Mario Muñoz

El Congreso de Jalisco alista el incremento a la tarifa del SIAPA. Morena aprueba un aumento de acuerdo con la inflación, que es del 4%, en promedio. Los técnicos y Movimiento Ciudadano pretenden 12.5%. Es la discusión más importante que tiene el Legislativo y que se relaciona con la población, que tiene 1.3 millones de cuentas registradas ante el organismo operador del agua (casas, lotes o negocios). ¿Deben los diputados y las diputadas avalar el aumento? ¡Sí!
El SIAPA está en quiebra y las finanzas no soportan la presente situación, a menos que el Congreso, por otra parte, avale un crédito bancario o se privatice el servicio, como alguna vez se propuso en el Consejo de Administración, cuando los Ayuntamientos tenían mayoría. 
La situación del organismo es precisa: cerca del 40% del agua que viene de Chapala se pierde en fugas (por la antigüedad del acueducto y las redes de distribución, principalmente en Guadalajara) y robos (es otro boquete).
Las soluciones: un segundo acueducto Chapala-Guadalajara tiene un costo de seis mil 500 millones de pesos y la sustitución de las redes tienen un valor que supera los ocho mil millones de pesos. 
¿Tiene el SIAPA dinero para hacer frente a los gastos? Ridículamente, tiene un presupuesto anual de alrededor de seis mil millones de pesos. ¡Imposible!
El problema es que casi la mitad de los consumidores no pagan el servicio. Se estima que deben 19 mil 500 millones de pesos. De 1.3 millones de cuentas, 500 mil tienen adeudos con el organismo. 
Y para rematar, el SIAPA debe a los bancos y proveedores cerca de cuatro mil millones de pesos. 
Literal: el organismo está ahogado.
Por eso el aumento a la tarifa es necesario, pero el Gobierno debe dar tres muestras de congruencia. La primera: transparentar una auditoría externa que precise la situación real y se emitan recomendaciones puntuales para mejorar las finanzas. La segunda, que se transparente y se precise por qué está pagando más de 500 millones de pesos cada año a empresas y asesores, con nombre, apellido y de qué le sirven al organismo, con la intención de despejar dudas de que están beneficiando a los cuates. Y tercera, reducir el salario a la mitad a los jefes y directivos: no puedes administrar una empresa en quiebra pagando sueldos de primer nivel a directivos que no han sido capaces de sacar de la crisis al sistema intermunicipal. Más tropa, menos jefes y con salarios congruentes con la situación.
Es una burla que analistas, auxiliares, asistentes o choferes le cuesten al erario entre 30 mil y 45 mil pesos cada mes. O que los jefes y directivos se despachen con sueldos de entre los 60 mil y 101 mil pesos. 
¡No sean cínicos!

Sí al aumento a la tarifa del SIAPA, pero…

El gobierno de Estados Unidos suspendió la importación de ganado mexicano por un brote del gusano barrenador, provocando una crisis en la industria ganadera nacional. Pero hay otra alerta.
Por una parte, el Consejo Nacional Agropecuario responde que la medida impactaría al sector ganadero del Norte del país. Y los daños económicos en México serían de 11.4 millones de dólares diarios, por las caídas en las ventas.
El gobierno de México culpa a Estados Unidos por no controlar esta plaga, conocida como cochliomyia hominivorax: se trata de una larva de mosca que deposita sus huevos en heridas de animales. Con base en expertos, las larvas se alimentan del tejido vivo, causando miasis, que es una enfermedad que puede ser mortal por no tratarse adecuadamente.
Julio Berdegué, secretario de Agricultura, ya afirmó que Estados Unidos opera en Panamá el único laboratorio que produce moscas estériles necesarias para frenar la propagación del insecto, pero culpa al gobierno de ser negligente en contener el brote iniciado desde 2023. Otro pleito, además de los aranceles y el T-MEC.
Por otra parte, las alertas sanitarias son otro factor relevante. Apenas el 14 de mayo, un reporte del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria publicó que en México se tenía el registro de nueve casos de perros domésticos infectados por el gusano. Indica que, además de las mascotas, hay 278 casos en bovinos, 38 en caballos y 85 en porcinos, entre otros.
México mantuvo un estatus de país libre de este parásito desde 1991, ante las medidas implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. ¿Está fallando?
Si bien el Gobierno federal tiene los reflectores en Tabasco y Chiapas, así como en las zonas fronterizas con Guatemala, en Estados como Jalisco se están implementando los cercos de vigilancia para evitar contagios o brotes. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Rural informó que reforzará el cerco para evitar el ingreso del gusano: hay una estrategia en una veintena de municipios, con puntos de inspección y volantas móviles. 
Pero el remate es que la Secretaría de Salud informó sobre la detección del primer caso humano de miasis por gusano barrenador: una mujer de 77 años de edad en Chiapas. Está estable y en tratamiento. 
Parece un caso menor, pero hay que mantener la alerta para evitar dos crisis: la económica, que ya está pegando, y la sanitaria.

El gusano en animales y personas…

Tlajomulco es el municipio que presenta el mayor crecimiento poblacional en las últimas dos décadas en Jalisco. Pero de forma contraria, es el municipio que tiene el mayor número de casas abandonadas no sólo en el Estado, sino en el país. Detrás del problema está la corrupción desencadenada por parte de las pasadas administraciones del Infonavit, del Ayuntamiento y de la iniciativa privada. 
Vamos por partes.
En el año 2000, la población en Tlajomulco era de apenas 123 mil habitantes, mientras en el Censo 2020 se disparó a más de 727 mil. Eso significa que en la actualidad tranquilamente se acerca al millón de personas.
¿Por qué es tan “atractivo” el municipio? Porque registra uno de los costos más económicos de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, con casas que promedian los 350 mil a los 600 mil pesos.
Aunque sí hay un crecimiento demográfico sostenido, a la par se está documentando que se acumulan 77 mil 709 viviendas deshabitadas, concentradas principalmente en cuatro polígonos: Zona Valle Sur (Chulavista y Lomas del Mirador), Zona Valle Norte (Haciendas Santa Fe), Corredor Chapala (Fraccionamiento Silos, Rancho Alegre) y Lomas del Sur (Valle de los Encinos). 
¿Por qué están deshabitadas? Porque desde hace más de dos décadas no se dotó de todos servicios públicos básicos, principalmente de agua y transporte público. La seguridad es otro problema.
Si bien hay esfuerzos en las últimas administraciones para mejorar la calidad de vida de la población, la gente decidió abandonar sus viviendas, truncando el sueño de contar con una casa propia que fue adquirida con un crédito del Infonavit.
Lo anterior es clave para demostrar el jugoso negocio y la corrupción de autoridades y empresarios inmobiliarios. 
En el pasado, en el Infonavit se otorgaba un subsidio a los trabajadores para adquirir una casa. Las empresas los enganchaban ofreciéndoles un “regalo”: si la casa valía 300 mil pesos, el Gobierno federal les daba entre 60 mil y 75 mil pesos. Y el trabajador pagaba el resto a crédito. ¡Muy atractivo!
Una simple matemática: si multiplicamos las 77 mil 709 casas abandonadas por 300 mil pesos en promedio, resultan más de 23 mil 312 millones de pesos, que sería el negocio de los empresarios inmobiliarios que compraron tierra barata y construyeron viviendas que fueron rechazadas por los trabajadores, quienes evidenciaron que el sueño de tener una casa en esas zonas era más costoso que cambiarse de lugar. Las carencias del transporte público se remarcan, porque hacer entre tres y cinco horas al día para trasladarse de sus casas a sus trabajos simplemente hicieron una pesadilla que decidieron frenar. ¡A pagar renta de nuevo!
Detrás del engaño, las responsabilidades se reparten: los trabajadores fracasaron en elegir su casa, el Infonavit evidenció la corrupción al entregar créditos en zonas inhabitables y los Ayuntamientos pasados se sumaron al avalar fraccionamientos que incumplían con las leyes urbanísticas, mientras unos cuantos empresarios se enriquecieron de la manera más simple: con dinero, arquitectos y buenos contactos en los gobiernos cuajaron el negocio millonario.
¿Quién está en la cárcel? Nadie.
Hoy se destaca un proyecto que podría revertir esa realidad. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez ofrece al gobierno federal 10 mil viviendas vacías con condiciones de habitabilidad, con la intención de que el Infonavit se sume al proyecto para recuperar parte de las casas que han sido abandonadas. Al ser el municipio con más viviendas en esta situación, el gobierno federal tiene la obligación de colaborar. Y el gobernador Pablo Lemus debe sumarse al plan integral. Es una manera de apoyar a los trabajadores de menos recursos. 
¡Ya veremos cómo contestan a la iniciativa!

Efectos de la corrupción inmobiliaria

En un hecho sin precedentes, en el municipio de Bolaños se realizaron asambleas comunitarias sobre la consulta para el cambio de régimen de Gobierno. En 18 localidades y en la cabecera municipal se les informó sobre el proceso, con la intención de que definan si quieren cambiar la forma en la que eligen a sus gobernantes; es decir, dejar a un lado a los partidos políticos y que sean los habitantes los que seleccionen a sus candidatos y vencedores.
Así se marcó el inicio del proceso de la consulta para que el próximo 18 de mayo se defina si cambian el sistema de gobierno actual por uno normativo propio, basado en sus usos y costumbres. Es un hecho que así será. La pregunta es: ¿Cuántos municipios tomarán la misma ruta?
Si hacemos una revisión a las comunidades en Jalisco con más indígenas destaca Bolaños, pero sobre todo Mézquitic. También hay una fuerte presencia de esta población en Huejuquilla el Alto, San Martín de Bolaños, Villa Guerrero, Chimaltitán, Colotlán, Cuautitlán de García Barragán, Totatiche y San Sebastián del Oeste.
Lo interesante del ejercicio en Bolaños es que, a pesar de la expansión de Morena y sus programas sociales para la “compra” de votos, han decidido iniciar con un proceso para cambiar el modelo para elegir a sus gobernantes. Y están pateando a los partidos porque simplemente ya no confían en éstos. ¿Por qué abandonan a los institutos políticos?
Hay una precisión sobre el por qué los partidos están desacreditados: a pesar de los cientos de millones de pesos que se gastan del erario en México, todos fallan en la construcción de nuevos perfiles con altas capacidades. Desde las dirigencias nacionales y estatales no se han preocupado por tener candidatos que sorprendan. Y la apuesta sigue siendo el cacicazgo. Los mismos de siempre se postulan o designan a sus aliados para las elecciones. 
De cierta forma, eso se replica en las comunidades indígenas donde eligen a sus candidatos con sus usos y costumbres, principalmente en Oaxaca, pero rompen con el centralismo que los partidos políticos tienen desde las capitales de los Estados y desde la Ciudad de México. 
Independiente a la decisión que tomen en Bolaños, es un mensaje contundente a los partidos políticos: se renuevan o mueren.

Elecciones sin partidos…

Es común que en el Gobierno federal y en el Congreso de la Unión reculen y frenen reformas, tras desatar polémica entre los sectores económicos, académicos y sociales. Si bien es cierto que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ignoraron las críticas y avanzaron temas como la desaparición de los organismos autónomos, en la presente administración de Claudia Sheinbaum brotó en los últimos días una reforma polémica: la Ley de Telecomunicaciones.
Todo nació con una crítica por los comerciales del gobierno de Estados Unidos en cadenas de televisión o internet en México, en donde se arremete contra los migrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó una campaña en donde aparece la secretaria Kristi Noem lanzado una advertencia a los migrantes: “Permítanme darle un mensaje al mundo de parte del presidente Donald Trump: si estás considerando entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses. Déjenme ser clara: si vienen a nuestro país y rompen nuestras leyes, los vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Si intentas entrar ilegalmente vas a ser capturado, vas a ser deportado y nunca más podrás regresar”.
Eso detonó que el gobierno de Claudia Sheinbaum enviara una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones para prohibir ese tipo de publicidad “discriminatoria”, pero en menos de una semana se descubrieron otros “intereses” que obligaron a que Morena frenara la discusión y aprobación del dictamen este lunes en el Senado de la República.
Por una parte, Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma “ni censura ni ataca la libertad de expresión” y aseguró que nada la frenará. Pero Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que el dictamen “se retiró del orden del día de la sesión (de este lunes) para abrir un diálogo con todos los sectores”. 
¿Qué hay detrás de la polémica?
La mayor parte se concentra en el Artículo 109 de la ley, que supuestamente se revisará para afinar su redacción. Morena promete que no quedará duda de que el Gobierno no ataca la libertad de expresión. Pero las observaciones de organismos internacionales y académicos son puntuales: se teme que el Gobierno administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a medios de comunicación independientes y críticos, con argumentos subjetivos o sin motivación.
Y como no hay claridad, el hecho de que desde el Gobierno puedan bloquear plataformas digitales e impongan criterios arbitrarios en la generación de contenidos, es definitivamente un atentado a la libertad de expresión. Y el villano de la película se llamaría Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendría el control. 
Inicia una semana y, aunque hay muchos temas graves que deben ser atendidos y observados, se deben tener todos los reflectores en las mesas de análisis que instalará el Senado para abordar esta reforma. 
¡Nos querían chamaquear!

¡Nos querían chamaquear!

En 2016, la Fiscalía General de Jalisco prohibió que Gerardo Ortiz se presentara en las fiestas de Tepabril. El cantautor, señalado por su video “Fuiste mía” como provocador y generador de violencia de género, fue calificado por ser una persona no grata.
En aquel entonces, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, reprobó el mensaje misógino, machista y patriarcal de la canción, que causó polémica porque intervienen policías de Zapopan. La crítica también fue porque en el video se observa cómo el cantante quema viva a una mujer por serle infiel. Y al amante le pega un tiro en la frente. Apología del delito.
Hoy, los cantantes de narcocorridos están en el ojo del huracán, luego que el grupo norteño Los Alegres del Barranco exhibieran en el Auditorio Telmex a un líder del crimen organizado, causando una indignación en las redes sociales. 
En una actualización del tema, casi una decena de Estados han prohibido los narcocorridos en eventos públicos, con multas y hasta prisión: Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Querétaro y Estado de México, mientras en Jalisco se envió una iniciativa para endurecer las penas contra estos artistas y se avalará tras el periodo actual de vacaciones de las diputadas y los diputados.
Mientras tanto, hay un reto para las autoridades: Luis R. Conriquez se presentará el 27 de este mes en las fiestas de Tepabril. El cantante se volvió tendencia por un reciente show en el Palenque de Texcoco, donde se viralizó un video con la reacción del público al enterarse que no cantaría corridos. Aunque Conriquez explicó que existe una prohibición para cantar narcocorridos, los asistentes reaccionaron con abucheos y comenzaron a lanzar botellas de cerveza, basura y sillas al escenario, generando disturbios en el lugar y dañando los instrumentos de los músicos. Afortunadamente, no murió nadie.
Según expertos en música, la esencia del cantante es precisamente la interpretración de narcocorridos, por lo que existe el riesgo de que se repita la escena de Texcoco. 
Es un buen momento para que el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reaparezca y prohíba la presentación de Conriquez en foros del Estado. Por lo pronto, el exhibido es el Ayuntamiento de Tepatitlán por permitir este tipo de espectáculos.

¡Que reaparezca el fiscal!

Hace más de dos décadas, se sugirió privatizar el SIAPA para mejorar el servicio. En aquel entonces, el Consejo de Administración estaba al mando del Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Las alcaldías eran un contrapeso importante contra el Ejecutivo estatal, pero luego el gobernador tomó el control. ¿Cuál es el estatus del sistema intermunicipal? ¡Está ahogado!
Hay varios momentos importantes para demostrar cómo fue empeorando la situación financiera. El primero fue durante la administración del gobernador Emilio González Márquez, cuando panistas se refugiaron en el SIAPA y fueron becados con altos salarios que hoy ascienden a los 100 mil pesos mensuales. Así de incongruente: el director del organismo gana más que los presidentes municipales de la metrópoli. 
Vamos por partes para demostrar la gravedad en la que está el sistema.
Primera: El SIAPA tiene 1.2 millones de cuentas domiciliarias, comerciales, industriales y terrenos. De ese total, 530 mil tienen adeudos, principalmente dueños de casas, pero en la lista hay de todo: desde grandes industriales o empresarios, hasta partidos políticos.
Segunda: Esas cuentas morosas le deben al organismo más de 19 mil 500 millones de pesos. A pesar de que el SIAPA gasta en asesorías o empresas privadas de cobranza cerca de 600 millones de pesos al año. Es un fracaso el sistema recaudatorio. Imagine que tiene un negocio y casi la mitad de sus clientes no le pagan, pero siguen consumiendo sus productos.
Tercera: El presupuesto anual del organismo asciende a los 6 mil millones de pesos. En otras palabras, es cuatro veces menor a la deuda que acumulan los morosos.
Cuarta: El SIAPA también tiene deudas con bancos por 4 mil 464 millones de pesos, al corte del año pasado y según su cuenta pública (por cierto, ayer no servía el portal de transparencia. ¡El colmo!).
Quinta: El gasto en la nómina se acerca a los 2 mil millones de pesos; es decir, una tercera parte del presupuesto se va en los empleados, a pesar de que se gastan otros 600 millones de pesos en empresas privadas. En otras palabras, ni con sus empleados ni con el pago a privados, el sistema sale de la crisis en la cobranza o en la prestación del servicio.
Sexta: Persisten los cortes en el servicio por todo tipo de motivos: por fugas, por mantenimiento o porque no hay agua suficiente. Se incluye que sigue llegando agua turbia a las colonias.
Séptima: Se requieren 10 mil millones de pesos para renovar las redes obsoletas. Por lo menos el 20% del sistema está inútil. 
Octava: Sigue la extracción con todo del Lago de Chapala porque aún no le llega una gota del sistema El Zapotillo. Fueron puras mentiras lo que se presumió en la pasada administración.
Novena: Aunque no hay un estudio que lo demuestre con precisión, se estima que se va al caño o se desperdicia entre 19% y 40% del agua que se distribuye en las redes del SIAPA, por cualquier motivo: fugas o robos. Esos porcentajes han sido afirmados por autoridades estatales y federales.
Décima: Urge un segundo acueducto para traer agua de Chapala porque el actual tiene deficiencias que podrían hacerlo colapsar y provocar una crisis sin precedente en el abasto de agua a la metrópoli, al dotar a más del 60% de la población el actual ducto. El costo asciende a más de seis mil 500 millones de pesos.
El remate: Son inexistentes las auditorías públicas al organismo, que exhiban otros problemas financieros o administrativos. 
La inútil Auditoría Superior del Estado o el Congreso de Jalisco son cómplices por acción u omisión de lo que ocurre en el SIAPA.

¡El ahogado!

Aunque se presumió en la administración pasada la inauguración del Sistema El Zapotillo como una nueva fuente de abasto, es insuficiente para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En agosto pasado se dio cuenta que la Presa El Zapotillo estaba llena, pero ni con el aporte de la Presa de El Salto hay buenas noticias para la metrópoli. Una evidencia son los cortes en el servicio que la semana pasada se aplicaron en colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Ahora el SIAPA le llama: intermitencias en la distribución del líquido. 
¿Entonces cómo resolver la crisis que se avecina para los meses de abril, mayo y junio, en pleno estiaje?
En cada temporada de vacaciones de las semanas Santa y de Pascua, el sistema intermunicipal aplica tandeos en la metrópoli para dar mantenimiento al acueducto que trae agua de Chapala a Guadalajara. Y todo indica que este año no será la excepción. 
¿Qué pasaría si revienta ese acueducto? La peor crisis que un Gobierno pueda imaginar. La gente puede ignorar una crisis de inseguridad o violencia, pero una crisis por el abasto de agua tendría magnitudes devastadoras para una administración pública. 
Por eso no hay de otra: se requiere de un segundo acueducto por varias razones. No solamente sería para tener una alternativa en caso de que falle el actual y para dar una rehabilitación integral. Se requiere para aprovechar el agua que todavía tiene permitido el Gobierno extraer de Chapala. ¿Uso o evaporación? La respuesta es obvia.
La antigüedad del acueducto ya provoca una reducción en la capacidad de distribución de agua, pero también detona fugas que en ocasiones ni siquiera son detectadas por los ingenieros. Es imposible que circulen los más de cinco metros cúbicos que tiene de capacidad esta infraestructura para abastecer a más del 60% de la población de la metrópoli. Y sin contar las incorporaciones de colonias de Tlajomulco y El Salto, que presionarán más al acueducto.
Si bien en el pasado ya se impulsó la construcción de la segunda línea (sobre todo en la administración de Emilio González), fracasó una y otra vez el proyecto por la oposición de académicos y pobladores de Chapala. 
¿Le topará Pablo Lemus? 
Requiere del aval del Gobierno de la República, pero el proyecto tiene un fundamento toral.

Segundo acueducto…

Reapareció Andrés Manuel López Obrador. Con el descaro de siempre. Con la demagogia de siempre. Con las mentiras de siempre.
Salió a votar en la elección judicial. Destacó el proceso y celebró que Claudia Sheinbaum sea la mejor presidenta del mundo. 
Hoy vale la pena recordar qué nos heredó López Obrador.
El creador de Morena dejó las bases para una próxima crisis financiera en el Gobierno federal. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 destina 1.1 billones de pesos a programas sociales, lo que representa 12.1% del gasto total del Gobierno. En 20 años, el envejecimiento de la población y el desembolso en los subsidios presionará a las finanzas públicas y dejará en los huesos a la inversión pública.
Por otra parte, el gasto federal en el sistema de pensiones en México alcanza los 2.1 billones de pesos, lo que representa aproximadamente 23.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación y cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB). En dos décadas, será otra crisis.
El otro problema es la deuda pública federal. Aunque una de sus principales promesas de campaña fue no endeudar más a México, López Obrador incrementó la deuda pública más de seis billones de pesos durante su sexenio. Si Enrique Peña Nieto terminó con pasivos por 10.8 billones de pesos en diciembre de 2018, AMLO finalizó con 17.4 billones de pesos. Eso detonó que durante el primer trimestre de este año, Claudia Sheinbaum ya debía 17.6 billones; es decir, 236 mil millones más. Y contando.
¿Cuánto nos cuesta el pago de la deuda cada año? ¡Es impresionante la respuesta! 
En 2013, el primer año en funciones de Enrique Peña Nieto, el Congreso federal autorizó endeudamientos con bancos por más de 650 mil millones de pesos. Y para el último año de López Obrador, en 2024, los diputados y senadores casi aumentaron tres veces esa bolsa: 1.7 billones de pesos.
El remate de la herencia de López Obrador es la elección judicial. Es el responsable de esa reforma y es el regalo de Sheinbaum para su líder moral.
Es una farsa que se erradicará la corrupción. Los tres poderes de la Unión: Gobierno federal, Congreso de la Unión y Poder Judicial, armaron un operativo nacional para votar por sus cuates. Regresamos al voto corporativo, en donde el crimen organizado también participó en diversas regiones. 
Es una simulación afirmar que la población en general salió a las urnas. Y la forma en que se definirán los resultados deja la sospecha de un fraude al estilo priísta en décadas pasadas. 
De todo eso, Andrés Manuel López Obrador es el primer respondiente.

El primer respondiente