Votar es no quedarse callado

El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo una elección sin precedentes en México: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir a quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Y aunque el debate se ha centrado en los riesgos del nuevo modelo, muy poco se habla del verdadero problema que arrastramos desde hace años: el sistema de nombramientos judiciales estaba roto mucho antes de esta reforma.

Decirlo puede incomodar, pero callarlo sería aún peor. Porque si queremos una justicia independiente y transparente, lo primero que debemos hacer es reconocer las fallas del modelo que ya teníamos. Y ahí están los datos. El estudio El poder familiar de la federación , elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017, reveló que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen familiares trabajando en tribunales y juzgados: esposas, hijos, cuñados, suegras. Redes clientelares que alcanzan a más de 7 mil servidores públicos en 31 circuitos (estados).

En Jalisco, el fenómeno es particularmente grave. El 76 % de los jueces y magistrados del Tercer Circuito Judicial —con sede en el Estado— tienen familiares en el mismo poder. En total, de acuerdo con el estudio, hay 33 juzgadores con 54 hijos trabajando dentro del mismo sistema, algunos con cargos de actuario, secretario o auxiliar administrativo. No se trata de casos aislados, sino de una red consolidada de privilegios heredados.

Y no solo es nepotismo. El tráfico de influencias y la corrupción también han contaminado los procesos de selección. En 2018, el Consejo de la Judicatura Federal anuló un concurso interno para jueces de distrito tras descubrirse la filtración y venta de exámenes. El director del Instituto de la Judicatura fue destituido e inhabilitado. Años después, en 2022, otro funcionario fue acusado de vender respuestas de exámenes por casi 200 mil pesos.
¿Así queremos seguir nombrando jueces?

Pero más allá de las cifras y los casos documentados, lo verdaderamente preocupante es la cultura de impunidad que ha permitido que estas prácticas se repitan y se perpetúen. El acceso a los cargos judiciales no debería depender de tener un apellido conocido, un padrino poderoso o un vínculo familiar con alguien en la estructura. La justicia no puede seguir operando como un club cerrado, donde solo se asciende por conexiones y no por capacidad. Mientras ese sistema no se cuestione —y no se toque—, las decisiones que afectan la vida de millones seguirán siendo tomadas por quienes, muchas veces, llegaron ahí sin haber pasado por filtros reales de mérito o ética.

La pregunta sobre qué Poder Judicial queremos no puede responderse desde el miedo ni desde la nostalgia. Porque lo que ya teníamos no era perfecto, ni mucho menos. Durante años, se vendieron exámenes, se heredaron cargos y se protegieron intereses familiares por encima del mérito. Y lo sabíamos. Pero lo habíamos normalizado.

Caso aparte —aunque no muy distante de esta realidad— son los poderes judiciales locales. En diversos estados, está documentado —incluso a través de notas periodísticas— que cada vez que los congresos locales realizaban “concursos de oposición” para nombrar magistraturas, se hacía presente el viejo esquema del reparto de cuotas y cuates. Los nombramientos respondían más a intereses partidistas que a una evaluación real de méritos, formación, experiencia o capacidad profesional.

Por eso, este domingo no se trata solo de ir a votar. Se trata de levantar la voz. Porque votar también es hablar, y hablar es no guardar silencio frente a lo que no funciona es la mejor forma de perpetuarlo.