Héctor Ruiz López

El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo una elección sin precedentes en México: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir a quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Y aunque el debate se ha centrado en los riesgos del nuevo modelo, muy poco se habla del verdadero problema que arrastramos desde hace años: el sistema de nombramientos judiciales estaba roto mucho antes de esta reforma.
Decirlo puede incomodar, pero callarlo sería aún peor. Porque si queremos una justicia independiente y transparente, lo primero que debemos hacer es reconocer las fallas del modelo que ya teníamos. Y ahí están los datos. El estudio El poder familiar de la federación , elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017, reveló que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen familiares trabajando en tribunales y juzgados: esposas, hijos, cuñados, suegras. Redes clientelares que alcanzan a más de 7 mil servidores públicos en 31 circuitos (estados).
En Jalisco, el fenómeno es particularmente grave. El 76 % de los jueces y magistrados del Tercer Circuito Judicial —con sede en el Estado— tienen familiares en el mismo poder. En total, de acuerdo con el estudio, hay 33 juzgadores con 54 hijos trabajando dentro del mismo sistema, algunos con cargos de actuario, secretario o auxiliar administrativo. No se trata de casos aislados, sino de una red consolidada de privilegios heredados.
Y no solo es nepotismo. El tráfico de influencias y la corrupción también han contaminado los procesos de selección. En 2018, el Consejo de la Judicatura Federal anuló un concurso interno para jueces de distrito tras descubrirse la filtración y venta de exámenes. El director del Instituto de la Judicatura fue destituido e inhabilitado. Años después, en 2022, otro funcionario fue acusado de vender respuestas de exámenes por casi 200 mil pesos. 
¿Así queremos seguir nombrando jueces?
Pero más allá de las cifras y los casos documentados, lo verdaderamente preocupante es la cultura de impunidad que ha permitido que estas prácticas se repitan y se perpetúen. El acceso a los cargos judiciales no debería depender de tener un apellido conocido, un padrino poderoso o un vínculo familiar con alguien en la estructura. La justicia no puede seguir operando como un club cerrado, donde solo se asciende por conexiones y no por capacidad. Mientras ese sistema no se cuestione —y no se toque—, las decisiones que afectan la vida de millones seguirán siendo tomadas por quienes, muchas veces, llegaron ahí sin haber pasado por filtros reales de mérito o ética.
La pregunta sobre qué Poder Judicial queremos no puede responderse desde el miedo ni desde la nostalgia. Porque lo que ya teníamos no era perfecto, ni mucho menos. Durante años, se vendieron exámenes, se heredaron cargos y se protegieron intereses familiares por encima del mérito. Y lo sabíamos. Pero lo habíamos normalizado.
Caso aparte —aunque no muy distante de esta realidad— son los poderes judiciales locales. En diversos estados, está documentado —incluso a través de notas periodísticas— que cada vez que los congresos locales realizaban “concursos de oposición” para nombrar magistraturas, se hacía presente el viejo esquema del reparto de cuotas y cuates. Los nombramientos respondían más a intereses partidistas que a una evaluación real de méritos, formación, experiencia o capacidad profesional.
Por eso, este domingo no se trata solo de ir a votar. Se trata de levantar la voz. Porque votar también es hablar, y hablar es no guardar silencio frente a lo que no funciona es la mejor forma de perpetuarlo.

Héctor ruiz

Votar es no quedarse callado

La reforma judicial abrió un debate que durante años evitamos: 
¿quién debe juzgar y cómo debe elegirse?
A toda acción le corresponde una reacción. Y aunque no sin controversia, hay que reconocer que gracias a la reforma judicial hoy se ha abierto un debate necesario: ¿Qué Poder Judicial queremos como país?
El tema ha salido de los círculos cerrados para instalarse en las sobremesas, en los medios, en el aula, entre amistades y familias. Incluso entre quienes no son abogados ni expertos en justicia, ha surgido la inquietud sobre si este modelo pondrá en riesgo la independencia judicial o si terminarán siendo elegidos jueces, magistrados y ministros que no cuenten con el perfil, la formación profesional o la experiencia necesaria.
Por otro lado, entre juristas, particularmente quienes han hecho carrera dentro del Poder Judicial, existe la preocupación de que esta reforma diluya el valor de la carrera judicial. Algunos temen que dejarán de tener sentido años de esfuerzo escalando peldaños como oficial, actuario, secretario y juez, si otros pueden acceder a los cargos más altos sin haber pasado por ese camino. 
Ambas posturas son comprensibles. Pero también son debatibles.
Comencemos con la tan mencionada independencia del Poder Judicial. Quienes hoy la defienden con fervor, suelen omitir que la independencia judicial ha sido cuestionable desde hace décadas, y que buena parte de los nombramientos, sobre todo en la Suprema Corte, han respondido históricamente a pactos políticos, cuotas entre partidos y designaciones presidenciales. Esto se hacía con cierta elegancia institucional, pero en la práctica era una normalidad que pocos se atrevían a cuestionar. 
Lo mismo ocurría con nombramientos de magistrados y jueces. En muchos casos, los ascensos respondían a cuatro grandes vías:
1. La vía política, es decir, apoyos de actores externos, gubernamentales o partidistas.
2. La vía interna, impulsada por jerarquías dentro del propio Poder Judicial (ministros recomendando a magistrados, magistrados a jueces, jueces a secretarios, y así seguía la cadena).
3. El poder familiar: en combinación con la vía interna, diversas investigaciones serias han evidenciado la existencia de un nepotismo disfrazado al interior del Poder Judicial, donde magistrados y jueces promovían a familiares dentro de la estructura.
4. Y la vía del mérito puro, quizá la más escasa, donde alguien escalaba con base en esfuerzo y preparación, sin más respaldo que su trayectoria. 
En ese contexto, hablar de una independencia plena sería, al menos, una exageración. Lo que la reforma ha hecho es poner sobre la mesa —con todas sus aristas— un tema que llevaba años naturalizado en la opacidad. 
Ahora bien, respecto al temor de que accedan personas sin perfil, también hay argumentos para matizar. La carrera judicial es valiosa, sí, pero también lo es la posibilidad de abrir las puertas a perfiles con experiencia profesional distinta, provenientes del litigio, la academia o la administración pública, que pueden aportar otra visión de la justicia. El sistema tradicional ha sido históricamente cerrado, y quienes no formaban parte de él difícilmente podían ingresar. El ingreso externo era la excepción, no la regla. 
Si como país queremos transformar la justicia, necesitamos revisar con honestidad no solo las estructuras, sino también los filtros, las formas y los accesos. Y si algo ha logrado esta reforma —más allá de sus imperfecciones— es que por primera vez se hable, se cuestione y se discuta públicamente sobre el Poder Judicial. 
Y eso, de entrada, ya es un avance democrático que no podemos ignorar.

Justicia bajo la lupa

Hay decisiones que uno no toma de la noche a la mañana. No responden a un impulso, ni a la búsqueda de protagonismo, sino a la convicción profunda de que es posible —y necesario— contribuir desde dentro al fortalecimiento de las instituciones.
Hace unos meses decidí participar en el proceso inédito de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Lo hice con plena conciencia del momento que vivimos y de la responsabilidad que implica aspirar a convertirse en persona juzgadora. Siempre he creído que ocupar un cargo para el cual no se está preparado es uno de los actos más deshonestos del servicio público. Por eso, y tras una reflexión profunda, tomé esta decisión: porque estoy convencido de que cumplo con creces el perfil idóneo para el cargo.
Cuento con una formación académica sólida: soy Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca —una de las más reconocidas de Europa—, y cursé tres maestrías, además de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Pero más allá de los títulos, mi trayectoria ha estado marcada por el compromiso con el mérito, la preparación y la vocación de servicio.
Siempre he sostenido que los cargos públicos deben ocuparse por capacidad, no por cercanías políticas ni redes de favores. Esa convicción la he plasmado durante años en libros, ensayos y artículos, defendiendo una administración pública profesional, una justicia imparcial, y un servicio basado en la cultura del esfuerzo.
Mi vida profesional ha transitado por distintos frentes: el servicio público, la academia y el trabajo ciudadano. He formado a cientos de estudiantes en derecho y políticas públicas, convencido de que enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino inspirar principios que fortalezcan el Estado de Derecho y el compromiso ético con la sociedad.
Sé que el contexto actual está lleno de tensiones. Entiendo que este nuevo modelo de elección ha generado resistencias. Pero también creo que los momentos de cambio exigen perfiles éticos, preparados y con visión de justicia. Porque la justicia no debe ser un espacio cerrado, sino uno que escuche, que rinda cuentas y que se acerque a la ciudadanía.
Participar en este proceso ha sido, en sí mismo, un acto de responsabilidad. Y también, un acto de fe: fe en que se puede competir con dignidad, proponer con argumentos y aspirar con fundamento. No se trata de ocupar un cargo; se trata de honrarlo . 
Sé que no es común ver a un académico, a un profesor de Derecho, salir del aula para pedir el voto. Pero este momento exige romper inercias, salir del escritorio, hablarle a la gente y decir: aquí estoy, me he preparado para esto, y quiero servir desde la justicia .
No compito por ambición personal. Lo hago porque creo que este país merece jueces preparados, humanos y comprometidos con la verdad. Porque he visto —en mis alumnos, en mis colegas, en la ciudadanía— esperanza, pero también hartazgo. Y porque creo que es posible ejercer la función judicial con ética, sensibilidad social y profundo respeto al Estado de Derecho. 
Si hoy estoy en esta contienda, es para demostrar que el mérito sí puede competir. Que no todo está perdido. Y que, a veces, una decisión personal también puede ser un acto colectivo de coherencia y de dignidad.

Mis razones de fondo

De manera progresiva, casi imperceptible, la forma en que los ciudadanos nos informamos ha cambiado radicalmente. Los medios tradicionales —radio, prensa escrita y televisión— han tenido que reinventarse, es decir, adecuarse a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo que prácticamente todas las generaciones han adoptado para estar en contacto con el mundo: ya sea viendo videos en TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, o bien enterándose de las noticias de último momento a través de “X”, antes Twitter.
En ese sentido, resulta comprensible que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya impulsado y trasladado preponderantemente las campañas judiciales, en su mayoría, al ámbito digital. Aunque existen sectores de la población que no usan redes sociales de forma habitual, lo cierto es que cada vez son menos. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, realizada por el INEGI, 97 millones de personas en México usaban internet, es decir, el 81.2 % de la población de seis años o más. De ese total, el 81.8 % utilizaba teléfono celular, y entre ellos, el 95.5 % contaba con un smartphone, es decir, con acceso a internet ya sea por Wi-Fi o por datos móviles.
Además, el 78.3 % de los usuarios de teléfonos inteligentes los empleaban para acceder a redes sociales; el 91.2 % para mensajería instantánea, y el 77.7 % para consumir contenidos de audio y video. 
Por su parte, el portal Statista revela cuáles son las redes sociales más utilizadas en México en 2024: WhatsApp encabeza la lista con un 92.6 %, seguida por Facebook (91.6 %), Instagram (80.6 %) y TikTok (78.6 %).
Con este contexto, estimado lector, no se sorprenda si sus redes sociales se llenaron de personas candidatas al Poder Judicial pidiendo su voto. Hoy, ese es el medio idóneo para comunicarse con la ciudadanía. Y si bien hacerlo está permitido únicamente de forma orgánica —es decir, sin pagar publicidad ni contratar servicios de promoción—, también es cierto que puede ser más eficaz y accesible que los medios tradicionales. 
Por ello, quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras dependen, en gran medida, de sus redes de apoyo: amigos, colegas, familiares, estudiantes y simpatizantes que ayudan a compartir sus publicaciones, videos y mensajes. Las estrategias son diversas, y hay para todos los gustos, tonos y formas de entender la justicia.
En este nuevo escenario, el electorado cuenta con una gran ventana de información en las redes y la web. Pero el compromiso de emitir un voto informado ya no debe recaer únicamente en las instituciones: ahora debe nacer de nosotros mismos, de esta nueva Ciudadanía 2.0. Esa que navega, contrasta, cuestiona, comparte y decide.
Como mencioné en mi columna anterior, el INE ha puesto a disposición micrositios donde se pueden consultar las trayectorias, la formación profesional y la experiencia de cada persona candidata. Sin embargo, ante la ausencia de publicidad política —esa a la que estamos acostumbrados en elecciones tradicionales, como bardas, espectaculares, spots en radio o televisión—, quienes aspiran al Poder Judicial están muy limitados para llegar a sectores más amplios de la sociedad.
Por eso, cuando muchas personas afirman no conocer a los candidatos, tienen razón… si pretendemos comparar estas elecciones con las que normalmente conocemos. Pero lo cierto es que hay pocas similitudes con los procesos tradicionales. Esta elección es distinta. Y por eso también, se vuelve más necesario que nunca ejercer una ciudadanía activa, consciente e informada. Porque votar es un acto de responsabilidad. Y si no eliges tú, otros lo harán por ti.

Votar informado, también es digital

Hay momentos en la vida pública en los que las decisiones ciudadanas parecen rutinarias. Votar, opinar, exigir. Pero no siempre es así. Hay ocasiones especiales, raras, donde el peso de nuestra participación puede cambiar mucho más de lo que creemos.
Elegir importa. Elegir quién nos representa, quién toma decisiones que afectan nuestras vidas, quién imparte justicia. Y no me refiero únicamente a elecciones políticas tradicionales, sino a todos los procesos donde los ciudadanos tenemos voz, aunque no siempre seamos plenamente conscientes de ello.
A veces pareciera que la distancia entre el ciudadano y las instituciones es tan grande que nada cambia. Pero es en esos momentos cuando más debemos recordar que, si renunciamos a elegir, otros eligen por nosotros. No participar no nos vuelve neutrales, sino invisibles. 
Vivimos tiempos de transformación. Tiempos donde se abren procesos inéditos, donde, por primera vez en nuestra historia —para bien o para mal, el tiempo lo dirá—, tenemos la oportunidad de participar en ámbitos que antes estaban reservados a unos cuantos. Tiempos donde podemos exigir, sí, pero también construir.
Puede que el camino no sea perfecto. Ningún cambio profundo lo es. Habrá errores, resistencias, incertidumbres. Pero nada justifica el abandono, el desinterés o la apatía. La democracia, la justicia y la participación no son regalos caídos del cielo: son conquistas que se consolidan cuando decidimos ejercerlas, incluso en contextos difíciles, incluso cuando el resultado no está garantizado. Porque lo que verdaderamente fortalece a una sociedad no es la perfección de sus procesos, sino la fuerza y la convicción de sus ciudadanos. 
No es momento de indiferencia, ni de apatía elegante. Es momento de involucrarse, de informarse, de decidir con criterio. No todos los días tenemos la oportunidad de incidir en estructuras tan relevantes como la que define la impartición de justicia. Y cuando se tiene, por más imperfecto que sea el proceso, vale más participar que quedarse al margen criticando desde la comodidad de la distancia.
El INE ha puesto a disposición de la ciudadanía un micrositio donde se puede consultar la trayectoria —formación profesional y experiencia— de quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras (https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/). Además, ante lo novedoso y quizás complejo del modelo de elección y de las boletas electorales, el Instituto también habilitó la plataforma “Conócelos, Practica y Ubica” (https://ine.mx/conoceles-practica-y-ubica/), donde los votantes podrán conocer, de forma previa al día de la elección, cómo serán las boletas, quiénes son los candidatos que aparecerán en ellas y, sobre todo, cómo ejercer su voto de manera correcta. Es decir, la ciudadanía puede practicar anticipadamente cómo votar el próximo 1 de junio.
La historia no la escriben los que se abstienen. La historia la construyen los que se atreven a elegir, los que entienden que cada voto, cada decisión informada, es una semilla que algún día germinará. Tal vez no veamos de inmediato los frutos. Tal vez haya que seguir insistiendo. Pero solo quienes siembran tienen derecho a soñar con la cosecha. Y hoy, más que nunca, sembrar esperanza es un acto de responsabilidad y de fe en el futuro.

Elegir importa

Complicadas se han vuelto las campañas judiciales para los cargos de personas juzgadoras. A los profesionales del Derecho —abogados y abogadas acostumbrados a ejercer desde una zona de confort eminentemente técnica— se les ha obligado a salir al espacio público, a hacer algo que nunca antes habían tenido que hacer: hacer campaña. Y no cualquier campaña, sino una que combine conocimiento jurídico, comunicación clara y sensibilidad política.
De pronto, el abogado, el juez o el magistrado que solía hablar únicamente de resoluciones y sentencias, ahora tiene que explicar —en videos, foros, redes sociales o plazas públicas— qué es el Poder Judicial, qué funciones tiene, cómo se integra y por qué su existencia impacta directamente en la vida de las personas. Tarea nada sencilla.
Una de las cosas más difíciles ha sido romper con la cultura del tecnicismo. Durante décadas, los abogados hablamos en clave. Redactamos escritos cargados de términos complejos, estructuras rígidas y referencias normativas ininteligibles para quien no haya estudiado derecho. Por eso, pocas personas entienden lo que ocurre dentro de un expediente judicial. El lenguaje se volvió barrera. Y al volverse inaccesible, la justicia también se volvió distante. 
Pero este fenómeno no es exclusivo del derecho. También le ocurre a la medicina, a la ingeniería o a la arquitectura.
La diferencia es que hoy, por primera vez, el gremio jurídico está obligado a salir de su burbuja y hablarle de tú a tú a la ciudadanía. Decir, con palabras claras, qué diferencia hay entre un juez, un magistrado y un ministro. Explicar por qué el 1 de junio será una fecha clave, porque por primera vez elegiremos directamente a quienes podrían impartir justicia en nuestro país.
A todo esto hay que sumar las resistencias. Hay quienes han descalificado todo el proceso sin siquiera intentar entenderlo. Para algunos, todo lo que proviene del actual gobierno debe ser rechazado por sistema, sin matices. Y sí, entiendo que todo cambio genera escozor. Que toda transformación implica ruptura. Pero también hay que reconocer que durante años normalizamos procesos poco transparentes en la designación de cargos dentro del Poder Judicial, ya sea juez, magistrado, ministro o cualquier otro dentro de la estructura, en donde los cargos se repartían entre “cuotas y cuates”, sin rendición de cuentas, sin competencia abierta.
La venta de exámenes, el ingreso de familiares, la promoción de aspirantes apadrinados por grupos políticos o redes familiares dentro del Poder Judicial fueron prácticas que, tristemente, se volvieron costumbre. Hoy, que esas prácticas están bajo la lupa y que hay nuevos actores intentando acceder por méritos propios, vemos una reacción virulenta de quienes se sienten desplazados o incómodos con la apertura.
Este proceso —perfectible como todo— ha obligado a quienes aspiran a ser juzgadores a mostrar sus credenciales, a explicar lo que hacen y cómo lo hacen. Y si eso nos obliga a abandonar el lenguaje técnico para volver al lenguaje ciudadano, bienvenido el reto. Porque la justicia también se construye con cercanía, con empatía y con claridad. 
No sabemos si esta elección resolverá todos los problemas del sistema judicial, pero al menos ha sacado a la luz algo valioso: el derecho a ser juzgados por personas que no solo conozcan la ley, sino que entiendan a las personas con una dosis de empatía.

Cuando los abogados hacen campaña

En los últimos días han comenzado a circular videos, mensajes y hasta campañas en redes sociales que llaman abiertamente a no votar en la próxima elección del Poder Judicial Federal del 1 de junio. Bajo la lógica de que esta reforma es “una imposición de la 4T”, hay quienes prefieren descalificar el proceso antes que participar en él. Pero más allá de filias o fobias políticas, creo que es momento de detenernos y pensar con serenidad y sentido cívico: ¿realmente ayuda en algo no votar?
Y lo digo claro: no se trata de apoyar al gobierno ni a ningún partido, se trata de ejercer un derecho y asumir una responsabilidad ciudadana. Votar es participar. Y en esta ocasión, además, estamos ante un hecho sin precedentes: por primera vez podremos elegir directamente a quienes podrían ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros.
¿La reforma es perfecta? Seguramente no. ¿Hubo mejores maneras de replantear el Poder Judicial? Quizás sí. Pero eso no significa que debamos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo se decide por nosotros. No votar es renunciar a opinar, es dejarle la cancha libre a otros y, peor aún, es legitimar la apatía.
Hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto a disposición de todas y todos los ciudadanos los perfiles, trayectorias y propuestas de quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras. No es cierto que no podamos conocer quiénes son, ni qué han hecho. La información está ahí, al alcance de todos. Lo que se requiere es voluntad para informarse antes de emitir un juicio o una crítica. 
Porque opinar sin informarse no es opinión: es prejuicio disfrazado de argumento.
Es cierto que este proceso ha despertado resistencias, especialmente en sectores acostumbrados a que la justicia sea decidida entre pocos, en espacios cerrados, sin preguntas incómodas ni rendición de cuentas. Pero la elección ha obligado a muchos aspirantes —jueces en funciones, magistrados, abogados, académicos— a salir de su burbuja (o, para decirlo con más claridad: de su caparazón técnico-jurídico) y explicarle al pueblo a qué cargo aspiran, qué funciones tiene un juez o una ministra, por qué es relevante que quienes imparten justicia entiendan y se conecten con la sociedad.
Y sí, hay campañas que dejan mucho que desear, pero también hay otras que son dignas de reconocimiento. Hay perfiles valiosos, propuestas claras, personas preparadas que han puesto su experiencia sobre la mesa, confiando en que la ciudadanía sabrá reconocer su trayectoria.
Entonces, ¿por qué sí votar este 1 de junio? 
Porque votar es participar, y participar es hacerse cargo de lo que nos toca. 
Porque la justicia no es ajena, nos atraviesa todos los días: en los trámites, en los abusos de autoridad, en las decisiones de un juez o una jueza que pueden cambiar la vida de una persona o de una comunidad.
Porque si hay algo que no nos gusta del sistema, la peor manera de cambiarlo es renunciar a usar las herramientas que tenemos para transformarlo.
No votar es ceder el espacio. Votar, en cambio, es tomar la palabra.
Y si el sistema aún tiene fallas —que sí las tiene— la mejor forma de exigir que mejore es siendo parte de él, no dándole la espalda. Por eso, este 1 de junio, yo sí voy a votar. No porque me hayan convencido todos los candidatos, sino porque creo en la importancia de elegir, informarme y decidir por mí mismo, y no dejar que otros lo hagan por mí.

¿Por qué sí debemos votar este 1 de junio?

Como dice el dicho: no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue . Y llegó el día. En la Universidad de Guadalajara se concretó el relevo en la Rectoría General: concluyó el periodo del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí y comenzó una nueva etapa, marcada por la llegada de la Mtra. Karla Planter Pérez al frente de esta casa de estudios.
El hecho no es menor. Planter se convierte en la primera mujer en asumir la Rectoría General de la segunda universidad más importante del país y la más relevante del Occidente mexicano. Su nombramiento, además, no está marcado por el cuestionamiento, sino por el reconocimiento. Quienes la conocen y han trabajado con ella, tanto en el plano académico como en el personal, coinciden en destacar su capacidad, integridad y compromiso institucional.
La Mtra. Planter toma el timón en un momento particularmente significativo para la universidad. Tras años de tensiones políticas —especialmente durante el rectorado de Villanueva— con el gobierno estatal y el federal, el escenario actual parece más conciliador . A diferencia de su antecesor, quien protagonizó fuertes desencuentros con la administración estatal de Alfaro y con el presidente López Obrador, la rectora Planter inicia su gestión en un ambiente distinto, con nuevos actores y con una posibilidad real de recomponer puentes institucionales.
No es un detalle menor que ella y la presidenta Claudia Sheinbaum compartan una condición histórica y simbólica: ambas son las primeras mujeres en sus respectivos cargos . Esta coincidencia, más allá del símbolo, podría generar una sintonía política e institucional que beneficie a la UdeG. El hecho de que hayan roto el “techo de cristal” en contextos complejos, con trayectorias propias y sólidas, genera una narrativa distinta que puede abrir nuevas rutas de colaboración.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, manifestó públicamente su respaldo a la nueva rectora, incluso anunciando que apoyará con más presupuesto —por encima del monto constitucional asignado—, especialmente para proyectos culturales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a la que calificó como la más importante del mundo por el número de lectores que convoca.
La llegada de Karla Planter, reconocida por su dinamismo, su visión académica y su capacidad de gestión, representa una oportunidad para impulsar una nueva etapa en la Universidad de Guadalajara. Una etapa de reconciliación institucional, pero también de modernización, consolidación de proyectos y fortalecimiento de su vida universitaria y cultural. 
Si las condiciones políticas y presupuestales se alinean con una gestión sólida, inclusiva y estratégica, los tiempos que vienen pueden ser buenos —y necesarios— para la Universidad de Guadalajara .

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Ayer, 1 de junio de 2025, México vivió una elección inédita: por primera vez, la ciudadanía fue convocada a elegir directamente a jueces, magistrados y ministras del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una participación ciudadana notoriamente baja, si la comparamos con los procesos electorales de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto puede entenderse como resultado del desconocimiento —al tratarse de una elección inédita—, así como de la desconfianza y el escepticismo que rodearon el proceso, en buena medida sembrados desde la oposición al régimen.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno federal, fue severamente cuestionada por partidos de oposición y diversos sectores académicos, principalmente por la rapidez de su implementación y la falta de claridad respecto a los perfiles de las candidaturas, lo que generó confusión entre los votantes. Además, desde la oposición se promovió un llamado al boicot, argumentando que esta elección podría comprometer la independencia judicial y consolidar un control político sobre el sistema de justicia. Pero quizá valga la pena preguntarse también por qué durante tantos años normalizamos los cotos de poder y las designaciones opacas al interior del Poder Judicial.
En ese contexto, la “urna vacía” se convirtió en un símbolo elocuente de una ciudadanía que, ante la falta de información sobre los perfiles, y sin herramientas de difusión similares a las de las campañas tradicionales —como spots en radio, televisión o redes sociales—, no encontró incentivos suficientes para acudir a votar. En muchos casos, el silencio fue una forma de expresar incertidumbre, desinterés o inconformidad. Y ahí quedaron, simbólicamente, muchas urnas vacías.
Este hecho nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir procesos democráticos más sólidos, transparentes y participativos, donde la elección de quienes imparten justicia sea resultado de un consenso social informado. Para ello, será indispensable garantizar una mayor difusión, pedagogía y visibilidad sobre quiénes son los aspirantes en este tipo de ejercicios inéditos para la vida pública del país.
La jornada electoral concluyó con la instalación del 99.98% de las casillas previstas, según informó el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque se reportaron mil 770 incidentes, entre ellos irrupciones que impidieron el ejercicio del voto y cambios de ubicación por razones climáticas. A pesar de estos contratiempos, el proceso avanzó sin mayores complicaciones logísticas. No obstante, la baja participación ciudadana deja abiertas preguntas relevantes sobre la legitimidad de los resultados y la eficacia de esta reforma para fortalecer la democracia y la justicia en México.
Es esencial que como sociedad, sigamos dialogando, construyendo y exigiendo mecanismos que garanticen tanto la independencia como la calidad del Poder Judicial. Solo así podremos aspirar a una justicia verdaderamente imparcial, accesible y al servicio de todas y todos.

La urna vacía