El fracaso de la elección judicial
El próximo 1 de junio seremos testigos de un grave retroceso democrático: la elección del Poder Judicial Federal. Esta reforma, promovida por Morena y sus aliados que fue impulsada sin consensos, sin planeación, sin reglas claras ni condiciones mínimas de equidad, está destinada al fracaso.
La falta de información clara sobre el proceso y los perfiles de las y los candidatos es alarmante. La ciudadanía no conoce las funciones de los cargos a elegir, y mucho menos a los aspirantes. Las restricciones impuestas para hacer campaña, por ejemplo: no tienen acceso a espectaculares, a medios de comunicación y tampoco cuentan con la posibilidad de organizar eventos públicos masivos. Todo esto impide una amplia difusión efectiva. La única herramienta disponible es una página del INE que pocos conocen o consultan. ¿Cómo se puede hablar de una elección democrática sin información? Sin información es imposible que la ciudadanía emita un voto razonado.
Uno de los principales problemas de esta elección será la escasa participación ciudadana. Mientras Morena aspira a que exista una afluencia masiva, especialistas y datos más realistas anticipan que la participación será muy baja. Esto sin duda provocará que jueces, magistrados y ministros sean electos con una legitimidad cuestionable, justo lo contrario de lo que supuestamente se pretendía corregir.
El contexto de violencia e inseguridad que vive el país afecta también esta elección. Hay zonas donde no es posible transitar con libertad, lo que complica la organización de reuniones, recorridos o asambleas informativas. Además, los candidatos judiciales no cuentan con los recursos ni estructuras de campañas políticas tradicionales, lo que convierte el proceso profundamente desigual y poco competitivo. Los que llevan ventaja son aquellos candidatos que cuentan con el respaldo de organizaciones y estructuras partidistas o movilizadores profesionales que obligan o condicionan el apoyo de programas sociales a cambio de su voto.
Esta elección no responde a una necesidad institucional ni a una demanda ciudadana. Fue una imposición y un capricho desde el poder, que nació del resentimiento presidencial hacia la Suprema Corte y el Poder Judicial. Nunca fue la intención corregir problemas, nunca fue el propósito mejorar la impartición de justicia, la verdadera intención es quitar a los que estaban para poner a los suyos. El resultado es un proceso desconocido, opaco, improvisado, con reglas que han ido cambiando sobre la marcha, un proceso electoral que no cumple con lo principios rectores y básicos de la función electoral: certeza y equidad.
El impacto de esta elección será profundo: un Poder Judicial sin autonomía, cuestionado y sin credibilidad, esto sin duda afectará directamente el acceso a la justicia. Ojalá que me equivoque, pero existe el riesgo de que esto desaliente la inversión privada, principalmente la extranjera por la falta de certeza jurídica que podría existir en nuestro país. A México le sobran decisiones populistas y caprichos autoritarios, a México lo que le hace mucha falta son instituciones fuertes, profesionales y autónomas.
