trata de modificar prácticas enquistadas, de eliminar resistencias internas, de construir institucionalidad con perspectiva de género y de asegurar que la igualdad sea transversal, constante y profunda. Este es un logro que hay que celebrar, sí. Pero también es un punto de partida.
No basta con abrir la puerta una vez. Hay que garantizar que nunca más se vuelva a cerrar. Que la paridad se consolide como regla, no como excepción. Que las futuras generaciones de estudiantes, sobre todo las mujeres, crezcan sabiendo que pueden aspirar a todo. Que la universidad que las forma también las representa. La Universidad de Guadalajara está dando un paso histórico. Hagamos que este momento marque el comienzo de una nueva etapa: una universidad más igualitaria, más plural, más cercana a su comunidad. Porque no puede haber excelencia académica sin justicia. Y no puede haber justicia sin igualdad.

“Mujeres al frente: así se transforma la UdeG 232 años después”

En México, el 30 de abril se conmemora el Día de la Niña y el Niño, un día que nos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de avanzar en el acceso a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; impulsando su papel en la creación de un futuro más justo e igualitario.
Aquí la pregunta es: ¿Las niñas y los niños, se enfrentan a los mismos desafíos durante su crecimiento? Si bien, en los últimos años, el país ha tenido avances en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. El resultado de ello es la disminución de violencia familiar contra esta población y en la cantidad de nacimientos de madres de 10 a 17 años, según datos del INEGI.
No obstante, las niñas siguen sufriendo desventajas en el acceso a la educación, el deporte, la salud y oportunidades económicas; impactando en su autonomía para la toma de decisiones. En México, donde el 49.34% de la población total entre los 0 a los 17 años son niñas y adolescentes, 1 de cada 10 presenta rezago educativo debido al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. El 6.1% de las niñas de 8 a 11 años reside en zonas rurales y no saben leer ni escribir y el 70% de las niñas ha experimentado por lo menos una situación de violencia. Sin duda, los retos son grandes; las niñas desde su nacimiento, se enfrentan a una discriminación estructural por el simple hecho de ser niñas, afectando sus derechos, su bienestar físico y mental, limitando su potencial con el resto de la sociedad; como feminista y sabedora de esta problemática, encuentro que la mejor forma para prevenir estas cifras es desde la primera infancia, por ello, he propuesto en la Cámara de Diputados la creación de Centros de Cuidado Infantil con atención las 24 horas del día.
Estoy convencida de que los derechos de las infancias comienzan con el acceso a cuidados adecuados, en espacios seguros, lúdicos y pedagógicos, donde puedan desarrollar sus capacidades desde la primera infancia. Diversos estudios demuestran que invertir en el desarrollo integral de las y los menores desde sus primeros años, no solo fortalece su salud física y emocional, sino que también mejora su rendimiento académico futuro y su capacidad de interacción social.
Un país que invierte en la primera infancia, que abarca desde el primer día de nacido hasta sus seis años de vida, es un país que construye la igualdad sustantiva. Hago un llamado a fortalecer estos centros como una política pública esencial, no solo como una medida de justicia para la niñez, sino también como una herramienta para garantizar el derecho al trabajo digno de madres y padres que, por falta de redes de apoyo, enfrentan dificultades para cuidar a sus hijos mientras cumplen con sus responsabilidades laborales.
Las niñas y los niños necesitan contar con un respaldo institucional para que crezcan en entornos seguros y estimulantes. La creación de Centros de Estudio y Cuidado Infantil garantizan el acceso al derecho a la educación, a la calidad de vida, a un pleno desarrollo infantil; combate directamente la violencia estructural. Este Día del Niño, hago énfasis en que las niñas necesitan aliadas y aliados que las escuchen y las hagan poseedoras de derechos. Las niñas empoderadas, seguras y libres tienen el potencial de ser empresarias, ingenieras, doctoras, presidentas y mujeres líderes capaces de crear el cambio a su alrededor y en el mundo. Las niñas no pueden enfrentar estos retos solas. Mi compromiso como legisladora es poner al centro a las infancias y adolescencias, a la construcción de una sociedad más igualitaria. Por las niñas, todos los días, todos los derechos.

¿Cómo vamos con los derechos de las niñas en México?

El mundo ha perdido a una de sus voces más luminosas. Una voz que no alzó el volumen para imponer, sino que susurró firmeza con ternura. Que habló desde el corazón. Se nos ha ido un hombre cuya coherencia era tan inspiradora. Un humanista que caminó entre nosotros sin prisas, que nos habló de compasión en tiempos de cinismo, y que con cada gesto nos invitaba a vivir con más dignidad, más empatía, más justicia.
Fue un guía del alma. Uno que se atrevió a incomodar al poder, incluso al de su propia Iglesia, a cuestionar los privilegios, a romper los silencios incómodos. Uno que entendió que Dios no habita en los templos de mármol sino en el abrazo al migrante, en el pan compartido con el hambriento, en la escucha atenta a quien ya nadie quiere oír, en ver lo invisible.
Nos deja un vacío inmenso, porque él no sólo representó a la Iglesia: la transformó. Abrió de par en par las puertas del Vaticano a los últimos, a los invisibles, a los que el mundo ha dejado rezagados. Dijo, con su presencia misma, que la fe no puede ser una frontera sino un puente. Que la religión, si no es sinónimo de amor y de justicia, es apenas un ritual sin alma. 
Hoy lloramos la pérdida de una presencia profundamente humana. Un hombre que se atrevió a vivir el Evangelio con valentía.
Jorge Bergoglio no fue solo el primer Papa latinoamericano. Fue un sacerdote callejero como él mismo se describía. Su papado estuvo lleno de humanidad, de crítica con amor. Nos mostró que la Iglesia puede ser un espacio de inclusión; alzó la voz por las mujeres, por la comunidad LGBT, por quienes han sufrido el silencio de las instituciones frente al abuso, puso el dedo en la llaga donde otros prefirieron callar.
Lloramos la pérdida de una brújula ética, de un referente moral que nos obligaba a mirar al otro con compasión, no con sospecha; con ternura, no con juicio. Su partida nos deja preguntas abiertas: ¿Cómo seguir su ejemplo? ¿Cómo lograr que su valentía inspire a los nuevos liderazgos?
En quince días, el cónclave se reunirá. Tendrán en sus manos mucho más que la elección de un sucesor: tienen la responsabilidad de no dejar morir esa llama. La Iglesia Católica, con más de 1,400 millones de creyentes en el mundo, no puede darse el lujo de retroceder a los miedos del pasado. Debe ser ese espacio de encuentro, de reconocer la igualdad en la diferencia, de escucha, donde nadie se sienta fuera de lugar por amar diferente, por disentir de la norma.
Este no es sólo un momento para el duelo. Es un llamado urgente a reflexionar. A recordarnos que, en medio de un mundo cada vez más pragmático, más polarizado, más acelerado, aún hay lugar para la bondad radical, para la misericordia revolucionaria, para la esperanza con los pies en la tierra.
Hoy más que nunca, necesitamos voces que abracen sin condiciones. Que incluyan, no que excluyan. No más una Iglesia que rechace a sus hijos por elegir a quien amar, no más una Iglesia que excluya a las mujeres del sacerdocio. Ojalá sepamos continuar el legado de Francisco, esa sería la mejor manera de honrarle.

La voz que humanizó la fe

En una época donde los matices parecen estar en peligro de extinción, el voto del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) sobre la iniciativa presidencial para reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, representa la de sensatez política de nuestro movimiento. A favor en lo general. En contra en lo particular.
¿Contradictorio? En absoluto. Es el equilibrio entre respaldar los avances normativos y rechazar, con firmeza, lo inaceptable. ¿Por qué votar a favor en lo general? Porque hay beneficios claros, medibles y concretos. Se propone una modernización profunda del régimen de contratación pública en México. Se restringe la adjudicación directa —uno de los principales focos de corrupción histórica— al 20%, frente al 30% actual. Se introduce una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas para sustituir a CompraNet, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia. Además, se promueve la inclusión social y económica: se otorgan ventajas competitivas en licitaciones a cooperativas, a empresas que contraten personas con discapacidad y a aquellas comprometidas con la igualdad y la no discriminación. 
También se imponen límites claros a la subcontratación, se penaliza a empresas involucradas en prácticas monopólicas y se fortalecen los mecanismos de sanción tanto para proveedores como para funcionarios públicos. Puntualmente, vemos cinco razones para acompañar la propuesta:
• Adiós a la discrecionalidad: Se reduce la posibilidad de adjudicación directa del 30% al 20%. Menos margen para el &#8220;dedazo&#8221;, más competencia y transparencia.
• Licitaciones con sentido social: Las cooperativas, empresas incluyentes y con políticas de igualdad recibirán mayor puntuación en los concursos. Se abre la puerta a que el dinero público impulse justicia social.
• Adiós CompraNet, hola transparencia 2.0: Se crea una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, moderna y más robusta. Por fin una herramienta acorde al siglo XXI.
• Sanciones que sí muerden: Se establecen controles y medidas coercitivas para que funcionarios y proveedores cumplan. Las reglas ya no serán letra muerta.
• Empresas responsables, no simuladoras: Se prohíbe contratar a quienes han caído en prácticas monopólicas o incumplimientos. Además, se limita la subcontratación al 49% para evitar que una fachada gane el contrato y otro lo ejecute en las sombras.
Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. En Movimiento Ciudadano no caemos en trampas retóricas ni en falsas disyuntivas. Reconocemos que el dictamen general tiene méritos, pero no podíamos respaldar una cláusula que, disfrazada de tecnicismo, abre la puerta —otra vez— a la opacidad castrense. La iniciativa deja a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fuera del régimen de transparencia y fiscalización en las contrataciones. Esto no es un olvido menor. Es una alerta roja. En un contexto donde la militarización de funciones civiles ha avanzado peligrosamente, excluir a la SEDENA de los controles que sí se exigen a otras instituciones es una renuncia deliberada a la rendición de cuentas.
Movimiento Ciudadano ha sido congruente en esta batalla: nos hemos opuesto a cada intento por normalizar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas civiles sin mecanismos de supervisión robustos. No vamos a legitimar una excepción que privilegia a la opacidad por encima del interés público. La seguridad nacional no debe ser sinónimo de cheque en blanco. El voto diferenciado no es cobardía ni cálculo político. Es responsabilidad.
En Movimiento Ciudadano no votamos con consignas ni a ciegas. Votamos con criterio. A favor de lo que fortalece al Estado de derecho. En contra de lo que lo debilita. Sí a una contratación pública moderna, justa y transparente. No a la opacidad con uniforme. La política no se trata de aplaudir todo o rechazar todo. Se trata de pensar, analizar y decidir con responsabilidad. Votar a favor en lo general significa reconocer avances que el país necesita. Votar en contra en lo particular es defender principios democráticos sin concesiones. Así se construye una oposición inteligente, ética y propositiva.

Una ley que construye, una excepción que corroe

No es un caso aislado. Es la ley. La misma que se supone debe protegernos a todas y todos: niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, comerciantes, maestras, maestros… incluso a las y los funcionarios públicos. Y esa ley, si ha de ser justa, debe ser imparcial, incorruptible y pública.
Para que la justicia funcione, el debido proceso es su columna vertebral. No hay atajos. La construcción de una carpeta de investigación exige rigor, cuidado, una fiscalía comprometida con su labor y equipada con herramientas suficientes para acompañar y representar a las víctimas. Exige voluntad política para defender lo que es justo, incluso si incomoda al poder.
Cuando se trata de denuncias por agresiones sexuales, ese compromiso debe redoblarse. Se está hablando de un atentado a la integridad física, emocional y psicológica de una persona. Denunciar no es fácil. Rara vez el camino es lineal. El estrés postraumático se convierte en un enemigo silencioso: miedo, ansiedad, negación, lagunas mentales, confusión. La recolección de pruebas físicas implica, muchas veces, revictimizar a quien ya ha sido vulnerada. Los testimonios rara vez son contundentes; este tipo de violencia suele ocurrir en la intimidad, en la penumbra, en el silencio, nunca hay testigos, pese a ello, se espera que las víctimas entreguen pruebas claras, narrativas precisas, y entereza emocional, por dantesco que parezca, toda la carga de la prueba es para la víctima.
En ese contexto, el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo escandaloso del desaseo institucional. No solo por cómo fue construido y discutido, sino por el lamentable tratamiento político que ha recibido. La politización de estos casos no solo mina la confianza en el proceso, también erosiona la legitimidad de todo el sistema legal. ¿Con qué autoridad vamos a pedirle a una mujer para que denuncie a su agresor, si una y otra vez demostramos que el sistema no está de su lado? ¿Cómo les decimos que denuncien, si cada caso de alto perfil parece más una batalla campal entre facciones, que un proceso jurídico apegado a los derechos humanos?
Ese es el verdadero meollo. Este caso destapa la cloaca de un sistema saturado de carpetas que duermen el sueño de los justos en los escritorios de los funcionarios. Carpetas que no se abren, que no se analizan, que se olvidan porque no tienen peso político, mientras tanto, las víctimas esperan y suplican empatía con su dolor.
El partido oficialista camina por la cuerda floja, ha ido demasiado lejos. El llamado “movimiento de transformación” no está transformando el acceso a la justicia para las mujeres. No, no llegamos todas. La falta de autocrítica los ha cegado. Transformar la justicia no era desestimar el caso bajo el argumento de que “todo es político”. Era, en todo caso, fortalecer a la Sección Instructora, presidida por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, para que ejerciera plenamente sus facultades: arremangarse la camisa y entrarle al trabajo serio, incómodo, pero necesario. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le otorgaba todas las facultades para requerir documentación, realizar diligencias, confirmar la veracidad de los hechos. No quisieron, pactaron con el Partido Revolucionario Institucional la inmunidad de “Alito” y con el Partido Verde Ecologista transitaron para lograr el desechamiento del caso.
A las diputadas que arroparon en tribuna al diputado Cuauhtémoc Blanco bajo la consigna “no estás solo”, les hago un llamado respetuoso y firme: no se atrevan a utilizar una consigna feminista para proteger a un posible agresor. No lo hagan porque no lo vamos a permitir. No, no llegamos todas. Escúchenlo bien, tenemos a una primera mujer Presidenta y a la par en el Legislativo, con una mayoría de mujeres de su partido que le dieron la espalda a una víctima, nunca estuvimos tan lejos de ser la voz de todas, ni siquiera cuando éramos minoría en la Cámara. Les recuerdo, con toda claridad y contundencia, que cada espacio que hoy ocupamos las mujeres en San Lázaro se lo debemos al feminismo que es y ha sido una revolución pacífica que ha permitido visibilizar lo invisible y le ha dado voz a las que nadie escucha; nuestra lealtad debería estar con quienes han sido silenciadas, no con quienes ostentan poder y sus privilegios.
Y eso, precisamente eso, es lo que más duele: constatar que cuando el poder está en juego, la justicia es lo primero que se sacrifica. Las mujeres estamos hartas de discursos vacíos disfrazados de feminismo; no queremos palabras, ni misericordia, queremos y exigimos derechos. Queremos mujeres en el poder con poder, con empatía y con valentía. Exigimos autoridades que actúen desde la transparencia y el compromiso real con la justicia. Porque mientras nos siguen prometiendo igualdad en conferencias de prensa y cortando listones, nosotras seguimos enfrentando, día tras día, un sistema lleno de trabas para ejercer nuestro derecho más básico: vivir libres de violencia. Por increíble que parezca, nunca, nunca más contarán con nuestro silencio.

“No estás solo” “No estás solo”

Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales no es solo una demanda sindical ni una promesa electoral: es una invitación a repensar el modelo de vida que hemos normalizado. 
Un modelo que muchas veces prioriza la ocupación constante por encima del bienestar. Asumir este reto implica reconocer algo que rara vez entra en las hojas de cálculo: el tiempo libre tiene un valor incalculable. No es un privilegio, es un derecho.
Actualmente, la legislación mexicana permite jornadas de hasta 48 horas semanales. Reducirlas a 40 significaría pasar de trabajar seis días a la semana a solo cinco, con dos días de descanso, idealmente sábado y domingo. Para lograrlo, se requiere una reforma al artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Pero no se trata únicamente de cambiar un número en la ley: se trata de reconfigurar nuestra relación con el tiempo, el trabajo y la vida. Imaginemos una sociedad donde las personas tienen tiempo para caminar con su familia, aprender un idioma, hacer ejercicio o simplemente ir por un helado sin culpa ni cansancio.
No es solo una imagen aspiracional: es un camino hacia una sociedad más feliz… y también más productiva. La correlación entre bienestar y rendimiento está más que demostrada: quienes se sienten mejor trabajan mejor, se ausentan menos y se comprometen más con sus empleos. Pero aquí viene el gran dilema: ¿cómo reducir la jornada sin reducir la productividad, ni los ingresos, ni la viabilidad de las empresas? Es una ecuación compleja que no se resuelve con decretos. Las empresas, los sindicatos y los propios trabajadores deben preguntarse honestamente cómo hacer que esto funcione para todos.
Además, no se puede ignorar el contexto laboral actual. México vive una paradoja inquietante: mientras miles de vacantes siguen sin cubrirse, buena parte de los jóvenes rechazan empleos tradicionales. ¿Por qué? En parte porque el modelo laboral ya no conecta con sus valores ni con su deseo de autonomía y propósito. El trabajo como lo conocíamos está perdiendo atractivo, y eso también hay que enfrentarlo. 
Desde el punto de vista de la iniciativa privada, la implementación de una jornada reducida plantea al menos tres desafíos clave:
1. Reestructuración de horarios: Será necesario reorganizar turnos y dinámicas internas para cumplir con las nuevas horas sin afectar la operación. 
2. Aumento de costos: Se prevé el pago extra por trabajar los sábados o la contratación de más personal, lo que representa un gasto adicional para muchas empresas. 
3. Adaptación por sector: Industrias con procesos continuos como la maquila o los servicios 24/7 tendrán que encontrar soluciones específicas para no perder eficiencia. A este escenario se suma un fenómeno poco discutido: los programas sociales. En algunos casos, las transferencias económicas terminan compitiendo con los salarios del mercado formal. ¿Cómo conciliamos este fenómeno con una reforma laboral que pretende fomentar el empleo? ¿Cómo se incentiva a las personas para que opten por esquemas de trabajo más estables, sin que ello implique perder acceso a apoyos sociales? La discusión también debe incluir el tipo de trabajo. No todos los empleos pueden trasladarse al home office, pero muchos sí.
Diferenciar entre lo que requiere presencialidad y lo que puede operar en formatos híbridos es clave. Y aquí es donde la gradualidad entra en juego. Chile ya nos ofreció un ejemplo sensato: reducir primero a 45 horas, luego a 42, hasta llegar a las 40. Paso a paso, sin improvisaciones. En esa línea, se ha planteado un periodo de transición de dos años para que empresas y trabajadores se adapten. Esto permitiría reformular esquemas laborales sin generar disrupciones bruscas en la operación ni en las finanzas. 
El papel del Estado es igualmente crucial. No puede ser un espectador. Debe proponer incentivos inteligentes: licencias municipales más ágiles para empresas que implementen esquemas laborales flexibles, o beneficios fiscales —como reducción del impuesto sobre la nómina— para aquellas que reduzcan su jornada sin disminuir salarios. Hay formas de hacerlo si se prioriza la calidad de vida sin sacrificar la competitividad.
En el Congreso, Movimiento Ciudadano ha tomado la delantera con una iniciativa ambiciosa. Propone una estrategia en tres fases: un programa piloto nacional coordinado por la STPS y la Secretaría de Economía; mesas de diálogo entre empresas y trabajadores; y finalmente, una transición gradual que permita absorber los impactos económicos.
En su más reciente propuesta, presentada en febrero de 2025, el partido también subraya que la reforma debe aplicarse tanto al sector público como al privado. La ruta planteada es clara: en el primer año se trabajaría media jornada en el sexto día; en el segundo, se consolidaría la jornada de 40 horas con dos días de descanso completos. Así, se equilibra el derecho al descanso con la necesidad de que empresas y dependencias gubernamentales puedan reorganizarse sin fracturas.
Porque la jornada de 40 horas no es solo una cifra. Es una oportunidad para construir un nuevo contrato social, donde el trabajo no absorba la vida, sino que la complemente. Donde el bienestar deje de ser una utopía y se convierta en una política pública con efectos reales. Y donde ser más felices, paradójicamente, signifique también trabajar mejor.

claudia salas

Más vida, menos reloj

“Cuando rascamos la tierra, no lo hacemos buscando justicia, lo hacemos con la esperanza de encontrar a quienes parimos. Les rogamos piedad”. 
Con estas palabras, Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, responde en redes sociales a la frialdad y mezquindad de diversas autoridades. Su mensaje no solo interpela, sino que exige reflexión y empatía.
Nos confronta con la incertidumbre y el desconsuelo de quienes cargan con una herida imposible de cerrar: la ausencia de respuestas. No es un capricho, es una necesidad fundamental: tener a quién llorar, conocer su paradero, recuperar un cuerpo. Es la posibilidad de dignificar la muerte y permitir a las madres transitar un duelo más humano.
La crisis de desapariciones ya no puede ser invisibilizada. Las cifras no pueden seguir maquillándose para simplificar su tratamiento. Los desaparecidos no son meros números en los indicadores de homicidio: son vidas truncadas, familias desgarradas y una deuda histórica que el Estado no puede seguir ignorando.
Las Madres Buscadoras han luchado durante años con perseverancia y determinación, obligando a todos los niveles y poderes de gobierno a asumir su responsabilidad primordial: garantizar una patria segura. Un país donde ninguna madre deba preguntarse si su hijo o hija regresará con vida. Donde las juventudes tengan derecho a trabajar, a moverse y a disfrutar su entorno sin miedo.
El dolor de México se hizo palpable en las manifestaciones de este fin de semana, donde miles tomaron las calles para visibilizar la indignación, la rabia y la desesperación. Si algo ha demostrado este país es su capacidad de solidaridad. La sociedad ha abrazado la lucha de las madres que han cambiado los utensilios del hogar por palas, picos y guantes.
Su dolor ha cimbrado al Estado, y prueba de ello es la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional”. Un bálsamo insuficiente, pero al menos un reconocimiento de la magnitud y complejidad de un problema que ellas han enfrentado en soledad.
Teuchitlán marcará un antes y un después en la agenda de la crisis de desapariciones. Será recordado como el campo del horror, de la barbarie, del odio. Un reflejo de la violencia estructural, la falta de oportunidades y la desigualdad en la que vivimos. Porque nada surge de la nada: estas atrocidades nacen del abandono, la discriminación, la corrupción y la indiferencia. Tal vez deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo desde la educación y la formación, tanto en las escuelas como en los hogares, para erradicar estas prácticas que se han normalizado hasta en la sobremesa.
Desde el Legislativo hay mucho por hacer: nos llegarán cuatro iniciativas que reforman tres leyes generales y el código penal. Con ello se busca la eficacia de los procesos de identificación, agilizar las investigaciones en casos de desaparición forzada, fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad y garantizar que el Estado actúe de manera inmediata y eficiente ante cada caso.
Este problema nos involucra a todas y todos. No es una lucha ajena ni un asunto lejano: es una realidad que exige nuestra atención, nuestra voz y nuestra acción. Es momento de cerrar filas con los colectivos, la academia, la comunidad internacional y los distintos órdenes de gobierno para construir una estrategia clara y efectiva.
La historia no la escriben solo los gobiernos; la escribimos todos. Hoy más que nunca, necesitamos ser parte de ella. No podemos seguir esperando. Es momento de actuar. Es momento de resolver.

Cuando la ausencia duele, la acción es urgente

Sí, sí era necesaria una reforma al Poder Judicial que incluyera a todo el Sistema de Justicia en México; no se trataba solo de cambiar jueces y magistrados para elegirlos mediante el voto popular, sino de una reforma que abarcará a las fiscalías, las defensorías de oficio, a las policías estatales y a las municipales, que es precisamente donde los gobiernos siguen en deuda con las y los ciudadanos, ante la falta de coordinación entre los operadores de justicia y el Ejecutivo.
Hoy la gente no denuncia porque sabe que hacerlo es un calvario y las denuncias no llegan a nada. Según datos del 2023, hoy en México sólo uno de cada 200 delitos llega a un juicio. Sólo 11 de cada 100 delitos son denunciados y sólo ocho de cada 100 tienen carpetas de investigación. De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE, debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes y en nuestro país tenemos solo 4.4 por cada 100 mil.
Levantar una denuncia toma entre cuatro y seis horas ante un Ministerio Público. Hay miles de personas en la cárcel sin una acusación formal y cuatro de cada 10 personas en prisión no han recibido una sentencia; no sabemos si son culpables o inocentes, lo que sí sabemos, es que en su mayoría son personas que no cuentan con los recursos para pagar un abogado que los defienda e incluso una fianza.
La justificación para haber hecho esta reforma, fue combatir la corrupción al interior del Poder Judicial, que si bien es cierto existe, no a todos los juzgadores se les podría calificar así. Este próximo 1 de junio atestiguaremos la crónica de una muerte anunciada; se quitará a unos para poner a otros a modo. Documentado está que al menos 20 candidatos a jueces de distrito están ligados con el crimen organizado, además de que todo el proceso de selección y evaluación estuvo cooptado para palomear la mayoría de los nombres que aparece en las boletas.
Lo que logrará esta elección es que el Ejecutivo federal se apropie del único poder que no estaba supeditado a él. México debe tener un sistema de justicia que le sirva a las personas, no al poder. Comprobado está que los países en los que los jueces se eligen por voto popular han vivido un fracaso; ahí está el caso de Bolivia. Cuidado y suceda lo que le pasó a Maximilien Robespierre: creó las leyes, las cortes, puso los jueces y al final fue a la guillotina por el mismo sistema que él creó.
La justicia no debe depender de quien tiene más votos, más poder o es más popular, sino de quien tenga el conocimiento, experiencia, trayectoria y que asuma el compromiso de saldar la enorme deuda con lo justiciable.

¿Qué se juega el 1 de junio?