Jonás

Mucho había sorprendido el mensaje de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, cuando en un acto oficial en el que un nuevo rector asumió el cargo en el Centro Universitario de Los Altos (19 de mayo), lanzó un llamado a la defensa de la autonomía universitaria y su facultad exclusiva para ejercer el presupuesto económico que le corresponde.
“Quiero ser muy clara y muy enfática: la única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”, fueron sus palabras en aquella ocasión, y eran una clara respuesta a la propuesta que días atrás había hecho el gobernador del Estado, Pablo Lemus, para que la institución destinara 20 millones de pesos para apoyar el programa “Sendero seguro”, que implica obras como alumbrado, limpieza y banquetas en las cercanías de preparatorias y centros universitarios.
Al poco tiempo, cuestionado, Lemus Navarro recordó que durante el sexenio de Enrique Alfaro, la Universidad había pasado por tiempos difíciles debido a la confrontación con el ex mandatario. Y aseguró que él no tendrá ningún conflicto con la institución.
Era claro que la relación que había comenzado como una “luna de miel” entre él y la rectora Planter Pérez se estaba descomponiendo rápidamente. Era un nuevo frente abierto en una agenda gubernamental que se ha complicado, particularmente en materia de seguridad, y que francamente no necesita más conflictos en medio de una permanente tensión política.
Ayer, el gobernador Lemus Navarro reparó el daño –así lo muestra el gesto político– al anunciar junto con la rectora Karla Planter y con el ex rector Ricardo Villanueva, hoy subsecretario federal de Educación Superior, la firma de un convenio mediante el cual la Secretaría de Educación Pública que encabeza Mario Delgado Carrillo, se compromete a entregar exactamente el mismo presupuesto que asigne el Estado a la UdeG: el equivalente al 5% del presupuesto del Estado, en el primer año en que se aplica el “presupuesto constitucional”.
Volvieron al discurso los reconocimientos, las felicitaciones y el buen trato entre autoridades.
Ricardo Villanueva y Karla Planter, aliados desde años atrás, y ahora ocupando diferentes cargos que los empoderan, recuperaron el buen trato con el gobernador de Jalisco.
Naturalmente, la historia seguirá escribiéndose y la tirantez entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado no desaparecerá. Pero a la administración estatal le conviene mucho más (y a los jaliscienses también) que la administración de Lemus Navarro enfoque su energía y recursos en resolver asuntos como el abasto de agua potable, la reforma judicial y la disminución de la delincuencia, entre varios temas. No hace falta un conflicto como el que se hubiera podido incrementar con la institución educativa que mantiene en su seno tan numerosos personajes y posiciones políticas influyentes.

Reparan la relación con la UdeG

Desde el fin de semana, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó públicamente que se determinó, concurso público de por medio, la compra de 678 vehículos para labores de las policías de los 125 municipios y diferentes tareas de corporaciones de seguridad del Estado.
De inmediato se desató una discusión pública que ha sido aprovechada por diferentes actores políticos, entre ellos quienes ostentan cargos públicos y son principalmente, integrantes de Morena –aunque también se sumó la dirigencia estatal del PRI Jalisco– para desacreditar la decisión del gobierno estatal.
La crítica más severa se ha centrado en el hecho de que se compraron tres camionetas del fabricante Tesla, del modelo conocido como Cybertruck. Los diferentes actores políticos lo consideran un derroche y un gasto que, acusó por ejemplo el senador Carlos Lomelí, tiene como finalidad beneficiar a algún empresario por su cercanía con el gobernador. 
Pablo Lemus, sin embargo, no se ha ocultado y ha respondido.
A las críticas, respondió con otra: “Son políticos de cuarta”. 
En una discusión pública que generalmente se ve distorsionada por lo que corre como reguero de pólvora en las redes sociales, el mandatario de Jalisco ha sido condenado.
Él, reviró con una felicitación publicada por la Embajada de los Estados Unidos en México, en la que apunta que el Estado de Jalisco “da un paso audaz hacia la innovación” y agrega que al sumar este modelo a las tareas de seguridad se aporta “tecnología, sustentabilidad y visión de futuro al servicio de la ciudadanía”.
Curiosamente, no se discute si la inversión pública, de 275 millones de pesos, es conveniente o no para las tareas de seguridad. 
La discusión nos atrapa en un falso dilema: ¿deben comprarse o no más patrullas? ¿Es un derroche o una inversión correcta? 
Es cierto que gastos e inversiones públicas siempre, siempre, deben estar bajo la lupa y la crítica debe aceptarse porque nunca faltará quién proponga que las cosas pudieron haberse hecho de otra manera.
Pero también es verdad que desde hace varias administraciones, en todas las policías municipales del Estado, incluidas las del Área Conurbada de Guadalajara, hay menos patrullas, menos políticas y menos equipamiento del que se requiere de acuerdo con las normas internacionales.
¿Si la compra de vehículos hubiera sido sólo de autos económicos, se hubiera aprobado la medida del gobierno estatal? Quizá la crítica hubiera sido entonces que no eran las unidades adecuadas. 
La crítica debe ser bienvenida y atendida. Sin embargo, siempre debe quedar vigente la facultad de las autoridades democráticamente electas y facultadas por la ley, para tomar decisiones.
Y además, después de esta inversión, ahora viene la discusión real: ¿Cuáles son los tiempos y las metas para reducir el índice de delitos, para detener a sospechosos y procesarlos debidamente? 
¿Cuáles serán los resultados y cuándo los presentarán? Ese es el verdadero reto y el sentido de la discusión.

La nueva discusión: compra de patrullas

El secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, es una de las “estrellas” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pocos como él tienen acceso permanente a la rueda de prensa de cada mañana en Palacio Nacional, y es comprensible en parte por el delicado tema que es su responsabilidad y que está marcando el “segundo piso” de la autollamada cuarta transformación. 
Como responsable de la seguridad nacional y como rostro visible de la lucha contra la violencia, la inseguridad y la acción de los poderosos cárteles de la droga, Omar García Harfuch será uno de los personajes a seguir durante todo el sexenio, para bien o para mal.
Ayer, el secretario compareció ante diputados federales para defender su estrategia y en síntesis, subrayó que está teniendo éxito. ¿Por qué? Él mismo expuso algunos resultados para soportar sus aseveraciones:
a) Se rompen récords de decomiso de drogas, y como ejemplo están las más de 38 toneladas de cocaína aseguradas por integrantes de la Marina Armada de México, en las costas del Océano Pacífico. 
b) Se han incautado 100 mil armas de fuego en seis meses. 
c) Se han destruido más de 915 laboratorios o espacios ilegales de elaboración de drogas sintéticas y metanfetaminas. 
d) En todos los cárteles han efectuado detenciones de liderazgos de diferentes niveles. 
e) En los primeros siete meses de la administración federal se registra 25% menos homicidios que en el inicio del período de gobierno. “Es la cifra más baja desde 2018”, sostiene García Harfuch.
El secretario tiene además un gesto de aparente humildad al preguntarse públicamente y responder: “¿Estamos diciendo que ya está resuelto el tema? Por supuesto que no, pero la gente tiene que saber que hay 25% menos homicidios de lo que había ocurrido”.
Es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la consigna de no romper públicamente con Andrés Manuel López Obrador. Por eso no aborda abiertamente los múltiples casos de corrupción ejercida por las organizaciones criminales, en las que se involucran aliados y miembros de círculos políticos del expresidente.
Por eso, no rompe con él ni niega que la idea aquella de “abrazos no balazos”, ya no aplica en este sexenio, aunque no la reprueben públicamente, junto con todas sus nefastas consecuencias. 
Por el bien de México, por el bien de la administración de Sheinbaum, Omar García Harfuch debe tener éxito en el combate al crimen organizado y en la disminución de la violencia y la producción de drogas sintéticas. Además, es una exigencia, una demanda permanente, del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Y desde ahí se tomarán medidas sin paciencia, si no se dan los resultados que exigen. 
Mucho se ha afirmado que García Harfuch es el “delfín” de Claudia Sheinbaum. Aunque esa historia política apenas se empieza a escribir, no habrá mucho qué agregarle si no decomisan más, si no detienen más, si no recuperan más territorio y se lo arrebatan a los cárteles.
Y las reacciones violentas más fuertes de las organizaciones delictivas, apenas empiezan a registrarse.

¿Tiene éxito el plan de seguridad de García Harfuch?

El inicio de esta semana anticipa los últimos días de campaña y la jornada electoral, el próximo domingo 1 de junio, de la elección del Poder Judicial. En Jalisco sólo habrá elección para funcionarios que integrarán el Poder Judicial Federal, a diferencia de otros estados donde la elección será también para renovar el Poder Judicial local.
Hay varios escenarios y expectativas que abarcan desde las posturas más ingenuas y que aceptan que “el pueblo elegirá la integración del Poder Judicial”, hasta las más pragmáticas e incluso cínicas, ya comprobadas, que anticipan la manipulación del resultado electoral por la vía del acarreo y la instrucción a personas enviadas directamente a votar.
Existen también las evidencias que comprueban la participación de autoridades de diferentes niveles que, desde los congresos estatales y gobiernos locales, tienen operativos para enviar a simpatizantes a votar e inclinar la balanza de resultados.
Por otra parte, a pesar del esfuerzo de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), la inercia de un proceso accidentado, políticamente manipulado, precario y artificialmente acelerado, son evidentes una serie de realidades:
&#8211; No se conoce a la gran mayoría de candidatos y candidatas. 
&#8211; Fue casi nula la publicidad que se hizo de la elección judicial. 
&#8211; Las campañas pasaron “de noche” para la mayoría de los ciudadanos. 
&#8211; En su afán de promover la participación, las autoridades ejecutivas (comenzando por la presidenta Claudia Sheinbaum) y legislativas que hicieron promoción, sólo contribuyeron a incrementar las sospechas. 
Las condiciones son, desde todas las aristas que se puedan analizar, totalmente negativas.
No es necesario tener una herramienta para pronosticar el futuro inmediato: la elección contará con una reducidísima participación, quizá no mayor del 5% a menos que movilicen a más simpatizantes totalmente dirigidos a votar por los candidatos favoritos de grupos políticos. 
Con el resultado de esa elección, quienes ocuparán el cargo tendrán una legitimidad casi nula. Y es grave, porque justo la legitimidad es el fruto más anhelado de las elecciones. Si la democracia produce muchos efectos negativos, la legitimidad de los ganadores, o bien, el respaldo mayoritario que los acredita para ejercer sus cargos, es uno de los objetivos más anhelados. 
No ocurrirá en estas condiciones.
Es cierto: por ser las primeras elecciones, habrá confusión, imprecisiones, errores. 
Pero las cosas se pudieron haber hecho mucho, mucho mejor. 
Sólo que el poder político que desde Palacio Nacional, con Andrés Manuel López Obrador primero, y con Claudia Sheinbaum después, determinó que las cosas serían así. 
Y sólo nos queda soportar.

La elección judicial

Como era de esperar, y a pesar de todos los mensajes de rechazo que se hicieron llegar desde el gobierno federal y las cámaras de Diputados y Senadores, se aprobó en Estados Unidos el impuesto a las remesas. No fue del 5% como se había propuesto originalmente, sino del 3.5 por ciento.
Increíblemente, personajes como Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, celebró el hecho y lo compartió en sus redes sociales como una “buena noticia”. Obvio: en redes sociales recibió el castigo de la crítica general.
Si nos atenemos a las explicaciones del mismo gobierno federal (al que el embajador representa en los Estados Unidos), el impuesto es una injusticia y un abuso por parte del gobierno norteamericano.
Es una injusticia porque será una doble tributación impuesta a personas que además, en su condición de migrantes indocumentados, están en desventaja en comparación con el resto de los estadounidenses. Y es un abuso flagrante porque existe un pacto aceptado por los dos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos, para no aplicar ningún gravamen sobre los envíos de recursos que se reciben en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la noticia, casi se podría decir, con agrado. Ya no tuvo que abordar los temas de violencia y homicidios, ni tampoco retomar la indefensión que enfrentan los habitantes de la Ciudad de México ante los bloqueos y plantones de maestros de la CNTE.
Tocó el tema en su rueda de prensa mañanera y aseguró que seguirán negociando para que incluso el 3.5% se elimine, aunque es difícil creerle, al menos mientras Donald Trump siga en la presidencia, porque la postura de éste es de llana imposición. Si no le importan las órdenes de los jueces estadounidenses y las desacata, mucho menos atenderá los pedidos, por más razonables que sean, de autoridades de otro país.
A los mexicanos que son migrantes no les queda otra opción. Aceptarán aunque no les guste, el pago del impuesto. Igual que aceptaron migrar y dejar a sus familias porque en sus lugares de origen no había condiciones para trabajar y prosperar.
Y porque no debe perderse de vista, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, subrayó las agresivas políticas antiinmigrantes y la presencia militar en la frontera de su país con México, al anunciar desde la embajada que varias zonas de la frontera han sido declaradas “áreas de defensa nacional” y quedan bajo el control del ejército estadounidense, por lo quienes crucen ilegalmente no serán tratados como migrantes, sino que serán sometidos a multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento.
No es coincidencia que lance el aviso, en su calidad de embajador, el mismo día que se aprobó el impuesto a las remesas. 
Ni la nueva llamada telefónica entre Trump y Claudia Sheinbaum dio resultados.

Injusticia: impuesto de 3.5% a las remesas

Apenas el pasado 15 de mayo –lo comentamos aquí– la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento salarial para maestros de educación pública del 9%, retroactivo al 1 de enero de este año. La sorpresa después del anunció, la dieron los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que rechazaron el aumento por considerarlo insuficiente y varios de sus líderes, en plantones en la Ciudad de México, aseguraban que con movilizaciones en 2024 habían conseguido incrementos de hasta el 14 por ciento.
Ayer se cumplieron tres días de manifestaciones de miles de integrantes de la CNTE en la capital del país. Son tres jornadas de cierres en avenidas y caos vial, y además sumaron manifestaciones fuera de embajadas de varias naciones para evidenciar sus exigencias a la presidencia de la república. Entre otras cosas, insisten en el incremento salarial del 100%, la erogación total de la Ley del ISSSTE y ahora suman la obligatoriedad de tener diálogo presencial con la presidenta del país.
En medio de la crisis que generó el asesinato de la secretaria particular y el asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum tocó el tema de manera tangencial en su rueda de prensa mañanera. Su comentario fue preciso: No es necesario que ella esté presente en una reunión para que se logren acuerdos con los dirigentes de la CNTE.
El comportamiento de los maestros paristas, evidentemente, es objeto de la condena total de los habitantes de la Ciudad de México, especialmente de quienes padecen los conflictos viales y el desorden en la movilidad de la capital.
Pero vistas las cosas con pragmatismo, no se puede juzgar a los integrantes de la CNTE: ellos proceden con inteligencia elemental. Si consiguen más manifestándose y no les cuesta nada, lo seguirán haciendo hasta que consigan sus objetivos y más si es posible. 
La crítica debe dirigirse al gobierno federal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no ha mostrado la eficacia y la capacidad para negociar con los manifestantes. No ha dejado claras las prioridades del gobierno federal, que consistirían en lograr el desbloqueo de las avenidas y las plazas por el derecho que tienen los capitalinos a desplazarse en su propia ciudad, y no ha tenido la habilidad (¿o las herramientas?) para cerrar una negociación. ¿Qué le debe el gobierno de la república a
la CNTE para permitirles que hagan todo lo que hasta hoy han mostrado? 
Los integrantes de la Coordinadora han decidido ahora bloquear Palacio Nacional. Incluso, durante la mañana de ayer impidieron el acceso de quienes acudieron a la mañanera.
El tema está fuera de control y la CNTE sabe que es “su momento”. El gobierno federal está presionado por la pésima imagen internacional que conjuga la presión del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y aranceles; el doble homicidio de colaboradores del gobierno capitalino y hasta la mala imagen que generó el choque del buque “Cuauhtémoc” en aguas de Nueva York.
La secretaria de Gobernación es la responsable de la política interna. Es su tarea resolver el tema con la CNTE o bien, reconocer ante la presidenta Sheinbaum que no puede hacerlo y dejar el cargo. 
Los capitalinos sufren las consecuencias y también el gobierno federal.

¿La CNTE dobla al gobierno de Sheinbaum?

Ayer temprano, en uno de los ejes viales de la Ciudad de México (Calzada de Tlalpan), un individuo asesinó directamente en el automóvil en que viajaban, a Ximena Guzmán y José Muñoz. Ella, secretaria particular, y él asesor personal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. 
Fue un golpe demoledor de la violencia a una de las cúpulas más altas del poder en Morena.
La noticia conmocionó de inmediato incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, mientras ambos participaban en Palacio Nacional en la rueda de prensa mañanera. A la presidenta le hicieron llegar el anuncio mediante una tarjeta escrita; el mensaje se lo había enviado directamente la misma Clara Brugada.
En cuando García Harfuch se enteró de lo sucedido, abandonó por unos minutos la sala donde se han efectuado las mañaneras presidenciales desde el inicio de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, otra de las herencias a su sucesora. El secretario, relatan, hizo algunas llamadas telefónicas y regresó a la conferencia para continuar con lo que estaba agendado.
El asesinato de la secretaria particular y uno de los asesores directos de la jefa de Gobierno de la capital del país es un espacio más alto en la escalada de violencia que ha afectado al país en los últimos meses.
Este doble homicidio, además de las implicaciones del mensaje que envía (¿será casualidad que ocurriera cuando García Harfuch estaba en la mañanera presidencial?) tanto a Clara Brugada como a la presidenta Sheinbaum, quiebra la percepción de que en la Ciudad de México la violencia es menor que en el resto del país.
Después de lo que hemos visto en Teuchitlán y Teocaltiche, Jalisco; la guerra intestina del narcotráfico en Sinaloa; los ataques a las fuerzas armadas en Michoacán; los multihomicidios impunes en Guanajuato; los asesinatos y ataques a candidatos y autoridades locales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y los numerosos eventos de violencia que aparecen en todo el territorio nacional, lo ocurrido en la Ciudad de México representa un escalón más alto. 
Cae como mazazo sobre el gobierno federal en un momento en que la presidenta reclama las negociaciones con Ovidio Guzmán en Estados Unidos, y días después que ella misma revelara que le negó a Donald Trump intervenir para combatir al crimen organizado en territorio mexicano.
La estrategia de seguridad que ha encabezado García Harfuch entra en una nueva etapa. Quizá era previsible que después de tantos golpes al hampa, ésta terminaría por reaccionar y volverse más agresiva. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo prepararse y reaccionar? Son éstas y otras muchas cuestiones.

La violencia alcanzó a la élite de Morena

Por segunda ocasión, al menos que sea públicamente conocido, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, y el gobernador del Estado, Pablo Lemus, han confrontado posiciones. Por eso cabe la pregunta: ¿estamos ante una pugna entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara, o es una mera aclaración de posturas? 
El primer diferendo tuvo que ver con la designación de la directora general de los Hospitales Civiles, la doctora María Elena González González. Pasaron días, y así lo declaró la rectora, entre la notificación de los nombramientos en los hospitales, y la aceptación por parte del gobernador Lemus Navarro.
El segundo desencuentro, ventilado apenas ayer, tiene que ver con la disposición del presupuesto universitario. En la versión pública, el gobernador comentó la pertinencia de que con el nuevo presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara (presupuesto que no puede discutirse sino simplemente entregarse a la institución), se estableciera un porcentaje para financiar el programa “Senderos seguros”, que pretende medidas de seguridad para los estudiantes en el entorno de las escuelas preparatorias y centros universitarios. 
La respuesta de la rectora Karla Planter fue tan puntual como retadora: “La única, la única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, y nadie más”. Esta declaración textual se dio en la ceremonia de toma de protesta del nuevo rector del Centro Universitario de Los Altos, Antonio Ponce.
En “Al buen entendedor”, hace algunas semanas, cuando Karla Planter asumió como rectora general, expuse que las condiciones en las que llegaba al cargo, además como primera mujer rectora en la historia universitaria, eran positivas, en parte precisamente porque ejercería el presupuesto constitucional universitario, que le evita a la Universidad el acostumbrado jaloneo por más recursos con el gobernador en turno.
Además, subrayé que el mismo Pablo Lemus había anticipado, en una expresión efusiva de felicitación a Karla Planter, que el gobierno del Estado entregaría presupuesto adicional para apoyar eventos universitarios como la FIL y el Festival Internacional de Cine, entre otros.
¿Qué ha ocurrido? ¿Se desgastó tan pronto una relación que apuntaba a ser armoniosa? ¿Se malinterpretó la autonomía universitaria? ¿Hubo una fricción inesperada por los reclamos de estudiantes universitarios? Las hipótesis pueden ser éstas y muchas otras.
De la rectora Karla Planter es normal esperar que defienda el ámbito universitario. Del gobernador Pablo Lemus es natural que proponga soluciones a problemáticas actuales, y más si están relacionadas con temas de violencia e inseguridad. Sin embargo, en la defensa natural de los espacios de acción, tanto de la Universidad como del Gobierno estatal, sería muy costoso para la vida pública de Jalisco que se genere una confrontación abierta entre los dos entes. 
Habrá que esperar que no pasen de meras declaraciones.

Presupuesto universitario, ¿pugna o aclaración?

Ismael Ramírez

La deshumanización del médico vía la explotación laboral

Mi pecho no es bodega

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no llegó a ningún acuerdo en las negociaciones que por varias horas se efectuaron ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación. El plantón en la capital del país se mantendrá a pesar de la desesperación y molestia de los habitantes de la ciudad, pero sobre todo, a pesar de la urgencia que ha impreso la presidenta Claudia Sheinbaum en sus últimas consideraciones sobre el tema.
El gobierno de Sheinbaum está en un callejón sin salida. 
Han jurado y perjurado que no habrá represión. Lo que en términos reales significa que no van a ponerle ningún límite a las protestas y plantones de los maestros, a pesar de las pérdidas económicas, del estrangulamiento de la movilidad y sobre todo, a pesar de la amenaza de boicotear la jornada de elección judicial que se realizará este domingo 1 de junio.
La presidenta también ha argumentado que no ha posibilidad de cumplir con las demandas de los maestros, que se sintetizan en dos termas: aumento salarial al 100% y derogación total de la Ley del ISSSTE y la denominada reforma educativa. 
Sobre el incremento salarial, se afirma que no hay más recursos económicos para el sector; de las reformas, sencillamente no sería posible por la premura del tiempo y las necesidades legislativas.
Los maestros de la CNTE no van a dar marcha atrás. La tensión y el reto han llegado tan lejos que de este punto sólo pueden salir o totalmente derrotados o totalmente triunfadores. Pero esto último sería a costa de la imagen presidencial, que está perdiendo simpatía en la Ciudad de México (su principal bastión y donde fue jefa de Gobierno) y también está sufriendo desgaste en su posición internacional. 
El periplo de estas manifestaciones ha dejado totalmente exhibidos a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y de Educación, Mario Delgado Carrillo, que no supieron o no tuvieron la previsión sobre el alcance de estas movilizaciones, que se combinaron –para su mala suerte– con eventos económicos y de violencia en la capital del país.
Ninguno de los dos ha podido hacer una gestión eficaz con los dirigentes de la CNTE, y la oferta que hicieron ayer, sobre las edades máximas de jubilación para maestros y maestras, ni siquiera fue tomada en cuenta. Aún más, dirigentes de la CNTE lanzaron una acusación sorprendente al gobierno de Claudia Sheinbaum: no representa ni defiende al pueblo, sino que defiende intereses privados, los que manejan los recursos públicos para el magisterio. 
Es un mundo bizarro. En la semana, la presidenta Sheinbaum acusó a la CNTE de comportarse “como la derecha”, y ahora, el organismo magisterial que apoyó los triunfos electorales de López Obrador y de la actual presidenta, acusa que traicionaron la “transformación”. 
La gran duda es si la CNTE boicoteará, como amenazó, la elección judicial. Ese sería un conflicto político de proporciones inesperadas.

Gobierno – CNTE: no hubo acuerdo