Teuchitlán: Fiscalía Anticorrupción investiga a 13 funcionarios por caso Rancho Izaguirre
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que se continuará con las investigaciones para desarticular la red de protección institucional que permitió el funcionamiento del predio y otros centros similares en la región
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco mantiene abierta una investigación contra 13 funcionarios estatales, entre ellos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado, por presuntas omisiones en el levantamiento de evidencia en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
Las indagatorias iniciaron tras una segunda diligencia encabezada por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando se redescubrió el predio gracias al colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”. En ese momento se localizaron restos humanos y otros indicios que no habrían sido procesados de manera adecuada por las autoridades locales.
La vicefiscal en Concertación Social, Sonia Álvarez Cisneros, indicó que el caso está bajo la responsabilidad directa del área Anticorrupción. En una tercera inspección realizada en marzo de 2025, los colectivos hallaron aproximadamente 200 pares de zapatos, prendas de vestir y restos humanos calcinados. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el lugar fue utilizado por un grupo delictivo como un centro de adiestramiento y reclutamiento.
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El 13 de mayo de 2025, la Fiscalía Anticorrupción judicializó la carpeta de investigación, aunque aún no se ha definido una fecha para la audiencia ni los siguientes pasos del proceso. El director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, confirmó que el instituto colabora con las autoridades y mantiene comunicación con los peritos señalados.
Por otro lado, el 3 de mayo, la FGR detuvo a José Ascensión “N”, alcalde de Teuchitlán, por su presunta colaboración. Las autoridades federales le imputaron los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, al considerar que facilitó la operación del Rancho Izaguirre mediante recursos municipales y presuntas reuniones con integrantes del grupo criminal.
Testimonios recogidos en la investigación apuntan a que el edil habría recibido pagos mensuales de 70 mil pesos. El 10 de mayo, una jueza federal lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva durante los cuatro meses que durará la investigación complementaria.
La FGR ha detectado inconsistencias en la actuación de las autoridades estatales en torno al caso, incluyendo la falta de rastreo de indicios, la ausencia de identificación de huellas dactilares y la omisión en la investigación sobre la propiedad del terreno.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que se continuará con las investigaciones para desarticular la red de protección institucional que permitió el funcionamiento del predio y otros centros similares en la región.
