Durante un evento público en Las Rosas, el gobernador confirmó los hechos y declaró que el estado no cederá ante la violencia
Cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, entre ellos una mujer, murieron el lunes 2 de junio tras ser emboscados por un grupo armado en el municipio de Frontera Comalapa, cerca de la frontera con Guatemala. Las autoridades identificaron a las víctimas como Guillermo Cortés Morales, Jesús Sánchez Pérez, Joel Martínez Pérez, Brenda Lizbeth Toalá Blanco y Pedro Hernández Hernández. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de la patrulla oficial.
Según la Secretaría de Seguridad del Pueblo, los agentes se encontraban en labores de patrullaje preventivo cuando fueron atacados. La patrulla transitaba por una carretera sin resguardo institucional, en una zona considerada de riesgo por la presencia de grupos delictivos. Cerca del lugar se ubica un paso fronterizo informal hacia Guatemala, por donde presuntamente huyeron los agresores.
En el sitio se localizaron aproximadamente 700 casquillos percutidos de distintos calibres. En videos difundidos en redes sociales se observan indicios del uso de armamento de alto poder, aunque las autoridades no han confirmado esta versión.
Tras el ataque, el gobierno estatal desplegó más de mil elementos en la zona, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado, con el fin de reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos violentos.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, condenó el atentado y anunció que se aplicará la ley de manera firme. Durante un evento público en Las Rosas, confirmó los hechos y declaró que el estado no cederá ante la violencia.
Por su parte, el fiscal general del estado informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado y la integración de un grupo especializado para dar seguimiento al caso. También se realizan las necropsias correspondientes para determinar con precisión la causa de muerte y proceder con la entrega de los cuerpos a sus familiares.
El ataque ocurrió en un contexto de alta conflictividad en la región fronteriza del sur del país, donde varias organizaciones criminales disputan el control de rutas utilizadas para el tráfico de personas, armas y drogas. Estas agrupaciones operan en zonas de difícil acceso, aprovechan la falta de vigilancia en cruces no oficiales y mantienen una presencia activa que ha dificultado la acción institucional.
Frontera Comalapa y sus alrededores han registrado desplazamientos forzados, enfrentamientos y una creciente presión sobre la población civil debido a la actividad de estos grupos armados. Las autoridades han reiterado su compromiso de recuperar el control territorial en esta zona.