Aunque las autoridades de Jalisco han insistido en que los homicidios dolosos han disminuido durante el primer trimestre del 2025, la percepción de inseguridad entre la población no mejora. Por el contrario, nuevos focos rojos han comenzado a emerger, como el aumento de desapariciones forzadas y la acumulación de cuerpos no identificados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde la mayoría corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registró 265 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2025, lo que representa una tasa proyectada de 4.9 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, abril se convirtió en el mes más violento del año, con 104 homicidios dolosos reportados, cifra que contradice el discurso de pacificación promovido por las autoridades estatales.
Organizaciones como el Observatorio sobre Seguridad y Justicia del ITESO han advertido sobre la posible reclasificación de delitos para maquillar las estadísticas, generando desconfianza en los datos oficiales.
Más preocupante aún es el incremento en desapariciones forzadas. Entre enero y abril de 2025, se reportaron mil 123 personas desaparecidas en Jalisco. De ese total, 616 permanecen sin ser localizadas. El grupo de edad más afectado son los adolescentes de 15 a 19 años, que ahora encabezan las estadísticas, superando incluso a adultos jóvenes.
Este grupo está siendo sistemáticamente reclutado por células del crimen organizado para labores de halconeo, narcomenudeo y vigilancia, especialmente en áreas metropolitanas como Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses enfrenta una crisis, ya que de diciembre de 2024 a abril de 2025, se han ingresado 371 cuerpos o segmentos humanos sin identificar, es decir, entre dos y tres diarios. Muchos de estos restos permanecen en refrigeración o fosas comunes, sin que se hayan realizado los análisis necesarios para su identificación; familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denuncian que el trato institucional ha sido ineficiente y revictimizante. La lentitud en los procesos de identificación ha agravado el sufrimiento de cientos de familias, que siguen sin respuestas.
El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, utilizado como centro de exterminio por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es prueba del poderío criminal en el Estado. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por reforzar la estrategia de búsqueda y contención, los resultados siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema que se enfrenta en Jalisco.
Las autoridades estatales intentan enviar el mensaje de que “todo está bajo control” en Jalisco, pero los hechos lo contradicen: por cada delito que parece reducirse, otro emerge con mayor intensidad. La población no solo convive con el miedo, sino también con la frustración de una justicia que parece estancada en un Estado donde se “tapa un hoyo y se abre otro”; la verdadera solución exige más que discursos: exige acción, coordinación y voluntad real para enfrentar a fondo al crimen organizado.