Cuando Morena presentó la reforma al Poder Judicial como una oportunidad histórica para acercar al pueblo al proceso de designación de juzgadores, advertimos los enormes riesgos que acompañaban una reforma de este calado, como la evidente intromisión de gobiernos, partidos, intereses privados y por supuesto, de la criminalidad. Sabíamos que el ejercicio se prestaba a la farsa y la opacidad, pero lo que descubrimos la semana pasada, rebasó todos los límites.
En Nuevo León, Estado gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano, de acuerdo con múltiples denuncias y testimonios, empleados de la nómina estatal son presionados para participar en la votación del próximo 1 de junio, bajo amenazas veladas y condicionamientos administrativos. Al más puro estilo de Morena, les exigen acudir a las urnas con –al menos– diez personas acarreadas, ¿los votos? Dada la complejidad de la elección, han dado paso a la Operación Acordeón.
Con listados precisos, cada uno de los empleados estatales y sus acarreados, sabrán por cuáles perfiles votar; ¿quiénes encabezan las listas? Candidaturas afines a Morena y Movimiento Ciudadano que no sólo carecen de independencia judicial, sino que representan una subordinación descarada al poder. Quienes advertimos que esta elección sería cualquier cosa menos libre, no nos equivocamos.
El pacto de no agresión entre Movimiento Ciudadano y Morena que comenzó desde antes de la pasada elección presidencial, se vuelve cada vez más evidente, con una dirigencia nacional entregada, callada y temerosa ante el régimen, pero constantemente envuelta en una disputa contra la oposición. La elección judicial ha quedado completamente deslegitimada al tiempo que se sella una alianza guinda y naranja.
Y lo más grave del asunto es que no estamos ante una mera elección irregular. Estamos frente a una vulneración profunda del Estado de Derecho. Si la justicia comienza desde su origen con el sello de un partido político, ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que su acceso a ella será libre, imparcial y autónoma? El Poder Judicial, que alguna vez fue el engrane más importante de la legalidad y el equilibrio nacional, está a días de ser secuestrado como parte de un experimento autoritario.
De todo esto, quedan al menos dos lecciones valiosas para el país. La primera, que nunca debemos olvidar, es que si la justicia nace amañada, todo lo que emane de ella será ilegítimo; la segunda se vuelve indispensable para la praxis del día a día: la mercadotecnia de hoy nos quiere vender rostros frescos, la nueva política , pero como Samuel García y la camarilla de Movimiento Ciudadano, resultan ser una máscara y nada más. Todo cae por su propio peso.